La herencia de Consuelo Porras: Un Ministerio Público en ruinas 

Por Alexander Valdéz

La salida de Consuelo Porras, si nada extraño ocurre, está a la vuelta de la esquina. Pero el próximo 17 de mayo no significa solo una vacante: implica un legado de corrupción e impunidad. Ocho años después de su llegada, aquella institución ubicada en el barrio de Gerona cargará con las marcas de un desmantelamiento profundo; donde antes se preparaban investigaciones que alcanzaron élites de poder político y económico, quedan expedientes desmontados, fiscales presos o exiliados y una institución reorientada hacia otros fines. La esperanza de justicia que alguna vez representaron los grandes casos de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos fue sustituida, poco a poco, por una maquinaria de impunidad.

Su gestión comenzó cuando todavía sobrevivía el impulso de una idea de lucha anticorrupción que parecía posible. Pero esa expectativa se diluyó con la expulsión de la CICIG, la destitución de fiscales incómodos, la desarticulación de las fiscalía contra la Impunidad, contra la Corrupción y la de Derechos Humanos, así como la caída paulatina de casos emblemáticos. Lo que para organizaciones sociales fue el desmantelamiento deliberado de una política criminal contra redes de corrupción, dio paso a otra dinámica: el uso del Ministerio Público (MP) para perseguir a quienes antes investigaban, juzgaban o denunciaban.

Los jueces, fiscales, periodistas, autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y actores de oposición política pasaron de ser aliados del combate a la corrupción a convertirse en objetivos. Con Porras, la sociedad civil ha denunciado que la institución dejó de mirar hacia las estructuras de poder para volver sus herramientas de persecución sobre actores incómodos. Es así como su legado no se mide solo por los casos que murieron, sino por los procesos de criminalización que se iniciaron en su gestión.

Jimmy Morales: La llegada de Porras

Un 3 de mayo de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales, con una imagen política desgastada tras haber expulsado a la CICIG y mientras su esposa, su hermano y su hijo aparecían señalados por corrupción, anunció, de una nómina en la que figuraban nombres como Patricia Gámez y Miguel Ángel Gálvez, la designación de Consuelo Porras como fiscal general. Nadie se imaginaba que ese día marcaría el punto de partida de ocho años de impunidad.

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, recuerda que al inicio de la gestión de Porras predominaba una sensación de incertidumbre envuelta en una aparente continuidad. La fiscal general buscaba proyectarse como aliada del combate a la corrupción, participaba en conferencias junto a la FECI y sostenía un discurso que, en apariencia, no rompía con el impulso de investigaciones. Pero, según Sandoval, pronto comenzaron a aparecer banderas rojas: decisiones marcadas por dilaciones, reservas frente a casos sensibles y una actitud que con el tiempo reveló una resistencia a que avanzaran investigaciones de alto impacto. 

Para el exjefe de la FECI, el quiebre empezó a hacerse evidente en medio de la crisis de la CICIG y terminó por consolidarse con la llegada de Alejandro Giammattei a la Presidencia. Esa relación, que inició bajo una convivencia institucional, terminó abruptamente en julio de 2021 con la destitución de Sandoval, en medio de investigaciones pendientes que, según reveló a su salida, involucraban posibles actos de corrupción ligados al gobierno de Giammattei. 

“Lo que uno percibía era que no se trataba de falta de capacidad, sino de una decisión. Una decisión de cambiar el rumbo del MP. Y eso, inevitablemente, tenía consecuencias: no solo para los casos sino para la institucionalidad misma. Con el tiempo, esa preocupación inicial se convirtió en certeza. Ya no era una duda sobre hacia dónde iba la institución sino la confirmación de que se estaba desarticulando lo que se había construido, y que el Ministerio Público dejaba de ser un actor en la lucha contra la impunidad para convertirse en un instrumento de protección”, dijo.

La salida de Sandoval marcó un punto de no retorno y se convirtió en uno de los episodios que simbolizan el viraje del Ministerio Público: de “acompañar” casos contra redes de corrupción a contenerlos, y luego perseguir a quienes los investigaron.

