De la tibieza al fracaso, no hay más que un paso
Editorial de Gazeta
El Ejecutivo, convencido de que no podrá ungir a su sucesor, hace mucho tiempo dejó de preocuparse acerca de quienes, con porte de magistrados, organizarán los futuros procesos electorales, pues, aunque son la única instancia jurisdiccional definitiva, ya que no hay juzgados electorales, a partir de la ancha manga que la actual Corte de Constitucionalidad dio a un juez de primera instancia penal para inmiscuirse en asuntos electorales, aquellos magistrados apenas han quedado como comité de feria para elegir a su reina.
La mafia que sin escrúpulos ni vergüenza dirige el ya insalvable naufragio de la universidad pública, aliada a lo más atrasado e inepto de los rectores y decanos de Derecho de las universidades privadas, impuso una lista de candidatos que van de lo malo a lo peor, por lo que no le fue difícil al Congreso ponerse de acuerdo en quienes escoger. Si la mayoría de los nombrados no han organizado ni las elecciones de su condominio, quien funge aún como secretario general del TSE carga entre sus gloriosos méritos impedir la participación del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), lo cual es considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como ilegal y vejatorio a los derechos de los candidatos. Por lo tanto, tendremos unos organizadores de elecciones que se preocuparán más por sus intereses y los de quienes les nombraron que por ampliar la participación ciudadana y que el proceso electoral funcione como efectiva pedagogía política.
Ya en esta selección saltó la liebre interventora de la embajada estadounidense, haciendo público su rechazo a la composición de la lista, crítica que obviamente dejaron en el inodoro rectores y decanos, y respecto a lo cual el honorable Congreso no dijo ni pío. El Ejecutivo, en cambio, tal parece que creyó confirmar que su fortaleza ha estado y estará en el que consideraba apoyo ilimitado del Gobierno estadounidense.
Esa confianza casi absoluta en el apoyo extranjero, unida a la dependencia autoasumida al poder económico, hizo que en los dos últimos años toda acción gubernamental se orientara a satisfacer de manera palpable y clara ambos intereses, ya sea en los contratos otorgados al Comando Sur del Ejército estadounidense o en la expulsión sin remilgos de los médicos cubanos o en el silencio preocupante ante el secuestro del presidente venezolano, como en el empeño puesto en proteger apenas a los grandes exportadores de los abusivos aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense, dejando en el olvido a los pequeños y medianos agricultores.
Es de considerar que los gobernantes rápidamente dejaron de lado las lecciones del último proceso electoral, como el hecho de que en el primer turno uno de cada cuatro electores anularon su voto o dejaron la boleta en blanco, claro y amplio rechazo a todos los que estaban en la contienda, incluido, claro está, el grupo finalmente ganador. Si no se hizo ningún intento público por entender y atender ese rechazo, mucho menos se han visto acciones tendientes a demostrar que la opción por la que en el primer turno se orientó apenas 15 % de los que fueron a las urnas era capaz de atender las demandas urgentes de todas y todos, y no apenas algunas de las de los sectores de clase media urbana donde se concentró más de la mitad de su electorado.
Dura fue la batalla para que se les reconociera como los electos para pasar al segundo turno electoral y así derrotar a su descalificada contrincante. Pero, si desde entonces, el pánico ante las movilizaciones sociales parecía un intento por no incomodar al poder económico, llegados al cargo, despreciaron, de plano, la posibilidad de consultar a la población para modificar la Ley del MP y retirar a quien desde mucho antes había prevaricado para satisfacer los intereses de corruptos y corruptores. Así, toda la gestión pública actual ha caminado para satisfacer a quienes, desde que la intervención extranjera abortó el proceso revolucionario de 1944, se han apropiado de los recursos públicos y mantenido a la mayoría de la población en la pobreza y sumisión.
Más que cumplir de manera irrestricta las normas legales, en estos dos años, el Ejecutivo ha intentado no provocar la ira y descontento de quienes, desde la Corte de Constitucionalidad, se han abrogado el derecho de decidir qué se hace en la gestión pública. Tal vez por ello, toda la energía política, con los escasos márgenes que se autoimpusieron, fue depositada en la elección de los nuevos miembros de esa Corte y, como cosa extraña, de la tibieza encubierta de cautela, el Ejecutivo pasó a la beligerancia verbal contra el candidato del poder económico para ser reelecto esta vez por el Congreso de la República.
Sin embargo, para nadie medianamente informado son desconocidas las filias que los distintos sectores del poder económico tienen por Roberto Molina Barreto, quien de procurador general de la nación de Oscar Berger en 2005 pasó, al año siguiente, a propuesta de este, a ocupar por primera vez asiento en esa Corte. Próximo al macropoder silencioso que ejerce en el país el ultraconservador Opus Dei, tiene también fuertes vínculos con la extrema derecha neopentecostal y paramilitar, al grado de que no solo propuso y consiguió que esa Corte anulara la sentencia contra Efraín Ríos Montt por genocidio en 2011, sino que cuatro años después fue quien intentó proteger a Pérez Molina, al conceder amparo para que no le fuera retirado el derecho de antejuicio. Un dato nada menor de su historial es su activa participación como candidato vicepresidencial de Zury Ríos en su fallido intento por participar en 2019, así como su decidido apoyo desde la CC para que se le permitiera participar en 2015 y en 2023.
Para la derecha y ultraderecha guatemalteca, Molina Barreto es la pieza fundamental para defender el statu quo económico y social, por lo que el lobby a su favor, así como ha unido a eferregistas y sus enemigos neoliberales, esta vez unió en el millonario cabildeo estadounidense y en la votación en el Congreso al pesado poder económico con las mafias que se entrelazan en el Pacto de Corruptos. Si allá todos aportaron buena parte de lo blanqueado y compraron el visto bueno imperial, en el Congreso votaron a su favor en fraternal abrazo todos los diputados de la UNE, los del alicaído Vamos, aún patriarcas de la más vulgar corrupción, junto a los grupúsculos de la ultraderecha montuna de Unionista, Valor, Viva y Victoria.
El Ejecutivo escogió tarde y mal a su enemigo. La embajada en Estados Unidos y la Cancillería demostraron su desconocimiento del terreno y sus actores, quedando inmóviles ante el cabildeo mafioso. En lugar de intentar modificar la correlación de fuerzas en la Corte Suprema o emplearse a fondo para impugnar la elección de quien falseó información para ser electa por el CSU, como hace cinco años consiguió el «giammateismo» contra Gloria Porras, decidieron ir con todo ¡pero sin nada! contra la virtual elección del susodicho.
Mas, pasada la resaca de la derrota autoinfringida, en lugar de colocar un magistrado capaz de cuestionar y enfrentar con firmeza las maniobras leguleyas de Molina Barreto, el Ejecutivo optó, nuevamente, por contemporizar con el poder económico, escogiendo a quien ya habían apoyado para ser parte de la entente de Jimmy Morales y para formar parte del gabinete de Ramiro de León, además de ser legal y abiertamente defensora de la minería, con su cauda de daño ambiental y persecución a defensores del territorio, por cierto, amiga y colega de larga data de Molina Barreto.
En consecuencia y notando tanta tibieza, es bueno preguntarse para qué tanto aspaviento, si en lugar de contrapeso colocaron a una aliada de quien consideraron, por algún tiempo, su peor y más feroz enemigo.
Fuente Gazeta
