Sobre la tiranía de las leyes y la importancia de instaurar un verdadero Estado de Derecho

Autor: Jairo Alarcón Rodas

La justicia es aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad.

Hans Kelsen

Solamente en un país reducido a cánones judiciales, en donde los abogados y juristas tienen relevancia, preminencia y notoriedad sobre las demás figuras del Estado, en donde las leyes y su interpretación maliciosa se imponen a la sociedad y la mediocridad resurge con su diletante jerga jurídica como una virtud, se pretende establecer un Estado de Derecho, lo que no es así, pues requiere de mucho más.

Reducir el comportamiento de la sociedad a derechos y obligaciones dentro de un marco jurídico establecido, dentro de un ambiente en el que se desconoce lo que es la justicia, el bien común, el desarrollo y la honorabilidad es, como dice el refrán, pretender que las ovejas vivan en paz, cuando los lobos dictan las leyes, las reglas del juego. Las leyes cobran valor cuando son justas y recogen las necesidades y requerimientos de una sociedad para su buen funcionamiento, no es así cuando se aplican antojadizamente y se interpretan de acuerdo con los intereses de determinado sector.

La sociedad surge por la necesidad de buscar satisfactores y alcanzar un estado de bienestar, a partir de la necesidad de convivencia con otras personas, ya que, como lo dijo Platón, un solo hombre no se basta a sí mismo. Lo que obliga a crear nexos comunicativos, afectivos y de cooperación para la permanencia y productividad del grupo social en referencia. Por lo que debe tener como objetivo el bien común y la justicia.

A los vínculos contractuales y de poder, hay que agregar la necesidad de crear vínculos afectivos que posibiliten la armonía dentro de la sociedad, de los cuales se derivan las normas de comportamiento a seguir que inciden en la promulgación de normas y leyes. El comportamiento humano, por consiguiente, rebasa el marco legal que lo limita y regula, éste solo recoge aquello que permita a un individuo, dentro de la colectividad, vivir en armonía, al margen de posible discordia.

Siendo las relaciones sociales de producción notoriamente importantes en la creación de un Estado, constituyéndose en pieza fundamental en el establecimiento de toda sociedad, no agotan las relaciones que se establecen dentro de ésta, cobrando importancia las relaciones interpersonales que subyacen dentro de todo marco jurídico.

Pero, ¿cuál es la importancia de las leyes en toda sociedad? Las leyes son importantes pues es a partir de estas que se organiza la convivencia, garantiza la seguridad, se preserva el orden, permitiendo una convivencia pacífica y reduciendo la impunidad. Teniendo en cuenta que las leyes no establecen que así sea, sencillamente lo preserva. No porque la ley señale que todo ser humano tiene derecho a la vida va suceder de esa forma o que  la ley garantice el acceso a una educación digna, las personas gozarán de ese derecho.

Consecuentemente, los juristas únicamente deberían ser receptores de las necesidades y requerimientos sociales, evidenciados por otros cuentistas sociales a partir de la experiencia y la razón, para traducirlas en leyes y normas y no necesariamente que a través de tal requerimiento se constituyan en rectores omniscientes de un país.

El vivir en sociedad no se limita al cumplimiento de leyes dentro de un marco jurídico, ya que pudiendo ser perversas, y los jueces que las interpretan y sancionan aún más, contravengan, de esa forma, toda teoría del Estado que tienda al bien común y a la justicia, por lo que, sin un marco regulador que establezca tales criterios, simplemente se impondría la tiranía de las leyes y el establecimiento de un Estado de Derecho sería un fracaso.

De modo que, al aceptar tal criterio legal, cualquier déspota, dictador y opresor emitiría leyes para su beneficio y permanencia en el poder oprimiendo a la población respaldado por esa estructura jurídica, es más, justificaría su accionar, señalando que está dentro del marco de la ley. Curiosamente, así ha sido en más de un país del mundo y Guatemala no es la excepción.

Una sociedad y el tejido social que la conforma tiene muchos más aspectos, que necesariamente deben ser tomados en cuenta, que aquellos que corresponden al estricto campo de las leyes, del que el aspecto jurídico solo es una parte. Sin embargo, políticos, miembros de la asamblea nacional constituyente que en su momento respondieron a determinados intereses, crearon una Constitución de la República de Guatemala, en donde los abogados ostentan el monopolio de la dirección de las instituciones y el control del país.

¿En dónde quedan los economistas, los politólogos, los sociólogos, los filósofos, los humanistas? Según los constituyentes de la Constitución del año 1985, tienen muy poco que decir en la estructuración y funcionamiento del Estado, para ellos eso solo les corresponde a los abogados y notarios. Y así, en cada dependencia esencial de las instituciones gubernamentales, los juristas resultan ser imprescindibles, como si eso garantizara el buen funcionamiento del Estado.

A cuenta de qué el Procurador de los derechos humanos, por ejemplo, únicamente puede ser un abogado y notario, si los derechos humanos no son un campo estrictamente jurídico. Son un campo interdisciplinario que abarca la filosofía (dignidad humana), la política (justicia social) y la ética, fundamentando obligaciones internacionales y nacionales para los Estados. A pesar de que su protección se base en normas legales.

Cuando los derechos humanos son vulnerados, cuando el derecho positivo no cumple con su esencial función, la de garantizar las posibilidades de desarrollo, la dignidad, la seguridad y el bienestar para todo individuo que forma parte de la sociedad, es decir, sus derechos y obligaciones, en fin, cuando falla el Estado, en su función de proteger a toda persona, es cuando se hace necesario exigir el respeto a sus derechos inalienables, siendo precisamente ahí que la figura del defensor del pueblo cobra relevancia.

Recuérdese que la figura del ombudsman, el defensor del pueblo, se creó en Suecia en 1809 para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos, arbitrariedades y la ineficiencia de la administración pública. Administración pública que, desde luego, se sustenta por un marco jurídico que, en ese caso, no garantiza el bienestar de las personas. En síntesis, limitar a los abogados el ejercicio del respeto a los derechos humanos es tener una pobre visión de lo que eso representa.

La tiranía de las leyes es una forma de abuso de poder donde un gobernante o grupo utiliza la estructura legal establecida —interpretándola, violándola o manipulándola con impunidad— para imponer un gobierno opresivo, eliminando libertades individuales y restringiendo el bien común. Se caracteriza por el uso de la fuerza y la arbitrariedad, convirtiendo el sistema jurídico en una herramienta de sumisión en lugar de justicia.

Y eso es precisamente lo que ocurre en Guatemala tras la cooptación de las cortes y del ente encargado de la persecución penal del crimen organizado. Por lo que el cumplimiento de la ley, cuando está a cargo de jueces y magistrados corruptos y perversos, da lugar a la debida resistencia. Ya decía Simón Bolívar: Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho.

Un verdadero Estado de Derecho se establece no simplemente cuando impera la ley, sino cuando las leyes que regulan el comportamiento de los miembros de una sociedad son justas, ecuánimes y se aplican con imparcialidad. Decía Robespierre, los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas, por aparte, es buena, si uno la usa legítimamente.

Confiemos que una nueva constituyente recoja el verdadero sentir y necesidades de un país como Guatemala y elabore una nueva constitución justa y democrática, que deje atrás la tiranía de las leyes, que impida la perversión del gobierno, donde la ley, que debería proteger, se convierte en el instrumento de opresión. Conscientes de que es el pueblo el verdadero garante de que eso suceda.