Sin agua potable
Fernando Cajas
El Laboratorio Nacional de Salud (LNS) del MSPAS confirma que alrededor del 70% de las fuentes presentan contaminación microbiológica y por metales pesados. Millones de guatemaltecos consumen agua contaminada por descargas de drenajes sin tratar, agroquímicos y desechos industriales. La contaminación fecal es cotidiana; más insidiosa es la presencia de arsénico, cadmio, plomo y mercurio, que generan daño renal, enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo de cáncer.
Esta realidad no es nueva. La he definido en múltiples columnas y en mi libro La Naturaleza Social del Ciclo del Agua (Editorial Piedra Santa, 2026) como una práctica social retrógrada, producto de la indiferencia sistemática de los 340 concejos municipales. No se trata solo de ausencia de ley: existe normativa que obliga a las municipalidades a construir y operar sistemas de tratamiento de aguas servidas y manejo de desechos sólidos. Pero no lo hacen. Ante el reclamo legítimo de la ministra Patricia Orantes, los alcaldes se atrincheran detrás de la Corte de Constitucionalidad y la ANAM. Así se viola el derecho humano al agua potable y se perpetúa un país sin justicia hídrica.
No bastan denuncias. Guatemala cuenta con conocimiento técnico (ERIS-USAC, CUNOC, Mesa Occidental del Agua, Acción por el Agua – APA), investigación sólida y experiencias regionales exitosas, como las desarrolladas por Inés Restrepo Tarquino en el Instituto CINARA de la Universidad del Valle (Colombia). Es urgente declarar un Estado de Emergencia Hídrica Nacional con acciones concretas, financiamiento y plazos:
- Construcción masiva y priorizada de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Obligar y apoyar técnicamente a las municipalidades para construir al menos una PTAR por municipio (varias en los más grandes). Usar tecnologías validadas por universidades serias: sistemas convencionales de bajo costo, lagunas de estabilización, humedales construidos y tratamientos anaerobios que permitan reúso seguro del agua tratada para riego agrícola o recarga de acuíferos. Según enfoques de Restrepo Tarquino, tratar las aguas residuales y excretas como recursos, no como desechos: producir biofertilizantes y agua para usos múltiples (domésticos, productivos y ambientales). Esto reduce costos y genera beneficios económicos locales.
- Gestión integrada y usos múltiples del agua (enfoque CINARA) Implementar el marco de sostenibilidad hídrica de Restrepo: considerar todos los usos del agua en la unidad familiar/comunitaria (consumo humano, riego, ganadería, actividades productivas). Incluir agua lluvia, protección de zonas de recarga y reúso de aguas tratadas. Esto supera los enfoques sectoriales que han fallado históricamente.
- Fortalecimiento institucional y gobernanza participativa Crear o fortalecer una Autoridad Nacional del Agua (no solo Superintendencia) con representación de ministerios clave (Ambiente, Agricultura, Salud, Finanzas), INFOM, comunidades rurales (más de 30.000 comités), organizaciones indígenas y academia. Desarrollar un Sistema Nacional de Información del Agua robusto (mejorando INSIVUMEH o creando un Instituto del Agua interdisciplinario) para monitoreo continuo de cantidad, calidad y acuíferos. Incluir control social y veedurías ciudadanas, como recomienda Restrepo, para garantizar apropiación comunitaria y combatir corrupción.
- Financiamiento, emergencia y plazos
- Fondo especial de emergencia hídrica (recursos del Estado, cooperación internacional, canon por uso/extracción de agua y multas por contaminación).
- Apoyo técnico y financiero diferenciado a municipalidades según tamaño y vulnerabilidad.
- Plazo: 24-36 meses para PTAR prioritarias en zonas críticas (ciudades principales y cuencas contaminadas).
- Rol protagónico de universidades públicas (CUNOC, USAC) en investigación-acción, capacitación y validación tecnológica.
Nada de los anterior será sostenible si no se cuenta con educación, cultura y justicia hídrica. Por eso hay que integrar en currículos escolares y programas de extensión universitaria la naturaleza social del ciclo del agua como en mi libro. Promover una cultura de cuidado, reúso y prevención. Debemos avanzar simultáneamente en la Ley de Aguas con principios claros: agua como bien público, participación real y equidad (urbano-rural, indígena-ladina).
Mientras no decidamos, como sociedad, cuidar el ciclo social del agua —tratarla, reintegrarla limpia al ambiente y dejar de contaminarla—, seguiremos sin agua potable, sin rector legítimo, sin justicia y sin país digno.
No es falta de recursos ni de conocimiento. Es falta de decisión política y de ejecución con enfoque integral. Guatemala tiene la oportunidad histórica de pasar de la denuncia a la transformación. La emergencia hídrica, combinada con propuestas operativas probadas regionalmente, puede ser el punto de inflexión. Participemos todos —ciudadanos, alcaldes, academia y gobierno— en construir el futuro hídrico que merecemos. Hagámoslo ahora porque si no es problema no será nunca.
