Las elecciones del próximo año en Guatemala
Autor: Jairo Alarcón Rodas
No hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción.
Paulo Freire
La sociedad guatemalteca debe ser consciente de la importancia que tiene la elección de la persona que dirigirá el ministerio público, cargo que cobró notoriedad a partir de la función ejercida por Thelma Aldana, gestión que convergió con la misión encomendada por Naciones Unidas a Iván Velásquez al frente de la CICIG y que hizo temblar a los grupos de corrupción, estructuras paralelas enquistadas en el gobierno, que motivó la renuncia de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti y, no solo eso, por primera vez reveló la red de corrupción del empresariado guatemalteco.
Tales acciones, impulsadas por el ministerio público y la CICIG de ese momento, motivaron la movilización de muchos sectores de la sociedad del país, en las llamadas marchas del 2016, concentraciones que, lamentablemente, no lograron los frutos necesarios para quebrantar los cimientos de la corrupción que desde hace mucho tiempo impera en el país.
El poder económico de Guatemala, luego de la caída del binomio presidencial, con el apoyo de nefastos políticos y de un congreso de la república corrupto, eligieron presidente interino a Alejandro Maldonado, personaje de larga trayectoria dentro de los círculos de la derecha oscura del país. Hábil, elocuente, pero a todas luces ajeno a las causas progresistas del país, su elección significó el comienzo del reacomodo de las estructuras criminales que habían sufrido un duro golpe durante la presencia de la CICIG de Iván Velásquez en el país.
Con la elección de Jimmy Morales, producto del ineficiente sistema de partidos políticos vigente en el país, que no solo permite la escogencia de candidatos, que el sistema quiere, sino que obliga al electorado a escoger al aparentemente menos peor, lo que se vislumbró como un cambio significativo resultó ser el fin de la esperanza para el pueblo de Guatemala. Jimmy Morales expulsó a Iván Velásquez y a la CICIG, eligió a Consuelo Porras como Fiscal General, desobedeció las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, destruyó lo que se presagiaba como el comienzo una nueva era para el país y de ello también son responsables los que lo eligieron.
Durante la presidencia de Jimmy Morales, se sentaron las bases de lo que se denominó, “El Pacto De Corruptos”. Fue así como, Morales, gobernando bajo la sombra oscuros militares y de políticos de larga trayectoria delictiva en el país, se continuó con la cooptación de los poderes del Estado, siendo el principal objetivo, la corte de constitucionalidad, la corte suprema de justicia y el ministerio público. Y lo lograron, de modo que la CSJ, la CC, el MP, incluida la universidad de San Carlos pasaron a su control y, con ello, a la mayor crisis de credibilidad de las instituciones del Estado.
Tal cooptación se consolidó en el gobierno de Alejandro Giammattei, convirtiendo al país en un sumidero de oscuros negocios y transacciones y, no solo eso, a través de un ministerio público al servicio del Pacto de Corruptos, se persiguió a ex miembros de la CICIG, a fiscales, a jueces, a periodistas, a cualquier persona que se opusiera al Pacto de Corruptos. Y así, los delincuentes comenzaron a perseguir a todos aquellos que se opusieran en su camino, que constituye los negocios turbios de políticos y empresarios inescrupulosos.
Cabe mencionar que recientemente, en informe presentado el 1 de diciembre, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación sobre el desmantelamiento de la independencia judicial, la democracia y el sistema de contrapesos del Estado con la generalización de la criminalización. Esto como resultado de la injerencia de actores políticos y externos, convivencia de los organismos Judicial (OJ) y Legislativo y el incumplimiento del mandato del Ministerio Público (MP). No es de extrañar que en el exterior se vea al sistema de justicia guatemalteco como lo que es: una vergüenza para toda sociedad que pretenda se civilizada.
La ratificación en el cargo de la Fiscal General, por Alejandro Giammattei, consolidó aún más el plan siniestro del Pacto de Corruptos, cuya finalidad es perpetuarse en los tres poderes del Estado para tener el control total del país. De modo que tener bajo su dominio a la corte de constitucionalidad, a la contraloría general de cuentas y al ministerio público les significó continuar por cuatro años más asumiendo ese control.
