La caída de “El Mencho” y los discursos dominantes del “narcoestado” y los “narcoterroristas”
Resumen
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no marca el fin de nada. Por el contrario, expuso con brutal claridad una verdad incómoda, a saber, la llamada “guerra contra el narco” produce exactamente aquello que dice combatir. El narco-levantamiento que siguió al operativo en Jalisco no fue una anomalía ni una reacción irracional, sino una demostración de poder territorial dentro de una economía política global de las drogas profundamente integrada al neoliberalismo, ahora reconfigurada bajo el auge del neoimperialismo trumpista y administrada internamente por un régimen que, lejos de romper con el pasado, encarna una nueva fase de neo-neoliberalismo bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Tres puntos clave
1. El narco no es una patología externa: es una infraestructura del capitalismo global
Los mercados de drogas ilícitas no son desviaciones marginales, sino circuitos estructurales sostenidos por desigualdad global, prohibición, financiarización opaca y cadenas transnacionales de suministro. La violencia asociada no es accidental, sino que es parte del modelo. La ilegalidad genera superganancias, penetra instituciones y produce “narcoeconomías”, mientras que décadas de políticas punitivas y asistencialistas solo han expandido el mercado y desplazado territorialmente la violencia.
2. La “decapitación” de capos desestabiliza territorios y profundiza la crisis del Estado
La evidencia empírica muestra que eliminar líderes criminales incrementa homicidios, fragmenta organizaciones y multiplica actores armados. Jalisco ilustra esta paradoja. Lo presentado como “éxito táctico” activó represalias coordinadas en múltiples estados. No se trata solo de crisis criminal, sino de una crisis más profunda de gobernanza, policiamiento militarizado, economías informales toleradas y alianzas de élite que permiten que el narcomundo funcione como poder paralelo dentro del orden neo-neoliberal.
3. El mito del “narcoestado” y el giro antiterrorista habilitan una nueva fase de subordinación imperial
Etiquetas como “narcoestado” o “narcoterrorismo” no son neutrales, sino que sirven para despolitizar la violencia y reinscribirla en clave securitaria. Bajo el segundo gobierno de Donald Trump, esta narrativa sirve para normalizar amenazas de intervención directa y reactivar la Doctrina Monroe en versión recargada. Mientras tanto, el gobierno mexicano gestiona la crisis desde un neo-neoliberalismo que combina disciplina macroeconómica, megaproyectos extractivos, asistencialismo y militarización, sin tocar las estructuras fundamentales que producen tanto la economía ilícita como la violencia estatal.
El argumento
El 22 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. El informe oficial lo describió como herido de muerte durante el operativo y falleciendo mientras era trasladado para recibir atención médica en la Ciudad de México; el mismo informe señaló que el apoyo de inteligencia estadounidense fue reconocido como parte del operativo.
La narrativa de la “victoria estatal” se complicó de inmediato por la magnitud y la coordinación de la violencia de represalia. La Jornada informó que, en las horas posteriores al asesinato, se registraron incidentes que incluyeron retenes, vehículos incendiados, enfrentamientos armados y operativos de seguridad en 21 estados mexicanos.
Paralelamente, La Jornada reportó un alto número de víctimas fatales relacionadas con el operativo y sus consecuencias en Jalisco: 26 muertos (incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos miembros de cárteles y al menos una civil descrita como una mujer embarazada), lo que subraya que el evento no fue una redada aislada, sino una grave crisis de seguridad con gran riesgo civil.
La cobertura internacional reforzó la descripción de un “éxito” narrado binacionalmente, acompañado de represalias multiestatales. Un informe de Reuters describió a un organismo interinstitucional estadounidense recién creado, la “Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Anticártel”, como un organismo que proporcionaba apoyo de inteligencia en el contexto del operativo, y enmarcó el enfoque como una adopción de métodos antiterroristas. Sin la enorme presión de Estados Unidos de montar una guerra abierta contra los carteles es de otro modo difícil explicar el cambio de política de seguridad de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
La economía política global de las drogas
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de las Naciones Unidas el fenómeno global de las drogas sigue creciendo en todas sus dimensiones incluyendo producción, tráfico, consumo y ganancias. En 2023 se estimaba que 316 millones de personas entre 15 y 64 años habían consumido drogas ilícitas, aproximadamente el 6% de la población de esa franja, un aumento constante respecto a décadas anteriores.
