Reflexiones políticas filosóficas de un montaje judicial
En uno de tantos casos espurios que dejó la ex fiscal Consuelo Porras, tuvo sus cinco minutos de audiencia. Es el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, a quienes se les otorgo medida sustitutiva, previo al pago de una coacción económica. Para poner en contexto, basta con recordar que ambos fueron capturados el 23 de abril de 2025. Pacheco era viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas; y Chaclán prestaba servicios técnicos para esa misma cartera. Ambos, fueron dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. La denuncia fue presentada por la Fundación Funda terror, una organización que ha actuado como querellante en varios de procesos contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos, el más recordado es el caso que montaron contra el honorable Juez Gálvez.
Las imputaciones espurrias
Los cargos fueron obstrucción a la acción penal, asociación ilícita y terrorismo; que no son delitos comunes. Estos derivan directamente de las protestas nacionales del 2023, aquellas que defendieron los resultados electorales que llevaron a Bernardo Arévalo a la presidencia. Protestas que surgieron mientras el Ministerio Público, entonces bajo el mando de Consuelo Porras, impulsaba acciones legales para revertir el proceso electoral. Apenas ayer, un juez les otorgó arresto domiciliario tras un año y tres meses de prisión preventiva. La medida incluye arraigo, control biométrico mensual, prohibición de hablar con testigos, caución de Q160 mil cada uno y prohibición de ejercer cargos públicos, esto último impide el retorno de Pacheco a su cargo de vice ministro.
Lo que Pacheco y Chaclán hicieron fue, en términos estrictamente políticos, fue ejercer la representación política de comunidades indígenas y ladinas del país. Encabezaron la demanda colectiva que se materializó en la lucha de los 48 Cantones de Totonicapán en defensa de la democracia, con toda la legitimidad indígena-comunitaria que le otorga su organización. Varios sectores populares y sociales se sumaron a esa lucha, frente a un intento de golpe de Estado técnico-administrativo promovido por Consuelo Porras y el pacto de corruptos. El motivo, además de defender el resultado electoral, también incluyó una solicitud expresa de renuncia para la fiscal general. Todos y todas las que en su día protestaron por tanta arbitrariedad, actuaron en la acción más elemental de la política democrática, la participación ciudadana. Pero el Ministerio Público tradujo de una manera perversa esa protesta. Convirtió una demanda política en una imputación penal.
Lo jurídico desplazando lo político
Por mucho que se utilice terminología jurídica en casos políticos, ese lenguaje no sustituye a la arenga política de manera pasiva. Simplemente la captura, la resignifica como amenaza y obtiene de la utilización del poder penal una ventaja política, para alcanzar objetivos que destrucción del adversario. Cuando los querellantes y la fiscal calificaron como «enemigos» a Pacheco y Chaclán, no buscaban una acción penal apegada a derecho, como les gustaba decir. Fue un operativo político, utilizando las herramientas de la justicia para desvirtuar una lucha social, cuya esencia fue la venganza, buscando sentar un precedente en contra de cualquier dirigencia que osará disputar el poder. La acusación de terrorismo es la categoría jurídica que más se acerca, en el derecho contemporáneo, a del enemigo político. Su sola evocación constituye amenaza existencial al orden, no un adversario dentro del juego político legítimo, sino a un enemigo del Estado y de la sociedad.
Pero los dirigentes indígenas no son terroristas. Cuando el MP persigue a quién pide una renuncia y el respeto al voto, no está persiguiendo una conducta, está redefiniendo el antagonismo político como amenaza criminal, sacándolo del terreno donde podría procesarse, desvirtuando la movilización social y la negociación política, metiéndolo en el terreno donde solo cabe la aplicación de la ley. Ese movimiento es la esencia de lo que Wendy Brown describe como despolitización neoliberal. No es que el derecho reemplace mecánicamente a la política, más bien, se busca que la razón jurídico-procedimental se convierte en el único vocabulario legítimo para procesar el conflicto. El vocabulario de la voluntad popular, la legitimidad histórica o la desobediencia civil queda fuera del expediente. Y una vez categorizado como terrorista, radical y destructor de las instituciones a los que están en contra de la fiscal y de los corruptos, solo queda aplicar la ley.
