Bolivia y los límites de la refundación sin articulación democrática
Resumen
La crisis boliviana de 2026 revela una contradicción fundamental que atraviesa buena parte de la experiencia latinoamericana del siglo XXI: los proyectos refundacionales pueden transformar el Estado, ampliar derechos y redistribuir recursos, pero si no construyen formas duraderas de articulación democrática desde abajo terminan dejando intactas las condiciones hegemónicas previas que permiten el retorno de proyectos restauradores. La actual rebelión social contra el gobierno de Rodrigo Paz no es solamente una reacción frente al giro neoliberal de su administración, sino también la expresión de los límites históricos de un proceso de cambio que fortaleció al Estado más de lo que democratizó la sociedad. En este contexto, Bolivia aparece como un laboratorio donde convergen el agotamiento de la hegemonía masista, la emergencia de una restauración neoliberal alineada con el trumpismo hemisférico y la búsqueda aún inconclusa de nuevas formas de articulación democrática capaces de transformar la movilización popular en poder político y constituyente duradero.
Tres puntos clave
1. La crisis actual expresa un déficit histórico de articulación democrática.
La rebelión contra Rodrigo Paz no surge únicamente de sus políticas neoliberales o de la crisis económica. Revela una debilidad más profunda acumulada durante el ciclo del MAS y que consiste en la incapacidad de convertir la movilización popular en estructuras autónomas y permanentes de deliberación, organización y autogobierno democrático – en suma, contrahegemonía. La refundación plurinacional transformó el Estado, pero no produjo una democratización equivalente de la sociedad civil y los grupos subalternos.
2. Las restauraciones neoliberales prosperan allí donde los proyectos progresistas confundieron Estado con poder popular.
Tanto en Bolivia como en Ecuador, y de manera distinta en Argentina y Chile, los procesos progresistas ampliaron la intervención estatal, pero tendieron a depender del liderazgo presidencial, del extractivismo y de mecanismos verticales de intermediación política. Cuando esas formas de conducción entraron en crisis, emergieron vacíos de representación que facilitaron el ascenso de proyectos restauradores. La actual coyuntura de luchas sociales es, en parte, el resultado de esos límites.
3. Bolivia se ha convertido en una pieza de la nueva arquitectura geopolítica impulsada por el trumpismo.
El respaldo de Trump, Marco Rubio y gobiernos afines como los de Milei y Kast muestra que la crisis boliviana también forma parte de una reconfiguración hemisférica más amplia. La administración Paz aparece integrada a un bloque regional orientado hacia la liberalización económica, la subordinación estratégica a Washington y la contención de proyectos autónomos de desarrollo. Por ello, la disputa boliviana ya no enfrenta únicamente modelos económicos diferentes, sino dos proyectos de orden político: uno basado en la restauración neoliberal y otro aún pendiente de construir una democracia articulada desde abajo capaz de trascender tanto los límites del progresismo estatal como los de la nueva ultraderecha continental.
El argumento
La crisis boliviana de 2026 constituye uno de los acontecimientos políticos más significativos de la actual coyuntura latinoamericana. Más allá de las disputas inmediatas en torno al gobierno de Rodrigo Paz, los bloqueos, las movilizaciones campesinas e indígenas, la crisis de abastecimiento y la creciente polarización política revelan problemas estructurales que se han venido acumulando durante las últimas dos décadas. Desde la perspectiva teórica desarrollada en mi libros Gramsci’s Critique of Civil Society y La articulación posible, el problema central no puede reducirse a la oposición entre gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales, ni tampoco a una simple alternancia electoral. La cuestión de fondo es si los proyectos refundacionales latinoamericanos lograron construir formas duraderas de articulación democrática – contrahegemonía – desde abajo capaces de sostener un nuevo ensamblaje social, político y económico. Mi hipótesis es que Bolivia, al igual que Ecuador y en cierta medida Argentina y Chile, muestra los límites históricos de proyectos que confundieron transformación estatal con democratización social, intervencionismo con socialismo y liderazgo popular con poder popular.
