Debemos recuperar a las Cortes de las garras de las redes de corrupción
Por Prensa Comunitaria
La justicia interviene en todos los asuntos de la realidad social: para la asignación de una pensión alimenticia, para exigir el pago de impuestos, para resolver un conflicto entre una empresa y una dependencia estatal, para aprobar una candidatura presidencial, para sancionar a un funcionario que se apropió de fondos públicos o para castigar a un homicida.
Estos hechos y otros en los que se establezcan relaciones o consecuencias para personas o entidades de todo tipo, pueden llegar a ser conocidos por las cortes, en donde afloran múltiples criterios y, en la historia reciente, han sido perjudiciales para la sociedad o para particulares que son sujetos de represalias.
Por supuesto, en los últimos tres años el sistema judicial ha sido un mecanismo de venganza, propiciado en primer lugar por un Ministerio Público que persigue a jueces, fiscales, activistas, estudiantes y periodistas, cuyas acciones son refrendadas por jueces y magistrados que retuercen el contenido de las leyes.
Todo esto es posible porque el comportamiento y la conformación de las judicaturas está condicionada a actores políticos –-como lo demostró el equipo de la FECI de Juan Francisco Sandoval—, quienes tienen motivaciones distintas a una sana impartición de la justicia y, en cambio, trabajan para imponer sus espurios propósitos y el de su séquito.
Es así como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón o José Luis Benito descansan en sus casas, pese a estar señalados de graves casos de corrupción y, a la vez, se declaran víctimas de los operadores de justicia que hoy enfrentan los desafíos del exilio y anhelan regresar a los hogares de los que nunca tuvieron que irse.
De tal cuenta, la cooptación institucional, a raíz de las embestidas antidemocráticas de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, se amplificó y estabilizó, acabando con los logros en materia de persecución penal de la misma FECI y de la CICIG, a la cual sus detractores la acusan falsamente de todos los males de la nación.
Ahora, lo común es que cualquier funcionario que ponga las manos sobre los recursos públicos lo haga con libertad y sin temor de que la justicia lo reprenda; en contraste le corresponde al ciudadano decente, que está despojado del poder político y carece de dinero mal habido para tener una justicia a la carta.
Por eso, la elección y recuperación de las cortes resulta tan importante, al punto de ser el primer paso para limitar las estrategias de coacción con el que actúan Consuelo Porras y su equipo, además de restarle espacios de poder a las redes político-económico-criminales que se alimentan de la corrupción mientras el pueblo es condenado a la desgracia.
Ese rescate deberá acompañarse, en dos años, por una renovación del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad, instituciones que en la actualidad son auténticas trincheras de militares que dicen luchar contra el terrorismo, de políticos rancios y empresarios perversos.
El Ejecutivo y el Legislativo tímidamente intentan recuperar la confianza de la ciudadanía, que hace un año votó con la ilusión de enderezar los rumbos del país y es hoy que nuevamente deben convertirse en férreos observadores y participantes de la elección de cortes para que dicha aspiración no les sea arrebatada.
Desde luego, esa primera fase hacia esa transformación del sistema de justicia se vuelve difícil cuando la sombra de los operadores políticos permanece sobre las comisiones de postulación y cuando, en el papel, hay pocos profesionales comprometidos en salvar un Organismo Judicial que solo quiere socorrer al crimen organizado.
Terminar con el régimen de corrupción e impunidad, detener la persecución de personas inocentes, garantizar las libertades, derechos y obligaciones de los ciudadanos depende, en gran parte, de una selección transparente de excelentes profesionales, alejada de las viciosas y artificiosas “comisiones paralelas”.
La tarea no es sencilla y los comisionados tendrán que seleccionar a los mejores perfiles para estar en las cortes, como les demanda la Constitución. Es lo mínimo que se les puede exigir. Este año tienen la oportunidad de darle un respiro al país del sistema corrupto o bien ahogar lo poco de democracia que queda en Guatemala.
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