La importancia de la justicia y un ministerio público independiente

Autor: Jairo Alarcón Rodas

¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión?

Maximilien Robespierre

Mientras la justicia esté en manos de corruptos y la persecución de delincuentes a cargo de criminales y malhechores, no se puede esperar que una sociedad aspire a un orden democrático, a un estado de bienestar. Los Estados se establecen para el bien común y no para resguardar los intereses de una élite intransigente y avorazada.

Consecuentemente, aunque en los actuales Estados así lo sean y hayan sido, dado el peligro de que son susceptibles a ser corrompidos, originando, como Aristóteles lo señalaba, las formas bastardas de gobierno, no significa que esa sea la tónica de los Estados, no quiere decir que se deben aceptar ese tipo de gobiernos sin protestar y sin hacer algo para cambiarlos.

La justicia, por lo tanto, es la virtud que regula el comportamiento de mujeres y hombres en sociedad, pero cómo debe entenderse para comprender mejor su función. Si es la llamada a buscar la cohesión, posibilitar la convivencia en armonía de diferentes individualidades, con distintos criterios y aspiraciones y, por otra parte, resolver los conflictos que puedan generarse en sociedad, con el firme propósito de lograr el bienestar para todos, no puede tender a la discordia, generar conflictos.

Lo justo comúnmente se entiende como lo imparcial, lo equitativo, lo ecuánime, pero podrán lograrse esos valores en un mundo en donde la diversidad predomina y la han hecho predominar, en donde existe la estratificación social y, consecuentemente, se categoriza a las personas según su poder adquisitivo. La justicia, en este caso, se ve vulnerable por el capital, por el dinero.

Así, no es lo mismo juzgar a un millonario que a una persona del pueblo. No obstante, en el capitalismo se pregona la igualdad de todos ante la ley ya que históricamente ciertos sectores han sido privilegiados a expensas de los demás y desean mantener esa distancia, que con los compensadores sociales se vería afectada.

Justicia es una norma universal que permite lo que se debe y restringe lo que no se debe. Platón señalaba que la justicia es condición para la felicidad, de modo que un ser injusto, en el sentido estricto, no puede serlo. De modo que la justicia tiene como una de sus funciones limitar los excesos en los que pueda incurrir una persona en sociedad. Platón insiste en que la justicia es algo que debe ser deseado por sí mismo y no por sus resultados. Lo que lo aleja, con ese criterio, de una visión pragmática de la justicia, en la que el resultado es lo más importante y no los medios para lograrlo.

Para la ética marxista, señala Mark Rosental, el concepto de “justicia” está unido a la idea de liberar a la sociedad de toda explotación. Únicamente el socialismo establece relaciones auténticamente justas que implican igualdad de derechos, amistad fraterna y colaboración entre todos los pueblos. De modo que no es posible que la justicia prevalezca, cuando hay regímenes en los cuales la lucha de clases está presente y, con ello, la estratificación social marca la diferencia.

Para John Rawls, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Eh ahí, el papel distributivo de la justicia para el establecimiento de un orden social con la finalidad del bien común. Concluye Rawls, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.

Los seres humanos a pesar de tener distintas inquietudes, intenciones, deseos y aspiraciones necesitan vivir dentro de una colmena de voluntades. Es así como, siendo aparentemente diversos, han decidido vivir en sociedad. Por lo que deben someterse a normas y leyes que regulen su comportamiento en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones, resguardados por la justicia. Siendo lo justo lo que corresponde a la razón y no entra en contradicción con el correspondiente orden social ni en detrimento de los genuinos derechos del individuo.

Qué sucede cuando exprofesamente la justicia la pervierten jueces y magistrados, en función de mantener los privilegios y negocios turbios de un grupo determinado y, si a eso se le suma que el órgano encargado de perseguir a aquellos que infringen las normas, los que cometen delitos y crímenes, son favorecidos como lo ha sido en el sistema de justicia guatemalteca y el ministerio público a cargo de Consuelo Porras, en tales condiciones el país está condenado a sufrir tan nefastas consecuencias.

Por ello, es imperioso que el nuevo gobierno accione dentro de lo permisible, en contra tanto sobre la actual fiscal general, como los funcionarios que estuvieron involucrados en la red de corrupción enquistada en el Estado. De igual forma que se comience a depurar las cortes de justicia y jueces en general, los que a todas luces han demostrado con su accionar, cuan corrupta puede llegar ser la labor de los administradores de la justicia, cuando a esos cargos acceden personas inescrupulosas y perversas.

El actual gobierno no puede permitir que el ministerio público, con Consuelo Porras a la cabeza, continúe con su labor de desestabilización del país en alianza con el Pacto de Corruptos. Una persona que ha demostrado estar comprometida con las mafias del país no puede respaldarse en la ley para permanecer en el cargo.

Cuando una ley no cumple su función, la de resguardar el orden social con apego a la justicia, debe sustituirse por otra que sí lo haga y en el caso de la fiscal general y la camarilla de fiscales que la secundan les interesa muy poco o nada el bienestar de la sociedad, simplemente están para cumplir órdenes de los corruptos.

Aquellos que señalan que a la jefe del ministerio público hay que dejarla que cumpla sus funciones, que continúe al frente de esa institución pues su mandato está en ley, la respuesta es clara, no existe ley alguna que contravenga la decisión de un pueblo y en el caso de Consuelo Porras, el pueblo de Guatemala ya decidió desde hace mucho tiempo que no la quiere al frente de la dependencia que está encargada de perseguir a la delincuencia ya que ella, con las acciones que ha emprendido al frente de esa institución, ha demostrado que es una perversa funcionaria, que quiso propiciar un golpe de Estado y sumir al país en una peor crisis.

El Pacto de Corruptos, aunque fueron derrotados a través de las urnas, no han cesado de seguir con las intenciones del control del país, por lo que continúan siendo una amenaza. Prueba de ello es la permanencia de la fiscal general Consuelo Porras y demás fiscales aliados a las redes de corrupción y crimen organizado que operan en el país.

No son gratuitas las sanciones que la comunidad internacional les ha endilgado a esas personas y no es cuestión de lucha ideológica, como mal lo entienden los mercenarios de la política, traficantes de la ignorancia. Ahora resulta que la comunidad europea, las Naciones Unidas, la OEA y el gobierno de Biden, son izquierdistas que, entrometiéndose con la soberanía del país, sancionan a funcionarios guatemaltecos que cumplen con sus funciones en apego a la ley y constitución de la República. Será que, ingenuamente, hay alguien que les puede creer tales patrañas.

Fiscales como los que actualmente operan en el ministerio público bajo las órdenes de Consuelo Porras, así como jueces y magistrados que han pervertido el espíritu de las leyes, no pueden continuar con sus cargos ya que son un cáncer para la endeble democracia guatemalteca, es tiempo de decirles, hasta aquí.