Las observaciones de Susana Bejarano – citada en el trabajo de Valdez – sobre la crisis actual son particularmente reveladoras. Su argumento central no es simplemente que Rodrigo Paz haya girado hacia la derecha, sino que quienes hoy protagonizan las movilizaciones son precisamente muchos de los sectores populares que contribuyeron a su victoria electoral. Se trata de campesinos, indígenas urbanos, sindicatos y sectores populares que se sienten excluidos de las decisiones del nuevo gobierno y que perciben una ruptura entre las promesas electorales y las políticas efectivamente implementadas. Esta constatación coincide con el análisis de Cecilia Valdez, quien recoge la afirmación de Bejarano según la cual Paz ganó con el apoyo de movimientos sociales disruptivos que ahora se encuentran movilizados contra él al sentirse marginados y traicionados por el nuevo gobierno.
Lo primero que llama la atención es que, por razones obvias, las movilizaciones no provienen principalmente de los sectores tradicionales de la derecha boliviana que están ahora firmemente aliados con Paz. Al contrario, emergen desde buena parte de los mismos sectores indígenas, campesinos, sindicales y populares que apoyaron electoralmente a Rodrigo Paz en 2025 como una alternativa frente a la derecha más radical representada por Tuto Quiroga. Esta situación revela una profunda crisis de representación. El gobierno de Paz parece haber llegado al poder mediante una coalición electoral heterogénea que incluía sectores populares descontentos con el MAS. Sin embargo, una vez instalado en el gobierno, se rearticuló rápidamente alrededor de sectores empresariales, agroindustriales y tecnocráticos vinculados a una agenda neoliberal. Diversos análisis señalan precisamente el abandono de promesas electorales, el acercamiento al FMI y a Washington, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y los intentos de liberalización del mercado de tierras como factores que aceleraron la ruptura entre gobierno y sectores populares.
Sin embargo, el problema es más profundo que la simple decepción con Rodrigo Paz – lo que era, francamente, previsible. La crisis actual revela una fragilidad estructural acumulada durante todo el ciclo político abierto en 2006. Desde una perspectiva gramsciana, el Movimiento al Socialismo logró construir una hegemonía electoral extraordinariamente exitosa, pero no necesariamente una contra-hegemonía democrática capaz de reproducirse autónomamente desde la sociedad civil y los grupos subalternos. La refundación plurinacional impulsada por Evo Morales produjo transformaciones históricas de enorme importancia como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ampliación de derechos, reducción de la pobreza y fortalecimiento de la presencia estatal. No obstante, gran parte de estas transformaciones dependieron de ensamblajes verticales y hegemónicos (entendiendo aquí hegemonía como un problema y no como una solución) entre Estado, liderazgo carismático y organizaciones sociales incorporadas al aparato gubernamental.
Aquí emerge una distinción fundamental. La ampliación de la intervención estatal – lo hegemónico – no equivale necesariamente a la democratización de la sociedad – lo contrahegemónico. Un Estado más activo puede redistribuir recursos y ampliar derechos sin generar capacidades permanentes de autogobierno y autonomía popular. De hecho, puede producir nuevas formas de dependencia política hegemónica – lo que mantiene condiciones fértiles para el retorno de las derechas. Desde este punto de vista, el problema de Bolivia y Ecuador no fue la ausencia de reformas, sino la insuficiente construcción de espacios autónomos de deliberación, organización y articulación democrática desde abajo y capaces de sobrevivir a los liderazgos que las impulsaron. No hubo chance de que surgiera una política post-hegemónica.
Esta crítica no implica desconocer los logros históricos de Morales o Correa. Significa, más bien, reconocer sus límites. Ambos gobiernos tendieron a identificar la transformación social con la expansión de la capacidad hegemónica estatal y con el liderazgo carismático presidencial. El resultado fue una modalidad de cambio social profundamente dependiente del aparato estatal, del extractivismo como fuente de financiamiento y de liderazgos altamente personalizados – lenguajes que les son muy familiares e incluso propios tanto a las viejas, pero sobre todo a las nuevas derechas populistas y neofascistas. En lugar de consolidar una democracia articulatoria y contra-hegemónica desde abajo, se fortalecieron mecanismos de intermediación vertical y hegemónica entre Estado y sociedad.
