¿Qué está en juego en la COP31 y qué está proponiendo Guatemala?

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Marco Fonseca

En la COP31 está en juego cuánto daño climático aceptarán los gobiernos y quién tendrá que soportarlo. Esto, como siempre, es peor para los pobres que para los ricos. La conferencia de Antalya, celebrada del 9 al 20 de noviembre de 2026, reúne una contradicción que la reportera climática del periódico The Guardian, Fiona Harvey, destaca con particular agudeza: Turquía y Australia conducen una negociación sobre transición energética mientras mantienen importantes vínculos con el carbón y permiten, de nuevo, que los intereses fósiles tengan presencia masiva en una conferencia supuestamente encaminada a superar los combustibles fósiles. Esa flagrante contradicción atraviesa la cumbre de corredor a corredor pues promover tecnologías limpias no necesariamente desafía el poder del capital fósil y, francamente, resulta políticamente más cómodo que organizar la retirada, ya no digamos la ruptura, de los combustibles fósiles y enfrentar los intereses que dependen de ellos.

El contexto científico en el que se desenvuelve la COP31 convierte esa diferencia en algo de suma importancia. Por ejemplo, en su Informe sobre la brecha de emisiones 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que el mundo ya se encamina a sobrepasar 1,5 °C de calentamiento, pero que los compromisos nacionales voluntarios siguen siendo insuficientes. En este informe calcula que incluso cumplir esos compromisos íntegramente todavía dejaría al planeta encaminado hacia unos 2,6 °C este siglo – ello representa el colapso de la civilización humana como la conocemos. Pero dada la realidad de las fallas nacionales, particularmente en el Norte Global, no queda otro remedio o tarea inmediata más que reducir la magnitud y duración del sobrepasamiento («overshoot»). En otras palabras, la tarea es prepararnos para la supervivencia con el menor daño posible, con el cuidado enfocado en quienes más lo necesitan y con los costos mejor distribuidos a escala global. Porque cada fracción adicional de grado significa mayores riesgos para la alimentación, el agua, la salud y los territorios habitados o no habitados por la humanidad. Y en el caso extremadamente improbable de regresar posteriormente (muy, muy posteriormente) a una temperatura inferior al sobrecalentamiento no garantiza reparar todos los daños catastróficos que la crisis va a dejar en su rastro.

Una disputa central en la COP31 gira alrededor de la electrificación. La presidencia turca propone elevar la participación de la electricidad en el consumo energético final mundial al 35 % para 2035 (la fórmula se llama 35 – 35). Pero el compromiso sigue siendo voluntario y no especifica cómo debe generarse esa electricidad – hay países que está «diversificando» sus matrices energéticas, pero aumentando la cuota de energía nuclear con todo y los enormes riesgos humanos y ambientales que trae esta tecnología. Por eso, los países insulares, sobre todo del Sur Global, advierten que electrificar debe acompañar la salida de los combustibles fósiles. La medida de éxito tendría que incluir reducciones efectivas y comprobables de su producción y consumo, además de nuevas instalaciones eléctricas que no dañen el medio ambiente o las comunidades humanas.

La hoja de ruta presentada por Brasil, con el gobierno recientemente reelecto de Lula, ofrece otro terreno de disputa. Su carácter voluntario evidencia la brecha entre reconocer la necesidad de abandonar los fósiles y establecer obligaciones capaces y auditables de materializarla. Al comenzar la segunda semana, Climate Home News documentaba resistencias de productores de hidrocarburos y grandes economías emergentes a incorporar determinados compromisos en la decisión de la cumbre. También señalaba que los países ricos llegaban con pocas ofertas nuevas de financiamiento. La ambición climática vuelve así a negociarse dentro de una relación profundamente desigual.

Para los países del Sur Global, el financiamiento determina la posibilidad de actuar. Adaptarse exige sistemas de agua, protección agrícola, servicios sanitarios, infraestructura resistente y alertas tempranas. La promesa de triplicar los recursos internacionales para adaptación para 2035 necesita una base de cálculo, cantidades verificables, responsables y mecanismos de entrega. Sin esas premisas, un compromiso aparentemente ambicioso va a resultar de nuevo en posponer decisiones urgentes. Además, la reparación de pérdidas y daños requiere recursos para comunidades que ya han sufrido destrucciones que la prevención no consiguió evitar.

