De un acuerdo inexistente con Estados Unidos a fuertes presiones para bombardear
por Luis Solano
Trascendió desde el diario The New York Times, en su edición del 28 de mayo, un supuesto acuerdo que el gobierno de Guatemala había gestado con Estados Unidos para ataques conjuntos, incluyendo aéreos, contra el narcotráfico. Poco después, el gobierno guatemalteco lo desmentía, pero confirmaba una solicitud a Estados Unidos para cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico. El mismo día, el diario El País informó que fuentes anónimas del gobierno de Guatemala filtraron que Washington ejerce, desde hace dos meses, gran presión para realizar bombardeos en Guatemala y televisarlos.
Un supuesto acuerdo que fue dado por hecho
En su edición en inglés del 28 de mayo, The New York Times provocó un remezón político que trascendió en medios nacionales e internacionales. Y no era para menos, en su edición en español su titular era: Guatemala acuerda ataques conjuntos con EE. UU. contra el narcotráfico.
Citando fuentes anónimas “familiarizadas con las conversaciones” entre ambos gobiernos, The New York Times dio por sentado la existencia de un acuerdo que:
“…forma parte de un esfuerzo más ambicioso del gobierno de Trump para presionar a los países latinoamericanos a que acepten operaciones conjuntas dentro de sus territorios”.
Citando a esas fuentes anónimas, el diario estadounidense aseguró que “Guatemala ha aceptado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos dentro de su territorio para enfrentar a organizaciones de narcotráfico”, como parte de la expansión de la campaña militar del gobierno de Donald Trump en toda América Latina.
Lo más serio del reportaje del diario fue indicar que, según sus fuentes, la…
“…semana pasada, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth (…) y las operaciones podrían comenzar ya el próximo mes”.
Según ese medio de prensa, el acuerdo con Guatemala, que aún no se ha anunciado de manera pública, forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump por presionar a los países de toda la región para que permitan operaciones conjuntas en sus territorios. Se estima que alrededor de 20 países latinoamericanos ya forman parte de la Coalición Anticarteles de las Américas, creada en marzo de este año y que incluye a Guatemala, para enfrentar a los cárteles y el crimen organizado en todo el hemisferio occidental.
Esa coalición fue anunciada en la Cumbre “Escudo de las Américas” –Shield of the Americas, en la que Guatemala no estuvo presente-, que Trump convocó y que contó con la presencia de 12 mandatarios latinoamericanos, todos de la derecha política regional, afines al presidente estadounidense. Al evento asistieron figuras como el presidente de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
“Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva”, informó, en aquel momento, el Departamento de Estado de EEUU.
El gobierno de Arévalo de León lo niega
La prensa nacional que hizo eco a la información de The New York Times, obligó a una rueda de prensa improvisada en el Palacio de la Cultura en la que Arévalo de León brindó explicaciones sobre la noticia.
El mandatario indicó que:
“Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad de Guatemala, en el marco del interés que tiene Estados Unidos para combatir las redes del narcotráfico”.
Resaltó, además, que dicha solicitud…
“…fue enviada por el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, la cual aún no ha sido respondida por las autoridades estadounidenses”.
Sus declaraciones se hicieron acompañar de un comunicado oficial, que en sus redes sociales enfatizaba que:
“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”.
La misiva que el Ministro de la Defensa, Henry Sáenz, envió a su homólogo de Estados Unidos, Peter Hegseth, incluyó…
“…solicitar la cooperación estadounidense en operaciones lideradas por las fuerzas guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico como parte de una estrategia puesta en marcha desde 2024”.
Arévalo de León hizo énfasis en que esta solicitud no incluye operativos militares extranjeros en el territorio nacional.
“…La solicitud es para el apoyo en la lucha contra el narcotráfico para acceso de capacitaciones, entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación en operación estratégicas y el intercambio de investigación e inteligencia en contra del narcotráfico”.
Arévalo León también indicó que:
“El Gobierno de Guatemala tiene una estrategia de combate a las drogas que se está implementando desde el año 2024, tiempo desde el cual Estados Unidos ha brindado su colaboración”.
El presidente enfatizó en la Constitución Política de la República que, para poder aprobar operaciones militares extranjeras en el país, se necesita la aprobación del Congreso de la República, pero es algo que la actual administración no tiene previsto solicitar. También informó que, junto con los ministros de la Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, sostuvieron una conversación telefónica con el secretario de Guerra de EE. UU., Peter Hegseth, confirmando los términos de la cooperación que ampara la solicitud.
Entre presiones y militarismo
De lo comunicado por el gobierno, en particular en la misiva de Sáenz, debe anotarse que la solicitud se hace en el marco de la Coalición Anticarteles de las Américas de la que Guatemala es parte, cuando se instauró en marzo de 2026, y en la que estuvo presente Sáenz. Esa participación, como ampliamente se ha analizado, es producto de las fuertes presiones de Estados Unidos y su política contra el narcotráfico, de la que el gobierno de Guatemala no puede escapar, particularmente por la presencia de poderosos grupos de narcotráfico en territorio nacional, los cuales han copado diversos espacios dentro y fuera del Estado, y utilizan el territorio para el tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos como destino final.