Aquí, y en otros casos de la coyuntura actual, lo político queda relegado dentro de un proceso formal y legal. Y eso no es un fallo del sistema, más bien es su funcionamiento histórico. Y cuando la lógica de la cooptación lo alcanza, todo el andamiaje queda permeado por ese diseño estructural que está diseñado para neutralizar al enemigo. La pregunta si los acusados ¿tenían derecho a manifestarse contra un golpe de estado judicial en marcha?» nunca se formula en la sala.
El control sobre quién interpreta autorizadamente la norma, qué sala resuelve, qué juez conoce, qué querellante adhesivo se admite, se conoce como cooptación de la justicia. Y eso es la materialización más patética del poder actual en Guatemala. La cooptación de la justicia se manifiesta de tal manera que lo que comenzó como un mecanismo para proteger y brindar impunidad a los corruptos terminó siendo un mecanismo de poder estructural casi tan decisivo como el control del ejecutivo y el legislativo, porque define el campo posible, independientemente de si es legal, constitucional o no.
La salida bajo arresto domiciliario no es una absolución, ni un reconocimiento de que el proceso fue una persecución política. Es una medida sustitutiva, con caución económica alta, inhabilitación para cargos públicos y restricciones severas, mientras el proceso se resuelve. En estos tiempos se esperaría que tanto el MP como la Procuraduría General de la Nación presentaran un desistimiento del caso, para decretar cerrado el mismo.
El propio Chaclán lo nombra en esos términos, fui bloqueado, y la justicia que tenía la obligación de restituir sus derechos violados, se aplicó, no para rectificar, sino se utilizó para continuar con la contención de un actor político. No hubo reconocimiento de legitimidad de la protesta, ni sanción a quien instrumentalizó el aparato penal que lo persiguió, ni tampoco una condena a quien actuó como demandante y querellante al mismo tiempo. El lenguaje legal, una vez instalado como terreno exclusivo de disputa, no se abandona ni siquiera cuando gana el bando correcto; simplemente cambia de mano quién lo administra.
La legalidad y la legitimidad dos campos en disputa
Esto mismo aplicado al campo de la política, nos recuerda que cuando un funcionario responde a una crítica diciendo «actué conforme a la ley» o «se siguió el debido proceso», lo que busca es trasladar la crítica al terreno de la legitimidad y de la legalidad. En el fondo lo que quiere dar a entender es lo justo de sus políticas, porque cumple con todos los requisitos legales que la ley dice. Max Weber menciona que la autoridad legal-racional se basa en la creencia en la legalidad de las normas, no en la justicia de su contenido.
El problema es que en sociedades donde el aparato jurídico está capturado, cumplir «la ley» no significa cumplir con la voluntad popular, ni con la justicia sustantiva. Significa cumplir con las reglas que ese mismo bloque de poder escribió, interpretó o toleró. La legalidad se vuelve una coartada perfecta porque es verificable y a la vez vacía de contenido político.
Basta con mencionar uno de los innumerables ejemplos que a diario se suceden en este. Un político puede construir una obra pública con sobreprecio, pero sigue cada formalidad de la Ley de Contrataciones, y ese cumplimiento formal lo blinda contra la pregunta política de fondo: ¿a quién benefició?, ¿quién decidió?, ¿con qué criterio de interés público se hizo? Si no vean el caso de teleférico municipal.
En el caso de Pacheco y Chaclán, el derecho tradujo la protesta legítima en delito; con la medida sustitutiva, el derecho tradujo una actuación ilegal de la fiscal general en cumplimiento intachable del procedimiento judicial. La ley utilizada como arma de doble filo, según quién la controle, y en qué momento del proceso se encuentra. Y cuando un juez, como Mynor Motto, emite una sentencia, sea del tipo que sea, es justicia. A pesar de que el cuestionado juez actúe en función de sus propias convicciones e intereses, y sea cuestionado precisamente por esos intereses.
Aquí cabe preguntarse, por qué hablar en términos jurídicos confiere autoridad. Bourdieu lo llamó el efecto de la universalidad de lo particular. Cuando alguien traduce un interés, una posición o un reclamo al lenguaje del derecho, ese lenguaje presta su prestigio de neutralidad y objetividad a un contenido que en realidad sigue siendo particular e interesado. Por eso hablar en términos jurídicos confiere autoridad simbólica incluso a quien no tiene formación jurídica.