Mongabay sitúa las negociaciones de COP31 en un escenario donde las guerras y las rivalidades geopolíticas favorecen respuestas nacionales inmediatas, precisamente cuando aumenta la necesidad de cooperación. La expansión renovable ofrece posibilidades reales, incluida una menor exposición a los choques de precios de los combustibles. Sin embargo, convertir esas posibilidades en justicia climática exige inversión, compromisos nacionales y protección para quienes carecen de recursos. La transición debe juzgarse también por sus efectos sobre trabajadores, comunidades y acceso a servicios esenciales.

La COP31 podría producir avances concretos, aunque ninguna declaración debería confundirse con su cumplimiento. El criterio político más importante es si sus resultados acercan dinero, protección y capacidad de decisión a las poblaciones más expuestas, mientras aceleran reducciones reales de emisiones en los países más ricos. Lo que se negocia incluye, por tanto, la credibilidad del multilateralismo, pero sobre todo la posibilidad de vivir con seguridad material en un planeta que continúa calentándose y ya muestra signos claros de colapso. Una cumbre merece evaluarse por lo que transforma después de que termina.

Los límites estructurales: de la transición energética a la transformación social

Las contradicciones de Antalya, sin embargo, nos llevan a plantear una pregunta más profunda: ¿pueden las COP realmente detener una crisis cuya reproducción está vinculada con la organización estructural de la economía? William Rees y Andreas Malm ofrecen respuestas distintas que conviene poner en diálogo. Rees examina el desbordamiento de los límites ecológicos; Malm, junto con Wim Carton, estudia la acumulación de capital y el poder de los intereses fósiles. La lectura conjunta permite cuestionar una transición reducida al reemplazo de tecnologías, preservando las relaciones de poder que impulsan la expansión económica.

Existe, en primer lugar, un claro límite institucional. Las COP reúnen Estados con responsabilidades, recursos e intereses radicalmente desiguales, y sus decisiones fundamentales se construyen mediante «consenso». El Acuerdo de París es jurídicamente vinculante y establece obligaciones de presentar planes e informar sobre su ejecución. Sin embargo, las metas son determinadas nacionalmente y su mecanismo de cumplimiento es facilitador y no punitivo. Esa arquitectura produce coordinación y transparencia, pero carece de la capacidad coercitiva necesaria para imponer por sí misma una retirada mundial de los combustibles fósiles. Ante esto, como lo pone Fiona Harvey, ¿Cuál es el punto? Diez años después del tratado de París, ¿están avanzando las conversaciones sobre el clima?

Para Rees, el problema rebasa incluso el carbono. Aunque una economía cualquiera disminuya las emisiones de ciertas actividades, de todos modos sigue deteriorando suelos, bosques, biodiversidad y agua. Porque el problema, visto como un todo, no es solo el capital fósil, sino el capitalismo como tal. La crítica de Rees nos obliga a observar el flujo total de energía y materiales que sostiene la producción y no solo la producción, circulación, intercambio y consumo de combustibles fósiles. En su ensayo de 2026 sobre la hoja de ruta «no tomada» de Naciones Unidas contra la pobreza, sostiene que redistribuir beneficios – lo que puede hacerse de modo populista o social-demócrata, sin cambiar estructuras de fondo – resulta insuficiente cuando mantiene un metabolismo económico superior a la capacidad regenerativa de la biosfera – precisamente lo que hace el proceso de acumulación de capital con o sin combustibles fósiles. La suficiencia material debe convertirse, por tanto, en una decisión colectiva y ecológica.

Malm y Carton redirigen nuestra atención hacia las relaciones de propiedad que bloquean la descarbonización – lo que está detrás del «lobby» de los combustibles fósiles en las COP. En su libro Overshoot – Sobrepasamiento, muestran convincentemente que abandonar los fósiles amenaza el modelo actualmente dominante de inversiones, ingresos esperados y activos conectados con bancos y mercados financieros a nivel global, pero basados principalmente en el Norte Global. La demora incluso solo en la transición energética a fuentes renovables, por tanto, protege patrimonios y capitales existentes. Malm y Carton también cuestionan la expectativa – muy popular en el ambientalismo liberal – de que un supuesto «capital verde» está espontáneamente enfrentado al capital fósil. Para estos autores, como para quien escribe este comentario, ambas formas de capital muchas veces comparten los mismos propietarios, financiamiento e intereses. Por ello es que simplemente añadir fuentes renovables es, en gran medida, una estrategia para coexistir con la continuidad de la extracción de combustibles fósiles siempre y cuando la rentabilidad permita sostener las dos actividades.

