Nuevos magistrados de la CC reflejan una mayoría de derecha vinculada a las mafias corruptas
Por Armando Tezucún
El 11 de marzo finalizó el proceso de elección de nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026 – 2031. De los cinco entes responsables de elegir dos magistrados cada uno (un titular y un suplente), el primero en hacerlo fue el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), elección que ya hemos comentado. Continuó el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); siguiéndole la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, y finalizando el presidente de la República en la fecha mencionada al inicio.
La importancia de la CC radica que es un tribunal superior cuya función es la defensa del orden constitucional y actúa con independencia de los otros poderes del Estado. La CC conoce las impugnaciones a leyes o disposiciones objetadas por inconstitucionalidad; conoce los amparos interpuestos contra los tribunales de justicia; emite opinión sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley; conoce y resuelve lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia constitucional; emite opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el ejecutivo. Desde su creación en 1985 se ha ido convirtiendo en el árbitro supremo del sistema legal guatemalteco, emitiendo opinión, dictámenes y órdenes sobre una enorme cantidad de temas y conflictos.
De allí la importancia, para los poderes mafiosos que se nutren ilegalmente de los recursos del Estado, de tener control sobre este tribunal y colocar a sus peones en la mayor cantidad posible de magistraturas, para obtener fallos a su favor. En el actual proceso de renovación, las mafias lograron colocar a seis de diez magistrados, cuatro de ellos reelectos. El CSU de la Usac, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República eligieron magistrados vinculados a las redes de corrupción; el Cang y el presidente eligieron personajes que se puede presumir que estarán a favor del sistema democrático, contra la impunidad y la corrupción.
A continuación, examinaremos el proceso de elección que se dio en cuatro entidades a partir de la segunda quincena de febrero.
El Consejo Superior Universitario
El 16 de febrero el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) eligió a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) que por ley les corresponde elegir. La elección se llevó a cabo a puertas cerradas en un hotel de la ciudad de Antigua Guatemala, en medio de protestas de la sociedad civil, comunidades indígenas y estudiantes; además, con la situación anómala de que al menos 23 de los 41 miembros del CSU tienen sus cargos vencidos y se han negado a renovarlos, a pesar de una orden explícita de la actual CC en ese sentido.
Los funcionarios electos fueron Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular, electa con 23 votos y José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente, electo con 24 votos, para el período 2026 – 2031. Entre las candidaturas favoritas que no tuvieron resultados figuraban Leyla Lemus, actual presidenta de la CC, y Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).
Aguirre Pumay tiene vínculos con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres, habiendo sido candidato a una alcaldía por este partido en las elecciones generales de 2023. Fue concejal de la alcaldía de Chiquimulilla por la UNE de 2012 a 2016 y asesor en el Congreso del diputado de ese partido Inés Castillo. El recién electo magistrado es cercano al círculo del rector usurpador Mazariegos, pues en 2022 fue nombrado director del Centro Universitario de Santa Rosa.
La elección de Rivera Aguilar no está exenta de situaciones objetables, ya que es exesposa de Luis Fernando Cordón Lucero, actual secretario general de la Usac, y con funciones en el CSU, muy cercano al rector Mazariegos, y es también medio hermana de Ragde Rivera Aquino, quien fue uno de los operadores en la elección fraudulenta de Walter Mazariegos como rector en 2022. Rivera ha ejercido como jueza de diferentes juzgados desde 2015, y en 2024 fue asesora jurídica de la Facultad de Humanidades de la Usac.
