Protestas y bloqueos ponen en jaque al gobierno de Arévalo
Por Armando Tezucún
Durante la semana del 7 al 12 de septiembre el gobierno de Bernardo Arévalo enfrentó una fuerte oleada de protestas, expresadas en marchas, bloqueos de tramos carreteros y tomas de vías de comunicación importantes en la ciudad capital. El motor que impulsó estas luchas fue el desmesurado incremento en los precios de los combustibles, resultado, como sabemos, de la agresión de los gobiernos de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada en febrero de este año; al igual que el resto del mundo, Guatemala ha sufrido las consecuencias de esta absurda guerra.
A finales de febrero, el galón de diésel estaba a Q 28.75 (unos US$3.76); al 7 de septiembre, el precio se situó en un promedio de Q 46.89 (unos US$ 6.14), y la gasolina superior en un promedio de Q 43.58 (unos US$ 5,71). Estos incrementos han influido en los precios de la canasta básica, disparando la inflación, junto a una fuerte sequía que ha afectado la producción agrícola, provocando el aumento del precio del maíz y el frijol. La inflación pasó de 2.70% en julio a 3.37% en agosto.
Las protestas, sobre todo de las gremiales de transportistas, iniciaron desde la segunda quincena de julio, pero se generalizaron a inicios de septiembre, involucrando a otros sectores. Paradójicamente, esta ola de movilizaciones recuerda la de finales de 2023, cuando una buena parte de la población salió a las calles a defender el voto popular que había otorgado el triunfo electoral al partido Semilla de Arévalo, contra las maniobras del Ministerio Público de Consuelo Porras para anular los resultados electorales. Incluso algunas organizaciones populares han vuelto a tener protagonismo, como los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, los sectores barriales situados alrededor de la colonia Bethania, y pobladores de Villa Nueva. Pero lógicamente hay nuevos participantes, principalmente las gremiales de transportistas, tanto de buses extraurbanos como del transporte pesado, taxistas y choferes de los populares mototaxis.
La administración de Arévalo y el Congreso de la República aprobaron un primer subsidio entre mayo y julio, para aliviar la subida en los combustibles, apoyando con Q 8 por galón de diésel y Q 5 para los dos tipos de gasolinas. Este subsidio finalizó a inicios julio, cuando se agotaron los Q 2 mil millones asignados para el mismo. El 24 de julio el gobierno anunció una nueva propuesta de subsidio, esta vez de Q 12 por galón para el diésel y Q 3 por galón para la gasolina regular, sin beneficiar a la gasolina superior; esta medida permanecería vigente hasta finales del año. Adicionalmente se crearía una mesa técnica para analizar nuevas medidas si el conflicto en Medio Oriente continuara el próximo año. La propuesta fue enviada al Congreso, pero no tuvo apoyo para ser aprobada de urgencia nacional, teniendo que seguir el trámite ordinario de discusión en comisiones antes de pasar a discusión en el pleno de diputados; la mayoría de las bancadas no quedó satisfecha con los informes de los ministros sobre la ejecución del subsidio anterior, negándose a aprobar de inmediato la nueva propuesta.
Mientras el planteamiento de un nuevo subsidio se perdía en los pasillos del Congreso, el presidente Arévalo anunció el 7 de septiembre un nuevo proyecto de ley que propone un precio máximo para el consumidor de Q 39 por galón de diésel, cubriendo con un subsidio la diferencia si el precio fuera mayor; la medida duraría hasta el final del año. El 8 de septiembre el pleno del Congreso aprobó esta propuesta, estableciendo un precio de referencia de Q 39 para el diésel, Q 39 para la gasolina regular y Q 41 para la gasolina súper, destinando Q 2,500 millones para este subsidio.
Ese mismo día, representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y Autoridades Indígenas arribaron la capital para reunirse con el presidente Arévalo y con los diputados del Congreso de la República. Desde hace varias semanas los dirigentes indígenas han expresado su rechazo a que se aplique un nuevo subsidio a los combustibles, pues, según un representante de la Alcaldía Indígena de Sololá, este tipo de medidas solo beneficia a los empresarios (la nueva propuesta estipula que el subsidio sería otorgado a los empresarios importadores de combustible) (La Hora 08/09/2026). La propuesta de la dirigencia indígena ha sido la suspensión de los aranceles a los combustibles, en especial el Impuesto a la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además del tema del precio de los combustibles, los dirigentes plantearon la problemática de la Ley de Aguas y los efectos de la sequía que afecta al país. Mientras los compañeros esperaban respuesta a sus demandas, tanto de parte del gobierno como del Congreso, este último aprobó el nuevo subsidio a los combustibles; los dirigentes expresaron: “Guatemala no ganó, el pueblo guatemalteco no ganó”, y anunciaron que deliberarán nuevas medidas a tomar (La Hora 08/09).
