Hacer lo correcto, no debería tener tiempos políticos exactos
Bajo el ejercicio de la tercera legislatura del Congreso, presidida por los panistas, se aprobó en 1996 la Ley de Tránsito, la cual en su artículo 29 establece que “todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública deberá contar, como mínimo, con un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley”. Es decir, que han transcurrido 29 años sin que esta ley se aplique, dando paso a un elemento más del descalabro vial que vivimos. Cada día que se suma a la ausencia del cumplimiento de este artículo, suma al tortuoso y cotidiano desorden e insostenible transitar.
Poco a poco, frente a la incapacidad y corrupción de los gobiernos de Arzú del PAN, Portillo del FRG, Berger de la GANA, Colom de la UNE, Pérez Molina del PP, Morales de FCN Nación y Giammattei de VAMOS, el deterioro se fue haciendo cada vez peor y ahora la sociedad sufre en diversas dimensiones esta irresponsabilidad. Un transporte masivo y público inexistente, crecimiento de medios de transporte ilegales, desamparo de la población frente a la delincuencia, accidentes viales cada vez más continuos y un sistema de salud colapsado por la cantidad de víctimas de este descalabro.
Las Naciones Unidas realizó un informe donde detalló que en 2023 se registraron 8,218 accidentes de tránsito, siendo así la cifra más alta reportada en los últimos 12 años. Estos datos quieren decir la existencia de 22 accidentes viales diarios, que implicaron una cauda diaria de 6 personas fallecidas, es decir 2,275 personas fallecidas en un año. En el mismo año ya existían 5.3 millones de vehículos, de los cuales 46.8% son motocicletas. En 5 de cada 10 accidentes estuvieron involucradas motocicletas, con consecuencias más graves para sus tripulantes y terceros.
Frente a lo anterior el Gobierno de la República decidió, el 16 de marzo publicar cuatro acuerdos que reglamentaban la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y sus ocupantes, tal y como lo establece la ley aprobada hace 29 años. La respuesta de las mafias y los corruptos del país, aprovechándose de la pobreza de la población, salieron a generar caos e inestabilidad social. Diputados de los partidos políticos irresponsables y corruptos corrían de un lugar a otro para ver quién vociferaba más fuerte y quién podía hacer el show más grandilocuente. Es necesario hacer notar que muchos de estos diputados y/o políticos de la derecha más rancia formaron parte y fueron funcionarios en gobiernos pasados. Con un espurio y obsceno aumento salarial se montaron en una narrativa de defensa de los intereses populares y se sumaron a los grupos que tienen a su cargo medios de transporte ilegales para generar caos.
Así como hacer lo correcto no debería tener un tiempo político exacto, las mafias tampoco lo tienen en su afán de engaño a la población, de saquear los magros recursos públicos y en su espuria necesidad de retornar a gobiernos de la corrupción y la violencia, como en los tiempos de los acá mencionados.
Jorge Santos
Defensor de derechos humanos, amante de la vida, las esperanzas y las utopías, lo cual me ha llevado a trabajar por otra Guatemala, en organizaciones estudiantiles, campesinas, de víctimas del Conflicto Armado Interno y de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Creo fielmente, al igual que Otto René Castillo, en que hermosa encuentra la vida, quien la construye hermosa.
fuente La Hora
