Game Over: el cambio de régimen que nadie vio venir, pero todos aceptan.

Mario Rodríguez

En las últimas semanas se ha consumado en Guatemala un cambio de régimen singular, ejecutado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos con una eficiencia quirúrgica. Es, quizás, la operación más sencilla que haya existido en la región. Bernardo Arévalo cumplirá su mandato, pero la conducción política del país ha quedado subordinada a lo que la embajada decida. Con lo cual el pacto de corruptos celebra y ejecuta.

Conviene ser precisos. La derrota del pacto de corruptos en las urnas no fue producto de la casualidad, sino de un momento político específico en que Arévalo representaba la mejor opción disponible. Su promesa central era combatir la corrupción y a quienes la sostienen. Sin embargo, al asumir el poder, dejó intactos a los corruptos en las instituciones clave del Estado. Su gobierno resultó incapaz de ejecutar prácticamente cualquier cosa, incluyendo obra pública básica.

Ese inmovilismo generó un desgaste monumental. Los sectores que lo apoyaron, los que votaron por su proyecto y toda persona decente que se sumó a la movilización social que le permitió llegar al cargo fueron diluyéndose progresivamente. Incapaz de gestionar alianzas, su bancada se aisló por la miopía de sus propios miembros, que se negaron a ver más allá de sus intereses inmediatos.

Y cuando debió actuar con decisión para cortar el problema de raíz, Arévalo se aferró al inmovilismo. Apostó por estrategias blandas para ganar tiempo, asumiendo que, a mitad del mandato, cuando los plazos constitucionales lo permitieran, podría reconfigurar las cortes, los tribunales y el Ministerio Público. Esa estrategia fracasó estrepitosamente. En menos de dos meses, la oposición, compuesta fundamentalmente por el frente oligárquico, el pacto de corruptos y los abogados reaccionarios, lograron triunfos importantes que nadie anticipaba.

El pacto criminal no solo resistió el intento de cambio, logró consolidar su poder y aseguró su expansión más allá de 2026. Volvieron a cooptar las instancias de justicia y se preparan para decidir quién puede y quién no puede participar en el próximo proceso electoral, en donde seguramente ya tienen decidido quién será el próximo presidente. Todo con la colaboración directa del Departamento de Estado.

Pero por qué ese cambio. Nadie lo vio venir. Ningún funcionario de la cancillería observó como los lobbies empresariales en Washington actuaban con total libertad. Tanta confianza en el pacto de cooperación tuvo el presidente con Estados Unidos que nunca se percato de está situación.

Cuando Arévalo llegó al poder, la administración de Joe Biden le extendió un paraguas de protección política. Washington frenó algunas de las maniobras más agresivas del pacto de corruptos y respaldó públicamente el proceso democrático, otorgándole oxígeno a un gobierno que nacía sitiado. Pero el nuevo ejecutivo fue incapaz de salir del coma inducido y dependió siempre de respiración asistida que la embajada le proporcionaba.

En los primeros meses se cambió a tantas personas en cargos directivos de los ministerios que pronto quedo patente que nadie quería asumir responsabilidades en el gobierno. Una vez conocida esa dinámica, fue el Ministerio Público quien definió los tiempos, la agenda y, sobre todo, los límites del poder ejecutivo. Arévalo no tuvo paz y se metieron con todos, porque él se los permitió.

Incapaz de gestionar los límites del poder, Arévalo cedió al Ministerio Público algo que ningún ejecutivo debería ceder, la capacidad de decisión sobre acciones políticas. Una institución cuya única atribución constitucional es la persecución penal terminó operando como un poder paralelo, con poder de veto y blindada por la Corte de Constitucionalidad en sus decisiones. Desde esa posición, bloqueó sistemáticamente al ejecutivo, desmanteló los casos contra funcionarios corruptos y fue liberando a todo aquel que demostrara fidelidad y asumiendo una política vengativa de persecución contra aquel que gestionó la justicia contra la corrupción.

En ese contexto fue la embajada quien asumió el rol de intermediación. La oposición y el pacto de corruptos interpretaron ese gesto como una alianza entre el gobierno de Arévalo y Estados Unidos, pero en realidad no lo era. Era, más bien, una relación de conveniencia. Los sectores progresistas, sin embargo, se desbocaron en elogios y dejaron de razonar más allá de lo que la embajada decía o quería. Sentirse protegidos le anulo la capacidad del pensar estratégico y los despojó de autonomía táctica.

Arévalo representaba en ese momento el activo adecuado para la narrativa regional de la Casa Blanca, siendo un gobierno democrático, reformista y presentable que podía mostrar resultados en asuntos bipartidistas vitales, como contener la migración, mejorar el comercio y consolidar un liderazgo en el llamado triángulo norte de Centroamérica. En un contexto en que Washington necesitaba demostrar que la democracia aún producía estabilidad en la región, el gobierno de Semilla cumplía una función política útil.

Pero ese respaldo nunca fue incondicional ni desinteresado. No buscó desmontar las estructuras profundas de corrupción ni desarticular el poder acumulado por el pacto político-empresarial que domina el Estado guatemalteco. Su función fue otra, más precisa, la de administrar el conflicto sin alterar los equilibrios estructurales. Proponer cambios sin cambiar nada. Cuestionar comportamientos sin perseguir a los responsables. Dejar hacer, dejar pasar y gestionar cualquier crisis que se presente.

Mientras eso pasaba, el país cumplía con las prioridades estratégicas de Estados Unidos, cooperación migratoria, alineamiento geopolítico en los temas de interés de Washington como —Taiwán, Ucrania e Israel— apertura a la inversión norteamericana. Así, el paraguas permanecía abierto. Sin que eso significará una cobertura total y un seguro contra todo riesgo.