El viernes 13 de noviembre, el secretario general de la ONU, António Guterres, se dirigió a la cumbre y emitió las siguientes palabras:

«Ahora es inevitable un sobrepasamiento de 1,5 grados. Y nuestra responsabilidad es mantenerla lo más pequeña posible durante el menor tiempo posible y hacer que las temperaturas vuelvan a estar por debajo de 1,5 grados lo más rápido posible. Pero eso requiere recortes de emisiones inmediatos y drásticos, del orden del 6% cada año durante los próximos años. Pero sobre la base de los compromisos actuales de contribuciones determinadas a nivel nacional, los planes climáticos de los países, nos dirigimos a un exceso hasta donde alcanza la vista, con temperaturas de alrededor de 2,5 grados para finales de siglo. Y esa es una receta para la catástrofe. Incluso un exceso limitado y temporal intensificará los impactos devastadores que ya estamos viendo. Y eso hace que la justicia climática sea aún más urgente.»

Pero una cosa es la justicia climática y otra muy distinta la tecnocracia climática. La promesa de retirar mañana el carbono emitido hoy – algo que ahora en la COP31 están llamando eliminación de dióxido de carbono (CDR, por sus siglas en inglés) y que los intereses fósiles quieren incluir en el texto final de la conferencia – no es justicia climática, sino que es una fantasía tecnológica que intenta aliviar la contradicción profunda de la COP31, pero solo a nivel ideológico y discursivo. Como escribe Oliver Milman para el The Guardian:

«¿Qué sucederá cuando el mundo, como se esperaba, supere peligrosamente los umbrales de temperatura acordados? En las conversaciones sobre el clima de la ONU, se insta a los países a recurrir a la tecnología para revertir este destino absorbiendo carbono directamente de la atmósfera.

Un impulso renovado por parte de los defensores de la eliminación de dióxido de carbono (o CDR), en la que el dióxido de carbono que atrapa el calor se toma de la atmósfera y se almacena a gran profundidad, en océanos o en productos como bebidas carbonatadas, busca ganar reconocimiento en el texto final de la Cop31, la cumbre climática que se lleva a cabo actualmente en Antalya, Turquía.

Se ha instalado un pabellón, llamado Think Negative, en el extenso lugar de celebración de la cumbre, donde se habla de planes para un aumento dramático en la eliminación de carbono como una manera de ayudar a que el mundo regrese de un inminente “sobrepaso” de los umbrales de temperatura acordados internacionalmente.

Mientras tanto, un récord de 700 cabilderos en esta COP abogan por un proceso distinto pero relacionado llamado captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés), en el que el carbono se captura en la fuente de una instalación contaminante y se coloca bajo tierra, según el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). Esto es más delegados que los de las 50 delegaciones nacionales más pequeñas juntas.

La CDR a menudo se confunde con la captura y almacenamiento de carbono (o CCS), donde las emisiones se capturan directamente en la fuente y se entierran. Kennerley dijo que la CCS es un “ejercicio de lavado verde” utilizado por las grandes compañías de petróleo y gas para extender la era de los combustibles fósiles.

Pero los dos procesos son similares en algunos aspectos, dado que, en última instancia, ambos terminan teniendo que almacenar grandes cantidades de carbono bajo tierra. “Creo que cumplen funciones similares de distracción de la mitigación”, dijo Kennerley. “Creo que a ambos se les permite prolongar el uso de combustibles fósiles, básicamente”.»