El mercado global de cocaína está batiendo récords. La producción alcanzó 3,708 toneladas en 2023, un aumento sustancial frente al año anterior; las incautaciones también crecieron de manera significativa y el uso se expandió de 17 millones a 25 millones de usuarios en 10 años. Este fenómeno no se limita a América Latina. Europa, Asia y África están emergiendo como nuevos mercados.
Los grupos de crimen organizado que trafican drogas adaptan sus rutas, diversifican sus operaciones y buscan vulnerar sistemas institucionales en contextos de crisis global (economías desiguales, desplazamientos e inseguridad). Esto ha fortalecido sus capacidades de operación y les permite explotar nuevas vulnerabilidades. El reporte también alerta sobre nuevos grupos vulnerables que emergen a raíz de crisis económicas y conflictos, lo que puede alimentar aún más el consumo y la participación en economías ilegales.
El informe subraya que el problema no es solo criminal. Hay graves efectos sobre la salud pública (aumento del uso, sobre todo de opiáceos y drogas sintéticas), sobre familias y comunidades, y sobre los sistemas de bienestar social. La narcocriminalidad también produce costos directos en seguridad y justicia que se suman a los daños indirectos en el desarrollo social.
Aunque el informe no critica frontalmente las políticas prohibicionistas, reafirma que la presión policial y las acciones represivas no han contenido el problema, y que los mercados y los grupos organizados continúan expandiéndose pese a décadas de intervención estatal.
El informe también enfatiza que ningún país puede abordar por sí solo este fenómeno complejo. Los flujos de drogas, armas, dinero y personas están interconectados globalmente, lo que hace que las políticas unilaterales o nacionales, ya no digamos la famosa “guerra contra las drogas”, sin coordinación multinacional sean insuficientes (aunque, como crítico del enfoque dominante, esto también revela la tendencia a reforzar la cooperación militarizada por encima de las políticas sociales o de salud).
Del informe se desprenden las siguientes realidades:
Los mercados de drogas ilícitos son fenómenos globales y estructurales, no simples aberraciones o subproductos periféricos del crimen. Se sostienen en dinámicas de oferta y demanda internacional, desigualdades globales, flujos financieros transnacionales, redes criminales adaptativas y respuestas estatales fragmentadas. No hay que olvidar que en muchas regiones, los cultivos ilícitos (coca, amapola) son esenciales para los medios de vida locales y a menudo actúan como “desarrollo alternativo” para los agricultores que carecen de acceso a los mercados legales y para crecientes grupos subalternos sin ninguna otra oportunidad.
Las cifras de producción y consumo rompen mitos de disminución. Lejos de reducirse, el mercado mundial ha crecido sistemáticamente, incluso bajo regímenes de fiscalización estricta. De hecho, la proliferación de mercados emergentes (Asia, África, Europa) subraya la internacionalización de la economía de las drogas y su integración con otros circuitos ilícitos y legales de comercio, finanzas y transporte. Esto también implica un desplazamiento de la violencia que conlleva el tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero, trata de personas y otros fenómenos asociados al crimen organizado en general y a los carteles en particular.
La ilegalidad genera “superganancias” para las organizaciones traficantes, permitiéndoles penetrar las instituciones legales mediante el soborno y la coerción, convirtiendo a veces a los países en “narcoeconomías”. Por ello, el enfoque puramente punitivo, policiaco o represivo ha demostrado ser ineficaz para contener la expansión del problema, lo que sugiere que el análisis debe articularse con una crítica de las estructuras económicas, sociales y políticas que perpetúan tanto la producción como la demanda.
Las respuestas públicas centradas exclusivamente en seguridad y aplicación de la ley corren el riesgo de reforzar las dinámicas que buscan suprimir, pero que simultáneamente hacen más lucrativo, estructurado y resistente el mercado ilícito a nivel global. La “guerra contra las drogas” ha provocado 2,6 millones de muertes relacionadas con las drogas solo entre 2016 y 2021, y tasas de encarcelamiento masivas que, a su vez, generan nuevas formas de corrupción, criminalidad e inseguridad. Urge un nuevo enfoque.
