El colapso sustancial de la justicia
Por Ramón Cadena
En el lenguaje jurídico del sistema universal, se conoce como colapso sustancial de la justicia (ver artículo 18 literal 3 del Estatuto de Roma) cuando un estado es incapaz para investigar o enjuiciar un asunto determinado. Es lo que se conoce a nivel del sistema interamericano como justicia cooptada. Los últimos sucesos en Guatemala en materia de justicia, nos confirman que existe un colapso sustancial de la justicia o proceso de cooptación de la justicia. Este colapso, es más grave de lo que se le quiere considerar y creo absolutamente que deberíamos hacer algo para solucionarlo lo más pronto posible, para que no siga afectando los derechos de las y los ciudadanos guatemaltecos.
Este colapso no es total. Se trata de un colapso sustancial, solo una parte importante ha colapsado. La justicia penal es la que está en crisis. Sin ella, no podremos nunca alcanzar la paz social. La civil, la administrativa, la laboral y otras, siguen funcionando. Mal que bien, todavía existen. Aunque habría que hacer un análisis profundo sobre ellas. Ojalá que el resultado de dicho análisis, no nos indique que el colapso es total. El fenómeno de la impunidad, es el que tiene a la justicia penal gravemente enferma. Casi de muerte.
Para justificar esta afirmación tan dramática, me voy a fundamentar en tres aspectos muy recientes:
1) Presentación del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2024, Situación de los derechos humanos en Guatemala. Este informe critica la justicia penal y afirma que: «continúa la criminalización por parte del Ministerio Público, juzgados de primera instancia y tribunales de sentencia penal contra personas operadoras de justicia, en represalia por su función fiscal, judicial o de abogacía. El ACNUDH recibió alegaciones de represalias —incluyendo violencia digital, amenazas, y dilaciones indebidas— contra 70 personas operadoras de justicia; de estas alegaciones, documentó los casos de 28 personas (20 mujeres y 8 hombres)».
Continúa afirmando que todas las víctimas «han sufrido persecución penal desde hace años a través de numerosas denuncias bajo investigación, procesos penales simultáneos y repetidas órdenes de detención y/o detenciones arbitrarias». Al menos el 80 % de las víctimas han sido denunciadas por personas investigadas penalmente por corrupción y/o por la Fundación contra el Terrorismo. Derivado de este hostigamiento, aunado a la falta de protección integral por parte del Estado, el ACNUDH contabiliza al menos 63 personas operadoras de justicia exiliadas.
El Informe aludido, apuntó en contra del juez del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, cuando expresó su preocupación «por la falta de garantías de publicidad, en los casos de criminalización contra personas operadoras de justicia que se conocen ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente». Igualmente preocupante para la OACNUDH es la contínua persecución penal en contra de los exfiscales Lesly Pineda y Christian Dávila, y la abogada Claudia González. El ACNUDH está preocupado por «la detención del exfiscal jefe anticorrupción Stuardo Campo desde el 1 diciembre de 2023, que vulnera las normas y los estándares internacionales sobre privación de libertad, incluyendo los de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad».
Por ello, instó al Estado de Guatemala (incluido el Organismo Ejecutivo) a que «fortalezca el Estado de derecho garantizando un sistema de justicia independiente, y genere las condiciones óptimas para la efectiva protección integral de personas defensoras de derechos humanos, incluidas operadoras de justicia y periodistas». El Alto Comisionado visitó el país del 16 al 19 de julio de 2023 y sostuvo reuniones con varios actores.
Al concluir su visita, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló, «que era una prioridad ir a Guatemala en un momento crucial de su historia, y apoyar al país en su empeño de fortalecer la democracia y el Estado de derecho, luchar contra la corrupción y establecer una clara y transformadora agenda de derechos humanos». Una de sus aseveraciones más graves, fue la que resaltó que le preocupaba profundamente el uso indebido de la legislación penal para objetivos de persecución de personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, estudiantes y autoridades indígenas, y urgió a la fiscal general a que adoptase las medidas necesarias para que dicha persecución cesara de inmediato.
2) La calificación que hizo el Reino Unido, cuando en forma apabullante calificó y se refirió al expresidente Giammattei y a su pareja sentimental Miguel Martínez, así como a la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal Curruchiche, a la fiscal Monterroso, al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, y al director del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, como funcionarios corruptos; prohibió que entraran a territorio del Reino Unido y que tuvieran cuentas en su sistema bancario, todo ello por considerarlos corruptos y para que no llegaran al Reino Unido a contaminar al resto de la población. Tremenda acusación. Lamentablemente, los nenes corruptos, en lugar de defenderse con argumentos sólidos y bien fundamentados, afirmaron que eso los tenía sin cuidado, que no les importaba, que era una sanción insignificante, que no les hacía ningún daño y que, según la representante del Ministerio Público, más bien, constituía una denuncia que tenía por objeto obstruir la justicia.