Es precisamente por ello que Malm y Carton critican que la expectativa de futuras remociones normalice sobrepasar límites climáticos y postergue el conflicto con los emisores. En su libro The Long Heat. Climate Politics When It’s Too Late – El largo calor: Política climática cuando ya es demasiado tarde los autores extienden el análisis a la adaptación y la geoingeniería. Para ellos, como para nosotros, quién controla las tecnologías, quién paga y quién obtiene protección son cuestiones críticas. Las intervenciones que se presentan como como soluciones – tal es el caso de tecnologías como CDR y CCS – esconden algo que es vital resaltar: tienen como objetivo prolongar la vida del capitalismo fósil y, con ello, expandir la escala del extractivismo y, aunque nunca lo digan así, profundizar desigualdades precisamente porque, en última instancia, protegen la acumulación de capital y desplazan los daños y las zonas de sacrificio hacia poblaciones con menor poder y territorios vistos no como reservas de vida, sino como fuentes de valor.

Las críticas de Rees comparadas con las de Malm y Carton resultan complementarias. Por un lado, tenemos el enfoque biofísico y evolutivo de Rees que abarca dinámicas humanas más amplias que el capitalismo. Por otro lado, tenemos la perspectiva histórica-materialista de Malm y Carton que se enfoca en cuestiones de clase, propiedad y la confrontación política inevitable e impostergable. Obviamente que no nos corresponde a nosotros convertir estos diagnósticos en certezas de que toda tecnología renovable es inútil o de que cualquier desenlace catastrófico resulta inevitable. Pero sí nos parece que estas tecnologías en particular son inútiles y, dadas las tendencias del sobrecalentamiento actual, el desenlace parece cualquier cosa menos evitable. La conclusión lógica es que cambiar las fuentes energéticas debe acompañarse de cambios en la escala, los fines y el control de la producción.

Desde esta síntesis, creemos que transformar el sistema significara, para empezar, reducir consumos materiales excesivos, garantizar servicios universales, redistribuir recursos y articular democráticamente el cierre de actividades destructivas. La expansión de bienes esenciales en países empobrecidos tiene que acompañarse de una contracción tangigle y medible del despilfarro de los sectores ricos. Las COP pueden servir como foro para disputar esas medidas, pero la ejecución requiere poder social y decisiones nacionales – una articulación democrática coherente. Una transición justa demanda modificar qué se produce, para quién, bajo qué propiedad y dentro de cuáles límites ecológicos.

Guatemala: de reconocer el riesgo a gobernar la emergencia

La advertencia de Ed Miliband en la COP31 obliga a Guatemala a discutir su seguridad nacional en términos climáticos. El canciller británico relacionó el calentamiento con amenazas a los alimentos, la infraestructura y los desplazamientos humanos. Conviene precisar la comparación: la Cámara de los Comunes aprobó una moción de emergencia climática y medioambiental el 1 de mayo de 2019; ese reconocimiento parlamentario no garantizaba ejecución. Además, el Estado británico ya vinculaba clima y seguridad antes de 2026, como muestra su estrategia de Defensa de 2021. Esto debería servir de ejemplo para muchos países, incluyendo Guatemala. Gran Bretaña puede servir no solo para construir el MetroRiel, sino para repensar el significado de la seguridad nacional misma a partir de la crisis climática.

Ahora, la ausencia de Estados Unidos y su total abandono de la agenda climática ha servido de cubierta para que muchos países reduzcan sus ya pobres ambiciones climáticas o, de hecho, abandonen por completo las metas climáticas del Acuerdo de París. Respondiendo a la pregunta de cómo afecta a las negociaciones el hecho de que Trump haya retirado nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París (por segunda vez), la abogada ambientalista internacional, Farhana Yamin, quien ayudó a redactar el histórico Acuerdo de París de 2015 y también ha asistido a 28 de las últimas 31 cumbres climáticas de la ONU, respondió así:

«Nos impacta enormemente, porque muchos otros países han desacelerado o han seguido su ejemplo. Y no se trata sólo de… es la tercera vez en mi vida profesional que Estados Unidos se retira de los tratados climáticos. La primera vez fue obviamente durante el gobierno de George Bush. Entonces, hemos perdido, ya sabes, unos 15 años simplemente como resultado de la incertidumbre y el peso político asociado con el negacionismo climático y con una postura de acción anticlimática. Y no puedo decir lo suficiente sobre lo que eso significa en términos del inmenso poder –intelectual, financiero, económico– que Estados Unidos todavía tiene hoy en el mundo. Actúa como freno. Actúa como un obstáculo. Y es verdaderamente disruptivo. Puede que no estén aquí, pero se está sintiendo el peso muerto de su falta de participación.»