Los últimos días con CICIG 

Porras aún tuvo que convivir un año y cinco meses con la CICIG, un periodo en el que ya no hubo avances de los casos de corrupción, de hecho, el gobierno de Morales retiró el apoyo policial y el personal internacional que allí trabajan estaba saliendo del país. Pero mientras se aparentaba una intención de continuar la lucha contra la impunidad, a lo interno del MP se respaldaba el aislamiento y el corte de apoyo para esa comisión internacional. 

David Gaitán, exmandatario de la CICIG, sitúa en los primeros meses de Consuelo Porras señales tempranas de un viraje que entonces apenas se intuía. Recuerda que los últimos días de la CICIG transcurrieron bajo incertidumbre, pero también entre indicios de desinterés desde la nueva jefatura del MP hacia las investigaciones de corrupción. Relata que en una presentación de un caso que estaba listo para salir, Porras mostró poca atención hasta escuchar apellidos ligados a la cúpula económica guatemalteca; solo entonces, dice, reaccionó con preocupación y cuestionamientos. Para Gaitán, esa escena anticipaba una lógica que luego se consolidaría: investigaciones sensibles ralentizadas, menos prioridad para los casos de estructuras criminales y una ruptura con el ritmo y la profundidad con que se venía trabajando junto a la CICIG.

“Ya había un caso a punto de salir en donde empecé a notar que había como cierto desinterés por parte de la fiscal respecto de los casos de CICIG, no era para ella nada relevante y en mi experiencia personal cuando se le presentó ya estaba listo, la verdad prestó muy poca atención, estaba desinteresada y cuando escuchó algunos apellidos de la cúpula guatemalteca, entonces en ese momento pues sí prestó atención, abrió los ojos y dijo como que si estábamos seguros, que qué elementos había, o sea, fue como la única parte que cuestionó de la presentación. Entonces la verdad que había mucha incertidumbre de qué, pues parecía que no le interesaba, todo tenía que ser mucho más despacio y nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con un ritmo más rápido y para ella eso no era importante”, relató a Prensa Comunitaria. 

Alejandro Giammattei: Consuelo Porras logra su reelección 

El 16 de mayo de 2022, Porras logró reelegirse en un MP que ya mostraba una línea definida de persecución contra exfiscales, jueces y operadores de justicia que investigaron corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. Su reelección no fue solo una decisión política del Ejecutivo. Se fraguó también en las cortes, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) le abrió el camino con un amparo que indirectamente ordenó incluirla en la nómina final de aspirantes, justificando su alta calificación en la Comisión de Postulación. Aquel fallo despejó los obstáculos y terminó por asegurar otros cuatro años para una fiscal general cuya gestión ya era cuestionada por el desmantelamiento de las investigaciones  y la criminalización.

Así se consolidó un segundo período que, para la sociedad civil, profundizó la ruta de impunidad. Bajo los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei las denuncias sobre posibles hechos de corrupción que alcanzaban a ambos expresidentes no prosperaron. Mientras se cerraban o debilitaban los procesos penales, la institución reforzaba un patrón de persecución penal contra voces críticas y antiguos operadores del sistema de justicia.  

La exfiscal Siomara Sosa pasó por varias fiscalías en el MP y trabajó un corto periodo con Consuelo Porras, hasta que enfrentó un proceso de criminalización que la obligó a exiliarse.  Sosa dice que uno de los golpes más profundos durante la gestión de Porras fue haber desmantelado la carrera fiscal. Recuerda que, con un nuevo pacto colectivo, avalado incluso por el sindicato, se asumió que los puestos de fiscales eran “de confianza”, abriendo la puerta a destituciones discrecionales y, en sus palabras, “prostituyendo” una carrera que había sido construida bajo reglas de mérito, exámenes de oposición y garantías disciplinarias. 

Según ella, antes un fiscal solo podía ser removido tras un procedimiento y una resolución de la Junta de Disciplina; después, esas protecciones se fueron erosionando, mientras se flexibilizaron los ascensos y se debilitó la independencia interna del ente investigador. Pero para Sosa, el deterioro no fue solo laboral sino también institucional. Agrega que el MP perdió capacidades reales de investigación: desaparecieron los grandes casos construidos con análisis criminal, escuchas e investigación financiera, mientras las fiscalías departales; uno de los logros que más promociona el MP, se volvieron, dice, un espejismo sin recursos ni personal técnico. 