En términos gramscianos, entonces, podría decirse que se produjo una expansión hegemonizante de la sociedad política sin una transformación equivalente y democratizante de la sociedad civil. El Estado absorbió funciones de representación y coordinación que difícilmente podían sostenerse una vez debilitado el liderazgo central. Esta observación es consistente con las dificultades que enfrentó el MAS durante su fragmentación posterior. Como señalan diversos análisis – citados abajo – sobre la coyuntura actual, el colapso del MAS abrió una crisis de representación y hegemonía que ninguna fuerza política ha logrado resolver. La victoria de Rodrigo Paz fue posible precisamente porque la implosión del MAS dejó un vacío de articulación política que ningún proyecto alternativo logró llenar.
La crisis boliviana tampoco puede comprenderse aislada de las transformaciones geopolíticas continentales. El apoyo explícito de Donald Trump y de figuras centrales de su política exterior al gobierno de Rodrigo Paz revela que Bolivia ha pasado a ocupar un lugar relevante dentro de la nueva estrategia hemisférica de Washington. No se trata simplemente de una reedición de las políticas estadounidenses de la Guerra Fría ni de los programas neoliberales de los años noventa. El trumpismo impulsa una visión más agresiva de subordinación regional que combina seguridad, control de recursos estratégicos, alineamiento diplomático y contención de cualquier proyecto autónomo de desarrollo. Las declaraciones de Marco Rubio denunciando las movilizaciones bolivianas como intentos de desestabilización y el respaldo inmediato de gobiernos ideológicamente afines como los de Milei y Kast sugieren que la administración Paz es percibida como una pieza importante dentro de un nuevo bloque hemisférico ultraconservador. En este sentido, Bolivia aparece como parte de una tendencia más amplia que incluye la Argentina de Milei, el Chile de Kast, el Salvador de Bukele y otros proyectos orientados a reinsertar a América Latina en una relación de dependencia más estrecha respecto a Washington. Desde una perspectiva crítica, ello implica que la actual crisis boliviana no enfrenta únicamente contradicciones internas derivadas del agotamiento del ciclo masista, sino también las tensiones producidas por la incorporación del país a una arquitectura geopolítica regional cada vez más alineada con los intereses estratégicos del trumpismo.
Vista desde una perspectiva más amplia, la Bolivia de Rodrigo Paz constituye un ejemplo de la convergencia entre restauración neoliberal y reordenamiento geopolítico trumpista. El objetivo ya no es simplemente promover mercados abiertos o disciplina fiscal, como en la era del Consenso de Washington. Lo que emerge es una lógica de subordinación estratégica que busca asegurar acceso a recursos naturales críticos, corredores logísticos, alineamientos diplomáticos y estabilidad política favorable al nuevo bloque tecnológico-financiero articulado alrededor de Estados Unidos. En este contexto, las demandas de democratización provenientes de movimientos indígenas, campesinos y populares aparecen crecientemente como obstáculos para un proyecto de gobernabilidad orientado más a la estabilidad del mercado y a la seguridad hemisférica que a la profundización democrática. Bolivia se convierte así en un escenario donde confluyen los límites internos de la refundación plurinacional y las presiones externas de una nueva restauración continental impulsada desde Washington.
La situación ecuatoriana presenta características similares. La Revolución Ciudadana modificó profundamente la estructura estatal y produjo avances significativos en infraestructura, educación y políticas sociales. Sin embargo, también concentró crecientemente la capacidad de decisión en el Ejecutivo y desarrolló relaciones conflictivas con organizaciones indígenas, movimientos sociales y sectores críticos de izquierda. Cuando el ciclo correísta terminó, la ausencia de una red robusta de articulaciones democráticas autónomas facilitó el avance de la restauración neoliberal bajo Lenín Moreno y posteriormente bajo gobiernos aún más conservadores hasta la catástrofe presente con Daniel Noboa.