Lejar de articular una política ambiental y climática más ambiciosa y audaz que responda efectivamente a los impactos de la crisis en el país, el gobierno de Bernardo Arévalo está solo gobernando la crisis y se encuentra muy cómodo, esperando terminar su período sin desafíos mayores, y ocupando un espacio intermedio entre la cercanía con el gobierno de Trump y la lejanía de la justicia climática. Es cierto que en junio pasado Arévalo reconoció la vulnerabilidad ante emergencias climáticas y la necesidad de enfrentarlas; el 30 de septiembre encabezó el Consejo Nacional de Cambio Climático junto con el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Edwin Castellanos, y representantes de las instituciones integrantes para «revisar avances y reforzar la coordinación de las acciones que el país impulsa frente a los desafíos climático»; el punto crucial en el discurso de Arévalo fue – típicamente – que las instituciones deben trabajar en base a «criterios técnicos» (pues la idea de justicia climática le resulta alérgica); y en el mes de octubre abordó sequías, incendios e inseguridad hídrica advirtiendo de «una crisis agrícola sin precedentes».

En ese contexto, Guatemala envía su delegación oficial a la COP31. La Hora resume la posición nacional del siguiente modo:

«Guatemala, que tendrá su participación en la COP31 el próximo 19 de noviembre, planteará aumentar sustancialmente el financiamiento internacional para adaptación al cambio climático, triplicar esos recursos hacia 2035, simplificar los mecanismos para acceder a ellos y garantizar que no representen más endeudamiento para los países vulnerables.

La propuesta también incluye fortalecer los sistemas de alerta temprana, la gestión del agua y la preparación ante sequías y otros eventos extremos.

Bajo el planteamiento «De los compromisos a la implementación», el país busca que las negociaciones climáticas se traduzcan en recursos nuevos, previsibles y equitativos, así como en transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades.

“La irregularidad de las lluvias y la prolongación de la canícula durante 2026 afectaron más de 293 mil hectáreas de cultivos y ocasionaron pérdidas a más de 697 mil familias”, explicó Edwin Castellanos, ministro de Ambiente.

La posición guatemalteca sostiene que, aunque su contribución a las emisiones globales es baja, su población y sus ecosistemas enfrentan una elevada vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.»

Es completamente razonable, incluso justo, que Guatemala sea parte del bloque de países que demandan más y mejor financiamiento internacional para adaptación al cambio climático, sin que ello represente más endeudamiento para los países vulnerables. Las otras demandas, esencialmente técnicas, son también razonables. Pero, aunque hay un reconocimiento del impacto profundamente desigual de la crisis climática en el país, experimentado de peor modo por territorios y poblaciones del llamado «Corredor Seco», el discurso oficial no está centrado en la justicia climática ni en la aceleración de la transición energética de modo soberano, es decir, no de acuerdo con el mercado o el CACIF.

Lo que Guatemala presenta como avances, sin embargo, debe estar sujeto a análisis crítico pues todo se inscriben en un contexto de brechas estructurales enormes. Según lo reporta La Hora, los principales avances que menciona el gobierno de Arévalo son:

«Generación eléctrica renovable: Entre 2017 y 2025, las fuentes renovables representaron, en promedio, el 66% de la generación de electricidad del país.

Expansión de la energía solar: La capacidad instalada de generación solar aumentó de 127 megavatios (MW) en 2024 a 540 MW en julio de 2026.

Financiamiento climático: Durante 2026, el Fondo Nacional de Cambio Climático movilizó USD 2 millones. De esos recursos, el 80% se destinó a medidas de adaptación al cambio climático y el 20% a acciones de mitigación.

En materia forestal, reporta que el sistema nacional de áreas protegidas abarca el 30.9% del territorio y que los incentivos forestales movilizaron más de US$847 millones entre 1998 y 2024.»

Respondamos punto por punto:

El FONCC movilizó USD 2 millones en 2026, aprobados por el Decreto 3-2026 y administrados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, según la NDC actualizada de Guatemala, la necesidad total de inversión climática estimada es de USD 29,600 millones acumulados para 2030, desglosada así: USD 8,600 M para mitigación y USD 21,000 M para adaptación. O sea que el financiamiento climático en 2026 fue solo una gota en un océano de retrasos y desigualdades. El propio gobierno reconoce «brechas de financiamiento, infraestructura y capacidad municipal», pero el gasto público en clima solo ha oscilado entre el 0.3% y 1% del PIB en toda la última década.

