Armamentismo y postergación social: la paradoja de los fusiles estadounidenses en Guatemala
por Juan Calles
En las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), la puesta en escena pretendió simbolizar una nueva era para la defensa nacional. El arribo de un avión militar estadounidense con el primer lote de más de 2,600 fusiles de asalto M4A1 marcó el inicio formal del paquete de reequipamiento que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León pactó con Washington. Ante la cúpula militar y representantes diplomáticos, las autoridades argumentaron que este armamento se destinará a la protección de fronteras, la soberanía territorial y el combate contra el crimen organizado transnacional.
La anatomía financiera de la compra: el programa FMS frente al mercado global
Detrás del despliegue protocolario de la entrega del sofisticado armamento subyace un engranaje financiero y operativo que compromete recursos del presupuesto estatal, y reabre un debate histórico sobre las prioridades presupuestarias en Guatemala.
La adquisición del armamento no se realizó mediante licitaciones abiertas convencionales, sino a través del mecanismo de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este sistema opera bajo una modalidad de gobierno a gobierno, donde el Pentágono actúa como intermediario de compras, negociando directamente con proveedores como Colt Defense o FN Herstal bajo estándares y costos estandarizados de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
A través del programa FMS, los costos unitarios del armamento disminuyen considerablemente en comparación con las compras comerciales privadas. Mientras que en el mercado militar internacional, una unidad M4A1, configurada con accesorios de grado operativo, puede oscilar entre los US$ 800 y US$ 1,400, el contrato global negociado por el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) contempla un costo aproximado de US$ 350 a US$ 400 por fusil, dentro de un paquete que contempla más de 14,000 unidades defensivas.
El mecanismo FMS no solo implica la transferencia de fusiles, sino que ata militar y tecnológicamente al Estado comprador al complejo industrial militar estadounidense, a través de contratos multianuales de soporte logístico, repuestos, mantenimiento y capacitación especializada.
Según el Security Assistance Management Manual (SAMM) del Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA), las compras mediante el programa FMS operan bajo el principio de “Paquete Total”, lo que implica que la adquisición de armamento exige contratos vinculantes de seguimiento (Follow-On Support) para la provisión exclusiva de repuestos, adiestramiento militar y mantenimiento por parte del proveedor estadounidense, durante la vida útil del equipo.
Comercialización y armamentismo parece ser la tónica impuesta desde Estados Unidos, que favorece a su industria militar, mientras se asegura que el ejército guatemalteco se verá cada vez más inmerso en operaciones militares contra el narcotráfico y crimen organizado, tal como lo exigen los intereses estadounidenses.
Un creciente presupuesto militar
Esa cifra para adquirir el armamento representa únicamente una fracción del despliegue financiero total. En octubre de 2025, en una comparecencia del Ministro de la Defensa, Henry Sáenz Ramos, frente a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, durante la discusión del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, Sáenz expuso que la asignación para la cartera de Defensa contemplaba modernización militar, operaciones de construcción y adquisición de equipo médico y militar.
Luego trascendió, después de aprobado el Presupuesto de 2026, que el MINDEF contaba con un fondo de Q 400 millones —aproximadamente US$ 52.2 millones— para la adquisición global de equipo bélico. Para este año, el presupuesto se centraba en cinco rubros de acción a desarrollar para el siguiente año, y en aquel momento de 2025, Sáenz remarcó en la modernización del Ejército, equipamiento de unidades militares, red vial del tercer orden, entrenamiento militar y cooperación interinstitucional. Se enfatizó en que el MINDEF destinaría la mayoría de fondos para el pago de sueldos y bonificaciones de las tropas.
Para el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027, la asignación total solicitada es de Q 6 mil 374.7 millones para el MINDEF, presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) al Congreso de la República. Este monto supera en Q 1 mil 731.2 millones los Q 4 mil 643.5 millones asignados para 2026.
Los recursos previstos incluyen:
- Equipamiento, tecnología, armamento, equipo táctico y construcción de cárcel de máxima seguridad en el departamento de Izabal por Q 609.3 millones; y caminos rurales por Q 150.0 millones.
- Seguridad Fronteriza y Soberanía: fortalecimiento de los contingentes militares para el control de fronteras y el combate a amenazas transnacionales como el narcotráfico y el contrabando.
- Apoyo a la Seguridad Ciudadana: recursos dedicados a operaciones conjuntas y de soporte logístico en áreas de alta conflictividad, complementando las funciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
- Gestión de Emergencias: inversión para mejorar la capacidad de respuesta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y de las unidades de rescate ante desastres naturales y obras de infraestructura comunitaria.
