Soberanía, narcotráfico y nuevo orden militar
Mario Rodríguez
La reciente noticia del diario New York Times confirma la información que autoriza al ejército de Estados Unidos realizar operaciones militares conjuntas con Guatemala para combatir al narcotráfico. Según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, fue su gobierno quien solicitó la intervención, un gesto que, lejos de pasar desapercibido, se lee como un reconocimiento tácito de las limitaciones operativas de las fuerzas armadas guatemaltecas frente a redes criminales transnacionales que han operado en el territorio nacional desde hace más de dos décadas y que han logrado cooptar instancias políticas y del sistema de justicia.
Eso ha encendido un debate que trasciende la seguridad nacional y toca el núcleo de la soberanía nacional. En primer lugar, expone las tensiones de un Estado cuya capacidad institucional parece medirse por el grado de alineación o sumisión hacia los intereses estadounidenses. En segundo lugar, en el trasfondo, hay dos actores políticos contrapuestos que compiten por demostrar lealtad estratégica al Departamento de Estado, aunque con lógicas, intereses y tiempos distintos.
De un lado, los sectores más radicales del pacto de corruptos y la derecha anticomunista del gran capital, que han impulsado y sostenido a figuras como Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad, que con el respaldo de legisladores de oposición cuyas trayectorias han sido objeto de señalamientos por parte del propio Departamento de Estado. Del otro lado, la administración Arévalo ha acelerado gestos de realineamiento geopolítico, desde la salida de la brigada médica cubana hasta la ejecución de proyectos en la costa Pacífica con participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estados Unidos.
Lo ocurrido ayer, sin embargo, marca un punto de inflexión. Si bien los detalles operativos del acuerdo permanecen bajo reserva, la implicación política resulta bastante clara, porque se institucionaliza una presencia militar extranjera en suelo guatemalteco bajo el argumento de la lucha contra el crimen organizado. Y lo más lamentable, se le permitirá atacar, cualquier punto del territorio nacional que la inteligencia de ese país considere apropiado para atacar al narcotráfico.
Este movimiento reactiva un debate histórico sobre la dualidad de las fuerzas armadas nacionales, ampliamente documentada en archivos desclasificados y estudios académicos, en el sentido que instituciones que sostuvieron campañas contrainsurgentes durante décadas con asesoría y material externo, hoy son declaradas insuficientes frente al narcotráfico, mientras algunos miembros en situación en retiro han pasado a formar parte de estos cuerpos ilegales del crimen organizado. ¿Cómo es posible esto? La pregunta queda flotando, pero basta con leer el libro de Rubio Castañeda, “Guatemala: narcotráfico y oligarquía” se puede encontrar una respuesta tentativa.
Lo más importante ahora es cuestionar al ministerio de relaciones exteriores y al Ministerio de la Defensa para saber si esta colaboración fortalecerá la seguridad y qué precio institucional y político está dispuesto a pagar el país a cambio de la protección estratégica que Washington ofrece.
La debilidad estructural del gobierno de Arévalo
Guatemala no llega a este acuerdo desde la fortaleza institucional, sino desde una debilidad estructural histórica. El gobierno de Arévalo apenas logró remover a la fiscal general Consuelo Porras, figura clave en lo que analistas y organismos internacionales identifican como cabeza ejecutor del pacto de corruptos. Esa captura sistémica del Estado permitió que los carteles del narcotráfico no solo utilizaran el territorio como corredor de tránsito, sino que penetraran activamente en sus instituciones, a tal grado que fiscalías, juzgados, magistraturas, cuerpos de seguridad y espacios legislativos han sido cooptados mediante lo que investigadores locales identifican como narco-política, es decir, la instrumentalización del poder público para garantizar impunidad y blindar operaciones criminales.
La paradoja central es que el Estado guatemalteco solicita asistencia militar extranjera precisamente porque su arquitectura de justicia ha sido infiltrada en grados que imposibilitan una respuesta eficaz desde adentro. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿es viable combatir al narcotráfico con operaciones de fuerza cuando el ecosistema político, económico y judicial que lo sostiene permanece intacto? Los especialistas en seguridad coinciden en que los operativos de interdicción y los despliegues tácticos pueden neutralizar mandos medios, pero rara vez desmantelan las redes de protección institucional que constituyen la verdadera columna vertebral del crimen organizado transnacional.