Como exfiscal de femicidio, señala además que esa precariedad tiene costos humanos concretos, como la incapacidad para responder a miles de casos de niñas víctimas de violencia sexual que terminan siendo madres antes de los 15 años. 

“En lo personal, como fiscal que trabajé en femicidio, me ha interesado el tema de las niñas que han sufrido violencia y son reportadas como madres antes de los 15 años. El año pasado se registraron alrededor de 1,800 casos; de esos, solo el 2 por ciento llega a sentencia, y estas suelen dictarse después de cinco años. La Fiscalía de la Mujer se ha vuelto incapaz de dar respuesta a eso”, declaró Sosa. 

Desarticulación de fiscalías claves 

Con la llegada de la nueva fiscal general, bastaron 12 meses para empezar a escuchar en los pasillos del MP lo que estaba por venir. Se frenaron casos y se traslado a personal fiscal, principalmente en fiscalías como la FECI, de Derechos Humanos o contra la Corrupción, las tres que habían sido claves por investigaciones que alcanzaron a militares, políticos, exfuncionarios y funcionarios de Estado de los gobiernos deJimmy Morales o luego Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. 

Eduardo Pantaleón recuerda que su paso por la Fiscalía contra la Corrupción estuvo marcado por investigaciones que tocaron estructuras de poder: el Libramiento de Chimaltenango, corrupción en el Ministerio de Cultura, plazas fantasma en el Instituto de la Víctima y anomalías en la Municipalidad de Zacapa. No eran, dice, expedientes ordinarios, sino casos que rozaban intereses de redes enquistadas en el Estado.

Pero el 9 de julio de 2021, en pleno desarrollo de esas investigaciones, fue trasladado abruptamente a la Fiscalía Liquidadora bajo el argumento de proteger su vida. Con el tiempo, agrega, le quedó claro que no se trataba de seguridad sino de apartarlo de investigaciones sensibles. Aquel traslado fue, según él, el inicio de una cadena de represalias que incluyó denuncias en su contra, su captura dentro de su propia oficina en mayo de 2022 y un proceso penal del que finalmente fue absuelto, aunque no sin antes convertirlo, como a otros fiscales, en blanco de criminalización.

Pantaleón vincula su caso con una desarticulación del Ministerio Público bajo la gestión de Consuelo Porras. Recuerda que al inicio existieron expectativas de continuidad en la lucha anticorrupción, pero afirma que esas esperanzas fueron cediendo ante el desmantelamiento de fiscalías clave, los traslados de fiscales incómodos, el exilio de operadores de justicia y la pérdida de impulso de casos de alto impacto. 

“Durante esa gestión, se fueron desmantelando fiscalías clave en la lucha contra la corrupción (Fiscalías Contra la Corrupción y Contra la Impunidad). Ejemplo de ello fue el traslado de Stuardo Campo de la Fiscalía contra la Corrupción a la de Tráfico Ilícito de Migrantes. A esto se sumaron mi propio traslado y posterior captura, así como el traslado, persecución y exilio de varios compañeros dentro del Ministerio Público. Muchos de ellos, actualmente, enfrentan procesos penales o denuncias, tras haberse atrevido a investigar estructuras de corrupción en Guatemala”, añadió.

El entrevistado concluye que la institución pasó de investigar redes de corrupción a perseguir a quienes se atrevieron a evidenciarlas. Su historia, insiste, no es aislada sino parte de un patrón en el que el debilitamiento de la persecución penal contra la corrupción caminó de la mano con la criminalización de quienes la impulsaban, dejando en disputa no solo trayectorias personales, sino el propio Estado de derecho.

Bajo esas condiciones, el reto para la nueva autoridad será grande. La exfiscal Sosa considera que primero se podría promover la anulación de ese pacto colectivo que debilitó la carrera fiscal. “Se debe retomar la dirección de las investigaciones urgentemente creo que lo principal sería recuperar la Dirección de Análisis Criminal (DAC) y dar continuidad a las denuncias que ha puesto la Intendencia de Verificación Especial (IVE), para dar seguimiento a esos flujos de dinero que seguro llevarán a los actos de corrupción en las instituciones públicas”, puntualizó. 