De ahí que, ante la corrupción institucionalizada en el país, la cual es difícil mas no imposible erradicar, el gobierno de Bernardo Arévalo, pese a que contaba con el apoyo popular, no quiso asumir el compromiso de comenzar a erradicar las estructuras paralelas y grupos clandestinos enquistados dentro de la administración pública.
No obstante, y a pesar de ello, todavía hay algunos espacios rescatables que pueden quebrantar al Pacto de Corruptos, por lo que el próximo año será crucial para el país. El 2026 representa una nueva oportunidad para comenzar el recate de las instituciones y las instancias de poder de este país. La lucha será difícil ya que, por largos años, esas estructuras han mantenido el control del país.
La elección de los magistrados de la CC, de los magistrados del tribunal supremo electoral y el nuevo fiscal general, significa, para Guatemala, la lucha entre los sectores corruptos que se niegan a perder el control y sus privilegios en el país y la oportunidad de iniciar el cambio en un país históricamente golpeado por las desigualdades, la miseria, el terror y la corrupción. Innegablemente falta mucho camino por recorrer, pero es una nueva oportunidad para iniciar el cambio y no se debe desaprovechar.
No se debe olvidar que, en el 2026, también hay elección a Rector de la universidad de San Carlos y que la máxima casa de estudios superiores del país es pieza importante en el ajedrez político que juega el Pacto de Corruptos. Walter Mazariegos y sus secuaces miembros del Consejo Superior Universitario, harán lo imposible para continuar detentando el poder en la única universidad pública de Guatemala.
Como preámbulo a tal elección, el rector usurpador ha notificado el cierre de la universidad, por trabajos de remodelación del Campus Central, de modo que se presume que no habrá presencia estudiantil, al menos durante el primer semestre pues las clases serán en línea. Lo cual es un claro anuncio de que la resistencia por parte de las autoridades que detentan ilegalmente la universidad de San Carlos será grande.
El Pacto de Corruptos, enquistado tanto en el organismo judicial como en el legislativo y en algunos sectores del poder ejecutivo, se está articulando para no permitir que sean electas personas no afines a sus intereses y continúe la administración pública bajo su control, se juegan la vida. Por lo que harán lo imposible para ganar tales elecciones. Pero, ¿quién o qué grupo de abogados podrá comenzar el rescate de las instituciones, dentro un gremio tan desprestigiado en Guatemala? Y es que también se debe poner atención en los grupos que se dicen de oposición, pues puede que resulten ser algo de lo mismo.
La dependencia económica hace que los asalariados no actúen con plena libertad y en un país en donde la oligarquía ha mantenido el poder, a través de comprar voluntades y el uso de la fuerza durante mucho tiempo, pueden darse el lujo de financiar tanto al Pacto de Corruptos como a sus opositores. Desde luego que habrá abogados probos, honestos, íntegros, pero cada vez más ocultos, invisibilizados dentro del manto de corrupción que hay dentro de ese gremio.
El próximo año será un año crucial, de retos para la sociedad guatemalteca, curiosamente eso es lo que se dice cada vez que el año está a punto de terminar en este país y, triste y lamentablemente, las cosas no hay modo que cambien. No obstante, seguir proponiendo ideas, cuestionando acciones improcedentes, denunciando actos de corrupción, fiscalizando a los servidores públicos, creando cultura política en los guatemaltecos, deberá ser la labor de todo guatemalteco consciente de lo mal que está este país, si se quiere que Guatemala salga, en un futuro, de la miseria en la que se encuentra.
La atención deberá estar en las comisiones de postulación y en los candidatos, así como en los organismos encargados de elegir a esas autoridades, eso es lo que le queda a la sociedad civil guatemalteca en un país en donde predomina las instancias jurídico-legales sobre lo que constituye un verdadero Estado de Derecho.
