El magnicidio de Solórzano Foppa
por Luis Solano
El asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa trasciende a uno de alto relieve por sus impactos político y mediático. Ocurre en un contexto en el que ya se ha instaurado el proceso electoral de 2027, y con un gobierno bajo fuego por el desgaste que genera la violencia común, el crimen organizado y los esfuerzos de sus enemigos por ver fracasar al Ministerio de Gobernación (MINGOB) y al Ministerio Público (MP). Es un magnicidio del que distintos actores políticos nutren sus narrativas y alimentan aquellas que exigen la imposición de un gobierno de “mano dura”.
El MINGOB y el MP, en la mira
El acto criminal contra Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre de 2026, es una prueba de fuego para el Ministerio de Gobernación (MINGOB), el Ministerio Público (MP) y para el gobierno mismo. Es una brasa por las implicaciones que el caso tiene, y las presiones que diversos sectores les han impuesto para esclarecer el crimen, los hechores materiales e intelectuales.
Se da por sentado que fue un acto planificado, dado el alto perfil político y mediático alcanzado por Solórzano Foppa; el peso que tenía por su pasado como fiscal del MP y Superintendente de Administración Tributaria (SAT), y los casos de alto impacto que tuvo a su cargo. Pero, sobre todo, por el relieve que tenía su perfil en las redes sociales, donde develaba información delicada y exponía, muchas veces sin pruebas, datos relacionados a corrupción, crimen organizado, narcotráfico y pandillas. Fue el responsable, por ejemplo, de develar el matrimonio entre del máximo líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, y María Marta Castañeda Torres —sobrina de la máxima figura de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres Casanova—, ambos en prisión.
El MINGOB, tal como su titular actual, Marco Antonio Villeda Sandoval, lo dio a entender en la conferencia de prensa ofrecida horas más tarde de ocurridos los asesinatos de Sólorzano Foppa y el de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro —caso colateral—, tiene la compleja tarea de esclarecer y presentar evidencias del papel jugado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que condujo a la aprehensión de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, señalados inicialmente de sospechosos. Villeda Sandoval aseguró que las autoridades no buscaban incriminar a los hermanos Choc Toz.
“No estamos haciendo investigaciones para incriminar a nadie”, afirmó, y sostuvo que sería la investigación la que determinaría si ambos participaron en el ataque.
Un día después, el 18 de octubre, trascendió que, por una solicitud del MP, el Juzgado de Turno resolvió no ligar a proceso a los hermanos Choc Toz, identificados como repartidores de comida por aplicación digital. Esa resolución tiene serias consecuencias para la PNC y los agentes que participaron en la detención. Fue ampliamente informado que ambos fueron aprehendidos portando una carabina, y al mismo tiempo las denuncias de los hermanos respecto de que dicha arma, les fue implantada por los agentes durante su captura.
No obstante que Solórzano Foppa contaba con seguridad proporcionada por el MINGOB, dos de los cuatro agentes asignados el día de su asesinato no pudieron repeler el atentado. Entre las preguntas aún sin respuesta, y que el MINGOB y el MP tendrán que aclarar, es el papel jugado por esos agentes de seguridad, y si haber implantado el arma a los sospechosos iniciales involucra directamente en el caso a los agentes de la PNC, no solo por la ilegalidad cometida, sino sobre todo por las “razones” que los condujo a cometerla y los hechos relacionados a la detención de los hermanos y posterior liberación.
El comunicado inicial de la PNC al respecto, ahora ha despertado dudas más serias. La liberación de los sospechosos, a solicitud del MP, puso el dedo en los agentes de la PNC y, sin duda, el papel que el MP jugará en investigar su actuar y las órdenes recibidas de oficiales de alto rango. Por ahora, el MINGOB se ha limitado a informar que respeta la resolución judicial de dejar en libertad a los sospechosos, y que seguirá colaborando en las investigaciones con el MP.
El asesinato de Solórzano Foppa ocurrió un día después que el Fiscal General, Gabriel García Luna, indicara que grupos criminales han penetrado el sistema de justicia de Guatemala. Específicamente, nombró al Barrio 18, a la Mara Salvatrucha y al cartel de Los Caradura y, en ese contexto, se recuerda que, en septiembre de 2025, Solórzano Foppa había denunciado en un programa de un medio digital, que el Barrio 18 opera y actúa con la connivencia de ciertos mandos de la PNC.
