El precio de la impunidad institucionalizada: el caso Molina Barreto

La reelección de un magistrado cuestionado en la Corte de Constitucionalidad no es un hecho aislado, es el síntoma de un sistema que ha aprendido a reproducirse y ampliar sus dominios.

Un nombramiento que no sorprende, pero que debe alarmar

Con 100 votos a favor emitidos en medio de protestas ciudadanas y advertencias internacionales, el Congreso de la República ratificó a Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 y a Luis Rosales como suplente.

No será su primer período, ni su segundo, ni su tercero, será el cuarto. Cuatro décadas acumuladas al frente del máximo tribunal constitucional del país, suficientes para dejar una huella que sus críticos describen no como jurisprudencia, sino como arquitectura de la impunidad.

El hecho no puede leerse como un juego de ajedrez. Para comprender la dimensión que este hecho tiene, es necesario examinar el historial documentado del magistrado, la naturaleza de la coalición que lo eligió y las consecuencias concretas que este nombramiento tiene para el Estado de derecho guatemalteco.

Un expediente que habla por sí solo

El perfil jurídico de Molina Barreto no está construido sobre suposiciones. Está trazado por sus propias resoluciones. Cuatro casos ilustran con claridad meridiana la orientación de su actuación:

• El genocidio impune: En 2013, Molina Barreto fue uno de los magistrados que firmó la resolución que anuló la condena histórica de 80 años de prisión contra el exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de comunidades mayas ixiles. El argumento fue de carácter procedimental. Pero eso le permitió ser candidato a vicepresidente en conjunto con la hija de Ríos Montt.
• La protección al crimen organizado: Se le señala por resoluciones que favorecieron a presuntos narcotraficantes, entre ellos Aldo Ochoa, alias «El Lobo», identificado como uno de los líderes de la pandilla Barrio 18.
• El caso Fénix y las redes de lavado: Su nombre aparece vinculado a investigaciones del caso Fénix, donde habría actuado como notario en empresas asociadas a una red de lavado de dinero relacionada con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
• La inmunidad a un presidente corrupto: En 2015, votó a favor de frenar el retiro de inmunidad al entonces presidente Otto Pérez Molina, posteriormente condenado por corrupción.

Considerados en conjunto, estos casos no configuran errores o criterios discutibles propios de cualquier trayectoria judicial. Configuran un patrón. Y los patrones, en el análisis jurídico e institucional, son el dato más relevante.

La coalición que lo eligió, cuál es el mapa del poder real

Ningún magistrado llega a la CC por mérito propio. Llega porque alguien lo necesita allí. En el caso de Molina Barreto, la coalición que articuló los 100 votos en el Congreso incluyó bloques como Valor y Unionista, identificados con los sectores más conservadores de la élite política y económica guatemalteca. El diputado oficialista Samuel Pérez no fue impreciso al señalar que detrás de esta elección se encontraba «la más rancia oligarquía corrupta» y operadores con intereses directos en el control del Poder Judicial.

La sesión legislativa en que se concretó el nombramiento fue descrita como caótica y carente de transparencia. Ni las advertencias del gobierno de Estados Unidos, que declaró explícitamente que no toleraría la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en estos procesos, ni la carta entregada por autoridades indígenas al Congreso solicitando que no se votara por perfiles como el de Molina Barreto, lograron alterar el resultado. Esto no revela debilidad de los opositores, revela la solidez y disciplina de la red que lo promovió.

Cuando el propio magistrado electo ha expresado públicamente su apoyo a la fiscal general Consuelo Porras, ampliamente cuestionada por organismos internacionales y por la comunidad jurídica nacional, el cuadro se completa. No estamos ante una magistratura independiente que buscará interpretar la Constitución con criterio propio. Estamos ante un actor integrado a una red de poder que tiene agenda, memoria y beneficiarios identificables.

El magistrado como símbolo

En política, los símbolos importan tanto como los hechos. Y Molina Barreto no es solo un magistrado con un historial cuestionado, es una bandera. Para los sectores más conservadores de la derecha fascista guatemalteca, aquellos que nunca terminaron de aceptar las conclusiones de los Acuerdos de Paz, que ven en la justicia transicional una amenaza y en los derechos humanos una agenda foránea, su presencia en la CC representa una garantía.

La garantía de que el tribunal que más ha incomodado a sus intereses en los últimos veinte años no se convertirá en un instrumento de transformación social. La garantía de que los juicios por crímenes de lesa humanidad seguirán encontrando obstáculos procesales suficientes para postergarse indefinidamente. La garantía, en última instancia, de que la versión de Guatemala que ellos defienden: jerárquica, extractiva, blindada frente a la rendición de cuentas y con impunidad, permanecerá protegida por el andamiaje constitucional.

