El Puerto Quetzal y la Nueva Arquitectura del Poder en Guatemala

Mario

Mario Rodríguez

Durante años, hemos visto la ampliación del Puerto Quetzal como un simple proyecto de infraestructura logística, necesaria para el desarrollo nacional y exigida por los empresarios aglutinados en el CACIF. Sin embargo, cuando miramos las piezas del rompecabezas en conjunto, la reciente Ley General del Sistema Portuario Nacional (Decreto 20-2026), la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) y el ambicioso proyecto del Canal Interoceánico, lo que emerge no es solo un puerto, sino una reconfiguración completa del territorio guatemalteco bajo una lógica geoeconómica y de seguridad transnacional.

La Ley como Vehículo de Acumulación

El Decreto 20-2026 no es un simple reglamento técnico; es el andamiaje jurídico que permite la expansión del capital sobre los bienes públicos. La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y, más importante aún, introduce el Usufructo Oneroso Portuario (USOP). Esta figura permite entregar derechos de uso y explotación sobre el lecho marino y el espejo de agua a privados por hasta 50 años (prorrogables por 50 más).

Lo que antes era dominio público inalienable, ahora es un activo financiero que puede ser cedido o gravado. Es la legalización de la acumulación por desposesión, como lo llama Harvey, el territorio se convierte en un activo rentable para corporaciones y élites locales.

El USACE y la Soberanía Técnica

El aspecto más distintivo del caso Quetzal es la participación directa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE) como asesor y gestor. Aunque el Estado guatemalteco asume los costos financieros (con un fondo inicial de US$110 millones), son los estadounidenses quienes controlan el diseño, los estándares de construcción y la supervisión.

Esto no es casual. La ley permite contrataciones directas “Gobierno a Gobierno” (G2G) para sistemas de vigilancia y seguridad (Artículo 55). En la práctica, esto institucionaliza un punto de control estratégico en el Pacífico guatemalteco, justificado bajo la lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad responde a la necesidad de Washington de asegurar sus cadenas de suministro y contrarrestar la influencia china en la región, como el Puerto de Chancay en Perú y su participación en el Canal de Panamá.

Según la información disponible, su rol no se limita a la ampliación del puerto en el Pacífico:

· Supervisión Estratégica: En mayo de 2025, el Ministerio de Defensa de Guatemala designó al USACE como supervisor y auditor principal de proyectos de infraestructura estratégica, incluyendo la modernización de Puerto Quetzal y el sistema ferroviario.

· Diseño del Corredor: El USACE está a cargo del diseño y la gestión de la ampliación del puerto, con una inversión estimada que supera los US$600 millones y un cronograma que se extiende por varios años. Paralelamente, ingenieros del Ejército de EE. UU. han realizado inspecciones para evaluar la rehabilitación de la vía férrea que conectaría los puertos del Atlántico (como Santo Tomás de Castilla) con la costa del Pacífico.

· Financiamiento y Control: Aunque Guatemala financia las obras (con un pago inicial de US$63.8 millones y un fondo de US$110 millones para infraestructura de apoyo), el USACE controla el diseño, los estándares de construcción (bajo normas federales de EE. UU.) y la supervisión de las contrataciones.

El Canal Seco: La Pieza Final del Dominó

La ampliación de Puerto Quetzal no tiene sentido de forma aislada. Su verdadero valor estratégico reside en su conexión con el Atlántico (Puerto Santo Tomás de Castilla) a través del proyecto del Canal Interoceánico o “Canal Seco”. Aquí no nos estamos refiriendo al otro corredor, al llamado corredor tecnológico que impulsa un grupo de ex militares y empresarios vinculados a El Salvador.

La ley portuaria habilita esta integración al promover la intermodalidad, coordinar con Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) para los accesos ferroviarios y estandarizar la seguridad en todo el corredor. El USACE ya ha realizado inspecciones para evaluar la rehabilitación de la vía férrea.

