Gabriel García Luna da un paso adelante, pero el peligro de la restauración sigue presente
Marco Fonseca
Los movimientos iniciales bajo la administración de Gabriel García Luna parecen indicar algo que habría parecido improbable hace apenas semanas, a saber, una tentativa de desmontar, al menos parcialmente, algunos de los mecanismos más visibles de persecución selectiva, judicialización política y uso faccioso del Ministerio Público que se consolidaron durante el periodo de Consuelo Porras. Conviene mantener cautela. No hay evidencia todavía de una transformación estructural del MP ni del sistema de justicia guatemalteco. Sin embargo, varios gestos recientes merecen atención puntual porque apuntan a revertir prácticas que erosionaron gravemente la legitimidad institucional.
Uno de esos gestos es el anuncio de una comisión para revisar casos contra personas exiliadas y procesos ampliamente cuestionados por organismos internacionales, juristas y sectores académicos (ver soy502.com/articulo/jef…). Si la revisión es seria y no meramente cosmética, implicaría reconocer algo fundamental como es que numerosos expedientes impulsados en años recientes carecían de suficiente sustento jurídico o estuvieron atravesados por motivaciones políticas. Y en los casos dentro de Guatemala sin posibilidad real de sostenerse deben concluir. No hacerlo perpetúa una forma de castigo extrajudicial mediante el desgaste económico, el exilio o la incertidumbre permanente.
La confirmación de absoluciones, como en el caso de la exfiscal Astrid Pimentel (ver lahora.gt/nacionales/so…), y las denuncias sobre retrasos prolongados en procesos como el de Claudia González (ver lahora.gt/investigacion…) muestran dos caras del mismo problema: no solo importan las condenas injustificadas; también la demora sistemática puede convertirse en mecanismo de castigo. Justicia tardía puede equivaler a negación de justicia.
En esa lógica, el eventual cierre o reestructuración de instancias como la FECI adquiere enorme significado político. La discusión no debe ser si existió alguna vez necesidad de combatir corrupción o impunidad, eso sigue siendo indispensable, sino cómo ciertos aparatos fueron percibidos, en años recientes, como instrumentos de guerra jurídica selectiva. El desafío consiste en reconstruir capacidades investigativas bajo estándares de profesionalismo (del más alto nivel posible), independencia, debido proceso y rendición de cuentas.
Igualmente relevante es la salida de operadores cercanos a la administración anterior, como Ángel Pineda, incluidos funcionarios cuya actuación fue asociada con confrontación política permanente. Las renuncias, sin embargo, no eliminan redes de influencia, ni los llamados netcenters, ni formas de presión mediática o judicial que sobreviven a los cambios de personal. Que el MP anuncie revisión de denuncias relacionadas con estas estructuras sugiere reconocimiento del problema (ver lahora.gt/nacionales/so…).
Pero el punto decisivo es otro. Reemplazar personas no equivale a reformar instituciones de modo profundo. El riesgo de retorno permanece mientras continúen intactos los incentivos, opacidades y márgenes discrecionales, junto con las redes corruptas, que hicieron posible la captura del MP. El objetivo no debe ser únicamente cerrar un ciclo; debe ser construir salvaguardas institucionales que vuelvan mucho más difícil, idealmente imposible, una nueva restauración autoritaria desde la justicia. Sólo entonces dejaríamos de depender de la buena voluntad de un fiscal y empezaríamos a hablar de transformaciones democráticas reales.
Fuente Blog RefundaciónYa
