USAC, captura institucional y la disputa por la Corte de Constitucionalidad
Marco Fonseca
Resumen
La prolongada crisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ya no puede leerse como un simple conflicto interno entre facciones universitarias opuestas. Lo que hoy se disputa en torno al poder de Walter Ramiro Mazariegos Biolis es, en realidad, un capítulo decisivo de la recomposición autoritaria del Estado guatemalteco. Se trata de consolidar y perpetuar la captura de una institución histórica para incidir directamente en procesos eleccionarios como la reciente elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y, con ello, ejercer control sobre el poder constitucional mismo. En ese movimiento, la universidad nacional ha dejado de ser espacio crítico y se ha convertido en engranaje del aparato judicial, mientras la ruptura pública entre Mazariegos y María Consuelo Porras Argueta revela que incluso dentro del bloque conservador y corrupto emergen fisuras cuando surgen disputas sobre el control del poder constitucional. Lo que está en juego ya no es, pues, solo la autonomía universitaria, sino que es el futuro mismo del semi-fallido equilibrio institucional del país.
Las dinámicas dentro de la USAC
La situación que atraviesa la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), plasmada en informes recientes sobre la correlación de fuerzas al interior del Consejo Superior Universitario (CSU) y el papel central de Walter Ramiro Mazariegos Biolis, no es simplemente el resultado de una “anomalía institucional” o una intervención fortuita de intereses externos, sino el síntoma de una profunda transformación política del espacio universitario.
Un informe de la Fundación Myrna Mack describe la configuración actual del CSU como el resultado de una “captura institucional”: una estrategia de poder que recurre a mecanismos formales —legales, administrativos, incluso coercitivos— para desplazar la pluralidad representativa y concentrar la autoridad en una minoría afín al rector Mazariegos. En este diseño, la legalidad se convierte en instrumento de dominación, más que en garantía de legitimidad académica o deliberación política genuina.
Este fenómeno no es extraño desde una perspectiva teórica sobre la hegemonía y la lucha por el control de espacios institucionales. Gramsci nos enseñó que las instituciones culturales y educativas no son meras “torres de marfil” ajenas a las dinámicas políticas de su entorno, sino campos de disputa por la definición de sentido común, autoridad legítima y hegemonía del poder. La USAC, como principal universidad pública del país, es simultáneamente una institución académica y un actor político, y su interioridad está permeada por relaciones de poder que trascienden la producción de conocimiento y se inscriben en la geopolítica nacional. En este sentido, la concentración de poder que representa Mazariegos no es aberrante, sino una manifestación de cómo fuerzas políticas externas e internas compiten por la dirección de la universidad.
Desde una perspectiva democrática y normativa, el hecho de que una figura como Mazariegos, cuya administración está siendo objeto de cuestionamientos por irregularidades descaradas en la configuración del CSU, por la permanencia de consejeros con mandatos vencidos y por el bloqueo a la renovación representativa, pueda ejercer tanto poder dice varias cosas sobre la comunidad universitaria de la USAC:
1. Debilidad de los mecanismos internos de rendición de cuentas: Las normas y procedimientos diseñados para proteger la pluralidad de voces dentro de la universidad han sido subvertidos o eludidos, dejando espacio para la concentración de poder en manos de actores con agendas políticas definidas.
2. Obsolescencia o captura de los espacios representativos: Cuando órganos como el CSU quedan conformados por representantes electos cuyo mandato ha caducado o no se renuevan en tiempo y forma, se rompe el vínculo entre la comunidad universitaria en su conjunto y la toma de decisiones colegiadas. El CSU ha perdido así toda legitimidad.
3. Intervención de lógicas externas en la vida académica: La capacidad de un rector tan anodino para alinear mayorías ramplonas en el CSU podría sorprender mucho sino fuera porque dicho rector se ha puesto al centro de una interpenetración entre universidad y política nacional. En la universidad las figuras dominantes son tan corruptas como mediocres y en la mayoría de casos académicamente banales. Es dentro de esa rosca donde, por el momento, Mazariegos se ha coronado rey. Pero la universidad tampoco opera en aislamiento académico o político, sino que es un espacio donde convergen intereses de poder —partidarios, estatales, incluso empresariales— que buscan influir en la institucionalidad superior y han encontrado en Mazariegos un aliado bueno y deseoso.