Pero hay algo más revelador aún, la capacidad de Molina Barreto para funcionar como punto de convergencia entre actores que, en apariencia, no deberían tener nada en común. El empresario que teme regulaciones ambientales que afecten sus concesiones mineras y el empresario que tiene capturado el presupuesto público, el político que tiene carpetas abiertas en el Ministerio Público y no termina de alinearse, el militar retirado que no quiere ver a sus camaradas en el banquillo, y el operador del crimen organizado que necesita que sus redes no sean desarticuladas judicialmente, todos ellos encontraron en este nombramiento un interés compartido.

Este es el verdadero logro político detrás de su elección, la construcción de una coalición transversal del privilegio. No es ideología lo que une a narcotraficantes con empresarios de la élite tradicional y con operadores del aparato estatal. Es el miedo común a un poder judicial que funcione. Y Molina Barreto, con su trayectoria, ofrece la certeza de que ese escenario no ocurrirá bajo su guardia. En ese sentido, su nombramiento no es solo una decisión judicial, es un pacto político criminal.

La herida abierta del conflicto armado, los pueblos indígenas y la justicia negada

Para entender la magnitud del daño que representa la continuidad de Molina Barreto en la CC, es necesario detenerse en el capítulo más oscuro de su legado, su relación con la justicia por el conflicto armado interno y con los derechos de los pueblos indígenas.

En 2013, Guatemala vivió un momento histórico con la condena de Efraín Ríos Montt por genocidio contra el pueblo ixil fue la primera vez en la historia que un exjefe de Estado era condenado por ese crimen institucional de que el Estado guatemalteco había cometido atrocidades sistemáticas contra sus propios ciudadanos. Molina Barreto firmó la resolución que deshizo ese hito. El argumento técnico-procedimental que esgrimió para anular la condena sirvió de cobertura jurídica para lo que, en términos sustantivos, fue una decisión política, impedir que el relato oficial de la guerra fuera sancionado por la justicia.

Las autoridades indígenas que entregaron una carta al Congreso pidiendo que no se votara por su nombramiento no actuaban desde la abstracción. Actuaban desde la memoria concreta de lo que significa tener a un magistrado dispuesto a utilizar el formalismo jurídico como instrumento para enterrar décadas de impunidad bajo otro manto de impunidad. Su advertencia fue ignorada. Esto, en sí mismo, habla del peso que tienen las voces de los pueblos originarios en los espacios de decisión política guatemalteca.

Las consecuencias para el Estado de derecho

La CC no es un tribunal ordinario. Es el árbitro final de la Constitución, que decide qué leyes son válidas, qué derechos se protegen y cuáles se restringen, qué poderes pueden ejercerse y cuáles deben frenarse. Tener a un magistrado con el historial descrito en ese tribunal no es una irregularidad tolerable dentro de un sistema funcional, es una vulnerabilidad estructural que afecta a toda la arquitectura democrática.

La presencia de Molina Barreto consolida la probabilidad de que se forme una mayoría en la CC dispuesta a frenar investigaciones anticorrupción, limitar el acceso a la justicia de comunidades vulnerables y blindar a actores políticos y económicos frente a la rendición de cuentas. Y esto no es una especulación, es la proyección lógica de los precedentes que él mismo ayudó a crear.

Arévalo y el cálculo de la derrota anunciada

Hay una forma de leer el silencio de Bernardo Arévalo que no es la de la cobardía ni la de la ingenuidad, sino la del cálculo frío. El presidente sabía que los votos no estaban, que la coalición que llevó a Molina Barreto a la CC era suficientemente sólida como para resistir cualquier presión que él pudiera ejercer, y que involucrarse públicamente solo le garantizaba una derrota con nombre y apellido. Desde esa lógica, su decisión de llamar a los diputados para anunciarles que no se metería fue menos una renuncia que una retirada táctica, si el resultado iba a ser el mismo con o sin su intervención, ¿para qué gastar capital político en una batalla perdida de antemano?

La justificación que suele ofrecerse para este tipo de retirada es la de respetar la separación de poderes. Pero hay una diferencia sustantiva entre respetar la independencia del Legislativo y abdicar de toda capacidad de interlocución política.

El problema con ese razonamiento es que revela, con una claridad que ningún discurso oficial puede ocultar, la verdadera dimensión del poder real de Arévalo. Un presidente que hace el cálculo de que no puede mover suficientes votos en el Congreso para incidir en una decisión de esta magnitud no está ejerciendo una presidencia fuerte con una oposición difícil, está administrando los márgenes que le dejaron quienes controlan el poder de fondo.

