Rodrigo Arenas, compra de influencia, proyecto restaurador y oposición fragmentada

Marco Fonseca

Resumen

Más que la historia de un cabildero o de una controversia individual, el caso de Rodrigo Arenas revela cómo una parte de las élites económicas y políticas guatemaltecas busca convertir el poder económico en influencia política dentro y fuera del país. La compra de acceso privilegiado a los centros de decisión en Washington es ya parte de una tradición política de las elites guatemaltecas y latinoamericanas. Pero el episodio del presente también forma parte de un proyecto restaurador que intenta reorganizar el bloque tradicional de poder, fortalecer sus vínculos con el trumpismo y preparar desde ahora las condiciones para disputar el Estado en las elecciones de 2027. Comprender ese proceso exige mirar más allá de la legalidad formal del cabildeo y preguntarse qué ocurre con la democracia cuando el dinero – el poder del capital – adquiere la capacidad de moldear agendas, fabricar legitimidad e intervenir, desde el corazón del poder imperial, en el futuro político de una sociedad periférica y subalterna.

El argumento

Aunque no es algo nuevo, pues ya había sido cuidadosamente reportado y analizado por El Observador, la información que acaba de publicar el Washington Post sobre Rodrigo Arenas merece atención por una razón que trasciende su trayectoria individual. Las revelaciones acerca de sus vínculos políticos, las acusaciones formuladas en Guatemala y el pago de US$420.000 a una firma de cabildeo con acceso a círculos cercanos a la administración de Trump sugieren que una parte de las élites económicas y políticas guatemaltecas continúa trabajando asiduamente en la construcción de un proyecto de ultraderecha para disputar el poder en 2027 mediante una estrecha alianza con los sectores más duros de la derecha estadounidense y en sintonía ideológica con la ultraderecha autoritaria latinoamericana.

El discurso utilizado para presentar esa estrategia gira alrededor del “rescate institucional”, la recuperación de la confianza y la defensa de la libertad y la economía. Sin embargo, semejante vocabulario oculta una orientación política agresivamente retrógrada. El objetivo consiste en consolidar una restauración del bloque tradicional y autoritario de poder bajo nuevas condiciones internacionales. La restauración no implica simplemente regresar exactamente a la arquitectura antebellum del Estado de seguridad nacional. Procura reconfigurar una nueva capacidad dirigente de las élites mediante nuevos aliados, nuevas narrativas y una renovada inserción geopolítica, así como una alianza de poder nacional que extirpe todo intento de transformación social en Guatemala a largo plazo.

Los esfuerzos de cabildeo descritos por el Washington Post adquieren significado precisamente dentro de ese horizonte. El reportaje documenta la búsqueda de acceso a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y a figuras con influencia dentro del círculo político de Donald Trump, mientras la administración estadounidense redefine su política hacia Guatemala y el resto de Latinoamérica bajo la lógica de “America First”.

¿Qué es lo que buscan conseguir de Washington cabilderos como Arenas? El reporte del Washington Post lo sintetiza muy bien:

“Líderes políticos y empresariales de derecha están colaborando con un grupo de destacados ideólogos estadounidenses para buscar la ayuda de Trump y así moldear su propio gobierno a su gusto.”

En otras palabras, sus esfuerzos dentro de Guatemala por hacer que Arévalo “cambie de rumbo” y también por construir una alianza de la extrema derecha para disputar el poder en 2027 no son suficientes en sí mismos y ello los obliga a comprar influencia en Washington para hacer en Guatemala lo que la extrema derecha ya ha hecho desde Argentina hasta Honduras.