4. Crisis de legitimidad interna: El control de la USAC por parte de una élite reducida entra en tensión abierta con las expectativas democráticas de participación y deliberación que una universidad pública debería cultivar. Esto puede conducir a fracturas internas, protestas estudiantiles o académicas, y un deterioro de la confianza en la institucionalidad universitaria misma. Por el momento, sin embargo, las fuerzas de la resistencia están fragmentadas, dispersas y seriamente debilitadas.
En síntesis, que una figura tan pobre como Mazariegos haya consolidado tanto poder dentro de la USAC no es simplemente una cuestión de personalidad o habilidad política individual, sino el resultado de estructuras institucionales permeables a la captura política, una comunidad universitaria fragmentada en su defensa de la autonomía y una tensión no resuelta entre los principios normativos de la universidad y las dinámicas de poder efectivas en el contexto guatemalteco contemporáneo. En términos más amplios, esto pone en cuestión la capacidad de la comunidad universitaria para reproducir colectivamente sus propios mecanismos de legitimación y control, y sugiere que, sin una reconstitución del espacio democrático interno, el papel de la USAC como actor autónomo en la vida pública del país está seriamente comprometido.
La USAC y la Corte de Constitucionalidad
La reciente configuración del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, dominada por un bloque afín a Mazariegos, que opera más allá de los mandatos vigentes para los consejeros, no puede pensarse como un fenómeno institucional aislado, sino como un microcosmos de la lucha por el poder político y simbólico en Guatemala. La captura institucional denunciada por organizaciones (incluida la evidenciada en informes recientes) que sostienen que el rector ha consolidado su poder a través de estructuras “legales”, administrativas y coercitivas refleja un desplazamiento de los mecanismos democráticos de la universidad hacia una lógica de decisión oligárquica y corrupta.
Lo que había estado en juego durante las últimas semanas, más allá de debates internos sobre normativas universitarias, había sido la elección de magistrados (titular y suplente) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del CSU de la USAC. Esta elección no es simbólica pues la CC es el máximo tribunal constitucional del país, con capacidad para definir límites al poder político, controlar legalidad de actos estatales y salvaguardar (o debilitar) elementos del orden constitucional que son esenciales para el equilibrio de poderes.
En la convocatoria para la elección de magistrados, se presentaron 14 aspirantes al CSU, desde perfiles profesionales diversos – en muchos casos completamente inadecuados en términos de preparación académica y experiencia profesional – hasta figuras que ya son nombres conocidos en el entramado judicial guatemalteco. Sin embargo, la manera en que el proceso fue estructurando, en especial la sesión extraordinaria en un hotel en Antigua Guatemala con posible exclusión tácita de consejeros opositores al rector y lejos de los puntos urbanos más accesibles para protestas ciudadanas, sugirió una maniobra para concentrar la influencia del rector sobre la designación ante la CC, con consecuencias profundas para la legitimidad del tribunal y, por ende, para el régimen constitucional del país.
La elección de estos magistrados en un contexto donde el CSU no ha renovado sus integrantes conforme a las normas democráticas de la propia universidad, y opera con miembros cuyo mandato ha vencido, debilita todavía más la legitimidad del acto y pone en tensión la autonomía universitaria como espacio de participación democrática y deliberativa.
En este escenario jurídico-político también emergió una contradicción explícita entre las trayectorias y proyectos políticos de Mazariegos y de la fiscal general, María Consuelo Porras. Durante años, Porras había sido vista, por analistas y sectores de oposición, como parte de la red de poder que amparaba el ascenso y consolidación de figuras políticas conservadoras o anti-corrupción selectiva; no obstante, ante la perspectiva de una posible ruptura con Mazariegos – pues a tal grado a llegado el desgaste y desmoronamiento de la fiscal general – y el rechazo de un CSU bajo el control del rector, la fiscal también dio un giro estratégico al promover acciones legales en contra de Mazariegos de no resultar elegida.