La confianza a la potencia hegemónica fue total. Eso llevó a que el gobierno firmará acuerdos estratégicos con Estados Unidos en donde prácticamente cedió el control y manejo del puerto Quetzal, otorgó la administración de la ampliación de dicho puerto, así como la construcción de la ampliación de la autopista, todos los convenios con la participación directa del cuerpo de ingenieros del Ejercito de Estaos Unidos.

El precio fue alto, y el gobierno de Arévalo lo pagó puntualmente, pero no obtuvo nada adicional. Y la protección generó dependencia, y esa fue la mayor debilidad del ejecutivo de Arévalo, al reducir sus decisiones a meras ejecuciones y lo obligó a aceptar todo lo demás sin recibir nada a cambio.

El cambio de administración en Washington alteró ese cálculo de forma definitiva. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el lobby empresarial guatemalteco ya había movido sus fichas. Sus principales financistas gestionaron por separado, pero con el mismo objetivo, lograr una protección para Consuelo Porras, respaldar la constitución actual de las cortes de justicias, que en ese contexto continuación siendo claves para mantener la impunidad.

A través de redes políticas en Florida lograron posicionar una narrativa funcional al nuevo entorno político estadounidense. Ese relato se construyó apelando a los viejos esquemas de la Guerra Fría; Arévalo era parte de la agenda ‘woke’, el movimiento Semilla representaba un proyecto globalista de izquierda, y todos eran amigos de China y Rusia. Tan fácil como eso, logro convencer a los convencidos, principalmente actores anticubanos que se alineaban con Marco Rubio.

Trump no traicionó a Arévalo. Simplemente aplicó la misma lógica de siempre, respaldar al actor que en ese momento resultara más útil para los intereses estratégicos de Washington. Lo hizo en su primer mandato cuando desmanteló la CICIG y cuando Guatemala cedió a convertirse en tercer país seguro. La diferencia es que esta vez, quienes lograron convencerlo fueron los mismos que durante años operaron para desmantelar la lucha contra la corrupción.

Y aquí es donde la responsabilidad recae de manera directa sobre cancillería. El falló de forma monumental y su fracaso no fue menor ni circunstancial, es la causa principal de que esto ocurriera.

Un canciller competente habría gestionado los tiempos, los relatos y la relación bilateral con Estados Unidos antes de que la narrativa del lobby empresarial copara el espacio. Habría sabido aprovechar las palancas disponibles, el apoyo a Taiwán, el alineamiento con Israel, los compromisos migratorios, dado que herramientas y opciones siempre las tuvo disponibles. Sin mencionar que tenía vía directa con cuadros política de alto nivel en Estados Unidos. El embajador en Washington, un tecnócrata sin experiencia ni convencimiento del rol que debía jugar, nunca fue un factor de importancia.

Guatemala cumplió con cada prioridad estratégica que Washington le demandó, y no obtuvo a cambio ningún beneficio real más allá de cierta protección temporal para Arévalo. Eso es, en política exterior, un fracaso total. El canciller no supo —o no quiso— transformar esos activos en influencia. Y ese vacío fue el que llenó el lobby del pacto de corruptos.

La transición de apoyo fue rápida y quirúrgica. El embajador incómodo fue removido. La embajada, sin titular, operó como facilitador silencioso. Los magistrados de la Corte Suprema lograron colocar en su presidencia a la principal operadora del pacto de corruptos. La Corte de Constitucionalidad quedó definitivamente capturada. El Tribunal Supremo Electoral fue reconfigurado a dedo, lo que garantiza un proceso electoral viciado en 2027.

Mientras se producía este desplazamiento interno, Washington cerraba su propia agenda con notable eficiencia: se firmaron acuerdos migratorios, se avanzó en la modernización del Puerto Quetzal bajo supervisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense y, como movimiento final, se levantó la restricción histórica que impedía la venta de armamento al ejército guatemalteco, una limitación vigente durante décadas por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Con ese último movimiento, Washington reafirmó que su único aliado confiable en Guatemala es el ejército. Le arrebató a Arévalo quizás la única oportunidad de reformar la misión y visión de un ejército contrainsurgente formado para defender el poder oligárquico.

Sería un error interpretar esta historia como una simple disputa entre administraciones estadounidenses. El problema no es Trump. Tampoco fue Biden. No se trata únicamente del lobby empresarial ni del pacto de corruptos. Es de la inacción de un gobierno que lo tuvo todo para ser grande y prefirió ser insignificante.

El problema es más profundo, y tiene que ver con la inacción de un gobernante que no estuvo a la altura de las circunstancias, y con un canciller que no supo defender los intereses del país en el único escenario donde se jugaba la partida.

Guatemala, en prácticamente todos sus espectros políticos, sigue buscando en Washington la legitimidad que debería construirse dentro de sus propias fronteras. La política nacional continúa orbitando alrededor de la expectativa de aprobación externa, del embajador, del Departamento de Estado o de la Casa Blanca de turno.

El pacto de corruptos logró que Arévalo pierda más autonomía. Ahora solo le queda gestionar su salida. Dado que por el método que él mismo instituyo para designar a dos personas en la CC, terminará seleccionando posiblemente a personajes vinculados al estatus quo.

Estados Unidos logra un cambio de régimen sui generis. Permite que los corruptos y políticos de toda calaña puedan gestionar de la manera que más les convenga sus intereses y el cambio de régimen.

Así la embajada se consolida como el verdadero poder. Guatemala seguirá jugando su futuro en una mesa donde nunca ha controlado las reglas.

Y Arévalo, pues nada. A gestionar su retirada. Game over.

Fuente Blog Cartasis