Mario

Mario Rodríguez

Consuelo Porras no se dedicó solo a proteger corruptos. Se dedicó a destruir a quienes los señalaban. Su MP no fue un aparato de justicia: fue un ariete político.

La FECI, concebida originalmente para combatir la impunidad, se convirtió bajo su mandato en una fiscalía para fabricar casos contra jueces, fiscales y periodistas honestos. Allí estaban las órdenes de captura contra quienes osaban investigar al poder. Allí estaban los allanamientos ilegales, las declaraciones forzadas, las prisiones preventivas como castigo.

La ira de Consuelo fue selectiva: siempre contra los débiles, nunca contra los poderosos. Su desprecio por la ley fue sistemático convirtió el código penal en un trapo sucio para limpiar la conciencia de sus jefes. Su sed de venganza fue insaciable: cada fiscal honesto exiliado, cada juez encarcelado, cada denunciante silenciado fue un festín para su ego enfermo.

Eso no es gestión fiscal. Es terrorismo institucional disfrazado con toga y un título falso. Los casos emblemáticos quedaron varados. Las investigaciones no avanzaron. Los expedientes se acumularon en oficinas que nadie visitaba. Mientras tanto, los fiscales que intentaban mover esos casos eran llamados a declarar por la propia FECI.

Consuelo se fue. También se van Ángel Pineda, Rafael Curruchiche, Leonor Morales y toda la cúpula mafiosa que la acompañó en estos ocho años de impunidad. Se van derrotados políticamente, pero no vencidos judicialmente.

Su salida no fue un acto de justicia. Fue un acto de desgaste político que ni el propio pacto criminal de corruptos pudo sostener. Y por eso mismo, no debemos conformarnos.

La celebración verdadera no será cuando Consuelo Porras abandone el MP. Será cuando pise una cárcel.

La justicia no se conforma con cambios de nombre en la puerta de una institución. La justicia exige que los corruptos paguen, que los perseguidores sean juzgados y que las víctimas reciban reparación.

Mientras tanto, queda la indignación. Y esa indignación, bien dirigida, bien organizada, bien orientada, es lo único que puede terminar de enterrar el legado podrido que Consuelo Porras deja en el Ministerio Público.

Porque ella se fue. Pero el sistema que la creó, la sostuvo y la protegió sigue intacto. Y contra ese sistema es que debemos librar la verdadera batalla.

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