Cuando el “éxito” produce crisis: la paradoja del capo
La manera más crítica y más coherente de tratar la “decapitación” de los capos es no verla ni explicarla como un punto final, sino como una intervención desestabilizadora dentro de una economía política territorial ya fragmentada y también atravesada por tendencias globales que sobrepasan las capacidades de cualquier Estado. Las síntesis de la investigación empírica sobre la llamada “estrategia de los capos” subrayan un mecanismo recurrente. La remoción de los altos mandos tiende a intensificar la competencia violenta (luchas de sucesión, fragmentación organizativa, incursiones rivales, etc.) y a desencadenar represalias que se expanden más allá del lugar inmediato de la operación.
En un resumen ampliamente difundido del trabajo de Jason M. Lindo y María Padilla-Romo, los autores muestran que la captura de un líder de una organización narcotraficante se asocia con aumentos significativos de homicidios en el municipio de la detención, con persistencia durante al menos un año, así como con efectos indirectos en otros municipios donde opera la misma organización. Estos resultados son mucho más consistentes con un patrón de desestabilización sistémica que con cualquier expectativa de pacificación inmediata o incluso de mediano plazo.
Leído desde esta perspectiva, lo que puede describirse como un narco-levantamiento en el estado de Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) puede interpretarse menos como un estallido de furia irracional que como una forma demostrativa de comunicación coercitiva. La capacidad de bloquear carreteras, incendiar vehículos y producir parálisis pública funciona aquí como prueba performativa del poder territorial residual después de la pérdida del liderazgo. En este sentido, el reporte de La Jornada sobre la rápida propagación de incidentes en múltiples estados después del acontecimiento no es un detalle anecdótico. El reporte mismo forma parte del mensaje. Aquí el periodismo resulta funcional al espectáculo macabro abstraído de su contexto global.
Lo que diferencian a las perspectivas críticas de los reportajes periodísticos y nos ayudan para entender esta coyuntura aparentemente caótica es que no estamos frente a una mera crisis de la organización criminal, sino ante una crisis más profunda de la organización estatal. La violencia no emerge en un vacío institucional, sino que se activa dentro de configuraciones específicas de gobernanza fragmentada, policiamiento militarizado, economías informales toleradas y alianzas tácitas con intereses de élite. Estos episodios revelan cómo el narcomundo opera como infraestructura paralela de poder dentro del orden neo-neoliberal, capaz de escalar rápidamente la disrupción territorial precisamente porque está entrelazado con las propias formas contemporáneas del Estado, la seguridad y la acumulación.
El neo-neoliberalismo de Sheinbaum
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A modo de aclaración, pero en contra de lo que sostienen muchos comentaristas, incluidos sectores progresistas que insisten en leer la “Cuarta Transformación” como ruptura estructural con el pasado, consideramos que el gobierno de Claudia Sheinbaum puede entenderse más adecuadamente como una forma de neo-neoliberalismo. El doble “neo” no es retórico, sino que señala, primero, un neoliberalismo reconfigurado después de su crisis de legitimidad, ahora más estatista, más redistributivo en lo social, más nacionalista en el discurso, y, segundo, un neoliberalismo que se presenta a sí mismo como superación del neoliberalismo – una negación de la negación que, de nuevo, se transubstancia en afirmación posterior. No estamos ante el consenso de Washington clásico, sino ante un régimen híbrido que combina disciplina macroeconómica, integración profunda a las cadenas norteamericanas bajo el T-MEC, nearshoring estratégico, megaproyectos masivos y sin consenso comunitario, pero con transferencias sociales compensatorias, todo ello sin alterar la arquitectura fundamental de la subalternidad plebeya de las grandes mayorías sociales, la acumulación dependiente y extractiva ni la centralidad de la seguridad como dispositivo de gobernanza.
