Día Nacional de Dignificación de las Víctimas

Marco Fonseca

Hoy, en el Día Nacional de Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala, el gesto oficial de memoria convive con una realidad incómoda, la realidad del incumplimiento sistemático de los Acuerdos de Paz y el desmantelamiento progresivo, casi total durante el gobierno de Alejandro Giammattei, de la institucionalidad creada precisamente para hacer posible la verdad, la justicia y la reparación.

Nombrar a las víctimas del genocidio no puede reducirse a un ritual conmemorativo anual. En Guatemala, la categoría de “víctima” está atravesada por una historia de negación, impunidad y restauración autoritaria. Los Acuerdos de Paz no fueron solo el cierre formal de un conflicto armado. Más bien, en el mejor de los casos, fueron una promesa de reforma estructural del Estado, de reconocimiento de los pueblos indígenas, de justicia transicional y de ampliación democrática. A pesar de haber resultado de una negociación entre las fuerzas armadas y las fuerzas revolucionarias y de haberse rubricado como acuerdos de Estado con amplio refrendo internacional, esa promesa fue vaciada desde temprano, pero a partir de 2019 entramos en una fase cualitativamente distinta de restauración total orientada a frenar los procesos de justicia, neutralizar la resistencia comunitaria y desmontar las instituciones de paz.

Ni siquiera en el momento de Bernardo Arévalo, con todo y sus promesas de una “nueva primavera”, hemos visto una nueva orientación sustancial de la justicia en Guatemala hacia un reconocimiento histórico de la catástrofe que devoró a miles de víctimas inocentes y nos dejó un legado de impunidad normalizada, instituciones debilitadas y una democracia aún incapaz de articular, desde las víctimas o desde los grupos subalternos, un horizonte real de verdad, reparación y transformación estructural. No se trata simplemente de que continúa la defensa de la corrupción. Se trata de que permanece y se fortalece la ideología de la impunidad y la restauración reaccionaria.

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Como ha sido documentado en muchos medios y espacios, los objetivos de la restauración total desde 2016 hasta 2025 – convertido desde entonces en varias etapas de parlamentarismo negro y muchos intentos de imponer la vía peruana en Guatemala – incluyeron el intento de amnistiar crímenes de lesa humanidad, la expulsión de mecanismos anticorrupción, la criminalización de la protesta social y la sustitución de instancias como SEPAZ por estructuras subordinadas al Ejecutivo, todo ello en nombre de la “gobernabilidad” y la “certeza jurídica”. No se trata de hechos aislados, sino de una guerra de posiciones desde arriba que busca reabsorber el control perdido en 2015 y reinstalar un Estado de seguridad nacional combinado con extractivismo ampliado. El momento de Arévalo no ha cambiado los objetivos del Pacto de Corruptos. Al contrario, se han reagrupado y fortalecido.

En este contexto, repensar la dignificación de las víctimas exige ir más allá del lenguaje humanitario y asistencial como generalmente se entiende la idea de reparación y dignificación. Aquí resulta clave el aporte de pensadores como Enrique Dussel, para quien la víctima no es simplemente quien ha sufrido un daño, sino el sujeto ético-político desde el cual debe reconstruirse la legitimidad y la dignidad democrática. La víctima es, en Dussel, “la parte que no tiene parte”, aquella excluida del reparto de lo visible, lo decible y lo decidible.

Desde la teoría de la articulación democrática, esto implica un desplazamiento fundamental. Las víctimas no son objetos de compasión estatal, sino portadoras de una racionalidad crítica que interpela al orden existente. Su palabra cuestiona el consenso dominante. Su experiencia revela las fracturas del Estado de derecho restringido. Y su presencia abre la posibilidad de una articulación contrahegemónica entre memorias, luchas territoriales, demandas sociales y horizontes poscapitalistas.

Dignificar, entonces, no es solo reconocer el pasado, sino que es repolitizar el presente. Es afirmar el principio discursivo según el cual quienes han sido históricamente silenciados deben ocupar el centro del debate público. Es comprender que sin justicia transicional real, sin restitución de tierras, sin desmilitarización de la seguridad y sin un nuevo contrato social, no hay reconciliación posible.

Hoy, recordar a las víctimas es también nombrar a los responsables del incumplimiento de la paz. Y es asumir que la democracia no se recupera desde arriba (eso es hegemonía), sino que se construye desde abajo (eso es contrahegemonía), articulando esas vidas negadas en un proyecto colectivo de refundación. Solo así la memoria deja de ser ceremonia y se convierte en potencia histórica.

fuente #RefundaciónYa