La USAC en disyuntiva: la batalla legal que definirá el futuro de la tricentenaria
por Juan Calles
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la única universidad estatal del país y una de las instituciones más antiguas del continente, se encuentra en el epicentro de una crisis estructural que amenaza con desmantelar definitivamente su Autonomía y su función social. El 8 de abril de 2026, la reelección fraudulenta de Walter Ramiro Mazariegos Biolis como rector para el periodo 2026-2030, marcó un giro decisivo en la historia política contemporánea de Guatemala.
“Segundo fraude electoral”
Este evento, calificado unánimemente por sectores académicos y estudiantiles como un “segundo fraude electoral”, no es un hecho aislado sino la culminación de un proceso de captura institucional que se ha gestado a través de la manipulación de los órganos del gobierno universitario, el desacato a órdenes judiciales y una estrategia de represión sistemática contra la oposición que ha denunciado el rectorado ilegítimo de Mazariegos Biolis.
La trascendencia de esta crisis supera los muros de la ciudad universitaria, ya que la USAC desempeña un papel determinante en la integración de las Comisiones de Postulación que en la actualidad eligen a las Magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de las otras altas Cortes; al o la Fiscal General y Jefatura del Ministerio Publico (MP), convirtiéndose así en un engranaje vital para la captura del sistema de justicia guatemalteco.
El CSU: de garante de la representatividad a epicentro de la ilegalidad
El núcleo operativo de la captura de la USAC reside en el CSU, según el informe detallado de la Fundación Myrna Mack actualizado a febrero de 2026. El CSU se ha transformado en un instrumento de control político absoluto bajo el rectorado fraudulento de Mazariegos Biolis.
La recesión universitaria se ha profundizado por la prolongación indebida de los mandatos de sus integrantes, una táctica que ha permitido mantener una “mayoría funcional” leal a la rectoría de facto a pesar de que los periodos legales para los que fueron electos ya habían expirado.
Las denuncias y evidencias indican que, para inicios del 2025, se identificó que, al menos 37 miembros del CSU, ejercían sus funciones fuera de su periodo legal. Esta anomalía no es meramente administrativa, sino una estrategia deliberada para evitar la alternancia y garantizar que las decisiones críticas, incluyendo la organización de las elecciones de rector en el presente año, fueran tomadas por personas alineadas con los intereses de la rectoría.
A pesar que la CC emitió un fallo el 14 de febrero de 2025 señalando que la omisión de convocar a elecciones vulneraba los principios de legalidad y representatividad democrática, el CSU mantuvo una actitud de desacato y dilación que hasta la actual fecha se mantiene en la impunidad, y la que fue avalada finalmente por la CC del periodo 2021 -2026 saliente.
Tabla 1
Miembros del CSU con cargo vencido, mecanismo de control administrativo y fraude electoral
Fuente: elaboración propia de El Observador.
La permanencia de estos representantes con mandatos vencidos ha sido el mecanismo principal para consolidar la captura de la USAC. Al mantener a decanos y representantes cuyos periodos expiraron en 2023, la rectoría fraudulenta de Mazariegos Biolis se aseguró que no hubiera voces disidentes, capaces de frenar las reformas al reglamento electoral que se aprobaron para facilitar el fraude este 2026. Esta estructura de poder paralela no solo afecta la vida académica, sino que contamina los procesos de designación externa en los que la USAC tiene voto, perpetuando un ciclo de impunidad que se extiende hacia el Organismo Judicial.
La USAC en medio de una batalla legal: denuncias penales y la inacción de las Cortes de Justicia
La respuesta legal contra la administración de Mazariegos Biolis y el CSU ha sido extensa, aunque se enfrenta a un sistema de justicia cooptado por los mismos actores que se benefician del control sobre la USAC. Las acciones legales se centran en tres pilares: la usurpación de funciones por parte de consejeros con cargos vencidos, la manipulación fraudulenta del proceso electoral, y el incumplimiento de requisitos de idoneidad del rector.
Una de las denuncias fue la presentada por el diputado David Illescas del partido político en formación Raíces, dirigida contra 17 miembros del CSU por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Esta acción penal subraya que estos funcionarios han continuado tomando decisiones de alto impacto presupuestario y académico, a pesar que sus mandatos expiraron hace meses o años, lo que invalida legalmente cada acta y resolución emitida durante este periodo.
Tabla 2
Denuncias existentes contra integrantes del CSU
Fuente: elaboración propia de El Observador.
A pesar de la contundencia de las pruebas y la multiplicidad de acciones, la CC y Salas de Apelaciones han mostrado una tendencia a la indiferencia y a favorecer a la red que coopta a la USAC, permitiendo que los hechos consumados se impongan sobre la legalidad.
Esta inacción o retraso deliberado indican que la falta de un amparo provisional previo al 8 de abril permitió que el fraude se consumara, dejando a la USAC en una situación de indefensión jurídica donde la forma -los reglamentos manipulados- se privilegia sobre el fondo -la soberanía de los electores-.
A pesar que la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, confirmó que el MP se encuentra investigando las denuncias presentadas en el caso de las elecciones a rector de la USAC, así como las denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la comunidad universitaria es escéptica, ya que ha quedado demostrado que, en sus dos administraciones, el MP ha criminalizado a la resistencia en lugar de perseguir a quienes usurpan el poder institucional.
Las acciones legales del diputado José Chic buscan evidenciar a un rector fraudulento
José Chic, diputado de la bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), se ha distinguido en los últimos días por su activa participación en la fiscalización del proceso de captura de la USAC. Su estrategia se centra en el uso de las facultades legislativas de citación y en la interposición de denuncia penales enfocadas en la transparencia presupuestaria, así como en el uso de la fuerza pública durante los eventos electorales.