Desarticulación de la Fiscalía de Derechos Humanos 

La Fiscalía de Derechos Humanos era otras de las unidades de investigación más activas dentro del MP, principalmente por sus procesos penales en los que fueron sometidos militares vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. 

En esa unidad fueron llevados el caso por Genocidio Ixil, en el que se condenó al fallecido general José Efraín Ríos Montt. Días después la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. Además, se presentaron casos de desaparición forzadas como el Diario Militar y el caso del niño Molina Theissen; de masacres como la de Dos Erres; y el caso de Sepúr Zarco, donde se sentenciaron los delitos de esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual sistemática cometidas por el ejército. 

La exfiscal Hilda Pineda durante la administración de Porras dirigió la Fiscalía de Derechos Humanos en un ambiente que, narra, estuvo marcado por hostilidad y obstáculos, aunque eso no impidió que su equipo impulsara avances históricos en casos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Bajo su gestión, varios procesos penales avanzaron y militares fueron llevados a prisión, en una fiscalía que, pese a limitaciones, mantuvo el compromiso con las víctimas. 

Pero sostiene que ese trabajo comenzó a enfrentar bloqueos, falta de recursos, plazas vacantes sin cubrir, escasa atención a solicitudes internas y desinterés frente a necesidades de cooperación e investigación. A su juicio, no solo hubo abandono institucional, sino una desarticulación deliberada del equipo mediante traslados, destituciones y nombramientos que dejaron de impulsar los casos.

“Desde el inicio de la administración de Consuelo Porras estuve a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, afronte un ambiente hostil que hacía mi trabajo difícil, sin embargo el equipo de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía estuvo comprometido con las investigaciones de violaciones a derechos humanos. Fuí destituida el 30 de junio del 2022, con una nota de excelencia (100) de evaluación y desempeño y sin que existiera ningún procedimiento por falta administrativa, en violación a mis derechos laborales, no demandé por salud mental y porque el sistema judicial no me garantizaba la protección que demandaría, sigo siendo una abogada con la convicción que se puede aportar desde otros espacios laborales”, declaró a Prensa Comunitaria. 

Su salida, el 30 de junio de 2022, la misma fecha en la que se conmemora el Día del Ejército, resume para ella ese quiebre. Fue destituida pese a contar con una evaluación de excelencia (100 puntos) y sin que mediara procedimiento disciplinario alguno, en lo que considera una violación a sus derechos laborales. No demandó su destitución, explica, para evitar un desgaste emocional y por falta de confianza en un sistema que no le ofrecía garantías. Aún así, sostiene que salió del Ministerio Público convencida de que la ley puede manipularse, pero no borrar los derechos de las víctimas ni la memoria histórica. Desde esa convicción, ve que los retrocesos en la Fiscalía de Derechos Humanos no son sólo administrativos, sino parte de un desmantelamiento más amplio cuyas consecuencias, dice, serán juzgadas por la historia.

La caída de casos de corrupción 

Solo de la FECI hubo al menos 25 fiscales que enfrentaron procesos de criminalización y se vieron forzados a salir del exilio, un personal que trabajó de manera conjunta con la extinta CICIG y que su fortaleza era las capacidades adquiridas en investigaciones sobre estructuras de corrupción incrustadas dentro del Estado. 

Además, en la Fiscalía contra la Corrupción se removió a la mayoría del personal y en la actualidad dos exfiscales, que dirigeron procesos penales como el del Libramiento de Chimaltenango, fueron detenidos. En el caso de Pantaleón se le declaró inocente, pero la sentencia aún está siendo revisada en la Cámara Penal. Por aparte, Stuardo Campo, exjefe de esa unidad, está encarcelado desde hace más de un año, sin que se le otorgue arresto domiciliario. 

Mientras los fiscales fueron perseguidos y obligados a exiliarse, las investigaciones se fueron desvaneciendo. Durante estos ochos años, casos emblemáticos de corrupción fueron cerrados o quedaron estancados por cambios en las fiscalías; se dictaron resoluciones judiciales favorables a sindicados y se desarticularon equipos investigadores. 