El 9 de septiembre la Gremial del Transporte Extraurbano de Pasajeros realizó una caravana de unos 200 buses que ingresó al Centro Histórico de la ciudad capital. Sus representantes entregaron un memorial dirigido al presidente Arévalo en el que solicitan atención al problema del alza en los precios de los combustibles y le piden que vete la ley aprobada por el Congreso el martes 8. “No estamos de acuerdo con esos 39 quetzales. Creemos que no tienen un sustento técnico, no fue discutida en menos de 24 horas desde que el presidente de la República anunció su nueva propuesta” … “existe un contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo para beneficiar a un grupo determinado menos a la población nacional”, afirmó uno de sus dirigentes (La Hora 09/09/2026). Los transportistas afirmaron que, si la nueva ley es aprobada, tendrán que aumentar las tarifas a los usuarios, aunque decidieron esperar 8 días para tomar nuevas acciones. La propuesta del nuevo subsidio no ha sido aprobada en el Congreso, pues tuvo objeciones por parte de un diputado de oposición, mismas que serán discutidas en el pleno hasta el martes 22, debido a las fiestas patrias.
A partir del lunes 7 de septiembre los bloqueos de carreteras y vías de comunicación empezaron a crecer en número y en intensidad, con quemas de llantas, utilización de vehículos para atravesarlos en las vías, levantamiento de firmas para solicitar la renuncia del presidente Arévalo, etc. Las cámaras que agrupan a las gremiales de la burguesía se pronunciaron en contra de los bloqueos y dos de ellas exigieron al presidente decretar Estado de Prevención. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el día 8 para suspender los bloqueos. Muy obediente a los empresarios, la CC ordenó el viernes 11 al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, liberar los bloqueos, de lo contrario ambos serían destituidos; la CC les dio un plazo de seis horas para ejecutar los desalojos. Como ya es usual, esta resolución de la CC no fue unánime. Estuvieron a favor los magistrados aliados de las estructuras mafiosas y corruptas, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera; votaron en contra Anabella Morfin y el magistrado suplente Luis Fernando Bermejo. El presidente Arévalo agachó la cabeza ante la CC y el empresariado: “… (el presidente) por respeto al principio de legalidad en el ejercicio del poder público, debe limitar su función a girar las instrucciones a las autoridades administrativas correspondientes para que cumplan con lo ordenado en la ley y las instrucciones emitidas por ese Tribunal” (Prensa Libre 11/09/2026).
La represión contra los bloqueos inició alrededor de las 15:00 horas del viernes 11, tanto en el interior como en la capital, por parte de la PNC y elementos del ejército. Según el recuento final, fueron disueltos 34 bloqueos, 6 policías resultaron heridos, 15 personas fueron detenidas, 20 personas heridas por diferentes objetos, 92 personas atendidas por socorristas por intoxicación de gases lacrimógenos, crisis nerviosa o golpes de calor.
La actuación del presidente Arévalo y su gobierno deja en claro de qué lado está. En aras del respeto a la legalidad se ha plegado al empresariado y a su órgano legal, la CC; la legalidad que Arévalo dice respetar es la legalidad burguesa, la legalidad del Cacif, la legalidad de los explotadores. Este episodio marca la bancarrota de Arévalo y su partido Semilla, y su retoño Raíces, de cara a las elecciones de 2027.
El movimiento sindical, de los trabajadore organizados, se ha mantenido alejado de estas movilizaciones. Asistimos a un movimiento socialmente diverso; por un lado, lo que difusamente podemos denominar pobladores barriales, que incluye múltiples estratos, pero también tenemos presencia de la pequeña burguesía indígena representada por sus organizaciones ancestrales; como componente esencial, está la mediana burguesía del transporte, tanto urbano como extraurbano y transporte pesado. Pensamos que la dirigencia indígena tiene razón en que el sistema de subsidios direcciona los recursos a los grandes empresarios importadores petroleros, y en ese sentido sería preferible la suspensión de los impuestos que afectan a los combustibles.
Por último, y haciendo eco de opiniones que circulan en redes sociales, no olvidemos a los verdaderos culpables de la actual crisis: los gobiernos agresores y genocidas de Israel y Estados Unidos. Invitamos a las dirigencias indígenas y a los transportistas a organizar protestas y plantones frente a las embajadas de estos dos países, que con su guerra de agresión contra Irán han provocado la escalada de precios del petróleo.
Fuente: PSOCA
