Pacto Democrático por Guatemala
Editorial de La Gazeta
Por estos días, está casi de moda hablar, en espacios ciudadanos y democráticos, del Pacto Democrático por Guatemala, promovido por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y firmado por algunos partidos políticos el pasado 20 de agosto.
El planteamiento reconoce los Acuerdos de Paz como una referencia para democratizar al Estado guatemalteco y para la construcción de una sociedad «más justa, incluyente, plurinacional y multicultural». Asimismo, reconoce como referentes los movimientos sociales de 2015 y 2023 en contra de la corrupción y en defensa de la democracia.
Guatemala continúa viviendo una crisis estructural, producto de que, pese a que hay movimientos sociales que buscan fortalecer el Estado de derecho y derribar los muros de la corrupción y la exclusión, seguimos teniendo un país absolutamente desigual, que concentra la riqueza en pocas manos y la pobreza en la mayoría del país; donde casi la mitad de la niñez menor de 5 años vive en desnutrición crónica, se sigue excluyendo a la población indígena por racismo y las mujeres continúan sin poder ejercer plenamente sus derechos; seguimos viviendo con una doble moral que condena el aborto pero apoya la pena de muerte; las personas LGBTIQ+ ni siquiera sueñan con derechos. Guatemala cuenta con una institucionalidad deficiente, debilitada aún más por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, y por la cooptación del sistema de administración de justicia, tanto en el MP de Consuelo Porras como en las Cortes.
Todo esto se da en el marco del avance internacional de las fuerzas oscurantistas que, apoyadas y promovidas desde el actual Gobierno estadounidense, están dando al traste con los derechos humanos, la democracia y la pluralidad. Nos sorprendemos con sociedades que «eligen» a presidentes totalmente nefastos para la democracia, como si esperaran que los espejitos que han ofrecido sean la solución a sus necesidades; aunque algunos ni espejitos ofrecen, lo que sorprende mucho más. Este avance es muy evidente en América Latina y se da frente a nuestras narices, en las vísperas del proceso de elecciones generales 2027 de Guatemala.
Este Pacto Democrático se compromete a «impulsar un proceso permanente de diálogo, articulación y acumulación de fuerzas entre organizaciones políticas, movimientos sociales, pueblos indígenas, sectores académicos, organizaciones comunitarias y ciudadanía comprometida con el futuro del país» (debiera ser con el presente del país, porque no llegaremos a ningún futuro si no agarramos al toro por los cuernos).
Esto necesariamente tiene que pasar por el diálogo y el respeto mutuo, en búsqueda de la concertación; es decir, superar las viejas prácticas de descalificación y ataque que solo debilitan la unidad de las fuerzas progresistas. Hay que evitar el discurso de odio y la desinformación, pero también se necesita un serio compromiso para superar los cacicazgos y protagonismos.
Desde hace mucho tiempo se ha identificado que es la hora de acabar con esas divisiones, logar acuerdos políticos programáticos que vayan más allá de los acuerdos electorales y que pueda ser verdaderamente una alternativa viable de cara a las necesidades del pueblo guatemalteco y del país. Como dijo Juan José Hurtado:
Nadie tiene toda la verdad absoluta ni es capaz de transformar el país en solitario. Por eso es indispensable dejar de lado la prepotencia, la arrogancia y las competencias. […] Una sociedad democrática es, precisamente, aquella que reconoce que existen distintas miradas y aprende a convivir con ellas. La diversidad no debe ser un obstáculo que haya que eliminar. Por el contrario, puede convertirse en una fortaleza si somos capaces de encontrar aquello que nos une.
Lo que está claro es que tenemos un Estado, si no fallido, casi… corrupción, evasión fiscal, cooptación de la justicia, criminalización de la defensa de derechos humanos, exclusión y desigualdad, conculcación de derechos, privilegios y saqueo de las arcas públicas.
Tal vez más que solo defender la democracia, lo que necesita Guatemala es la refundación de su Estado, para garantizar que sea plurinacional, multicultural y multilingüe, con pleno ejercicio de derechos y desarrollo sostenible para todas las personas. Y esto solo puede lograrse a través de una amplia convergencia de todos los sectores interesados en lograrlo.
