De Petro a Cepeda: La refundación inconclusa
Marco Fonseca
La elección colombiana del próximo domingo no puede entenderse sin volver sobre el ciclo político que abrió el estallido social de 2021 y que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Ese proceso expresó tanto las posibilidades como los límites de una apertura democrática impulsada desde abajo en un país marcado por la violencia, la desigualdad y el poder persistente de las élites tradicionales. Entre reformas incompletas, bloqueos institucionales, el ascenso de una ultraderecha fusionada con corrientes continentales y el intento fallido de una nueva refundación constitucional, la candidatura de Iván Cepeda se juega mucho más que la continuidad de un gobierno. Está en disputa el destino mismo de la grieta democratizadora que emergió de la Colombia profunda.
Tres puntos fundamentales
1. Petro fue hijo del estallido social, pero no logró consolidar una nueva articulación democrática.
Su gobierno abrió espacios inéditos para reformas sociales, justicia redistributiva y nuevas narrativas sobre la paz y la desigualdad. Sin embargo, chocó con un Estado configurado por décadas de neoliberalismo, contrainsurgencia y exclusión. La ausencia de una organización social capaz de sostener y profundizar las transformaciones limitó el alcance de su proyecto.
2. La refundación institucional exige una reforma moral e intelectual desde abajo.
La propuesta tardía de una nueva constituyente reconocía los límites del pacto de 1991 y la necesidad de democratizar más profundamente el Estado colombiano. La iniciativa de Petro quedó inconclusa. Pero una refundación no puede reducirse a una iniciativa presidencial ni a un procedimiento jurídico. Requiere procesos duraderos de articulación popular, pedagogía democrática y transformación del sentido común en la Colombia profunda.
3. La segunda vuelta enfrenta dos proyectos de país.
La ultraderecha colombiana se presenta fusionada con el trumpismo y otras derechas radicales latinoamericanas mediante una agenda de orden, militarización y restauración conservadora. La candidatura de Iván Cepeda, por su lado, intenta construir una mayoría democrática alrededor de la paz, los derechos y la justicia social. El desenlace definirá si la apertura inaugurada por el estallido social se profundiza o queda clausurada por una nueva restauración oligárquica.
El argumento
La presidencia de Gustavo Petro surgió de una ruptura histórica en la política colombiana. No fue un accidente electoral ni el simple ascenso de una candidatura carismática. Fue el resultado de un ciclo largo de acumulación social, crisis del uribismo, agotamiento neoliberal, incumplimientos del Acuerdo de Paz, violencia estatal y estallido social. El estallido social de 2021 condensó ese proceso. Jóvenes precarizados, comunidades populares, pueblos indígenas, sectores afrocolombianos, feminismos, estudiantes, trabajadores informales y organizaciones territoriales pusieron en escena una impugnación profunda del orden existente. Petro llegó a la presidencia porque esa energía encontró una traducción electoral parcial en el Pacto Histórico.
Ese fenómeno tuvo resonancias regionales. En Chile, el estallido de 2019 abrió la vía al triunfo de Gabriel Boric y luego también al proceso constituyente que resultó frustrado – incluso por mucha de la misma gente que había votado por Boric en primer lugar. En Perú, las fracturas territoriales y populares dieron lugar al triunfo de Pedro Castillo, luego neutralizado por la vía parlamentaria y judicial. En Bolivia, la resistencia al golpe de 2019 permitió la recuperación electoral del MAS – aunque ya muy desgastado. En Colombia, el ciclo fue más difícil porque la derecha había gobernado durante décadas mediante una combinación de guerra interna, neoliberalismo, paramilitarismo, anticomunismo y control institucional. Por eso el triunfo de Petro y Francia Márquez significó una apertura democrática real.
Petro prometió una transformación basada en justicia social, paz total, transición energética, reforma agraria, reforma laboral, reforma pensional, democratización del Estado y ampliación de derechos. Su gobierno tuvo logros importantes. Aumentó el salario mínimo real, fortaleció programas sociales, impulsó una reforma tributaria progresiva, avanzó en redistribución y formalización de tierras, defendió la transición energética y logró instalar en la agenda pública la relación entre desigualdad, violencia y modelo económico. También consiguió aprobar una reforma pensional y una reforma laboral más limitada que la propuesta original.
Pero Petro gobernó entre promesas desbordantes, una testaruda correlaciones de fuerza adversas y obvias contradicciones propias. No logró consolidar una mayoría estable en el Congreso. La reforma de salud fracasó. La paz total quedó atrapada entre la fragmentación de los actores armados, las economías ilegales, los incumplimientos históricos del Estado y la presión de una derecha que convirtió la seguridad en arma electoral. El gobierno habló de poder popular, pero muchas veces lo subordinó a la negociación institucional. Prometió una ruptura con la vieja política, pero incorporó figuras tradicionales que luego generaron tensiones, desgaste y desconfianza. Defendió la movilización social, pero no siempre logró convertirla en una estructura permanente de transformación desde abajo.