El caso chileno permite observar el problema desde otra perspectiva. Allí sí existió un poderoso impulso democrático desde abajo expresado en el estallido social de 2019. Sin embargo, la energía constituyente no logró traducirse en una articulación política suficientemente amplia para consolidar un nuevo poder constituyente. La Convención Constitucional enfrentó una derecha extremadamente organizada y una izquierda incapaz de construir consensos más extensos. El resultado fue una derrota que abrió espacio para una restauración neoliberal y conservadora. El problema no fue la ausencia de movilización popular, sino la incapacidad para articularla estratégicamente en un proyecto nacional capaz de disputar el sentido común dominante.
Argentina ofrece otra variante. El kirchnerismo logró construir importantes identidades populares, pero la incapacidad para resolver problemas estructurales de inflación, endeudamiento y estancamiento económico terminó erosionando la legitimidad social del proyecto. La llegada de Javier Milei representa una restauración neoliberal particularmente agresiva que se alimenta precisamente del desgaste acumulado por las experiencias anteriores.
En contraste, Venezuela constituye una excepción relativa. Allí las transformaciones impulsadas por el chavismo alcanzaron niveles más profundos de reorganización institucional y movilización popular. La construcción de comunas, consejos comunales y otras formas de organización territorial permitió desarrollar capacidades de resistencia frente a sucesivos intentos restauradores. Sin embargo, incluso en Venezuela persisten tensiones importantes entre centralización estatal y autonomía popular. Por ello resulta pertinente preguntarse si las actuales reconfiguraciones del poder político venezolano, después del secuestro de Maduro y la instalación de Delcy Rodríguez, podrían abrir nuevamente espacios para tendencias restauradoras que no lograron imponerse durante las últimas dos décadas.
Lo que une a estos casos es una dinámica recurrente entre refundación, agotamiento y restauración. Ninguna refundación es irreversible. La permanencia de las transformaciones depende de la capacidad para construir nuevas relaciones sociales, nuevas culturas políticas y nuevas formas de organización colectiva. Cuando estas dimensiones permanecen subordinadas al liderazgo presidencial o a la capacidad distributiva del Estado, es decir, a relaciones hegemónicas, entonces los avances logrados pueden revertirse con relativa rapidez.
La crisis boliviana actual ilustra precisamente este problema. Los conflictos en torno a la tierra, los combustibles, el costo de vida y la representación política no expresan únicamente una disputa coyuntural con Rodrigo Paz. Revelan una fractura más profunda entre las instituciones estatales y los sectores populares que durante décadas constituyeron el núcleo de apoyo del proceso de cambio. Las movilizaciones actuales, los bloqueos de carreteras, las demandas de sindicatos y organizaciones campesinas, así como la creciente presión gubernamental para recurrir a mecanismos excepcionales de control, muestran la profundidad de esta crisis de articulación.
Lo segundo es que la crisis económica funciona como catalizador de una crisis política más profunda. Las protestas actuales combinan demandas salariales, rechazo al aumento del costo de vida, críticas a la gestión de combustibles, conflictos sobre la propiedad agraria y una creciente indignación frente a la percepción de privilegios de las élites políticas. Cecilia Valdez señala que el conflicto sobre la tierra se ha convertido en uno de los núcleos centrales de la movilización, mientras otros análisis muestran que la escasez de combustibles y los problemas de abastecimiento, lo que incluye a los hospitales, han deteriorado rápidamente la legitimidad gubernamental.
Desde el marco de La articulación posible, el dato más importante es otro. Las protestas muestran que existe una enorme capacidad de movilización social en Bolivia, pero no necesariamente una capacidad equivalente de articulación democrática. Los bloqueos, marchas y cabildos expresan poder social real. El problema es que ese poder aparece fragmentado, reactivo y sin mecanismos institucionales sólidos para traducirse en nuevas formas de dirección política y ensamblaje social. En otras palabras, la energía popular existe, pero carece de estructuras articulatorias capaces de convertir la protesta en articulaciones democráticas duraderas.