Algunos de los casos más emblemáticos, entre otras cosas por las sumas de millones de quetzales que mediaron, destacan los casos Odebrecht, Construcción y Corrupción, Plazas Fantasma del Congreso y el caso de financiamiento de FCN-Nación, donde decisiones judiciales cerraron el proceso. También se frenaron las líneas de investigación que alcanzaban a diputados, empresarios y altos funcionarios en corrupción, mientras se anularon pruebas clave como convenios de colaboración eficaz y se dejó de profundizar en estructuras de sobornos y tráfico de influencias.

Otros expedientes, como el caso de los Q122 millones, el caso de los sobornos rusos, la investigación sobre la carretera vinculada a propiedades de Alejandro Giammattei y el caso Libramiento de Chimaltenango, que alcanzaba a Jimmy Morales, son solo algunos de los expedientes que ponen en evidencia ese patrón de impunidad marcado por cierres de investigaciones, revocatorias de órdenes de captura y ausencia de avances en los procesos.

A ello se suman resoluciones que beneficiaron a señalados en el caso Manipulación de Justicia y el cierre de investigaciones como la de Alejandra Carrillo. En contraste se abrieron procesos contra periodistas como Jose Rubén Zamora y de un grupo que trabajó en el diario elPeriódico, cuyo medio fue cerrado por ese expediente. 

La persecución también alcanzó a estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) que se opusieron a la elección irregular de Walter Mazariegos, las autoridades indígenas que defendieron los resultados electorales del 2023; con un MP que buscó impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran sus cargos. 

*Esta redacción solicitó una postura, así como datos sobre resultados de gestión de casos al Ministerio Público en estos ocho años de gestión, pero no hubo respuesta. Sin embargo, una nota de Plaza Pública señala que, por ejemplo, en  denuncias desestimadas (que no se investigaron) por el Ministerio Público, relacionadas con el delito de violencia contra la mujer se multiplicaron hasta 2022.  21,175 denuncias de las 60,064 que se presentaron el año pasado fueron desestimadas por decisión de los fiscales y no por orden de un juez.

Un MP de “transición” 

Para la abogada Flor Gálvez, exmandataria de la CICIG, la gestión de Porras estará marcada por la criminalización de operadores de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos, así como por la omisión en investigar grandes redes de corrupción. A su juicio, el uso del derecho penal para silenciar la disidencia desnaturalizó la función constitucional del MP, mientras la falta de acción frente a la corrupción y la desestimación de casos de violencia contra la mujer configuraron una denegación de justicia con graves consecuencias para la confianza ciudadana y la seguridad jurídica.

Gálvez dice que revertir este deterioro requiere una reforma estructural que vaya más allá de un relevo en esa institución. Considera que se debe evitar intereses políticos, recuperar la estabilidad y autonomía de la carrera fiscal mediante evaluaciones objetivas y protección frente a destituciones arbitrarias, así como establecer mecanismos de auditoría externa y rendición de cuentas para revisar tanto casos desestimados como procesos de criminalización. 

“En cuanto a los casos de violencia contra la mujer, la desestimación sistemática de denuncias refleja una preocupante carencia de perspectiva de género en la política criminal. Ignorar la gravedad de estos casos bajo criterios burocráticos no es otra cosa que una revictimización institucionalizada que deja en un estado de indefensión jurídica absoluta a mujeres y niñas. Considero que, para restaurar la integridad del Ministerio Público, no basta con un cambio de liderazgo; se requiere una reforma estructural basada en al menos lo siguiente”, señaló. 

Es así como la designación que haga Bernardo Arévalo será clave para la recuperación institucional del MP. Su decisión marcará el rumbo de encauzar el trabajo de la institución o dar continuidad a un entorno de persecución a la disidencia en el país.  

Alexander Valdéz

Licenciado en Comunicación Social con una especialización anticorrupción. Periodista con 10 años de experiencia, enfocado en cobertura de asuntos judiciales y casos de corrupción. Comprometido con un periodismo responsable y veraz.

Fuente Prensa Comunitaria