En cuanto a energía, el avance que Guatemala reporta es totalmente insuficiente. El 66% renovable es un dato sólido, y la expansión solar (127→540 MW) es notable en tasa. Sin embargo, el PEG-5-2025 – calificada como la «licitación de generación eléctrica más grande en la historia de Guatemala» - busca contratar 1,400 MW de capacidad firme hasta 2030, lo que incluye gás natural además de renovables. La meta de 80% renovable para 2030 aún está muy lejos, y la estructura de generación sigue dependiendo de mega-hidroeléctricas, que no son solo muy vulnerables a la sequía que ahora afecta al país de modo prolongado y águdo, sino que requieren y destruyen enormes extensiones de territorio y medio ambiente, además de servir principalmente a centros importantes de actividad económica (en lugar de comunidades campesinas o los hogares comunes de la clase trabajadora) y nuevos megaproyectos como centros de datos.

En el tema forestal los «avances» de los que se jacta el discurso oficial no tocan las causas estructurales de la deforestación y el colapso de ecosistemas. Es aquí donde encontramos el contraste más agudo entre la fantasía oficial y la realidad ambiental de Guatemala.
En primer lugar, el problema estructural de la concentración de tierra donde el 1.5% de las explotaciones extractivistas grandes controla la mayor parte de la tierra; mientras que el 94.1% de microfincas familiares donde se produce la comida del país suma apenas el 18.6%. Esto empuja a comunidades a migrar hacia la frontera agrícola, a veces dentro de áreas protegidas.
En segundo lugar, las causas de deforestación, el aprovechamiento no sostenible de productos forestales (39%), la ganadería extensiva no sostenible (34%) y la expansión agrícola no sostenible (24%). Solo en la Reserva de la Biosfera Maya, por ejemplo, la ganadería extensiva de gran escala fue responsable del 87% de la deforestación en Laguna del Tigre y del 67% en Sierra del Lacandón.
La realidad es que, lejos de reparar bosques perdidos o de proteger al 100% los bosques que todavía quedan, el país ha experimentado una pérdida real y dramática de sus bosques. Solo entre 2001 y 2023, Guatemala perdió el 23% de su cobertura forestal; Petén, el 33%. La Sierra del Lacandón perdió 46,100 ha de bosque primario (36% de su total). A todo lo anterior hay que agregar el impacto del crimen organizado incluyendo la «narco-ganadería» que opera en Petén e Izabal y que usa la ganadería como fachada para usurpación de tierras y lavado de dinero.
Por todo lo anterior, aunque el sistema de áreas protegidas cubre el 30.9% del territorio nacional, eso no es suficiente si la deforestación continúa dentro de esas áreas y las causas estructurales (concentración de tierra, modelo extractivista, impunidad y crimen organizado) no se abordan seriamente.

Lo que los «avances» oficiales de Guatemala no dicen es muy alarmante. Los US$847 millones en incentivos forestales (1998–2024) representan una media de ~USD 31 M/año, lo que no compite para nada con la expansión y rendimientos de la ganadería extensiva ni de la palma aceitera (alrededor de las 19 plantaciones identificadas, desapareció el 33% del bosque circundante). Aunque la NDC 3.0, en proceso de actualización desde 2025, incorpora ejes de pueblos indígenas y género, la pregunta de fondo sigue sin recibir respuesta y el gobierno de Arévalo guarda silencio estratégico en torno a ella:
¿Pueden haber avances reales y no solo cosmético y retórico – lavado verde – sin llevar a cabo una reforma agraria, sin desmantelar el modelo extractivista de explotación y crecimiento y sin enfrentar la impunidad no solo de los carteles de drogas, sino también de los carteles empresariales que dominan, extorsionan y estrangulan al país?

La gravedad de todo este enjambre de problemas está bien documentada. En julio, eP Investiga recogió una alerta del MAGA sobre riesgos para cultivos y actividades pecuarias en 96 municipios de 16 departamentos del país. Posteriormente, FEWS NET informó de lluvias insuficientes, una canícula prolongada y pérdidas de maíz que algunos agricultores de subsistencia del Corredor Seco situaban por encima del 50 %, hasta pérdidas totales. La SESAN proyectó 3,2 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda de fase 3 o superior para julio-septiembre. Esta última cifra era solo una proyección, no un recuento observado. Es muy seguro que la realidad sea mucho más aguda.