Leído a la luz de lo ocurrido en Jalisco, este marco ayuda a comprender por qué la violencia no aparece como anomalía sino como síntoma. El narco-levantamiento no solo pone en evidencia la capacidad territorial de las organizaciones criminales, sino que revela también los límites de un modelo que mantiene intactas las estructuras económicas fundamentales que alimentan la economía ilícita mientras administra la crisis mediante militarización y estabilización macroeconómica y, ahora, da golpes militares por las demandas neoimperiales de Trump. En el contexto del auge neoimperial del segundo gobierno de Donald Trump, con su lenguaje antiterrorista, sus amenazas hemisféricas y su recargue de la Doctrina Monroe, este neo-neoliberalismo queda atrapado entre la presión externa y la continuidad interna, entre un soberanismo discursivo hacia afuera (aunque se haya dejado de ayudar a Cuba con lo que más necesita) y la contención securitaria hacia adentro. Jalisco no es, entonces, un desvío del modelo, sino que es una de sus expresiones más crudas.
Así, el evento de febrero de 2026 en Jalisco deja de aparecer como una anomalía y adquiere un matiz mucho más crítico y problemático, es decir, el de una manifestación concentrada de una lógica más amplia. Aquí la “guerra contra el narco”, lejos de desarticular estas estructuras, las reactiva periódicamente mediante intervenciones espectaculares que producen fragmentación, multiplican actores armados y profundizan la crisis de gobernabilidad. La paradoja es clara pues lo que se presenta como éxito táctico refuerza, una vez más, las condiciones estructurales de la crisis.
Narco-mitos y política cultural: cómo la “cartelización” despolitiza la violencia estatal
Creemos importante desplazarnos de un enfoque de “bandidos y raíces sociales”, tal como lo encontramos incluso en la literatura ya tradicional (Eric Hobsbawm, James C. Scott, Oscar Lewis, etc.), hacia una teoría más explícitamente crítica del narcomundo, capaz de reconocer que las narrativas dominantes no solo describen el fenómeno, sino que forman parte activa de su reproducción ideológica y su integración hegemónica a los imaginarios y discursos legitimadores de la Cuarta Transformación. No se trata de negar que la subalternidad, la precariedad estructural y los inframundos éticos y sociales puedan dar lugar a formas espontáneas de bandidaje que, en ciertos contextos históricos, han cumplido funciones redistributivas o han encarnado resistencias situadas frente al orden hegemónico. Se trata de algo diferente.
El problema es que el fenómeno contemporáneo de los cárteles excede con creces esa lógica del crimen social tradicional. No estamos ante expresiones marginales de justicia popular ni ante economías morales alternativas, sino frente a complejos aparatos de acumulación violenta profundamente imbricados con el capitalismo global, el Estado, los mercados financieros y los dispositivos de control territorial. Lejos de abrir grietas emancipatorias, estas estructuras criminales reproducen y radicalizan las formas más brutales de dominación, mercantilizan la vida, normalizan la crueldad y convierten la violencia en principio organizador.
En ese sentido, el narcomundo no solo neutraliza cualquier potencial moral rupturista del bandidaje clásico, sino que lo invierte por completo. La violencia deja de ser un gesto reactivo frente a la exclusión y se transforma en una tecnología sistemática de gobierno; la redistribución es sustituida por extractivismo armado; y la figura del “bandido social” es reemplazada por redes empresariales criminales encabezadas por capos que gestionan territorios, poblaciones y afectos bajo una lógica necropolítica. De ahí la necesidad de una crítica que no romantice la ilegalidad ni se conforme con explicaciones culturalistas o economicistas, sino que sitúe el narco como parte constitutiva del orden neoliberal contemporáneo y de sus formas extremas de descomposición social.