Las acciones documentadas del diputado incluyen:
- Denuncia por opacidad presupuestaria.
- Fiscalización de la Policía Nacional Civil (PNC) en Antigua Guatemala, el 8 de abril 2026.
- Citación de funcionarios y electores; y,
- Denuncia de gastos suntuarios.
Estas acciones buscan quebrar el cerco de impunidad mediante la exposición pública de los mecanismos de financiamiento y protección política que sostienen la administración de Mazariegos Biolis, exigiendo que los funcionarios universitarios rindan cuentas como cualquier otro servidor público. En el siguiente enlace pueden consultarse los perfiles de 16 integrantes del CSU denunciados por el diputado Chic Cardona, y también se puede ingresar al enlace de la querella que presentó:
Bernardo Arévalo de León, cuestionado y dubitativo
La actuación del Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, frente a la situación de la USAC y la elección fraudulenta de Mazariegos Biolis para un segundo periodo, ha sido uno de los puntos de mayor fricción y decepción para la comunidad sancarlista. Arévalo de León, quien durante su campaña electoral y como diputado del Movimiento Semilla fue crítico feroz del primer fraude de Mazariegos Biolis en 2022, se encontró en 2026 en una posición de Poder Ejecutivo que generó altas expectativas de intervención o, al menos, de un liderazgo moral más contundente.
En los días previos a la elección, el mandatario y la Vicepresidenta de la República, Karin Herrera Aguilar, emitieron declaraciones defendiendo la Autonomía de la USAC y exigiendo transparencia. Herrera Aguilar, ex integrante del CSU como representante del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI) para el periodo 2015-2017, fue particularmente enfática al señalar que:
“La USAC no puede ni debe ser objeto de ningún tipo de negociación”.
Sin embargo, tras la consumación del fraude el 8 de abril, la respuesta presidencial se centró en un respeto escrupuloso a las formas institucionales, lo que fue interpretado por parte de la comunidad universitaria como una “indiferencia desconcertante”.
Arévalo de León delegó la responsabilidad de resolver la crisis, exclusivamente en el sistema de justicia, publicando comunicados en donde solicitó a las Cortes que dieran “certeza al proceso”. Aunque manifestó solidaridad con los estudiantes y ordenó a la PNC proteger el derecho a manifestarse, su negativa a fijar una postura política de rechazo total a la legitimidad de Mazariegos Biolis, fue calificada como una traición a los principios y al apoyo de los universitarios que lo llevaron a la Presidencia de la República.
Tabla 3
Percepción de la comunidad universitaria ante las acciones de Bernardo Arévalo de León
Fuente: elaboración propia El Observador.
La crítica más severa proviene de sectores que señalan que el gobierno de Arévalo de León no ha impulsado reformas estructurales para sacar a las universidades de las Comisiones de Postulación, lo que mantiene a la USAC como el “botín político” principal de las redes que buscan capturar el Estado. Mientras el presidente guarda silencio o se limita a expresiones de empatía, la estructura de Mazariegos Biolis se consolida y avanza, dejando a la institucionalidad de la USAC en manos de los sectores que responden a los intereses de la corrupción organizada.
De protestas a paradigmas: cómo la resistencia estudiantil puede redefinir la sociedad
La crisis en la USAC no solo afecta la administración de la justicia; tiene un impacto directo en la formación de más de 200,000 estudiantes y en la calidad de la educación superior en Guatemala. El uso de la virtualidad como herramienta de control político, ha sido una de las tácticas más perniciosas de la administración de Mazariegos Biolis.
Previo a la elección del 8 de abril, el Campus Central fue cerrado bajo la excusa de trabajos arqueológicos y se decretaron clases virtuales para evitar que los estudiantes se organizaran físicamente.
Esta medida ha afectado a aproximadamente 99,000 estudiantes solo en el Campus Central de la USAC, limitando su acceso a laboratorios, bibliotecas y espacios de debate. La resistencia universitaria, sin embargo, ha encontrado formas de manifestarse. Marchas, plantones, conciertos, jornadas de atención jurídica y medica gratuitas, acercando de esa manera a la población a su exigencia por la liberación de la universidad.
A nivel internacional, la situación ha generado un rechazo creciente. La inclusión de Mazariegos Biolis en la Lista Engel de Estados Unidos y los informes críticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) sobre la falta de transparencia en la USAC, la han aislado de las organizaciones académicas mundiales. Organizaciones como la Fundación Myrna Mack, entre otras, han advertido que permitir la consolidación de este fraude es aceptar la muerte de la educación pública autónoma en el país.
Otros observadores críticos como Marco Fonseca hablan ya de una muerte de facto de la Autonomía de la USAC con el segundo fraude perpetrado en la rectoría, y la urgente necesidad de una Reforma Universitaria profunda, lo que en las actuales condiciones fraudulentas e ilegítimas de Mazariegos Biolis como parte de la estrategia del “Pacto de Corruptos e Impunidad”, parece lejana.
Sumado a ello, la captura de la USAC en 2026 es el presagio de un reacomodo de poder que definirá la justicia en Guatemala hasta la próxima década. El control de Mazariegos Biolis sobre el CSU le otorga una influencia desproporcionada en las Comisiones de Postulación para influir en la elección de Magistraturas en las altas Cortes guatemaltecas.
Si la USAC continúa cooptada, el proceso de selección de jueces/juezas y magistrados/as queda viciado desde su origen, garantizando un sistema de justicia que no persiga la corrupción institucionalizada. El silencio del Ejecutivo y la parálisis de las Cortes de Justicia no son solo omisiones administrativas, son factores que permiten que la estructura de cooptación se fortalezca.
Fuente El Observador