Contexto del magnicidio de Solórzano Foppa
En sus redes sociales, Solórzano Foppa se pronunciaba sobre temas coyunturales, trascendentales por sus consecuencias políticas y los múltiples actores de poder involucrados. Fuerte crítico del gobierno y de figuras de la derecha partidaria, Solórzano Foppa también acarreaba un pasado como actor protagónico.
Quizá el caso de mayores repercusiones que levantó su imagen pública y política fue cuando, estando al frente de la SAT en 2016, se impuso una millonaria multa a la empresa Aceros de Guatemala, señalada de defraudación fiscal que involucró una extensa investigación realizada por esa institución conjuntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, a cargo entonces de Juan Francisco Sandoval. Ahí se reveló cómo operó una red de corrupción en la SAT.
Dentro del “Caso Traficantes de Influencias”, el caso de defraudación aduanera que apuntó a la empresa Aceros de Guatemala, resultó ser paradigmático por la amplitud de grupos de poder involucrados, directa e indirectamente. Podría decirse que la reacción empresarial a partir de las consecuencias del mismo, corresponden a uno de cuerpo, de núcleo de poder. Fue el primer caso que presentó la CICIG tras la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) tras destaparse el “Caso La Línea”, que impactó estructuras empresariales.
El entonces Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, se refirió al mismo en los siguientes términos:
“Si bien la percepción de la SAT por parte de la población luego del caso ‘La Línea’ era sumamente negativa, fue el caso Aceros de Guatemala el que terminó de hundir la poca credibilidad que le quedaba a aquella entidad. Y para la autoridad tributaria fue una bomba atómica: básicamente todos los intendentes y superintendentes anteriores estaban presos. La corrupción ya no era solo un cáncer de aduanas. Estaba en recaudación, fiscalización, jurídico, grandes contribuyentes (…) En general, en todas las áreas importantes de la SAT”.
Y fue en ese contexto que Solórzano Foppa fue nombrado Superintendente y quien acompañaría ese “Caso Aceros de Guatemala” hasta su final. Ese mismo caso también sería el principio del fin para que su cargo concluyera, poco menos de dos años después de su toma de posesión, tal como él mismo lo analizó.
Por otra parte, siendo fiscal del MP, en 2010, Solórzano Foppa logró la condena del líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, y fue por ello que se le otorgó protección del MINGOB a partir de ese año. Desde entonces, denunciaba los vínculos de personajes de la vida política partidaria con estructuras criminales, tal el caso de la UNE y su principal figura, Torres Casanova, tal como ya se mencionó.
La fuga de 20 integrantes pandilleros del Barrio 18, en octubre de 2025, ocurrió en medio de una abierta crítica de Solórzano Foppa a las entonces autoridades del MINGOB, principalmente al entonces ministro Francisco Jiménez, y a la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, por el manejo de la problemática pandillera y del narcotráfico. Esa fuga le hizo un acérrimo crítico de ambos, y fue el origen de las renuncias a sus cargos que les llevó a salir del país.
Un año después y pocos días antes del asesinato de Solórzano Foppa, trascendió que en septiembre Palencia había retornado al país, a presentarse ante autoridades judiciales y lograr prisión domiciliar mientras se dilucida su caso.
Abierto crítico del MP dirigido por Consuelo Porras Argueta y defensor del periodista Jose Rubén Zamora, lo llevó a ser capturado y condenado a cuatro años de prisión, pero por aceptación de cargos quedó en libertad. Fue un caso articulado que Solórzano Foppa denunció y que indicó que, en el mismo, no tendría un juicio justo.
Más recientemente, dos días antes de su asesinato, Solórzano Foppa había publicado un video en el que analizaba el “Caso Huité”, un operativo al estilo militar aún no aclarado, en el que fallecieron ocho personas. Un caso de alto impacto debido a la presencia de militares, policías, estructuras de narcotraficantes e, incluso, denuncias de presencia de agentes extranjeros, todo lo cual hizo que lanzara sus propias hipótesis de lo ocurrido. Fue su última aparición pública en redes sociales.
Fuente El Observador