Más que simples “monstruos” y “narcoterroristas” individuales, capos como Joaquín Guzmán Loera o Nemesio Oseguera Cervantes encarnan un tipo de subjetividad funcional y residual a economías violentas, una combinación de psicopatía instrumental (capacidad de administrar crueldad sin fricción moral), narcisismo de poder, pragmatismo extremo, paranoia organizativa y alta competencia logística. No se trata de impulsividad, sino de violencia racionalizada como tecnología de gobierno territorial. Pero lo decisivo es que estos capos no explican el narcomundo, sino que es el narcomundo el que los produce. Son formas extremas de racionalidad neoliberal armada, subjetividades coherentes con la prohibición global, la financiarización opaca, la militarización, los Estados fragmentados y las cadenas transnacionales de acumulación por medio de la coerción y la violencia. En este sentido, dialogan directamente con la tesis de Byung-Chul Han en Capitalismo y pulsión de muerte según la cual el capitalismo contemporáneo ya no se limita a explotar la vida, sino que la consume, la desgasta y la empuja hacia su propia destrucción. El capo aparece entonces como figura límite de esa lógica, un ser que crece y se multiplica allí donde el mercado y el Estado pierden su máscara legal, emerge su núcleo tanático, una voluntad de acumulación sin mediación simbólica, donde la muerte deja de ser efecto colateral y se convierte en principio organizador. Lejos de ser anomalías psicológicas dentro de un sistema sano, estos sujetos revelan la verdad obscena del orden neoliberal, a saber, su tendencia estructural a convertir la vida en desecho cuando ya no es rentable.
En el argumento de Oliver Dodd sobre Colombia, la “cartelización” aparece por encima de todo como una ficción despolitizadora que recodifica el conflicto como mera metástasis criminal, en lugar de situarlo como resultado histórico de la economía política internacionalizada y de la reestructuración social orquestada por las élites. Su ensayo en PPE rechaza explícitamente la idea de que la guerra colombiana pueda entenderse como un “conflicto puramente interno” y, en cambio, enfatiza su carácter transnacional y su articulación con la reintegración neoliberal, pensada a través del marco gramsciano de la “revolución pasiva” como un proceso que destruyó medios de vida rurales, fracturó formas locales de autoridad y reconstruyó el campo como un territorio subordinado a las lógicas del capitalismo global.
La columna vertebral de este argumento, sometido a revisión por pares, se formula con mayor precisión en su artículo para Review of International Studies, donde Dodd enmarca la escalada de violencia de los años noventa como una narrativa histórico-materialista en la cual la reintegración neoliberal profundizó la fragmentación social y el desplazamiento masivo, produciendo una “crisis de autoridad” que fue posteriormente ocupada y explotada por dinámicas armadas, insurgentes y luego incluso conservadoras. Crucialmente, el texto rechaza explicaciones reduccionistas basadas en la mera “debilidad del Estado” (el argumento clásico de centro-izquierda) o en la “oportunidad económica” (el argumento clásico del neoliberalismo), y vincula la guerra con transformaciones más profundas en las relaciones sociales, las formas de producción y la propia forma del Estado dentro del capitalismo global.
Esta crítica del “narcomito” resulta especialmente relevante hoy para México, porque cuestiona el reflejo dominante de tratar la violencia de los cárteles como un patógeno externo que invade un Estado previamente coherente y realmente funcional. Un enfoque de teoría crítica, por el contrario, interroga qué modalidades históricas de modernización, policiamiento, gubernamentalidad y apertura económica han reorganizado la coerción y la oportunidad, convirtiendo la gobernanza criminal y los mercados violentos no en aberraciones, sino en resultados estructurados y previsibles de las transformaciones político-económicas, así como morales e intelectuales del neoliberalismo.
La producción cultural participa activamente en esta fabricación de mitos. En un ensayo publicado en Jacobin, Andrew Pendakis argumenta que la serie de televisión Narcos construye una figura seductora del “narcorrevolucionario”, presentando a Pablo Escobar como una suerte de vengador popular, al tiempo que deslegitima la política de izquierda, retrata la crítica radical como ingenuidad dogmática y recodifica la modernización neoliberal centrista como el único “futuro” políticamente viable. Pendakis muestra además cómo esta estrategia representacional tiende a fundir traficantes y violencia estatal en un “sistema inmenso” donde la brutalidad se estetiza y se mercantiliza, incluso a través del turismo, borrando las diferencias estructurales entre coerción pública y privada.
