Así controla Trump los beneficios del petróleo venezolano
Éric Toussaint (SinPermiso)
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar contra Venezuela que culminó con la captura y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y el traslado forzado de ambos a Estados Unidos. Durante esta agresión, para la que se emplearon 150 aeronaves, perdieron la vida un centenar de personas, entre ellas 32 cubanos que intentaron proteger la presidencia del país; el resto de las víctimas eran venezolanas. Pocas horas después, Donald Trump anunció que Washington pretendía controlar temporalmente Venezuela y explotar sus recursos petroleros.
Esta intervención supuso, por tanto, un punto de inflexión crucial en la historia reciente de Venezuela. La vicepresidenta de la República y otras autoridades aceptaron de facto la situación y se sometieron a la voluntad de Trump y su administración. La agresión armada perpetrada por el ejército estadounidense y la sumisión de las autoridades de Caracas han permitido a Washington hacerse con el control de las exportaciones petroleras del país y, sobre todo, controlar también las cuentas en las que se depositan los ingresos procedentes de dichas exportaciones.
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo
Esta cuestión cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta que Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Durante décadas, el petróleo ha constituido la principal fuente de ingresos externos del país. Hacerse con el control de estos ingresos constituye, por tanto, un paso clave para detentar el poder económico y político.
Ingresos petroleros relativamente modestos antes de la intervención estadounidense
En primer lugar, debemos recordar cuáles eran los ingresos petroleros registrados antes de la intervención del 3 de enero de 2026. Según los datos publicados en marzo de 2026 por el Banco Central de Venezuela, las exportaciones petroleras generaron 18.400 millones de dólares en 2024 y 18.200 millones de dólares en 2025. Se trata de ingresos por exportación de petróleo y no del beneficio neto de la empresa petrolera pública PDVSA ni de los ingresos fiscales del Estado.
Estas cifras son relativamente bajas si se tiene en cuenta el potencial petrolero del país y sus reservas petroleras. Reflejan, en particular, el nivel de producción, que sigue siendo muy inferior al de las décadas anteriores, a causa de las dificultades de la industria petrolera, las sanciones estadounidenses y las condiciones en las que Venezuela tenía que comercializar su petróleo.
El contraste con el periodo posterior al 3 de enero de 2026 resulta, por tanto, especialmente llamativo.
Washington toma el control de las exportaciones
Tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la Administración Trump flexibilizó algunas sanciones, lo que permitió a Venezuela vender su petróleo con mayor libertad en los mercados internacionales. Sin embargo, los ingresos procedentes de estas ventas no pueden ser controlados libremente por el Gobierno venezolano: han sido transferidos a cuentas gestionadas por las autoridades estadounidenses. El decreto presidencial estadounidense del 9 de enero de 2026 es especialmente revelador. Establece un mecanismo destinado a proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos. Washington presenta jurídicamente estos fondos como pertenecientes al Gobierno venezolano, pero los coloca bajo la custodia y el control de las autoridades estadounidenses.
Venezuela ya no controla libremente los ingresos derivados de su principal producto de exportación
Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico y según el mecanismo estadounidense, no se trata de una apropiación pura y simple de los ingresos por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Pero el resultado político y económico es fundamental: Venezuela ya no controla libremente los ingresos derivados de su principal producto de exportación. Washington controla su recaudación, su conservación y su desembolso. Esta situación confiere al dispositivo una dimensión claramente neocolonial.
Joaquín Castro, congresista demócrata, declaró al Financial Times: “La invasión de Venezuela por parte de Trump ha estado motivada, desde el principio, por el petróleo, el poder y la corrupción, ya que la Administración Trump controla miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos sin ninguna transparencia ni garantía”. Añadió que se mantenía al Congreso “en la ignorancia”. El medio señaló que “poco después de la incursión de enero, el presidente Trump declaró que esos ingresos ‘serían controlados por él’”. El diario londinense se hacía eco también de las palabras del presidente estadounidense: “En junio, Trump afirmó que Estados Unidos había recuperado ‘28 veces’ el coste de la operación militar en Venezuela gracias al petróleo, y que ‘tanto Venezuela como Estados Unidos estaban ganando mucho dinero’”.
Un fuerte aumento de las exportaciones
La toma de control por parte de Estados Unidos vino acompañada de un rápido aumento de las exportaciones de petróleo. Según el Council on Foreign Relations, el valor estimado de las exportaciones controladas por Estados Unidos pasó de unos 600 millones de dólares en enero a unos 3.700 millones de dólares en abril de 2026. Estados Unidos absorbió alrededor del 43 % de las exportaciones, la India el 26 % y España el 8 %.
En el primer trimestre de 2026, el Banco Central de Venezuela registró 5.491 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, lo que supone un aumento del 21,5 % con respecto al primer trimestre de 2025.
Pero hay que distinguir entre dos cosas: los ingresos contabilizados por las estadísticas venezolanas y las sumas de las que dispone efectivamente el Gobierno venezolano. Es precisamente en este segundo punto donde comienza la opacidad.
Más de 13.000 millones de dólares en ingresos desde enero
A finales de julio de 2026, en el mismo artículo del Financial Times antes mencionado, se estimaba que las ventas de petróleo venezolano habían generado más de 13.000 millones de dólares desde principios de año y que estos ingresos habían pasado por cuentas controladas por el Gobierno estadounidense. Esta estimación se basa en los volúmenes exportados y en los precios a los que se vendió el petróleo venezolano.