El ciudadano común que dice «eso es inconstitucional» no necesariamente domina el derecho constitucional, pero sabe que ese registro suena más autorizado que decir «eso me parece injusto» o «eso viola mis derechos humanos». El derecho funciona como un capital simbólico que cualquiera puede tomar prestado, y esa disponibilidad es precisamente lo que explica su difusión hacia el habla cotidiana. No hace falta ser abogado para usar la gramática del derecho; solo hace falta saber que esa gramática pesa más que el espacio de la opinión.
La apropiación del lenguaje y su uso conductista
La derecha funcional y la fascista guatemalteca han entendido esto a cabalidad. Han comprendido que la disputa por el sentido común, es la disputa decisiva. Gramsci distinguía la hegemonía «de arriba» de la hegemonía del sentido común. El nivel más profundo y más difícil de revertir, porque ya no es algo que se impone desde fuera sino algo con lo que la gente piensa y habla sin darse cuenta de que está pensando con categorías ajenas. Que un dirigente comunitario o un vecino usen espontáneamente «debido proceso» o, solicite obra pública amparado en la figura de la participación público-privada, cuando de antemano se sabe que el estado pondrá el dinero y el privado administrará los ingresos; es el síntoma de que el lenguaje dominante ha colonizado la resistencia. Lo que antes se narraba en clave de lucha social, lucha de clases y de dignidad comunitaria, ahora se personaliza. El individuo se convierte en un ente abyecto y dispuesto a discutir términos jurídicos, aunque no sea abogado, despreciando la lucha política y menos reivindicando su posición de clase.
Una parte de la dirigencia social ha sido colonizada por el pensamiento neoliberal sin necesidad de que nadie la obligue. No es que hayan sido engañados, más bien, es que el lenguaje del mercado y del derecho se ha vuelto el único canal disponible para discutir, es el único lenguaje que parece «serio», el que puede ser escuchado en los tribunales, en los ministerios y en las mesas de negociación. La lucha de clases, la reivindicación comunitaria, la apelación a la dignidad colectiva suenan hoy a arcaísmo, a romanticismo inútil, a discurso de otra época. Si ya firmamos la Paz, porqué insistir en un pasado doloroso, cuando estamos a las puertas de una gloriosa etapa de nuestra historia. Algo así, pensaran los malpensados.
No es que los dirigentes hayan dejado de querer la justicia social. Es que ya no saben cómo nombrarla sin pedir prestadas las palabras del enemigo. El individuo ha reemplazado a la comunidad; la queja personal ha sustituido a la denuncia colectiva; la gestión de proyectos ha ocupado el lugar de la construcción de poder popular, y cómo los organismos no gubernamentales gestionaron y privatizaron los espacios públicos. El neoliberalismo no ha ganado porque haya convencido a nadie de sus virtudes. Ha ganado porque ha logrado que incluso sus adversarios hablen su idioma y adopten sus propuestas como propias. Y cuando un dirigente comunitario exige participación ciudadana, pero en los términos que el Estado y los organismos internacionales han definido, cuando pide transparencia, pero no soberanía, cuando reclama inclusión, pero no redistribución, están confirmando que la batalla por el sentido común está perdida. La conciencia de clase no ha sido derrotada, ha sido disuelta en el vocabulario de la administración y la técnica.
Cómo el derecho y la fe se fundieron para disciplinar la conciencia
El poder no solo se ejerce con leyes o con armas. Se ejerce, sobre todo, con palabras. Tres lenguajes aparentemente distintos, el político, el jurídico y el religioso; se han fundido en un solo dispositivo de dominio. El derecho ofrece la coartada de la legalidad, la promesa de un procedimiento neutro que despolitiza el conflicto y traduce la protesta legítima en delito. La religión ofrece la coartada de la trascendencia, la promesa de una bendición que legitima el orden existente y convierte la desigualdad en designio divino, y el político hace uso de ambos para empoderar su cinismo y desvergüenza.
Todas las élites en la actualidad usan exactamente el mismo mecanismo que el lenguaje religioso evangélico enseña. No porque brindes «bendiciones» día y noche, o porque supliques que tu éxito llegará «si Dios quiere», eso te haga mejor persona o te garantice el reino de los cielos, la absolución o el perdón divino. La gente, no toda, pero algunos, buscan la religión por más que consuelo espiritual. La buscan porque ofrece un atajo para obtener algo que en la vida cotidiana cuesta años de trabajo, estudio o construcción de comunidad, que es el estatus. La religión, especialmente en su versión neo pentecostal, vende la ilusión de que la bendición es un certificado de superioridad moral que se obtiene sin necesidad de méritos tangibles.