Esta situación es particularmente significativa porque Bolivia fue precisamente el país donde más lejos llegó la idea de refundación estatal en América Latina. Sin embargo, veinte años después del inicio del proceso encabezado por Evo Morales, la crisis actual revela que la refundación constitucional no produjo necesariamente una refundación equivalente de la esfera democrática. El Estado plurinacional logró transformar normas, instituciones y símbolos nacionales, pero no consolidó mecanismos permanentes de deliberación popular capaces de sobrevivir a la fragmentación del MAS y al agotamiento de su liderazgo histórico.
Por eso la coyuntura actual puede interpretarse como una crisis poshegemónica. El MAS ya no posee la capacidad de dirección política que tuvo durante gran parte de las primeras dos décadas del siglo XXI, pero la nueva derecha tampoco ha conseguido construir una hegemonía propia. Lo que existe es un vacío articulatorio. De un lado encontramos movimientos populares que conservan una enorme capacidad de movilización; del otro, un gobierno que intenta estabilizar una transición liberal sin contar con legitimidad social suficiente para hacerlo. Entre ambos polos se abre una crisis orgánica que recuerda las situaciones analizadas por Gramsci: el viejo orden pierde capacidad de dirección, pero el nuevo todavía no logra consolidarse.
En este contexto adquiere especial relevancia la preocupación expresada por diversos sectores respecto a la posibilidad de recurrir a estados de excepción o mecanismos de militarización para contener la protesta social. La derogación de limitaciones legales al uso del estado de emergencia y las crecientes presiones provenientes de sectores conservadores para aplicar “mano dura” sugieren que parte de las élites comienza a considerar la coerción como sustituto de la legitimidad.
Lo paradójico es que esta deriva represiva no resolvería la crisis. Al contrario, probablemente confirmaría que el problema fundamental no es el orden público sino la ausencia de una articulación democrática capaz de reconstruir consensos sociales. Desde esta perspectiva, la Bolivia de 2026 aparece menos como un escenario de restauración neoliberal consolidada que como un laboratorio de crisis hegemónica donde todavía está abierta la disputa por la dirección política futura del país.
Y precisamente por ello la coyuntura boliviana resulta tan relevante para comprender la situación latinoamericana contemporánea. Muestra cómo los límites de los proyectos refundacionales del siglo XXI reaparecen cuando la movilización popular ya no puede sostenerse exclusivamente mediante liderazgo carismático, redistribución estatal o integración corporativa de movimientos sociales. Lo que emerge entonces es la necesidad de aquello que nunca terminó de construirse plenamente: una articulación democrática desde abajo capaz de convertir la energía social de las mayorías en poder constituyente permanente. Las restauraciones neoliberales actuales son, en parte, consecuencia de ese déficit articulatorio. Pero también están generando nuevas contradicciones que anuncian futuros ciclos de conflictividad social. El desafío estratégico para las fuerzas democráticas y populares de la región ya no consiste únicamente en conquistar el Estado, sino en construir las formas de articulación democrática que permitan democratizar de manera duradera la sociedad misma.
Referencias
Bejarano, S. (2026). Bolivia, el conflicto no encuentra salida. Diario Red.
Barría, C. (2026). “Nos estamos quedando sin oxígeno y hay pacientes que pueden morir”: la crítica situación de los hospitales en Bolivia por las protestas y bloqueos de carreteras. BBC News Mundo.
Montaño, G., & Vollenweider, C. (2026). Bolivia: análisis de coyuntura política. Razones del hartazgo del campo popular. Diario Red.
Valdez, C. (2026). Tupac Katari y la propiedad de la tierra, claves en las protestas de Bolivia. El Salto.
Zegada Claure, M. T., & Ortuño, A. (2026). Rodrigo Paz en el Palacio: un balance provisorio del giro político boliviano. Nueva Sociedad.
Diario Red. (2026). Presidente de Bolivia revoca ley para facilitar declaratoria de estado de emergencia ante crisis social.
Fuente Blog Refundación Ya