Creemos que la ganancia de este enfoque es ante todo metodológica. El “narco” no debe ser abordado únicamente como economía sumergida o desviación criminal, sino como un campo ideológico y de batalla plenamente integrado al orden neoliberal. En este campo, la retórica política y la cultura popular colaboran en normalizar respuestas militarizadas, moralizar una compleja economía política en un falso binomio cártel-Estado y, de manera decisiva, borrar los proyectos de clase y las presiones internacionales que configuran simultáneamente tanto la formación de los cárteles como la violencia estatal. Así, el narcomundo aparece no como negación del sistema, sino como una de sus formas contemporáneas más extremas.
El Estado dentro del cártel: complicidad, proyectos de clase y la etiqueta de “narcoestado”
El vínculo más directo entre los cárteles mexicanos y la teoría crítica del Estado en su conjunto de fuentes es el argumento investigativo de Anabel Hernández en Narcoland. Basta para el presente blog referirnos a la descripción de la editorial pues ella enmarca explícitamente el libro como una exposición del “nexo gobierno-empresa” que facilita la existencia de cárteles y alega complicidad que abarca la política, la policía, los actores judiciales y los empresarios; es decir, no se trata de la historia de un cártel fuera del Estado, sino de un narcosistema entrelazado con el poder y las instituciones de la élite que, aquí argumentamos, sigue siendo válida y vigente incluso en la era de la llamada “Cuarta Transformación” del actual partido político dominante en México.
Este marco se vuelve aún más inquietante a la luz de la reciente decisión del United States Department of State de designar formalmente a varios cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”, acompañada por declaraciones del gobierno de Trump que contemplan abiertamente la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano. Lejos de constituir un simple giro retórico, esta reconfiguración jurídica y securitaria profundiza la lógica que Julien Mercille ha identificado como central en la “guerra contra las drogas”. Desde esta lógica la producción del narco como enemigo absoluto sirve para legitimar una nueva fase de excepcionalismo imperial, desplazando la atención desde las causas estructurales hacia una narrativa de amenaza externa que habilita la intervención directa.
Este giro se alinea con la crítica de economía política de Mercille sobre la “guerra contra las drogas” en México. Mercille sostiene que la opinión pública dominante trata desproporcionadamente a los cárteles como el problema central y a Estados Unidos como un colaborador agresivo pero, en última instancia, benévolo. Frente a ello, su análisis enfatiza la responsabilidad estructural estadounidense a través de las políticas de consumo y tráfico de armas, el apoyo sostenido a actores clave, incluidos el gobierno y el ejército mexicanos, y las reformas neoliberales que expandieron materialmente la industria del narcotráfico. Asimismo, argumenta que la “guerra contra las drogas” ha funcionado históricamente como pretexto para la intervención ligada a proyectos hegemónicos (incluido explícitamente el TLCAN), ha sido utilizada para reprimir la disidencia contra las políticas neoliberales y ha permitido que instituciones financieras estadounidenses se beneficien del lavado de activos en un contexto de regulación laxa.
La novedad del momento actual es que esta arquitectura ya no se limita al lenguaje de la cooperación antidrogas o la seguridad compartida. Al reinscribir a los cárteles en el registro del “terrorismo”, Washington consolida un marco legal que borra fronteras entre guerra y policiamiento, entre soberanía nacional y seguridad hemisférica. Esto no representa una ruptura con el pasado, sino la restauración e intensificación de una tendencia de larga data, es decir, el narcomundo es instrumentalizado como campo ideológico y dispositivo geopolítico que normaliza la militarización, moraliza una economía política profundamente transnacional y oculta, una vez más, los proyectos de clase y las presiones imperiales que estructuran simultáneamente la violencia criminal y la violencia estatal.
Más allá del “narcoestado”
Aquí es donde el término “narcoestado” debe manejarse con extrema cautela. Wikipedia ofrece una definición ampliamente difundida, como un Estado cuyas instituciones legítimas han sido penetradas por el poder y la riqueza del tráfico ilegal de drogas, pero también reconoce que el concepto es ambiguo y que numerosos académicos advierten contra su uso simplificador.