El 25 de febrero se supo de una denuncia presentada ante el MP y la Usac contra Rivera Aguilar, por presunta falsificación de certificaciones docentes y una omisión en la declaración jurada que presentó ante el CSU al postular su candidatura. La impugnación contra la elección de Rivera Aguilar sostiene que presentó una constancia de la Facultad de Humanidades que certifica que fue profesora interina en 2012, sin embargo, el sistema de información de la Usac no registra pagos ni contratos a su nombre en ese período, sino hasta 2024. Además, no reportó una sanción firme en su contra de parte de la Junta de Disciplina Judicial en 2022 por “delegación indebida de función jurisdiccional” en su expediente; esto habría puesto en duda el requisito de reconocida honorabilidad para optar al cargo de magistrada de la CC. El caso implicaría a Mazariegos como decano de la Facultad de Humanidades en 2012 y a Cordón Lucero, esposo de Rivera en ese momento. La impugnación plantea la posible existencia de asociación ilícita, falsedad material, perjurio, fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Este caso pondría en duda la elección de Rivera como magistrada de la CC, aunque a la fecha el MP no ha tomado aún acciones. Sin embargo, el 12 de marzo, el CSU, por mayoría, dejó en firme las designaciones de ambos magistrados electos. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac dictaminó que no hay irregularidades en la documentación presentada por Rivera Aguilar, en cuanto a su participación como docente universitaria, ya que trabajó ad-honorem, al no haber suscrito contrato laboral ni haber recibido pago, lo cual no invalida la documentación. Entre otras argumentaciones, dicha dirección estableció que, al haberse formalizado el divorcio entre Rivera Aguilar y el secretario general de la Usac, Luis Fernando Cordón, no existe relación jurídica entre ambos, ni conflicto de interés en el marco de la elección de magistrados. De la misma manera, la Dirección de Asuntos Jurídicos argumentó contra otros señalamientos hechos tanto hacia Rivera Aguilar como hacia Aguirre Pumay, dando como resultado que el CSU dejara en firme la elección.
La Corte Suprema de Justicia
En el seno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron recibidos, al 27 de febrero, fecha del cierre de recepción, 39 expedientes de aspirantes a ocupar una magistratura en la CC. Entre quienes presentaron su documentación estaba, de nuevo, la fiscal general Consuelo Porras, que no logró ser electa por el CSU de la Usac; también figuraban varios de los actuales magistrados de la CC, en busca de su reelección.
El 3 de marzo los magistrados de la CSJ decidieron reelegir en sus cargos a Dina Ochoa como magistrada titular, electa por unanimidad, y a Claudia Paniagua como magistrada suplente, con 12 de 13 votos.
La abogada Claudia Paniagua ha ejercido su carrera en cargos técnicos y asesorías en gobiernos municipales entre 1995 y 2020; en 2018 fue asesora del Ministerio de Gobernación, y entre 2010 y 2011 prestó servicios en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. en 2021 fue electa como magistrada suplente de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios. Paniagua fue abogada defensora de la exdiputada Delia Bac, acusada por el MP de malversación de Q 1.96 millones. En 2024 Estados Unidos le retiró la visa y prohibió su entrada al país, siendo incluida en la Lista Engel por “corrupción significativa” al aceptar sobornos a cambio de resoluciones favorables (Prensa Libre 03/03/2026). Está involucrada, junto a otros magistrados de la CC, en la decisión irregular de permitir que Jorge Adolfo Mondal continuara como presidente del Banco de los Trabajadores, a pesar de incumplir requisitos legales. Ha sido asesora de la presidencia de la Asociación de Municipalidades, respaldando desde la CC resoluciones favorables al presidente de esta entidad, y obteniendo contratos en dependencias de esta asociación.
Dina Ochoa cuenta ya con dos períodos como magistrada de la CC, desde 2016, siendo electa por la CSJ para un tercero. Antes de ese año había sido magistrada en diferentes espacios del sector de justicia, jueza y catedrática universitaria. Entre sus actuaciones como magistrada de la CC está haber respaldado la decisión del Expresidente Jimmy Morales de expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. En 2025 integró la sala que evitó que el general genocida Efraín Ríos Montt fuera enviado al hospital psiquiátrico, como lo había ordenado un tribunal de sentencia. En 2021 votó en contra de que fuera dejada sin efecto la juramentación como magistrado de la CC del juez corrupto Mynor Moto.
El Congreso de la República
El 3 de marzo se realizó la sesión plenaria del organismo legislativo en la que se elegiría a los dos magistrados de la CC que corresponde escoger al Congreso. Sin embargo, la sesión fue suspendida por falta de acuerdos entre los diferentes bloques de diputados sobre los candidatos a seleccionar. El presidente del Congreso, Luis Contreras, suspendió el pleno ante la ausencia de cuatro secretarios de la Junta Directiva. Los bloques de los partidos de oposición y los oficialistas maniobraron para llegar a acuerdos, cada uno por su lado; los primeros con candidatos de derecha casi definidos, los segundos, tratando de sumar votos para candidatos afines al gobierno.