La pregunta que queda flotando no es si tomó la decisión correcta tácticamente, sino cómo llegó a una presidencia en la que esa es la única decisión disponible. Y la respuesta apunta a algo que sus votantes quizás no terminaron de procesar: Arévalo ganó la elección, pero no ha ejercito el poder del Estado. Llegó al Ejecutivo sin partido consolidado, con una bancada reducida, sin experiencia y con ínfulas de tener capacidades morales superiores, pero sin alianzas legislativas estructuradas y sin control sobre las instituciones que realmente distribuyen poder en Guatemala, entre ellas, precisamente, la CC.

Esto convierte su mandato en un ejercicio de navegación en territorio hostil, lo cual no es en sí mismo un fracaso, pero sí exige una honestidad que su gobierno ha sido reacio a admitir públicamente. La ciudadanía que lo respaldó con una movilización histórica merece saber que el presidente que eligieron opera dentro de límites que él mismo reconoce, pero no nombra. El silencio de Arévalo frente al nombramiento de Molina Barreto no fue solo una decisión política, fue una confesión involuntaria sobre la geografía real del poder en Guatemala. Y esa confesión, paradójicamente, es más valiosa para entender el país que cualquier victoria que hubiera podido proclamar.

El papel de la embajada y la suplica diplomática

Cuando Arévalo decidió intervenir, apeló a Estados Unidos como aliado. A través de declaraciones cuidadosamente construidas, el presidente sugirió que permitir la infiltración del crimen organizado en las cortes dañaría la relación bilateral, invocando el compromiso estadounidense de no tolerar que narcotraficantes llegaran a los tribunales guatemaltecos. Era, en apariencia, una jugada de presión indirecta. Pero en realidad fue una confesión que todo el mundo sabía de antemano, el presidente de Guatemala no tiene instrumentos propios para defender la institucionalidad del país y necesita que una potencia extranjera dijera lo que él no podía o no quería decir. La política judicial guatemalteca, no se discutía en el Congreso, ni en el Ejecutivo. Se subcontrataba en La Florida.

Lo que hace esa apelación particularmente irónica, y políticamente devastadora si se analiza con rigor. Molina Barreto no es un actor ajeno al período que Estados Unidos financió, armó y políticamente toleró la guerra, los escuadrones de la muerte y el ataque a los derechos humanos durante la guerra interna. Es, en muchos sentidos, un producto de ese orden. El aparato jurídico que sirvió para blindar crímenes de Estado durante el conflicto armado, para darle cobertura legal a estructuras militares y para enterrar bajo formalidades procesales lo que no podía negarse abiertamente, fue el mismo aparato en el que Molina Barreto construyó su carrera y su influencia. Que Arévalo apele hoy a Washington para frenar a un magistrado que representa ese legado es, en el mejor de los casos, una ironía histórica. En el peor, una ingenuidad que bordea la complicidad, pedir al arquitecto que detenga al edificio que él mismo diseñó.

Y Estados Unidos, fiel a su pragmatismo histórico en la región, respondió con exactamente la dosis de presión que le resultaba conveniente. Las declaraciones fueron firmes en el tono, pero insuficientes en el efecto. Así Molina Barreto fue elegido de todas formas. Esto no sorprende a quienes conocen la lógica con que Washington opera en Centroamérica. Al final las sanciones personales impuestas a los operadores guatemaltecos no han impedido que estos continúen ejerciendo sus cargos, ni mucho menos, que dejen de hacer lo que hacen. El discurso anticorrupción es un instrumento, no un principio. Se activa cuando los intereses estadounidenses, sean estos migratorios, económicos, de seguridad regional o de otro tipo, se ven amenazados por actores que no pueden ser controlados, y se modera cuando los actores cuestionados forman parte de una red que, en otros contextos les resulta funcional. Molina Barreto no es el tipo de figura que Washington necesita eliminar, es en esencia el tipo de figura que Washington sabe administrar. Y Arévalo, al hacer de la relación bilateral su único argumento de presión, quedó a merced de esa lógica. Algo que, para cualquier experto ajedrecista y diplomático como el presidente, debería saber.

El nombramiento de Roberto Molina Barreto es, ante todo, una señal. Una señal de que las estructuras que han capturado el sistema judicial guatemalteco siguen siendo lo suficientemente poderosas como para imponerse a pesar de las protestas, las advertencias y la evidencia. Pero las señales también pueden leerse en otro sentido: como una convocatoria. Una democracia que todavía produce ciudadanos capaces de movilizarse, exigir y denunciar no ha sido vencida. El desafío es que esa capacidad no se agote en la indignación del momento, sino que se consolide en una cultura cívica que haga cada vez más costoso el precio de la impunidad.