Aunque Arenas mismo se ha jactado de estar conectado con actores influyentes en Washington, pues en su propio medio digital llamado “República” ha colgado imágenes de sí mismo en reuniones con alguna de esta gente, fue solo cuando se vio expuesto por el Washington Post y otros críticos que Arenas montó una defensa pública y esgrimió un argumento tan hipócrita como perverso. En un texto publicado en X, Arenas argumentó que la “pequeña diferencia” de su modo de cabildeo comparado con el cabildeo de otros – particularmente de quienes él percibe como sus enemigos – es que él los hace de “manera transparente con fondos propios”. Pero el argumento de Arenas reduce el problema del cabildeo a una cuestión de legalidad formal, transparencia (después que ha sido expuesto por la prensa) y origen privado de los fondos. Esa defensa evade el núcleo político del asunto. La pregunta decisiva no es únicamente si el procedimiento cumple con la ley estadounidense o guatemalteca, sino qué tipo de relación entre dinero, poder, Estado y representación democrática queda normalizada cuando un actor privado compra (y tiene la capacidad de comprar) acceso privilegiado a centros de decisión imperial para incidir sobre la política de un país periférico cuyo gobierno ese actor ha declarado como un enemigo mortal.

El cabildeo contemporáneo funciona como una tecnología de mediación entre intereses particulares y aparatos estatales, entre la sociedad civil y la sociedad política. Su lenguaje suele presentarse como técnico, profesional y neutro. Habla de informes, datos, asesorías, reuniones, estrategias de comunicación y posicionamiento de agenda. Pero esa neutralidad es solo aparente. En realidad, en el fondo, el cabildeo opera dentro de una estructura desigual donde el acceso tiene precio, donde la influencia requiere redes, donde la visibilidad se fabrica y donde la capacidad de “informar” al legislador depende de quién puede pagar expertos, abogados, consultores, campañas y contactos que generar “la verdad” de lo que se quiere cambiar. Por cierto, nada de eso ocurre de modo realmente abierto y democrático y, obvio, no está sujeto a los argumentos abiertos y transparentes en la esfera pública. Todo se hace, en el fondo, de modo secreto y manipulado – hasta que alguien lo filtra o lo revela.

El cabildeo no es nuevo en la política guatemalteca. El punto es quien puede pagar para llevarlo a cabo. Según El Observador:

“Desde la década de 1940 están documentados 109 contratos de cabildeo que distintos gobiernos, políticos y empresarios de Guatemala han firmado con entidades cabilderas estadounidenses, según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Durante los gobiernos de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el desaparecido partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, y el de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – enero 2024) y el partido Vamos, se observó un auge de distintos sectores de derecha y ultraderecha, incluyendo al gobierno mismo, cabildeando en Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump (enero 2017 – enero 2021) y el Partido Republicano cuyo objetivo central fue quitarle el apoyo estadounidense a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y provocar su expulsión del país, lo que finalmente se concretó en septiembre de 2019.

A todos los contratantes les unía su conservadurismo, su posición anti CICIG y la necesidad de acercarse al nuevo gobierno estadounidense: el de Trump, que recién había llegado a la Presidencia estadounidense, mientras que los contratistas gozaban de buenas conexiones con esa administración, sobre todo con el mismo gobernante.

Otros contratos que aún no aparecen en FARA, pero que son públicos, son los firmados por poderosos grupos y fracciones del poder económico-oligarca de Guatemala en 2025, con la entidad de cabildeo y relaciones públicas Continental Strategy LLC.

De la mano de Manuel Alfredo Espina Pinto, esos grupos de poder acrecentaron en 2025, bajo el segundo mandato de Trump, un millonario cabildeo que realizan en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, y son el Departamento de Estado y la Casa Blanca el centro del accionar de esa entidad cabildera que ha sido contratada por esas fracciones empresariales y grupos políticos conservadores, y para la cual trabaja Espina Pinto, reconocido por sus conexiones con grupos conservadores estadounidenses y el gobernante Partido Republicano.”

En estos procesos de cabildeo la cuestión gramsciana es central. La hegemonía no se impone únicamente por coerción. Se construye mediante dirección intelectual y moral, por la producción de sentido común, por la organización de consensos activos y pasivos. El cabildeo forma parte de esa maquinaria. No se limita a presionar o chantajear funcionarios. Contribuye a manufacturar consentimiento, a definir qué problemas merecen atención, qué soluciones parecen razonables, qué actores aparecen como legítimos y qué proyectos quedan marcados como amenaza. En el caso de Arenas es muy fácil entender lo que le representa un problema y las soluciones que propone.