Este viraje tiene múltiples lecturas desde una perspectiva político-institucional. Primero, evidencia que la marcha de las elites políticas guatemaltecas, incluyendo el Pacto de Corruptos, no es monolítica y no sigue los mismos ritmos, sino que está fragmentada por disputas de poder concreto y las tajadas del botín, en este caso, sobre la configuración de un tribunal que tendrá la última palabra sobre los equilibrios constitucionales del país incluyendo el papel de la USAC en el orden tanto académico como político de un posible retorno de la restauración total al poder. Segundo, muestra cómo el impulso instrumental de instituciones (como se ha denunciado en el pasado en torno a la independencia del Ministerio Público bajo Porras) puede colisionar con intereses emergentes cuando estos amenazan segmentos de poder y tajadas de la corrupción que antes se percibían como aliados.
Teóricamente, este entrecruzamiento de dinámicas universitarias y políticas judiciales confirma la idea de que las instituciones no son espacios neutrales de gubernamentalidad, sino territorios de disputa hegemónica en los términos que describiera Gramsci, es decir, donde la lucha por la producción de sentido y legitimidad se traduce en una guerra de posiciones por la distribución o acaparación concreta del poder social. No es casual que la USAC sea, además de universidad pública, una de las pocas instituciones con voz formal en nombramientos de alta relevancia constitucional, un verdadero vestigio de la idea de universidad como espacio de crítica social y res publica que, cuando se captura, altera la correlación de fuerzas políticas en todo el país.
La contradicción entre Porras y Mazariegos en este proceso ha puesto de relieve un paradigma de disputa por la institucionalidad. Frente a un pacto subterráneo por el poder, sectores que antes se habrían alineado dentro del Pacto de Corruptos ahora se enfrentan para evitar que una sola corriente consolide un decisivo bloque de influencia dentro de la CC y otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la jefatura del Ministerio Público. Esto, en efecto, expone una tensión más amplia dentro del sistema político guatemalteco contemporáneo entre la captura institucional de las élites y sus procesos restauradoras en contraposición a los intentos, fragmentarios pero persistentes, de reensamblar un espacio de contrapesos constitucionales, aunque sea mínimos, en el cual la elección de magistrados/as por parte de la USAC acaba siendo mucho más que una elección universitaria y se convierte en un punto de inflexión en la contienda por el futuro del orden constitucional de Guatemala.
Resultados de la elección dentro del CSU
El Consejo Superior Universitario (CSU) concluyó el lunes 16 de febrero de 2026 la designación de sus representantes para la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031, eligiendo como magistrada titular a Julia Marisol Rivera Aguilar y como magistrado suplente a José Luis Aguirre Pumay.
Como ya fue indicado, esta elección ocurre en un contexto de profundas tensiones institucionales y de cuestionamientos sobre la legitimidad del propio CSU y, por ello, no es simplemente una sucesión de nombres, sino un punto nodal que articula varias líneas de poder político y judicial.
Rivera Aguilar, ex jueza de primera instancia en Amatitlán, presentó su documentación para aspirar a la magistratura constitucional tras un proceso marcado por la controversia sobre la renovación del CSU. Su elección como titular se interpreta como una victoria del bloque mayoritario dentro del CSU alineado con Mazariegos, dada la cercanía política personal con funcionarios universitarios próximos al rector; según fuentes periodísticas, la jueza es exesposa de un funcionario universitario estrechamente vinculado a Mazariegos, señalando la reproducción de redes de afinidad dentro de la máquina de poder universitaria.
Del mismo modo, el nombramiento como suplente de José Luis Aguirre Pumay, figura con experiencia política local y vínculos a ciertos sectores del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), refleja cómo las designaciones han asumido una dimensión política y de alianzas más allá de lo estrictamente académico o judicial.
En este contexto, la no elección de Consuelo Porras, quien aspiró a la magistratura por parte de la USAC, es altamente significativa y tiene implicaciones políticas profundas y contradictorias. Porras, quien durante años se percibió y fue denunciada por múltiples actores nacionales e internacionales como una figura vinculada a los poderes corruptos del Estado y la justicia selectiva, perdió el respaldo suficiente en el CSU, incluso después de haber desplegado intentos judiciales para fortalecer su candidatura.
