Sobre hermetismos, camisas de fuerza y neutralidades que no existen

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Marco Fonseca

Réplica a José Luis Moreira

Agradezco el tono fraternal de José Luis Moreira y reconozco en su columna una interlocución intelectualmente seria, que es, precisamente, lo que más escasea en el debate público guatemalteco (ver epinvestiga.com/dominic…. La referencia a Trotsky, además, me honra aunque, como veremos, creo que la carta desde Coyoacán apunta en una dirección distinta a la que Moreira sugiere.

Dicho esto, el nudo central de su argumento merece ser abierto con cuidado, porque ahí reside una confusión que no es menor y se refiere a la idea de que las calificadoras de riesgo soberano son, en lo esencial, agentes técnicos neutrales cuya función es simplemente medir «capacidad y voluntad de pago». Moreira lo formula con elegancia, pero el argumento en sí reproduce exactamente la operación ideológica que mi columna buscaba desnaturalizar (ver epinvestiga.com/opinion….

Veamos. Es cierto que las calificadoras incorporan en sus metodologías variables como pobreza, desigualdad y riesgo climático. Pero ¿bajo qué criterio normativo las incorporan? No como expresiones de injusticia que demandan rectificación, sino como factores de riesgo para el acreedor. durante la pandemi, por ejemplo, las calificadoras castigaron a muchos gobiernos de Estados pobres por haber gastado fondos públicos en sanidad en lugar de haber pagado sus deudas (ver

La desigualdad importa para las calificadoras no porque lesione la dignidad humana o empeore el riesgo para los grupos más pobres y subalternos, sino porque puede generar inestabilidad que amenace el pago de la deuda o la atracción de nuevos capitales. La pobreza cuenta no como imperativo ético, sino como variable negativa que afecta la «voluntad de pago» del soberano. Esta inversión del criterio normativo – subordinar las condiciones de reproducción de la vida humana o natural a la previsibilidad de los retornos del capital – no es neutralidad técnica. Es hegemonía en su forma más sofisticada, es el poder que no necesita declararse poder porque ya ha logrado presentarse como sentido común. Y la prensa corriente no solo lava sino que le da mucho empuje a todo esto.

Pero la operación no se detiene ahí. Lo más revelador del modelo hegemónico del capital financiero transnacional no es que imponga sus normas desde afuera pues eso sería muy obvio y relativamente fácil de identificar y resistir. Lo más revelador es que logra que los propios Estados subalternos las interioricen como si fueran suyas hasta el punto de rogar ser tomados en cuenta por las calificadoras. Cuando un gobierno guatemalteco, como el de Bernardo Arévalo, defiende la disciplina fiscal, la apertura comercial irrestricta o la austeridad social no como concesiones arrancadas por presión externa, sino como expresiones de su propio «buen criterio técnico», la hegemonía ha completado su ciclo. Por eso argumento que el gobierno de Arévalo se ha constituido en el tercer gobierno de la restauración neoliberal (aunque sea, relativamente, sin corrupción), de manera voluntaria.

Las élites locales – y Fundesa es un caso paradigmático – no son simplemente correas de transmisión pasivas de la ideología financiera dominante, sino que son agentes activos de esa interiorización, que traducen los criterios del capital transnacional al lenguaje del interés nacional y los presentan ante la población como si fueran el único horizonte posible y el más deseable. El resultado es que Guatemala no llega a las calificadoras como un sujeto que negocia; llega ya formateado por sus propias élites empresariales y políticas para reproducir los parámetros que esas calificadoras esperan encontrar. Eso no es soberanía con restricciones. Es tutela con vocabulario propio.

Moreira me acusa, en términos más o menos amables, de “hermetismo”, de criticar las restricciones del orden financiero internacional sin reconocer que son reales e inamovibles. Pero yo no niego su realidad material y lo digo explícitamente en mi columna. Lo que niego es su naturalidad. Hay una diferencia fundamental entre reconocer que una restricción (o que cualquier norma) existe y aceptar que es legítima o que debe permanecer intacta. El hermetismo, me parece, está más bien en quien asume las reglas del juego como datos técnicos y no como construcciones históricas de poder.

Y aquí, paradójicamente, el propio argumento de Moreira lo traiciona. Cita a China, Brasil y Vietnam como ejemplos de países que «bailaron con las camisas de fuerza» para lograr progreso humano dentro de la arquitectura financiera internacional. Es una interpretación novata, bastante miope y tanto conceptual como históricamente pobre. Porque esos países no lograron transformaciones estructurales mediante la dócil búsqueda del grado de inversión. Lo hicieron mediante la construcción planificada y consciente de capacidad estatal soberana, controles de capital selectivos, industrialización dirigida y, en distintas formas, manteniendo subordinado al capital financiero respecto al proyecto nacional. Son, si se quiere, ejemplos de que las camisas de fuerza se pueden aflojar o incluso cambiar, no de que hay que apretárselas con disciplina fiscal para ganarse el aplauso de S&P. Moreira me ofrece sus mejores ejemplos y, al examinarlos, refuerzan mi posición.

Hay además un silencio llamativo en su columna que vale la pena señalar. Me refiero a la amenaza del colapso social y climático que no aparece mencionado en ningún momento. No es un detalle menor, porque es precisamente ahí donde el modelo que las calificadoras certifican revela su anacronismo más profundo. Guatemala es uno de los países más vulnerables del planeta ante la crisis climática – sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria estructural, etc. – y al mismo tiempo uno de los más desiguales de América Latina, con una deuda social acumulada que las remesas apenas logran contener. En ese contexto, la desesperada búsqueda del grado de inversión no es una estrategia de desarrollo, sino que es una apuesta por profundizar el modelo extractivista precisamente cuando sus costos sociales y ecológicos se vuelven sistémicamente insostenibles. Las calificadoras miden la previsibilidad de los retornos del capital; no miden – porque no es su función – si el modelo que certifican está destruyendo las bases materiales sobre las que descansa cualquier posibilidad de vida digna. Esa omisión no es un límite técnico y se trata de una decisión política.

Trotsky, finalmente. Su carta no pedía que los movimientos obreros aceptaran el orden imperante como condición de su relevancia política. Pedía pensamiento estratégico concreto ante dilemas reales, incluyendo la disposición a aprovechar contradicciones del sistema para avanzar en objetivos de transformación. En ese sentido, no soy yo quiene tiene que “aprender a pensar”, pero sí considero que Moreira tiene un buen trecho que recorrer para lograr hacerlo. Porque lo que Trotsky sugiere es precisamente lo que yo también propongo, es decir, no ignorar las restricciones del capitalismo financiero global, sino entender su naturaleza de clase para poder disputarlas con mayor eficacia. Una cosa es pensar concretamente; otra muy distinta es confundir la jaula con el horizonte. Por ello me atrevería a parafrasear a Trotsky y decir “los escolásticos neoliberales o extremo-centristas no piensan en términos concretos sino en abstracciones vacías.” (ver ceip.org.ar/Aprendan-a-…).

Comparto con Moreira la preocupación por la credibilidad y la “persuasión permanente”. Pero la credibilidad que necesitamos construir desde las izquierdas no es ante las calificadoras, ni ante el CACIF ni mucho menos ante sus pequeños intelectuales orgánicos en Fundesa o epInvestiga, sino ante los pueblos que sufren y padecen el modelo que esta alianza de poderes impíos certifican. Y para eso, el primer paso es llamar las cosas por su nombre.

Tomado del blog Refundación Ya

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