En julio se estimaba que las ventas de petróleo venezolano han generado más de 13.000 millones de dólares desde principios de año
La cantidad es considerable. Representa, en tan solo unos meses, aproximadamente el 70 % de los ingresos petroleros que Venezuela había obtenido durante todo el año 2025.
Sin embargo, no hay que interpretar estos 13.000 millones como un beneficio neto de Estados Unidos. Se trata de una estimación del valor de los ingresos procedentes de las ventas de petróleo sometidas al control del dispositivo estadounidense. Una parte de estos ingresos debe cubrir los costes relacionados con la comercialización, el transporte, los intermediarios y el funcionamiento de la industria petrolera.
La pregunta decisiva es, por tanto: ¿qué parte de estos ingresos ha revertido efectivamente en Venezuela?
Es aquí donde la opacidad cobra importancia. En enero se había establecido un primer mecanismo a través de una cuenta en Catar. El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que se habían transferido 300 millones de dólares a Venezuela, mientras que en dicha cuenta aún quedaban unos 200 millones. Posteriormente, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que finalmente se habían transferido a Venezuela la totalidad de los 500 millones.
Más tarde, el Departamento de Estado de EEUU indicó ante el Congreso que se habían autorizado unos 3.000 millones de dólares para su transferencia a Venezuela. Washington afirmó que estos fondos se destinaban, entre otras cosas, a financiar los gastos de funcionamiento del Gobierno venezolano y de la industria petrolera. Sin embargo, esta afirmación no permite conocer con certeza la cantidad efectivamente transferida y gastada.
El Gobierno venezolano, por su parte, hizo público un registro de transferencias en marzo de 2026. Pero en dicho registro solo figuraba una única transferencia de 300 millones de dólares. De acuerdo con el portal creado por el Gobierno de Delcy Rodríguez “Transparencia Soberana”, destinado a hacer públicos los ingresos y los desembolsos, el 15 de agosto de 2026 solo se mostraba esa operación de 300 millones de dólares, correspondiente a una “venta extraordinaria de fuelóleo”, destinada íntegramente, según la información presente en la página web en cuestión, al Fondo de Protección Social para el aumento del salario mínimo de los trabajadores en forma de bonos.
Por lo tanto, no hay manera de conciliar las cifras presentadas por los respectivos gobiernos.
¿A qué dice Washington que destina el dinero?
Según la información facilitada al Congreso, los fondos se han utilizado, entre otras cosas, para pagar los salarios de los trabajadores del Gobierno venezolano y financiar los equipos y suministros necesarios para la industria petrolera. Pero Washington no ha publicado ningún desglose que permita saber cuánto se ha destinado a salarios, cuánto a equipos petroleros y cuánto a otros gastos.
Esta falta de transparencia resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el Departamento de Estado había anunciado la puesta en marcha de un mecanismo de auditoría a cargo de KPMG, con informes trimestrales. El Council on Foreign Relations señaló recientemente que no se había publicado ningún informe público detallado.
Por otra parte, el Departamento de Estado ha firmado con KPMG un contrato que puede alcanzar los 84,4 millones de dólares para un mecanismo de transparencia sobre los ingresos procedentes de los recursos naturales de Venezuela.
La situación resulta, por tanto, paradójica: Estados Unidos controla miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos y ha establecido un mecanismo de auditoría, pero el público sigue sin disponer de un informe detallado que permita hacer un seguimiento de todos los flujos financieros.
Un poderoso medio de presión
El control de los ingresos petroleros proporciona a Estados Unidos un medio de presión considerable sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez
El control de los ingresos petroleros proporciona a Estados Unidos un medio de presión considerable sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez. Venezuela puede seguir exportando petróleo, salvo a Cuba –que, sin embargo, lo necesita de forma vital–, pero no dispone libremente de los ingresos derivados de dichas exportaciones. Washington decide las condiciones en las que se liberan los fondos y, de este modo, puede influir directamente en el gasto del Gobierno. Por lo tanto, el mecanismo va mucho más allá de las sanciones económicas que precedieron a la intervención. Las sanciones tenían por objeto impedir o limitar determinadas transacciones con Venezuela, pero el nuevo dispositivo permite a Washington controlar el circuito financiero de la inmensa mayoría de las exportaciones venezolanas.
El regreso de las compañías petroleras extranjeras
El control de los ingresos va acompañado de una transformación del sector petrolero. El nuevo Gobierno venezolano ha aprobado una reforma de la legislación sobre hidrocarburos que abre aún más el sector a la inversión extranjera y reduce algunas de las prerrogativas de las que disponía anteriormente PDVSA. Varias empresas extranjeras han reanudado o ampliado sus actividades en Venezuela. Entre ellas figuran Chevron, Shell, Eni, Repsol y, ahora, BP.
Esta evolución no significa que todas estas empresas trabajen por cuenta del Gobierno estadounidense. Pero se inscribe en una reorganización del sector petrolero impulsada por Washington: aumento de la producción, regreso de las empresas occidentales, mayor apertura al capital extranjero y control estadounidense del circuito financiero de las exportaciones.
Cabría esperar que el aumento de los ingresos se tradujera rápidamente en una mejora sustancial de la situación económica y social del país. Sin embargo, los efectos siguen siendo limitados. El Financial Times señalaba en julio que la economía venezolana no parecía experimentar una mejora acorde con la magnitud de los ingresos petroleros generados. El diario concluía denunciando que el mecanismo implantado por EEUU podría considerarse una relación “casi neocolonial”, en la que Washington ejerce su influencia sobre el Gobierno venezolano mediante el control de sus ingresos petroleros.
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Este artículo se publicó originalmente en SinPermiso
