Arévalo sacrificó a la USAC: La máscara de la Corte de Constitucionalidad

Fernando Cajas

Ayer, primero de junio de 2026, la Corte de Constitucionalidad rechazó el amparo definitivo que había otorgado el Juzgado Quinto contra la elección del 8 de abril. Con esta decisión, la CC blindó la permanencia de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos, ignorando las graves irregularidades documentadas: la exclusión arbitraria de cuerpos electorales opositores (estudiantes, egresados y varios colegios profesionales), la realización del proceso a puerta cerrada sin observadores independientes ni prensa, y la manipulación del padrón electoral que alteró la composición legítima del Cuerpo Electoral Universitario.

Esta no es una simple resolución técnica. Es la confirmación de que en Guatemala las instituciones se usan para dar apariencia de legalidad a lo que en el fondo es captura y abuso de poder.

Lo que ocurrió en la USAC no empezó ayer. Desde hace años se ha venido consolidando un control que ha convertido a nuestra universidad pública —heredera de la Revolución de 1944— en un botín. La elección del 8 de abril fue solo el capítulo más visible: se excluyó a una parte significativa de los electores acreditados, se votó en condiciones que impidieron la transparencia y se ignoraron recursos previos. Un juzgado vio las pruebas y suspendió el proceso. La Corte, en cambio, decidió proteger el resultado.

Como bien señala Anne Applebaum en El ocaso de la democracia, las democracias no siempre mueren con tanques en las calles. Mueren cuando las élites aprenden a usar las instituciones para sus propios fines, vaciándolas de contenido bajo la máscara de la formalidad. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. La Corte de Constitucionalidad se ha convertido, en demasiados casos, en un instrumento que protege intereses antes que la Constitución.

Y duele aún más el silencio cómplice del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Llegaron al poder con banderas de lucha contra la corrupción y defensa de la democracia. Sin embargo, ante el desmantelamiento de la única universidad pública del país, han optado por el mutismo. Ni una declaración firme, ni una acción concreta desde el Ejecutivo o desde el Ministerio de Educación. Este silencio no es neutral: es abandono. Es, de hecho, un sacrificio de la USAC en el altar de la estabilidad política con los poderes tradicionales. Los intelectuales tampoco podemos seguir mirando hacia otro lado.

La USAC es la prueba de fuego de nuestra democracia. Si se permite que una elección viciada por exclusiones y falta de transparencia se consolide, estaremos aceptando que cualquier institución puede ser domesticada. No podemos perderla. Es hora de actuar.