En ese evento, convocado por el Comando Sur de Estados Unidos, se dio a conocer la Proclamación presidencial de la Casa Blanca del 7 de marzo de 2026, titulada Commitment to Countering Cartel Criminal Activity, firmada por el presidente Trump, y que estableció cuatro puntos concretos, a los que sus aliados -la mayoría de países latinoamericanos- hicieron eco:
(1) Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el Hemisferio Occidental deben ser desmantelados en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.
(2) Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial, así como del acceso a la financiación o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.
(3) Estados Unidos entrenará y movilizará a las fuerzas militares de las naciones asociadas a fin de constituir la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar a los cárteles, así como su capacidad para exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada.
(4) Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del Hemisferio Occidental.
Dos días después de ese evento, el 9 de marzo, Sáenz informó que EEUU había levantado el embargo de equipo militar impuesto desde hacía cuatro décadas y, en ese marco, en una entrevista realizada por el diario La Hora, confirmó el fondo de la solicitud expresada por Arévalo de León y los beneficios que, según Sáenz, se lograrían con dicha solicitud, y asegurando que no existe un acuerdo como tal, mucho menos acciones conjuntas dentro del territorio nacional.
De acuerdo con un medio de prensa internacional, Guatemala ya ha iniciado un proceso de compra de armas, aviones y equipamiento. Según el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, el ejército guatemalteco, cuyos principales proveedores son Israel y Colombia, tiene un presupuesto de unos US$ 50 millones para adquirir armamento en 2026.
Citando analistas, el diario indica que:
“En Guatemala, el Gobierno de Arévalo, que se enfrenta a una crisis de violencia de las bandas, los cárteles y las prisiones asociadas, necesita toda la ayuda en materia de seguridad que pueda obtener”.
Recuerda que la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva el 6 de febrero de 2026, titulada “Establecimiento de una Estrategia de Transferencia de Armas de América Primero”, cuyo objetivo es aumentar las ventas militares al extranjero. La eliminación del embargo de 1977 sobre las ventas a Guatemala, probablemente sea un resultado directo de esa orden”, indica el medio de prensa.
De bombardeos y el mundo mediático
A la confusión sembrada por la prensa internacional sobre un acuerdo inexistente, se sumó el diario español El País, que expuso un trasfondo hasta ahora desconocido y que habría sido la fuente de la existencia del supuesto acuerdo.
Citando fuente anónima dentro del gobierno de Arévalo de León, El País indicó que Washington lleva…
“…desde hace dos meses ejerciendo una gran presión (…) Lo que nos ofrecieron es seleccionar uno o dos lugares para hacer bombardeos y televisarlo todo. Pero hemos sido claros en que eso no va a pasar. No puede operar una fuerza militar estadounidense en el país, simplemente porque es inconstitucional”, afirmó la fuente.
Siempre, citando a la fuente anónima, El País informó que:
“Según ese testimonio, las presiones del Departamento de Defensa estadounidense se han saltado los protocolos diplomáticos para ir directamente a Arévalo”.
Señala que:
“Las conversaciones han sido continuas y han estado encabezadas por el ministro de la Defensa de Guatemala [Henry Saenz] e incluso por el presidente. Pero no ha habido ni una sola reunión para afinar términos, porque no se van a permitir misiones militares. Lo que sí hay, y ha habido siempre, son operaciones conjuntas con agencias como la DEA, el FBI o el HSI [Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional]”.
Como se recordará, en 2025, el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) de Estados Unidos publicó un informe sobre las operaciones de distintas instituciones estadounidenses dentro de Guatemala, citando el trabajo que la DEA, FBI, el HSI, entre otros, realizan desde hace varios años en el país.
La negociación con Guatemala se enmarca en Washington, indica El País…
“…que ya arrancó el compromiso de Ecuador de permitir operaciones militares en su territorio, en una estrategia en la que después sería el turno de Honduras, país al que la Administración de Trump está cortejando, tras lograr que su candidato predilecto, Nasry Asfura, ganara las elecciones contra pronóstico”.
Marco Fonseca interpreta las acciones y presiones militaristas trumpianas hacia Guatemala, como:
“La nueva fase de esta política, ahora impulsada desde círculos cercanos al trumpismo y figuras ultra-nacionalistas y cruceras como Pete Hegseth, posee, además, un componente altamente ideológico y performativo. Se presenta bajo discursos de ‘soberanía’, ‘seguridad nacional’ y ‘combate al crimen’, pero en realidad forma parte de una lógica más amplia de restauración autoritaria y disciplinamiento regional. La militarización vuelve a convertirse en espectáculo político y en símbolo de alineamiento geopolítico”.