Por eso resulta insuficiente decir que el cabildeo es legítimo porque puede ser utilizado por sindicatos, ONG o grupos vulnerables tanto como por el capital y los grupos empresariales más poderosos. Esa posibilidad abstracta – como toda forma abstracta o puramente formal de representación – oculta la desigualdad real. Los sectores subalternos como los Pueblos Indígenas, campesinos, trabajadores y mujeres de Guatemala – rara vez poseen las condiciones materiales para comprar una intervención sistemática de Washington. Los grupos dominantes, los grupos de poder económico a los que pertenece Arenas, llegan con recursos, contactos, lenguaje jurídico, afinidades ideológicas y una concepción del orden ya alineada con los intereses del poder hemisférico.

En el caso de Arenas, su apelación a los “fondos propios” agrava el problema en vez de resolverlo. Presenta la influencia política como extensión natural de la propiedad privada y del poder del capital. Pues quien tiene dinero puede comprar interlocución, contratar representación, mover narrativas y abrir puertas. Esa práctica riñe con una noción sustantiva de democracia, porque transforma la igualdad política en competencia desigual por acceso, transforma el argumento público y abierto en compra privada de influencias a puertas cerradas.

En el contexto de la ofensiva trumpista y del reordenamiento derechista en América Latina, este cabildeo adquiere un sentido todavía más preocupante. No aparece como simple gestión de intereses, sino como pieza de una restauración autoritaria a escala regional que busca traducir poder económico, anticomunismo, guerra jurídica y diplomacia de guerra y chantaje en intervención política. La transparencia formal no democratiza esa operación. Apenas la vuelve administrativamente aceptable.

En cuanto al cabildeo que Arenas está haciendo en Washington contra Arévalo y a favor de una opción reaccionaria y restauradora, aquí hay algo muy interesante. El gobierno de Bernardo Arévalo ha realizado concesiones importantes hacia Washington mediante acuerdos comerciales, cooperación en seguridad, compromisos migratorios y una estrecha coordinación antidrogas y geopolítica – todo a expensas de su propio capital político en Guatemala y ante sus escasas bases sociales. Y, en buena medida, a logrado mantener el apoyo de figuras clave en el regímen de Trump como Marco Rubio. A pesar de todo ello, sin embargo, esos gestos no han evitado que actores relevantes del trumpismo estén impulsando una ofensiva política contra su administración. La sustitución del embajador Tobin Bradley y del diplomático Patrick Ventrell, en parte como resultado del cabildeo de gente como Arenas, reflejó hasta qué punto las disputas internas en Estados Unidos fueron utilizadas y terminaron proyectándose sobre la política guatemalteca.

Más allá de la problemática y enfermiza personalidad e influencia de Arenas, diversos sectores ultraconservadores de Guatemala avanzan en la construcción de alianzas impías con miras a las elecciones de 2027. El esfuerzo apunta hacia la conformación de una candidatura capaz de unificar intereses empresariales, operadores políticos tradicionales y referentes del nuevo ecosistema internacional de la derecha radical. Esa convergencia responde a una estrategia, no a una improvisación. Cada movimiento busca reconstruir capacidad de dirección política antes de que llegue la próxima disputa electoral.

Frente a ese proceso, el campo progresista continúa mostrando una enorme debilidad. La fragmentación organizativa persiste, las disputas identitarias desplazan la elaboración estratégica y permanece ausente un proyecto compartido capaz de construir mayorías sociales duraderas. Félix Alvarado identifica algunos elementos de la dificultad histórica de las izquierdas para alcanzar acuerdos. Su diagnóstico aporta elementos valiosos para comprender el problema. Sin embargo, resulta difícil convertir el modelo de Semilla en referencia de articulación democrática cuando buena parte de su proceso de formación y su experiencia gubernamental estuvo marcada por exclusividad, arrogancia, límites programáticos, dependencia institucional y una orientación liberal y tecnocrática que nunca cuestionó seriamente las estructuras de poder existentes. Hoy podemos ver, tristemente, los pobres resultados de todo eso.