El 5 de marzo, con una orden de la CC de por medio, en el sentido de que se realizara la elección, el legislativo finalmente escogió a los nuevos magistrados. La sesión fue inusualmente prolongada, llena de discursos interminables de diputados oficialistas, tensiones, altercados y empujones entre opositores y oficialistas, finalizando casi a medianoche. Nuevamente fueron reelectos magistrados en ejercicio del cargo: Roberto Molina Barreto como magistrado titular, con 100 votos a favor y 44 en contra, y Luis Alfonso Rosales Marroquín como magistrado suplente, con 117 votos a favor y 27 en contra.
El abogado Luis Rosales, actual magistrado suplente de la CC, fue electo diputado, a principios de los 2000, por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), del general genocida Efraín Ríos Montt, llegando a ser parte de la Junta Directiva del Congreso en ese período. Formó parte del equipo legal que defendió al exdictador Montt en el juicio por genocidio en su contra. Fue asistente de varias secretarías del Congreso y asesor de varios diputados y bancadas. Participó en el partido Visión con Valores (Viva), dirigido por la hija del general genocida, Zury Ríos, siendo electo en 2015 diputado al Parlamento Centroamericano para el período 2026-2020, y habiendo asesorado a Ríos, candidata presidencial durante la campaña electoral de ese año. Luego se unió al partido Valor, siendo electo diputado para el período 2020-2024, puesto al que renunció al ser electo por el Congreso como magistrado suplente de la CC en 2021.
Por su parte, Roberto Molina Barreto ha sido electo ya cuatro veces como magistrado titular de la CC, habiendo asumido el cargo por primera vez en 2006. En 2013 tuvo una participación crucial, como magistrado de la CC, en la anulación de la sentencia que condenó por genocidio al nefasto exdictador Ríos Montt. En 2015 fue ponente del amparo con el que la CC dejó en suspenso la comisión pesquisidora que investigaría por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina, finalmente suspendido de su cargo, arrestado y condenado por corrupción (Prensa Libre 06/03/2026).
La reelección de dos magistrados de extrema derecha en la CC implicó una seria derrota para el bloque de diputados oficialistas en el Congreso, y muestra la fragilidad a nivel institucional del respaldo sobre el que descansa el gobierno de Bernardo Arévalo.
El presidente en Consejo de Ministros
La última entidad en elegir sus magistrados a la CC, fue la Presidencia de la República el 11 de marzo. Luego de un proceso de escogencia de varias semanas, con candidatos tan notorios como el juez anticorrupción Miguel Ángel Gálvez, el ejecutivo se decidió por Gladys Annabella Morfín como magistrada titular y María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente.
Morfín ha sido catedrática universitaria, ministra de Trabajo y Previsión Social entre 1993 y 1996, procuradora general de la Nación entre 2016 y 2018, ha estado vinculada a entidades de la sociedad civil relacionadas con el ámbito del derecho, y fue asesora del Procurador de los Derechos Humanos.
Jacholá pertenece al pueblo maya Kaqchikel, es abogada y notaria con una maestría en derechos humanos, ha sido docente universitaria y ha trabajado en instituciones como el Congreso de la República, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional para el Seguimientos y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y el Ministerio Público (Prensa Libre 12/03/2026).
La elección de nuevos magistrados de la CC ha tenido un balance negativo para la defensa de los derechos democráticos de la población trabajadora. Este balance pone de nuevo en evidencia que el sistema de elección está fallando desde la raíz, permitiendo que se cuelen los intereses de las estructuras mafiosas de poder, que han manipulado los procesos de selección. Por ello reiteramos que es necesario cambiar totalmente el sistema de elección; los magistrados, no solo de la CC, sino de la CSJ y otras entidades de justicia, deben ser electos mediante el voto popular, libre, soberano y secreto; de esta manera los poderes mafiosos se verán alejados del control de los procesos de selección. Los cambios necesarios para implementar esta nueva forma de elegir magistrados solo pueden ser implementados por una reforma impulsada por una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional, de los Trabajadores y los Pueblos, que transforme el país en beneficio de los oprimidos.
Fuente ElSOCA