Del embargo a un ejército genocida, al «Escudo de las Américas”
Para comprender la trascendencia de esta entrega de armamento, es necesario rastrear el origen del embargo dictado en 1977 por el gobierno estadounidense de Jimmy Carter; en aquel año, la Casa Blanca congeló la venta directa de material bélico al ejército guatemalteco debido a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales durante el Conflicto Armado Interno (CAI). Pese a ello, la ayuda militar -no armamento- prosiguió todos esos años, pero repuntó en enero de 1983 durante el gobierno republicano de Ronald Reagan y su aliado guatemalteco, el gobernante de facto José Efraín Ríos Montt, tal como lo expuso Inforpress Centroamericana a principios de ese año.
El 3 de noviembre de 1977, Carter oficializó la imposición de un embargo de armas contra el Estado de Guatemala, durante el gobierno militar de Kjell Eugenio Laugerud García. La medida, enmarcada en la nueva política exterior de la Casa Blanca orientada a condicionalidades de derechos humanos, respondió a la escalada del terrorismo de Estado, y a las sistemáticas y masivas violaciones a derechos humanos cometidas durante los regímenes militares de la época.
Ante el retiro del respaldo militar estadounidense, la dictadura militar guatemalteca reaccionó rechazando la ayuda económica y militar condicional bajo una retórica de “soberanía nacional”, buscando proveedores alternativos como Israel, Taiwán y Argentina, para abastecerse de fusiles Galil, aeronaves Aravá y asesoría en inteligencia contrainsurgente.
Durante los años más crudos del CAI (1960-1996), las restricciones se mantuvieron y profundizaron conforme organismos internacionales, en tanto que el posterior informe “Guatemala: Memoria del Silencio” de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), documentaron que las fuerzas estatales perpetraron actos de genocidio, desapariciones forzadas y masacres sistemáticas contra comunidades indígenas y la oposición política.
El veto a la venta de armas, que se prolongó por casi cinco décadas, no solo aisló al ejército de Guatemala del acceso directo a la tecnología militar, sino que convirtió a la institución en un actor fuertemente cuestionado a nivel diplomático global.
En este nuevo esquema hemisférico, Washington prioriza la contención de la migración irregular, la interdicción de rutas del narcotráfico transnacional y el bloqueo de la influencia geoeconómica de potencias como la República Popular de China en la región, reconfigurando su relación con el gobierno de Bernardo Arévalo de León, y reabriendo el grifo del reequipamiento militar a cambio de alineamiento geopolítico.
Implicaciones para la administración de Arévalo y la sociedad civil
Analistas en materia de seguridad y derechos humanos como el Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la Fundación Myrna Mack, así como analistas de organismos internacionales como WOLA, señalan que la adquisición de fusiles M4A1 resulta insuficiente e inadecuada para enfrentar las verdaderas dinámicas del crimen organizado en Guatemala, pues las rutas del narcotráfico que atraviesan áreas fronterizas como Petén o Izabal, requieren sistemas avanzados de radar primario, capacidades de interceptación marítima y de inteligencia financiera interinstitucional, no tácticas de infantería ligera de combate a corta distancia.
Adicionalmente, persiste la preocupación por el uso de este equipamiento en tareas de seguridad ciudadana o para el control de la protesta social en zonas rurales con conflictos socioterritoriales vinculados a proyectos extractivos, aunque públicamente nada de eso está incluido en la versión oficial del uso que se dará al armamento, según se dijo, enfocado en el combate al narcotráfico y el crimen transnacional.
Para el gobierno de Bernardo Arévalo de León, el levantamiento del veto militar se presenta exteriormente como un respaldo de Washington a su gestión. Sin embargo, analistas políticos advierten que esta medida encierra una paradoja estructural: al transferir Q 400 millones hacia el equipamiento militar en un contexto de precariedad vial, crisis en el sistema de salud pública y desnutrición infantil, la administración termina fortaleciendo la autonomía institucional de un ejército que no fue depurado tras el periodo de contrainsurgencia, ni desvinculado de redes de impunidad y corrupción.
En lugar de avanzar hacia la reforma institucional prometida, el Estado guatemalteco corre el riesgo de consolidar una remilitarización tecnocrática, supeditando su agenda de inversión pública social a las exigencias de la agenda de seguridad de los Estados Unidos.