En su trabajo “El mito del narcoestado”, Pierre-Arnaud Chouvy sostiene que esta categoría se utiliza de forma reiterada sin una definición rigurosa, que su existencia suele darse por sentada y que su aplicación tiende a oscurecer, más que a esclarecer, realidades sociopolíticas complejas. Más aún, Chouvy subraya que la vaguedad del término es precisamente lo que le otorga potencia discursiva. Un “narcoestado” mal definido se convierte en una figura flexible, fácilmente instrumentalizable para deslegitimar gobiernos y normalizar la interferencia externa. No es un concepto analítico inocente, sino que es más bien una tecnología geopolítica.
Esta advertencia resulta especialmente relevante en el momento actual. El acontecimiento de febrero de 2026 en Jalisco, México no puede leerse al margen del nuevo ciclo de militarización hemisférica impulsado desde Washington. La cobertura de El País subrayó la confirmación pública de la colaboración entre Estados Unidos y México; posteriormente, Reuters enmarcó la operación mediante analogías antiterroristas y destacó la creación de un nuevo grupo interinstitucional estadounidense orientado a mapear y desmantelar redes de cárteles. El lenguaje ya no es el de la cooperación antidrogas, sino el de la seguridad estratégica.
En el contexto del segundo gobierno de Donald Trump, esta mutación adquiere una gravedad adicional. La designación de cárteles como “organizaciones terroristas”, junto con amenazas explícitas de intervención directa en territorio mexicano, señala la aplicación de lo que ahora se llama el corolario Trump de la Doctrina Monroe, es decir, una reactivación del derecho imperial a intervenir unilateralmente en América Latina bajo el pretexto de amenazas criminales transnacionales. El “narcoestado” opera aquí como puente conceptual entre crimen y guerra, borrando las fronteras entre soberanía y tutela.
Desde esta perspectiva, el problema no es simplemente semántico. Una vez que un país es inscrito en el registro del “narcoestado”, la militarización deja de aparecer como opción política y se presenta como necesidad técnica. La intervención deja de ser debatible y pasa a ser inevitable. La violencia se deshistoriza y las responsabilidades estructurales, desde el consumo estadounidense y tráfico de armas hacia el Sur Global hasta la financiarización y las reformas neo-neoliberales de la Cuarta Transformación, en el caso de México, quedan desplazadas por una narrativa de patologías locales.
Para México, este momento plantea un desafío histórico al proyecto contradictorio de la Cuarta Transformación – el neo-neoliberalismo recargado – bajo el liderazgo de Sheinbaum. Su gobierno hereda no solo una arquitectura de violencia profundamente sedimentada, sino también una presión externa creciente que busca reinscribir el conflicto en claves securitarias e imperiales. La dificultad central no reside únicamente en contener a los cárteles, sino en resistir la recolonización del campo de la seguridad y evitar que el narco sea convertido en justificación para una nueva subordinación geopolítica. Lo que, tristemente, ya está ocurriendo.
En coherencia con el argumento desarrollado a lo largo de este ensayo, por tanto, el narcomundo no debe simplemente entenderse como evidencia de un Estado fallido capturado por criminales, sino como una forma extrema, pero orgánica y ampliada, del orden neoliberal contemporáneo. Es producto de cadenas de suministro transnacionales, de prohibiciones selectivas, de desposesión rural, de financiarización opaca y de dispositivos de control territorial que entrelazan violencia pública y privada. Llamarlo simplemente “narcoestado” borra esta complejidad y desplaza la mirada desde la economía política hacia la moralización securitaria.
Lo que está en juego, entonces, no es solo la interpretación de un episodio violento, sino la disputa por el marco mismo del problema. Entre un relato que convierte a México en zona de guerra contra el crimen y otro que reconoce al narco como infraestructura del capitalismo global, la diferencia es decisiva. En el primer caso, la respuesta es la intervención; en el segundo, la tarea es mucho más incómoda e implica desmontar las condiciones estructurales y transnacionales que hacen posible tanto la violencia criminal como la violencia estatal y que dejan de poner la culpa por el problema en los hombros de los Estados subalternos. Eso sí, tampoco hay que aceptar el relato de un simple “regreso a la normalidad” pues dicha normalidad en México es siempre la potencia misma que se reseva el crimen organizado.
Referencias
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Fuente Blog #RefundaciónYa