Por si el futuro inmediato de la ahora terminalmente encogida de Porras no se hubiera vuelto complicado el día de su derrota en el CSU, un comunicado de expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló información alarmante sobre presuntas adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas entre 1968 y 1996 en Guatemala, y la posible implicación de Porras durante su breve rol como “tutora legal” de esos menores en 1982. Esto añade una dimensión internacional de derechos humanos al desprestigio político que esta señora ya enfrentaba nacional e internacionalmente.
Por su lado, la derrota de Leyla Lemus en la elección del CSU de la USAC para representar a esa casa de estudios ante la CC no es un dato para nada menor en estas disputas por el poder constitucional pues ella simboliza el desmoronamiento de un bloque jurídico-político que en años no muy pasados actuó como puntal de ciertos intereses del Ejecutivo. Lemus, quien actualmente funge como magistrada presidenta de la CC, fue una figura percibida como funcional a las agendas del entonces gobierno de Alejandro Giammattei, al tiempo que su credibilidad académica quedó severamente cuestionada en 2021 cuando la propia USAC confirmó que había mentido sobre poseer un doctorado inexistente, una falsedad que no sólo deslegitimó su investidura personal sino que exhibió de manera descarnada las tensiones entre autoridad judicial y rigor académico. Las reacciones de ese momento, amplificadas por investigaciones periodísticas y debates públicos sobre la calidad de la educación y la transparencia institucional, pusieron de manifiesto cómo la legitimidad judicial puede erosionarse cuando se mezcla con prácticas académicas que violentan los estándares básicos de mérito. El cuadro se complica aún más si se considera, por un lado, la polémica relacionada con la concesión de doctorados honoris causa a magistrados de la CC por parte de universidades con vínculos políticos, y, por otro, el hecho de que ahora ni siquiera lograra sumar un respaldo suficiente dentro del CSU para reelegirse o ser designada por la USAC. Esto no solo denota una reconfiguración de los equilibrios de poder al interior de la CC y de la comunidad universitaria, sino que también apunta a un desgaste simbólico de las alianzas que antes unieron a poderes ejecutivos, judiciales y universitarios, abriendo así un espacio de disputa para nuevas configuraciones del Pacto de Corruptos de cara a las próximas elecciones generales en Guatemala.
Como ya fue también indicado más arriba, este desenlace no solo revela una fractura interna dentro de los bloques conservadores y autoritarios, sino que también señala un cambio de correlación de fuerzas dentro del Pacto de Corruptos en el cual el rector de la USAC ha logrado consolidar un espacio de decisión que supera la capacidad de atracción de una fiscal general con proyección nacional, con larga trayectoria en la conducción del MP y con clara ambiciones de ser parte de una toma ilegitima de la Corte Constitucional, en un proceso que el propio Ministerio Público intentó condicionar filtrando la posibilidad de acciones judiciales contra el rector si Porras no resultaba elegida.
Desde una perspectiva política e institucional, la elección de Rivera Aguilar y Aguirre Pumay, dos nombres que, según el análisis de perfiles, tienen conexiones directas con redes de poder universitarias y corruptas, sugiere que la USAC reconfigura su influencia en la CC hacia una lógica de control corporativo y de alianzas instrumentales, más que hacia una proyectada independencia judicial.
Ese desplazamiento tiene consecuencias que trascienden lo académico pues la CC, como tribunal constitucional supremo, tiene la capacidad de definir límites al ejercicio de otros poderes públicos, interpretar normativas clave y mediar en crisis político-constitucionales. Por tanto, la elección universitaria se sitúa en el epicentro de una disputa más amplia sobre el equilibrio de poderes en Guatemala, donde la captura de instituciones públicas y educativas por redes políticas corruptas interactúa con tensiones entre sectores que antes consideraban aliados, como lo evidenció la ruptura entre Mazariegos y Porras, pero que ahora compiten por adjudicar la próxima etapa del poder constitucional en el país.
En suma, la elección de magistrados por parte del CSU no solo confirma el poder organizado que Mazariegos ha consolidado en la USAC, sino que también evidencia cómo esa fuerza colectiva reconfigura el acceso a instancias de alta relevancia normativa y política, relegando figuras como Porras en favor de perfiles más directamente vinculados a sus propias redes de poder.
