Incentivos perversos
Gina Serrano
El año pasado, el Senado de los Estados Unidos aprobó la ley presupuestaria que triplicó el presupuesto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Esta ley incluyó una partida de 45 mil millones de dólares para que ICE construya nuevos centros de detención de inmigrantes. Al 7 de septiembre de 2025 ya se contaba con 58 mil 766 personas en custodia y luego el Senado proporcionó otros 30 mil millones para arrestos y deportaciones. Dos bancos ya están trabajando con ese sector el Bank of América, el Wells Fargo y el JPMorgan Chase.
GEO Group y Core Civic son las empresas que manejan la mayoría de los centros de detención y cobran al Estado entre US$120 y US$160 por persona y además por día. Una persona que pasa dos meses detenido antes de ser deportado, le cuesta al contribuyente estadounidense más de US$9,000.
Geo Group, Inc. Es una corporación estadounidense que cotiza en bolsa y es el mayor operador de prisiones privadas y centros de detención con fines de lucro. Aparte, Core Civic además de administrar los centros reclusorios, diseña, construye y renta propiedades de alta seguridad y gestión para entidades gubernamentales. Cotiza en la bolsa de valores y promueve el cabildeo político para impulsar leyes que aumentan las detenciones masivas con el fin de seguir cotizando.
En 2025, ICE (cuyos agentes la mayoría son de origen hispano y de preferencia con formación militar) reportó un promedio diario de 38,000 detenidos. Con la política migratoria actual ese número se incrementó porque “cazar” personas como en la película “El Planeta de los Simios”, hasta en caballos en las playas, es un gran negocio. El 5 de junio de 2026, el Senado aprobó 70 mil millones de dólares para financiar las deportaciones masivas. El año anterior ya habían aprobado 75 mil millones, para un total de 145 mil millones en menos de un año. Estas empresas con los millones que ganan contratan lobistas que promueven leyes a favor de las deportaciones masivas. También, les conviene que el sistema penal sea lento, la famosa mora judicial y que nunca haya espacios vacíos en los presidios.
Además, como se diversifican como cualquier negocio exitoso se incluyen las empresas de transporte que mueven personas y cobran contratos millonarios como la contratación de vuelos Charters, cada traslado es una apetitosa factura. También las empresas de monitoreo electrónico con grilletes que paga el imputado como paga renta mensual por día. Los abogansters se suman al negocio cobrando miles de dólares con la mentira de acortar procesos, cobrando a los privados de libertad y a sus familias lo que no tienen. Aquí se agregan consultas de 200 dólares, apelaciones de 5 mil, pagos de falsas multas y “el aceite” a los que tienen en su poder el expediente…
En México, hace aproximadamente 15 años durante el sexenio de Felipe Calderón se otorgaron contratos por adjudicación directa a seis empresas privadas para la administración de nueve reclusorios. Estos contratos sumaban más de 266 mil millones de pesos y obligaban al gobierno a pagar a las empresas por un periodo de 20 años, al término de los cuales éstas mantendrían el control de los penales, “con o sin personas privadas de su libertad”. México cuenta con 230,000 privados de libertad (2025), con una tasa de ocupación del 160%. También la prisión preventiva se usa de manera excesiva y el 40% de los presos sin sentencias, saturan las cárceles, en donde también hay guatemaltecos migrantes víctimas del crimen organizado.
Se han mencionado algunas empresas beneficiadas con los centros de reclusión mexicanos: Exi Quantum, SA; Gia, SA; DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SA; Capital Inbursa, SA; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán SA y la famosa Black Rock, SA. Las cláusulas amparan contratos hasta por 22 años o sea hasta el año 2037.
Pero lo que más alimenta el negocio de la caza de migrantes y demás, son la dominación a través del dolor ajeno, el miedo que paraliza, la alarma social y, la vulnerabilidad del lugar de nacimiento.