El boletín del Iarna sobre El Niño 2026–2027 ayuda mucho a interpretar la amenaza que enfrenta Guatemala pues el daño depende de su choque con la vulnerabilidad social. La pérdida de cosechas reduce alimentos e ingresos, aumenta deudas y desencadena deterioro sanitario, abandono escolar y migración. Aunque debemos distinguir la variabilidad de El Niño del calentamiento global y evitar atribuir automáticamente cada sequía al cambio climático, la respuesta pública debe preparar al país para riesgos que interactúan y para daños que se acumulan entre episodios. El gobierno de Guatemala está muy lejos de cumplir con esto.

¿Por qué el reconocimiento oficial puede no convertirse para nada en una prioridad política y financiera proporcional? Todas las fuentes consultadas para este blog no nos permiten decir claramente cuáles son las motivaciones ideológicas de Arévalo. Pero ya las conocemos y sí podemos proponer una hipótesis que requiere investigación: el debilitamiento histórico, captura cacifista y corrupta y fragmentación entre instituciones públicas, además de los horizontes presupuestarios corto-placistas, las restricciones fiscales (es decir, austeridad para programas sociales, gasto para lo que quiere el CACIF) y la dificultad crónica del Estado de enfrentar desigualdades en el acceso al agua y la tierra explican la parsimonioso del tema climático en la agenda oficial. Tratar cada sequía como una emergencia agrícola aislada (sabiendo perfectamente que se va a repetir y empeorar año con año) facilita algunas respuestas sectoriales; pero reconocer una crisis sistémica de fondo y de largo plazo demanda revisar decisiones de desarrollo, crecimiento, inversión y distribución de recursos, beneficios y oportunidades. Solo esta diferencia ayuda a justificar qué debe investigarse y exigirse de urgencia nacional.

El liderazgo presidencial de Arévalo ya debería de haber hecho comprensible esa relación, volverla política pública coherente y darle la prioridad que merece – incluso más que la que Arévalo le ha dado al MetroRiel. De urgencia nacional, Arévalo ya debería de haber presentado escenarios territoriales desiguales, metas públicas comunes y articuladas, financiamiento y responsabilidades para proteger agua, alimentación, salud y medios de vida – guiadas por el principio de la justicia climática. Eso de que las instituciones deben de actuar en base a decisiones técnicas parece solo cubierta para pedirle permiso al CACIF – cartel empresarial que se jacta de actuar de modo «técnico». Una evaluación guiada por principios de justicia climática debería mostrar qué recursos llegaron a las comunidades, con qué anticipación y con qué resultados. La participación e incidencia directa de los movimientos campesinos (CUC, CODECA, CCDA, etc.) e indígenas (Waqib Kej, COP, etc.) tendría que influir tangiblemente en las decisiones.

Un ejemplo concreto del descuido y negligencia de Arévalo hacia los movimientos campesinos e indígenas es el abandono del Acuerdo Agrario. Como reporta Prensa Comunitaria, el 7 de mayo de 2026 «el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) presentaron un amparo ante la CC contra Bernardo Arévalo por omisión al compromiso del Acuerdo Agrario». Arévalo debería responder seriamente a las demandas campesinas y, además de ello, emitir una declaración de emergencia (al estilo de la que ha emitido el gobierno del Reino Unido) para contribuir a ese proceso y crear obligaciones políticas concretas, mecanismos de seguimiento y capacidad efectiva de prevención y adaptación.

La seguridad que Guatemala necesita debe estar basada en justicia climática y debe centrarse en la vida humana y medioambiental, deber ser tangible en territorios, en los cultivos, en el acceso al agua y la seguridad alimentaria. La advertencia británica vale como ejemplo y contraste, pero el deber de actuar debe surgir de la experiencia concreta de Guatemala y de las alertas disponibles que surge de los de abajo. Arévalo debe abandonar su letargo, su tecnocratismo y su extremo centrismo y responder seriamente por la distancia entre reconocer la amenaza y articular una política climática proporcional y efectiva.

Fuente Blog #Refundación

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