Actitud muy coherente con la corrupción que arrastran, cada vez que dan un paso para adelante y con el vómito que expulsan, cada vez que dan un paso para atrás. Ya sea que caminen para adelante o para atrás, siempre dejan la huella del dinosaurio del gran escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, tatuada en la piel del planeta. No tienen o no quieren mostrar, ni siquiera un poco de vergüenza. Se esconden en la sombra cruel que produce su feo, desagradable y deforme rostro.
Uno de ellos, utiliza su gran trompa como escudo, el otro peina sus rizos arrepentidos, mientras su pareja trata de cazar «comunistas» utilizando su otro par de tacones, como que fueran dos ametralladoras sin balas, juega a disfrazarse de «Quico» y llama a su mamá doña Florinda con su voz chillona; el otro se protege mostrando su cara de bebé diabólico, mientras chupa su pepe; el quinto se protege con su sonrisa falsa e hipócrita y peina su larga crin, parecida a la de un camello perdido en el desierto; la otra, con sus ojos de vampiro, ataca al «enemigo», y, finalmente, la señora, que utiliza sus fétidos olores, su carroña podrida y la gran sombra que produce su perfil de rana acuática, para esconderse de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que no la atrapen.
3) La guinda en la cima del pastel está representada por tres jueces ebrios y corruptos, que bailan al compás del dinero que les ingresa a su cuenta, cada vez que obedecen los designios de la mafia internacional, mientras se empinan una botella de guaro y celebran felices, porque han vuelto a engañar a las y los ciudadanos y, envueltos en su traje de buitre, le dan la espalda a la justicia penal con éxito y el castigo no los alcanza. Ebrios de tanta juerga y riqueza, gritan al unísono, casi cayéndose, tambaleándose como badajos que golpean el metal de una campana, con su voz agotada por tanto alcohol que han ingerido, gritan, sin que se les entienda nada. Solo un eco sordo, responde sin entender de dónde vienen los sonidos.
Mientras el pueblo de Guatemala intenta navegar en las aguas agitadas y turbulentas de una justicia penal impune y corrupta, en diciembre de 2024, la PGN solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre democracia y derechos humanos. ¿Cuál será ahora la estrategia de Arévalo? Porque las veces anteriores, que recurrió a la Corte de Constitucionalidad y al Congreso de la República, no le sonó la flauta. Creo que lo que debería hacer Arévalo es tomarse una pastilla «quita miedo», destituir a la fiscal general y nombrar en su lugar a un buen profesional del derecho, honesto y valiente.
Este tsunami judicial, lamentablemente, es visto como algo normal por la comunidad internacional y por la población guatemalteca. Se supone que, en este agitado contexto, llegará en el mes de mayo a Guatemala, la relatora de la ONU sobre independencia judicial. Además, entre los meses de mayo y julio de este año, se celebrarán en Guatemala, audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana.
Esto demuestra que, tanto la ONU como el sistema interamericano, siguen manteniendo su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que suceden en el país y quieren transmitirle al Estado de Guatemala, (el presidente Bernardo Arévalo incluido), su interés por solucionar los efectos nocivos que produce el colapso sustancial de la justicia penal. Entiendo claramente que su deseo de apoyar al Estado de Guatemala en materia de justicia penal, sigue latente; que desean genuinamente poner fin a tanta impunidad penal que existe, para que, por fin, el Estado de Guatemala, salga del atolladero en el que está.
Espero que de ninguna manera supondrá este gesto de buena voluntad, sacar al Estado de Guatemala del renglón IV B, en el que la Comisión Interamericana lo puso acertadamente, desde el año 2021. Eso no solo sería lamentable para el pueblo de Guatemala, sino que pondría la ética del Sistema Interamericano en entredicho, ya que sería muy injusto que se otorgue dicho beneficio, cuando el presidente Arévalo muy poco esfuerzo ha hecho y poca voluntad política ha tenido, como para que ahora venga la CIDH a devolverle al Estado de Guatemala su legitimidad en materia de derechos humanos, de un solo plumazo.
Fuente Prensa Comunitaria