Cuando alguien dice «Dios me bendice», no está haciendo una declaración teológica. Está diciendo: «soy de los elegidos”, “estoy por encima de aquellos que no reciben bendiciones». Y cuando brinda las “bendiciones”, se pone en el plano del intermediario, ya sea entre él y el pastor, o él y el propio Dios. El lenguaje religioso se convierte en un marcador de distinción social, quien habla en términos de fe, quien invoca a Dios en cada frase, quien se presenta como «guerrero espiritual», está ocupando un lugar que le permite mirar al otro con condescendencia y en algunos casos hasta con lastima. El pobre que no tiene dinero, pero tiene a Dios, se siente más rico que el ateo que tiene dinero, pero no tiene fe. La religión, en este sentido, es un sistema de redistribución simbólica del prestigio, que al final termina eliminando la lucha de clases.
Los pastores neopentecostales han entendido esta dinámica mejor que nadie. Por eso las grandes iglesias, que tienen mega templos de adoración, se han aliado con toda clase de políticos corruptos, narcos traficantes o alguien que busque más que salvación que les permita legalizar sus cuantiosas fortunas para salvar lo ilícito de sus actos. Por eso, estos templos ofrecen una membresía al club de los elegidos. Y el precio de entrada no es la fe, sino la sumisión al discurso y a las solicitudes del pastor. Cada «gloria a Dios», cada ofrenda, es una cuota de pertenencia a una comunidad que se presenta a sí misma como superior.
El problema, por supuesto, es que los actos de los pastores no tienen relación con sus palabras. Predican humildad y viven en mansiones. Exhortan a la solidaridad y acumulan riqueza. Hablan de amor al prójimo y construyen imperios mediáticos que emanan odio. La impostura es constitutiva, no es un defecto, es su mecanismo de funcionamiento. La distancia entre el discurso y la práctica no es una contradicción que deba resolverse, sino el dispositivo que sostiene todo el edificio. Porque si el pastor viviera como predica, dejaría de ser un modelo de éxito. Y si dejará de ser un modelo de éxito, los fieles dejarían de creer que la prosperidad es una bendición divina.
El lenguaje religioso, como el lenguaje jurídico, comparte una misma estructura profunda, ambos son discursos de autoridad que no admiten deliberación, que se presentan como órdenes ya dadas, que eximen al sujeto de la responsabilidad de decidir. «Dios así lo quiso» es el correlato teológico de «la ley dice». En ambos casos, se traslada la responsabilidad a una instancia externa e inapelable. La diferencia es que el discurso jurídico al menos finge que hay un procedimiento; el discurso religioso ni siquiera eso, porque la voluntad divina es inescrutable y el pastor es su único traductor autorizado.
Por eso los políticos y las élites de poder hace una fusión de los términos religiosos y sus intereses. No porque hayan tenido una revelación. Porque necesita un lenguaje que le permita sentirse superior, un estatus que la vida cotidiana le niega, una certeza que el mundo incierto no les ofrece. Y los pastores, como buenos empresarios de la fe, han aprendido a gestionar esa necesidad como se gestiona cualquier mercado, ofreciendo un producto, el perdón por sus pecados, a cambio de una cuota, la ofrenda, la lealtad, el silencio.
El problema no es que la gente crea. El problema es que el sistema de la fe se ha convertido en un dispositivo de jerarquización social que no se sostiene por su coherencia interna, sino por la necesidad de pertenencia de quienes se sienten excluidos. Y en ese vacío, la impostura de los pastores no es un escándalo, es la condición misma del negocio.
El aprovechamiento de la ley y sus instituciones
Pero cuando la política hace una mezcla furibunda de lo jurídico y lo religioso, el sentido común opera sin necesidad de convicción ideológica activa; se hereda como hábito de habla, porque así la gente se siente empoderada y nadie puede cuestionar la ley terrenal y menos la justicia divina producto de la fe.
Cuando un político mezcla «actuamos conforme a la ley» o prefiere el «todo está en manos de Dios» o «si Dios quiere lograremos las metas», está apelando a dos fuentes de autoridad que comparten una misma estructura profunda. Ambas son discursos de legitimación que no requieren deliberación, porque se presentan como órdenes establecidas. La ley como norma preexistente que solo hay que aplicar, la voluntad divina como designio omnipresente que solo hay que aceptar. Ninguna de las dos exige que el político argumente por qué su programa es mejor que otro, ni que rinda cuentas de resultados; ambas trasladan la responsabilidad a una instancia externa e inapelable.