La lógica es clara, si EE. UU. controla técnicamente el puerto en el Pacífico y supervisa el corredor ferroviario que cruza el país, tiene un control efectivo sobre el flujo de mercancías entre océanos, sin necesidad de construir un canal acuático.

Los convenios suscritos por Guatemala con Estados Unidos reflejan una interoperabilidad técnica y normativa que trasciende la financiación, pues incluye la participación en la Alianza para la Infraestructura y la Inversión Globales (PGII), propuesta por el G7, como respuesta a la iniciativa china de la Franja y la Ruta de la Seda. Esto se concreta a partir de la interoperabilidad de los sistemas aduaneros estadounidenses con puertos marítimos fuera de su territorio, incluida la presencia de fuerzas armadas locales en custodia de infraestructura crítica utilizada para el comercio de bienes estadounidenses.

El otro elemento que vincula está infraestructura con la estrategia geoeconómica del estado transnacional, es la justificación antidrogas opera como mecanismo de legitimación de la militarización. La instalación de sistemas de vigilancia, el fortalecimiento de capacidades logísticas y la presencia de fuerzas de seguridad funciona no solo para el control del comercio ilícito, sino como condición previa para garantizar estabilidad territorial frente a posibles resistencias sociales, ambientales o comunitarias derivadas de la expansión portuaria y la reconfiguración del uso del suelo costero.

El puerto Quetzal pasa de ser zona clásica de acumulación productiva a territorio de experimentación logística y de seguridad del capitalismo transnacional, un espacio donde la infraestructura estratégica se prueba con dispositivos de seguridad, articulados no para generar valor en el territorio, sino para facilitar, acelerar y proteger la circulación del capital global.

El programa Alianza Aduanera contra el Terrorismo (CTPAT) ilustra el mecanismo. Creado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tras el atentado del 11-S, este mecanismo certifica como “socios confiables” a operadores de la cadena logística que implementan estándares de seguridad física, tecnológica y procedimental, y comparten datos e imágenes en tiempo real con la agencia estadounidense. En la práctica, trasciende su formulación técnico-comercial y se erige en instrumento de externalización del control fronterizo y de proyección de soberanía regulatoria; la certificación se vuelve requisito de facto para operar en los principales puertos de la región, mientras los gobiernos locales aceleran la concesión a operadores globales y fomentan una privatización de la seguridad portuaria basada en tecnologías de vigilancia supervisadas indirectamente por agencias estadounidenses.

El resultado es una reconfiguración profunda de la soberanía logística, que busca también, el control de los flujos comerciales y asegurar el flujo de las cadenas de suministros, al integrar sus infraestructuras críticas a los sistemas de seguridad estadounidenses, impidiendo que otros competidores puedan participar en la oferta de bienes y servicios. Así los Estados ceden capacidad decisoria sobre todos los flujos comerciales, generando una soberanía fragmentada y vulnerable, y los puertos dejan de funcionar predominantemente como infraestructuras nacionales de desarrollo para convertirse en nodos de una frontera móvil y expandida.

La nueva ley portuaria y la ampliación del Puerto Quetzal ¿Desarrollo o Subordinación?

El discurso oficial nos habla de “competitividad” y “reducción de costos logísticos”. Pero el análisis crítico revela una integración subordinada. Guatemala asume la deuda y los riesgos, mientras que el diseño, el control y la ejecución quedan en manos de intereses extranjeros. La ley no solo moderniza los puertos; reconfigura la soberanía efectiva sobre el territorio, alineando la infraestructura crítica del país con la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de las élites agroindustriales locales.

El Puerto Quetzal y el futuro Canal Seco son, en definitiva, el escenario donde se dirime la disputa por la hegemonía en el siglo XXI. Y Guatemala, una vez más, juega el papel de territorio en disputa, o quizás sería mejor decir, territorio cedido al mejor postor.

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