Su mayor contradicción fue intentar gobernar un Estado profundamente configurado por las fuerzas que decía querer superar. Petro no llegó a un aparato neutral. Llegó a un Estado atravesado por élites regionales, poderes económicos, burocracias conservadoras, medios hostiles, altos tribunales, fuerzas de seguridad con inercias contrainsurgentes y una arquitectura fiscal restrictiva. Juzgado por sus promesas, el gobierno quedó incompleto. Juzgado por la historia política colombiana, abrió una grieta democratizadora que la derecha quiere cerrar.
La tentativa tardía y ahora inconclusa de Petro de impulsar una nueva constituyente también deja una lección que trasciende el caso colombiano. La Constitución de 1991 fue, en sí misma, una refundación democrática extraordinaria nacida de una crisis profunda del régimen político, de la presión de movimientos sociales y estudiantiles, y de la búsqueda de una salida negociada a décadas de violencia. Sin embargo, incluso esa refundación quedó incompleta al coexistir con la consolidación posterior del modelo neoliberal, la expansión paramilitar y la persistencia de estructuras oligárquicas en vastos territorios del país.
La propuesta constituyente de Petro reconocía implícitamente que el ciclo abierto en 1991 había llegado a sus límites y que los bloqueos institucionales impedían profundizar derechos sociales y democratizar el Estado. Pero llegó sin el tiempo, la pedagogía política y la acumulación organizativa necesarias para sostener una transformación de esa magnitud. Una refundación no puede reducirse a un mecanismo jurídico ni depender exclusivamente de la iniciativa presidencial. Requiere una articulación democrática capaz de sedimentarse en la Colombia profunda mediante procesos duraderos de organización, deliberación y construcción de poder popular. En términos gramscianos, exige una reforma moral e intelectual que transforme el sentido común, amplíe las capacidades colectivas y construya nuevas legitimidades desde abajo. Sin esa densidad social y cultural, incluso los proyectos constituyentes más prometedores corren el riesgo de convertirse en episodios coyunturales, fácilmente neutralizados por las élites y percibidos por amplios sectores como maniobras tácticas antes que como expresiones de una voluntad nacional compartida. La refundación, para ser sostenible, debe ser tanto un acontecimiento institucional como un largo proceso de democratización de la sociedad misma. El intento de Petro llegó demasiado tarde y, luego de que Cepeda fuera derrotado por el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de la elecciones, tuvo que ser retirado.
La ultraderecha colombiana debe entenderse dentro de una constelación regional y global. Abelardo de la Espriella representa una síntesis de uribismo radicalizado, estética trumpista, antipetrismo visceral, punitivismo bukelista, neoliberalismo agresivo y guerra cultural. Más allá de disputar el gobierno, su campaña busca reinstalar la idea de que el conflicto social se resuelve con cárcel, militarización, disciplina de mercado y restauración oligárquica. Esta es la fórmula dominante de la extrema derecha latinoamerica en este momento. Su lenguaje conecta así con Milei, Bolsonaro, Bukele, Fujimori, Paz y, más allá, Vox y el trumpismo. En todos esos casos, la ultraderecha convierte el miedo en programa, el resentimiento en identidad y la violencia estatal en promesa de orden. El resultado es un proyecto reaccionario a ultranza y a nivel continental.
El trumpismo aporta algo más que inspiración retórica. Aporta una matriz geopolítica. Colombia vuelve a ser leída como pieza de seguridad hemisférica, plataforma contra gobiernos progresistas y laboratorio de restauración conservadora. Las denuncias de Petro sobre injerencia estadounidense y las declaraciones de congresistas de Estados Unidos pidiendo respeto a la soberanía colombiana muestran que la elección rebasa el terreno nacional. Lo que está en disputa es si Colombia continúa una senda reformista, latinoamericanista y de paz, o si retorna a un alineamiento subordinado con Washington, las élites empresariales y las derechas regionales.
En ese contexto, la campaña de Iván Cepeda tiene una importancia estratégica. Cepeda no es simplemente el candidato de continuidad de Petro. Es una figura con densidad ética, trayectoria en derechos humanos, defensa de las víctimas, compromiso con la paz y capacidad para hablar desde una memoria política larga. Su candidatura intenta articular el voto popular beneficiado por las políticas sociales del gobierno, los sectores democráticos temerosos de la ultraderecha, las organizaciones de víctimas, los movimientos sociales, las izquierdas partidarias y franjas de centro que pueden ver en De la Espriella un riesgo autoritario.
Sus posibilidades dependen de tres tareas. Primero, defender los logros sociales del gobierno sin quedar preso de todos sus errores. Segundo, convertir la segunda vuelta en una elección sobre democracia, paz y derechos, en lugar de permitir que la derecha la reduzca a inseguridad y antipetrismo. Tercero, ampliar la articulación democrática sin diluir el contenido emancipador. Cepeda necesita articular sin desmovilizar a la base popular que hizo posible el primer gobierno progresista de Colombia.
El próximo domingo se decidirá mucho más que una alternancia presidencial. Se decidirá si la apertura nacida del estallido social puede prolongarse en una segunda fase más organizada, autocrítica y democrática, o si la ultraderecha logra clausurarla mediante miedo, revancha y restauración. Petro no cumplió todo lo que prometió. Tampoco fue derrotado por completo. Dejó un campo abierto. Cepeda encarna la posibilidad de que esa apertura no sea un paréntesis.
Fuente RefundaciónYa