Este fenómeno tiene, además, una genealogía guatemalteca muy concreta que conviene nombrar, pues tiene nombre y apellido. El neo pentecostalismo como fuerza política organizada desde los años ochenta, fue encabezada por el genocida General Ríos Montt, que fusionó explícitamente el discurso de «orden» contrainsurgente con la retórica evangélica. Lo que hoy se escucha como cotidiano tiene sobre sus hombros más de cuatro décadas de existencia, ya no como proyecto ideológico explícito de un caudillo militar y religioso, sino como gramática disponible que cualquier político puede usar porque el electorado la reconoce y la acepta como forma legítima de ejercer el poder.
Cuando te das cuenta que en los mítines políticos, ahora que se pusieron en marcha sin necesidad de respetar la ley electoral, observas que en lugar de escuchar una arenga sobre programas de gobierno se escucha un sermón, se puede identificar el resultado final de esta fusión. Una doble evasión de la responsabilidad política. La arenga clásica, «así vamos a resolver el problema del agua”, “así vamos a redistribuir”, “así vamos a rendir cuentas»; exige un sujeto que decide, que puede equivocarse, y que por tanto puede ser juzgado políticamente. El híbrido jurídico-providencial elimina ese sujeto por partida doble.
Cuando se dice «cumplimos con la ley», no hay decisión política que evaluar o cuestionar, porque supuestamente la ley lo ampara y solo vale revisar el procedimiento; y cuando te aferras al eslogan «fue lo que Dios permitió», no existe acción humana que evaluar o criticar, simplemente fue ese designio divino que lo permitió. Es un fatalismo cívico con dos blindajes simultáneos, uno secular-procedimental, otro trascendente-providencial. Y funciona precisamente porque ninguno de los dos registros admite la pregunta «¿y si hubieran decidido distinto?» que es la pregunta que sostiene toda política democrática.
Vale la pena separar dos niveles para que el argumento no se vuelva plano. Una cosa es el uso instrumental por parte de las élites políticas; el que blinda las decisiones concretas, invocando la ley y la fe simultáneamente; y otra es la apropiación vernácula por parte de dirigentes sociales y ciudadanos comunes, que en muchos casos no están eligiendo ese lenguaje de manera estratégica, sino que simplemente no tienen otro disponible. El lenguaje de la política de clase, de la comunidad, de la reivindicación colectiva ha sido progresivamente desplazado del espacio público. En la escuela, la iglesia y los tribunales abundan las bendiciones. Eso es, en el sentido más estricto, hegemonía cultural completa, cuando hasta el que resiste tiene que pedir prestado el lenguaje del que domina para poder resistir.
La lucha política clave interpretativa
La salida bajo arresto domiciliario no es una absolución, ni siquiera un reconocimiento de que el proceso fue una persecución política. Es una medida sustitutiva con condiciones que perpetúan la contención del actor político, en donde un juez, Mynor Moto, les impuso una caución económica elevada, los inhabilito para ejercer cargos públicos e impuso restricciones severas que impiden el retorno de Pacheco a la vida política. Sin embargo, el MP, ahora con el nuevo fiscal general, ha reconocido ante la CIDH la existencia de «grupos de poder y estructuras de corrupción» que mantuvieron el control sobre el MP durante la gestión de Consuelo Porras. «Esa cooptación y desmantelamiento del MP motivada por un interés de impunidad y la corrupción ha logrado su concretización por medio de una instrumentación del derecho penal», afirmó. La pregunta que el caso deja flotando es incómoda y necesaria: ¿cuántos Pachecos y Chaclán más tendrán que pasar por el mismo mecanismo para que aprendamos a disputar el lenguaje del poder y no dejarnos llevar por la jerga jurídica solamente?
Mientras tanto, el pueblo de Totonicapán y las autoridades indígenas brindaron un episodio de dignidad a sus líderes. Los recibieron como héroes, los alzaron en hombros y les devolvieron la palabra que el Estado había intentado arrebatarles. Dejaron claro que defender los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo de Guatemala no es un crimen, es un deber político. El caso Pacheco-Chaclán no puede entenderse si no se lee en clave de clase. La cooptación del sistema de justicia no es un accidente. El Estado ha sido capturado históricamente por una élite económica y política que no tolera la disidencia. Cuando llega un gobernante con matices democráticos, no lo dejan ejercer, aunado al miedo que el actual mandatario tiene y su silencio e inacción actual, también lo hacen cómplice de esta cooptación.