Conviene reconocer que el panorama político de Guatemala tampoco permanece completamente inmóvil. El comité proformación Raíces avanza con rapidez en su proceso de inscripción y, a fines de junio de 2026, ya encabeza el registro de nuevas organizaciones políticas con más de 39 mil adhesiones válidas aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral. Integrado por las bases del extinto Movimiento Semilla y catorce de sus diputados, bajo el liderazgo de Samuel Pérez, el proyecto desarrolla actualmente sus asambleas municipales y departamentales con el propósito de cumplir los requisitos establecidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y competir en las elecciones de 2027.

Ese esfuerzo organizativo constituye un hecho políticamente relevante porque demuestra una capacidad de reconstrucción después de la cancelación y posterior fragmentación de Semilla. Sin embargo, su existencia no modifica el problema estratégico de fondo. Raíces, al igual que otras formaciones de centroizquierda, continúa situando la competencia electoral y la conquista temporal del gobierno como el objetivo estratégico predominante – como si ello representara una transformación de las relaciones de propiedad, producción, poder y placer que sostienen la hegemonía cacifista. Esa prioridad electoral desplaza otras tareas decisivas, entre ellas la construcción de formas de autonomía desde los grupos subalternos, el impulso de una amplia reforma moral e intelectual y el ensamblaje de articulaciones democráticas contrahegemónicas y rupturistas capaces de sostener una transformación duradera del Estado y de la sociedad.

En otras palabras, en vez de concebir la política como una guerra de posiciones desplegada simultáneamente en múltiples frentes, persiste una forma de lo que Gramsci denominó “estadolatría”, la tendencia a identificar la transformación histórica con la conquista del aparato estatal. En medio de la crisis de la globalización neoliberal y del ascenso internacional del neofascismo, resulta profundamente anacrónico seguir suponiendo que un gobierno de cuatro o cinco años, acompañado de políticas asistenciales o reformas administrativas, basta para desmontar la hegemonía de los grupos dominantes tradicionales. La hegemonía se reproduce en la sociedad civil, en las instituciones, en la cultura, en los medios de comunicación y en el sentido común incluyendo la religión, el arte, la música, etc. Sin una transformación sostenida de esas relaciones de poder y placer, la alternancia gubernamental difícilmente puede traducirse en una transformación histórica duradera. Confundir gobierno con poder constituye, precisamente, uno de los límites estratégicos más persistentes de la centroizquierda contemporánea. El gobierno de Arévalo demuestra esto de modo perfecto.

Mucha razón tienen algunos analistas del panorama de las izquierdas latinoamericanas al hacer la siguiente crítica:

“Mientras la mayoría de las izquierdas juegan todavía el juego democrático, [la] ultraderecha coordinada y alineada a Washington viene por todo el botín, dispuesta a hacerle pagar a la sociedad el precio que sea. Los valores tradicionales del liberalismo no están siendo amenazados por las derivas autoritarias de gobiernos de izquierda: están siendo pulverizados por el posfascismo.”

Por tanto, la consolidación de un nuevo vehículo electoral dista mucho de equivaler a una transformación social más profunda o una articulación democrática capaz de reorganizar el conjunto del campo de fuerzas comprometidas con la transformación desde abajo. Persisten las fragmentaciones entre organizaciones sociales, movimientos indígenas, sectores populares, sindicatos, colectivos urbanos y diversas expresiones de la izquierda política. Tampoco existe todavía un horizonte programático compartido que permita transformar esa diversidad en una fuerza histórica con capacidad de disputar la dirección del país. Mientras la derecha avanza hacia formas crecientes de coordinación alrededor de un proyecto restaurador, el progresismo continúa apostando principalmente por la reorganización de un espacio político específico y propio antes que por el ensamblaje de una articulación social y política de mayor alcance y profundidad.

La discusión de fondo, por tanto, ya no gira alrededor de una simple competencia electoral. Guatemala se acerca a una confrontación entre un proyecto restaurador que avanza con organización, financiamiento e inserción internacional y unas fuerzas democráticas que todavía carecen de una articulación capaz de ensamblar demandas populares, construir dirección política y disputar el sentido común. Mientras un bloque planifica con varios años de anticipación, el otro continúa reaccionando a los acontecimientos. Esa asimetría constituye, probablemente, el dato político más relevante del momento presente.