El polvorín del ejército: donde las armas se evaporan y los incendios borran las pruebas
El ingreso de un nuevo lote de armamento adquirido a Estados Unidos, reaviva las dudas de analistas en seguridad sobre la capacidad del MINDEF para resguardar su propio arsenal. Durante los últimos veinticinco años, la institución armada ha registrado un historial recurrente de sustracciones masivas, pérdidas de pertrechos de guerra e incendios en sus bodegas principales.
En múltiples ocasiones, las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de organismos de fiscalización revelaron que el material bélico sustraído de las instalaciones militares, terminó abasteciendo a carteles del narcotráfico como Los Zetas, a redes de delincuencia organizada regional, o al mercado negro internacional.
Por ejemplo, la sustracción en el Comando Aéreo del Norte, Petén, en octubre de 2025, confirmó la sustracción de un arsenal compuesto por 55 fusiles, 3 lanzagranadas, 111 tolvas (cargadores), y más de 14,400 cartuchos calibre 5.56 mm del almacén de dicho comando. Las investigaciones judiciales revelaron que las cámaras de seguridad del recinto fallaron durante la noche del hecho. Cuatro integrantes del ejército —entre ellos el coronel comandante de la base y el oficial de inteligencia del comando— fueron capturados y ligados a proceso penal por hurto agravado e incumplimiento de deberes.
El saqueo en la Brigada Mariscal Zavala en 2007 – 2008. Una investigación desarrollada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bajo el título “Caso Mariscal Zavala”, determinó que entre julio de 2007 y enero de 2008 se sustrajeron 554 fusiles de asalto Galil directamente de la Brigada Mariscal Zavala, el complejo militar más grande de Guatemala. La investigación concluyó que gran parte de este lote pasó a manos del cártel mexicano de Los Zetas durante su despliegue en territorio guatemalteco.
Extravío de granadas en Petén en 2013. En marzo de 2013 se detectó la desaparición de 1,499 granadas de fragmentación del arsenal del Comando Aéreo del Norte, en un contexto en el que el MINDEF no transparentó las identidades de los mandos responsables ni las sanciones administrativas aplicadas en su momento. Informes posteriores relacionaron estas municiones con operaciones de agrupaciones criminales en la región centroamericana.
Asalto al Adolfo V. Hall de Chiquimula en diciembre de 2009. Del Instituto Militar Adolfo V. Hall de Chiquimula fueron sustraídos 40 fusiles y 45 armas cortas. Las líneas de investigación apuntaron a la complicidad interna con estructuras dedicadas al narcotráfico operativo en la zona oriental.
Inconsistencias en inventarios de munición en 2004. Auditorías castrenses detectaron la desaparición no justificada de más de 7,000 cartuchos para fusil Galil de los registros de almacenamiento. Los faltantes fueron reportados años después de ocurridos los hechos, sin que se dedujeran responsabilidades penales.
Sumado a esos robos se han registrado incendios en almacenes de pertrechos y las explosiones de polvorines que levantaron las suspicacias, pues constituyeron un factor de opacidad para las investigaciones que trataban de encontrar a más responsables de los robos de armas.
Por ejemplo, está el siniestro en el Cuartel Militar Matamoros en mayo de 2025, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala que, pese a las dudas generadas por sectores de la sociedad civil sobre el inventario destruido, la versión oficial atribuyó la causa a un cortocircuito en las instalaciones eléctricas del recinto.
También puede citarse que, para el 17 de junio de 2005, un incendio destruyó los polvorines 10 y 11 de la Brigada Militar Mariscal Zavala. Las llamas consumieron más de una tonelada de explosivos y material bélico remanente. El evento causó alarma en la capital y las autoridades militares justificaron el hecho por las condiciones climáticas y la antigüedad de los pertrechos.
Implicaciones para la trazabilidad del armamento recién adquirido
El historial de filtración de armamento oficial hacia el crimen organizado, plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad que el ejército aplicará para el resguardo de las más de 14,000 armas del paquete FMS de Estados Unidos.
Aunque la entrega pública de los fusiles M4A1 se presentó como un avance operativo, la recurrencia de supuestas fallas en las cámaras de vigilancia durante las sustracciones, la falta de auditorías independientes y los incendios periódicos en polvorines, muestran que el reto central de la institución armada radica en erradicar la corrupción y la complicidad interna dentro de la cadena de custodia del arsenal estatal.
Fuente El Observador