El oportunismo político de Raíces y el silencio cómplice de Semilla
Pero el sistema no solo opera desde las instituciones, también se reproduce en la forma en que se gestiona la resistencia. Cuando el partido político Raíces decide pagar la caución económica de Pacheco y Chaclán, no apela a la razón de una lucha justa. Apela al oportunismo barato y cínico. Su anuncio: «no los dejaremos solos»; es una declaración de principios invertidos. Lo político efectivo hubiera sido pedir perdón por haberlos dejado solos tanto tiempo, por haberlos abandonado mientras el sistema los devoraba. Hubiera sido dar el dinero de la fianza en privado, sin aspavientos propagandísticos que huelen a cálculo electoral. Pero la política guatemalteca ha aprendido a vestir el oportunismo con ropajes de solidaridad.
Semilla, por su parte, ha guardado silencio. Un silencio que no es neutral, es cómplice. Bernardo Arévalo, el presidente que llegó al poder montado en las protestas de 2023, ha quedado desautorizado para hablar en causas sociales. Sus inacciones, sus silencios y sus concesiones al statu quo han vaciado de contenido su discurso de cambio. Cuando un presidente que debe su mandato a la movilización social calla ante la persecución de quienes hicieron posible su gobierno, su silencio no es prudencia, es traición. Raíces y Semilla, cada uno a su manera, confirman que el sistema no solo está en el poder, también está en la en esa parte del gobierno que se llama social demócrata, que ha aprendido a administrar la gestión estatal, sin transformar las condiciones que la generan las injusticias.
Recuperar el lenguaje de la política
El desafío, entonces, no es solo liberar a los presos políticos. Es recuperar el lenguaje de la política, reconstruir la gramática de la comunidad, devolverle al conflicto social su dimensión legítima y a la ciudadanía su capacidad de nombrar la injusticia sin tener que pedir prestadas las palabras del verdugo. Mientras sigamos discutiendo sobre tipicidad penal, seguiremos reproduciendo los mecanismos de exclusión; mientras sigamos celebrando medidas sustitutivas cuando deberíamos exigir justicia sustantiva, el sistema seguirá ganando. No porque sus jueces sean más astutos o sus fiscales más hábiles, sino porque hemos aceptado jugar en su cancha y con sus reglas. Y tanto sus normas, como sus comportamientos tienen el vicio corrupto del inició, que fueron creadas por una constitución que replicó el esquema de la contrainsurgencia, a pesar de la tímida apertura que provocó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
Actualmente hay que reconocer que el sistema ha ganado porque ha colonizado la forma en que pensamos, la forma en que hablamos, la forma en que soñamos. La fusión del lenguaje jurídico con el lenguaje religioso, la colonización del lenguaje de la resistencia por la gramática neoliberal, la ONG-ización de la protesta, la tecnificación de la lucha social; todos son mecanismos de un mismo dispositivo de dominación que ha conseguido que incluso el que resiste pida prestado el lenguaje del que domina.
Batalla por el sentido común
La pregunta que queda flotando, incómoda y necesaria, es: ¿cuándo vamos a aprender a disputar el sentido común? ¿Cuándo vamos a dejar de pedir prestado el lenguaje del poder para empezar a construir el nuestro? Porque mientras sigamos diciendo «eso es inconstitucional» en lugar de «eso es injusto», la indignación que provoca será distinta y la batalla ya estará perdida. Este caso, será el primero de muchos más, que darán vida al regreso de los exiliados, restaurará el derecho penal sin cambiar la forma en que se eligen los magistrados de las cortes. Pacheco-Chaclán no ha sido un episodio más en la larga historia de la persecución política en Guatemala. Se convirtió en una advertencia sobre cómo funciona el poder cuando ha logrado que incluso sus víctimas hablen su idioma. Y mientras no recuperemos nuestra capacidad de nombrar la injusticia en nuestros propios términos, el sistema seguirá ganando. No porque sea más fuerte, sino porque hemos olvidado que la primera batalla no se libra en los tribunales, sino en el sentido común. La primera batalla se libra en el lenguaje. Y mientras sigamos usando el lenguaje del enemigo para resistir, nuestra resistencia será solo un eco más de su poder.
