Trabajadores uníos: este primero de Mayo a recuperar la palabra

Mario Rodríguez

A treinta años de la Firma de los Acuerdos de Paz, el conflicto de clases en Guatemala sigue presente, no desapareció. Solo cambió de nombre.

Cada primero de mayo, el calendario nos recuerda que existe algo llamado «Día Internacional del Trabajo». Las empresas publican en sus redes sociales mensajes de felicitación a sus «colaboradores». El gobierno emite un decreto declarando feriado. Y así, con una palmadita en el hombro y una publicación en Instagram, se cierra el asunto hasta el año siguiente.

Lo que nadie menciona es por qué ese día existe. En 1886, en Chicago, trabajadores fueron masacrados mientras exigían una jornada de ocho horas. Sangre, no consenso, es el origen de esta conmemoración.

En Guatemala, sin embargo, hay capas adicionales de silencio. Hablar de lucha de clases se considera anacrónico, sectario, incluso peligroso. La palabra «sindicalismo» evoca, en el imaginario dominante, algo sucio, soviético, pasado de moda. Y la palabra «trabajador» fue sutilmente jubilada y reemplazada por «colaborador». Ese cambio no es inocente. Es político. Es, en toda la extensión del término, un acto de guerra cultural en contra de la clase trabajadora.

El problema no es solo que los patrones usen ese lenguaje. Lo más inquietante es cuando lo adoptan quienes deberían resistirlo. Hace unos días, en un programa de radio, un dirigente social hablaba de la necesidad de que los «colaboradores» fueran incluidos en el diálogo sobre condiciones de trabajo. Lo dijo sin aparente incomodidad, como quien ha terminado por creer que esa es la palabra correcta. Ese momento condenso algo grave cuando el propio movimiento laboral empieza a nombrar a los trabajadores con el vocabulario de la empresa, y no se da cuenta que con ello tampoco gana acceso a la mesa del poder. Está entregando su identidad y renegando de su condición de clase. Y lo que se cede en el lenguaje, tarde o temprano, se cede también en la política.

Más allá de esta confusión lingüística, la gran operación ideológica de las últimas tres décadas ha sido convencernos de que el conflicto social terminó. Que vivimos en una sociedad de clases medias en ascenso, de emprendedores, de «colaboradores» que construyen juntos el éxito individual. El lenguaje del management reemplazó al lenguaje de la política. Ya no hay patrones y trabajadores; hay «líderes» y «equipos». Ya no hay explotación; hay «áreas de oportunidad». Ya no hay lucha de clases por derechos elementales; hay «retos» que debemos aprender a afrontar para sobrevivir. Ya no hay estado benefactor, nunca lo ha habido, pero ahora hay la captura del Estado por parte del empresariado que reduce y elimina el gasto social, por innecesario e ineficiente.

Uno de los efectos más devastadores y menos discutidos de este proceso fue la destrucción sistemática del sindicalismo de clase. No de cualquier sindicalismo, sino del que tenía vocación transformadora, el que ponía en cuestión no solo el salario, sino la propiedad de los medios de producción, la distribución de la riqueza, el papel del Estado. El que cuestionaba al sistema y llamaba a cambiarlo. Ese sindicalismo fue aplastado durante el conflicto armado con lista en mano y represión violenta. Lo que sobrevivió fue disciplinado por la precariedad económica, la informalidad laboral masiva y el discurso de que «el mercado sabe mejor».

La precariedad solo trajo más explotación. Por eso Guatemala tiene uno de los niveles de sindicalización más bajos de la región. Las zonas francas, las maquilas y todos esos enclaves de expansión capitalista operan bajo regímenes de excepción, el derecho de organización existe en el papel, pero se persigue en la práctica. Los trabajadores del campo, de la construcción, del comercio informal, no tienen representación colectiva efectiva. Y quienes se atreven a organizarse enfrentan despidos, listas negras y, en sectores como la agroindustria y la minería, amenazas mucho más graves.

Pero detrás de ese lenguaje aséptico, la realidad es contundente. Guatemala tiene uno de los índices de desigualdad más altos del hemisferio. El coeficiente de Gini revela que la riqueza sigue concentrada en pocas manos, mientras más de la mitad de la población vive en pobreza. El salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica. La migración masiva hacia México y Estados Unidos no es una aventura voluntaria, simplemente es una huida de condiciones que hacen imposible la vida digna aquí.

Eso es lucha de clases. No necesita banderas rojas ni discursos. Está en el cuerpo de la trabajadora doméstica que no tiene seguro social. En el jornalero que no sabe si mañana habrá trabajo. En el vendedor ambulante que huye de la policía municipal. En la familia que migra porque quedarse significa morir despacio.

Llamarnos «colaboradores» no cambia nuestra condición. Sigue siendo nuestra fuerza de trabajo lo que mueve esta economía. Y lo que mejor ilustra nuestra realidad es que no recibimos lo que producimos.

Este primero de mayo vale la pena recuperar algo de memoria. No como nostalgia, sino como orientación política. Los trabajadores guatemaltecos tienen una historia de organización, de resistencia, de dignidad reclamada bajo condiciones brutales. Esa historia fue borrada adrede. Recordarla es un acto subversivo.

Vale la pena también rechazar el lenguaje que nos imponen. Somos trabajadoras y trabajadores. Vendemos nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Eso no es una identidad vergonzosa; es la realidad de la mayoría. Y reconocerla es el primer paso para organizarse, para exigir, para disputar. Que nos llamen «colaboradores» no nos hace socios de la empresa. Nos hace, en todo caso, peones del sistema más fáciles de manipular.

El conflicto no terminó. Solo aprendió a callarse. Y mientras sigamos usando las palabras de quien nos explota, seguiremos perdiendo una batalla que ni siquiera sabíamos que estábamos librando.