Resulta igualmente preocupante la simultaneidad de este acuerdo con los esfuerzos de sectores en el Congreso por debilitar o derogar la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Si esa normativa cae, cualquier éxito operativo quedaría neutralizado y los capitales ilícitos continuarían fluyendo hacia la economía formal, perpetuando así el círculo vicioso de la influencia criminal en la vida política del país a dos años de las elecciones generales, mecanismo utilizado reiteradamente para financiar la captura del Estado. Basta recordar el trabajo de la CICIG y el trabajo realizado por Consuelo Porras para revertir y proteger a esos intereses estructurales que cooptan el Estado.
El control del lavado de activos es una de las exigencias recurrentes de Estados Unidos en sus reportes de evaluación estratégica y condicionantes de cooperación; por otro, Washington ha respaldado, directa o indirectamente, a actores políticos y económicos que hoy se oponen a que la normativa tenga dientes efectivos. Esta contradicción no es accidental, ya que refleja la tensión entre el discurso antinarcóticos y la conveniencia geopolítica de mantener alianzas locales estables, incluso si eso implica tolerar circuitos financieros opacos.
La paradoja es evidente: mientras se firman acuerdos de cooperación militar para interceptar cargamentos en la selva o en el mar, se debilitan los mecanismos legales que permitirían perseguir el destino final de esos capitales. El resultado es una estrategia fragmentada que ataca los eslabones visibles de la cadena criminal —transporte, distribución, violencia territorial— mientras protege los nodos financieros que la hacen sostenible. En este juego de equilibrios, la ley contra el lavado deja de ser un instrumento técnico para convertirse en un termómetro político: mide hasta dónde están dispuestos a llegar los actores locales e internacionales para confrontar, o acomodar, las estructuras de poder que sostienen el narcotráfico en Guatemala.
Este acuerdo no puede leerse como una mera decisión de política de seguridad. Es, ante todo, la expresión de un gobierno que pacta desde la vulnerabilidad institucional. La administración Arévalo ha transitado por un ciclo continuo de desestabilización: judicialización política, bloqueo legislativo, campañas de descrédito y recurrentes intentos de ruptura del orden constitucional que, en la práctica, han operado como golpes de Estado blandos. En este escenario, Washington no ha mantenido una postura unívoca. Su diplomacia ha oscilado entre contener los embates más visibles del llamado “pacto de corruptos” y, al mismo tiempo, tolerar o incentivar a los mismos actores que buscaban descarrilar la transición democrática. El resultado es una dinámica de dependencia estratégica: cuando la presión interna se vuelve insostenible, la salida no se busca en la reconstrucción del pacto social ni en el fortalecimiento de las instituciones propias, sino en la externalización de la protección. La cooperación militar con Estados Unidos no nace de la fortaleza operativa, sino de la necesidad de supervivencia política. Y en esa transacción, Guatemala no solo cede soberanía táctica, sino que reproduce un patrón histórico donde la autonomía se intercambia por un escudo externo. El costo, como suele ocurrir en estos arreglos, lo terminará pagando la capacidad del Estado para gobernarse a sí mismo y la promesa de una democracia que creyó, por un momento, en la posibilidad de una soberanía real.
Geopolítica del cerco: México en la mira
El acuerdo no debe leerse solo internamente. Según fuentes del New York Times, la estrategia no se limita a contener el narcotráfico en Guatemala, busca normalizar una presencia militar estadounidense en Centroamérica que lleva años en el territorio, pero que nunca ha sido operativa, más bien actuaba como comando y control brindado asesoría directa a los efectivos militares locales.
Esto debe leerse como mecanismo de presión estratégica sobre México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente el despliegue de tropas o drones estadounidenses en territorio mexicano, invocando la soberanía nacional y el principio de no intervención. Washington responde con una táctica de cerco y recurre a dos países con gobiernos incondicionales como Guatemala y Honduras que si aceptan operaciones conjuntas.
Así, México quedaría flanqueado al sur por una arquitectura de seguridad alineada directamente con Estados Unidos, mientras la presión diplomática y operativa se incrementa por el norte. Esta dinámica replica, con distinta nomenclatura y tecnología, patrones históricos de intervención en la región, porque la militarización de la política antidrogas como instrumento de proyección de poder, no es nueva, ni innovadora.
La diferencia radica en la escala y la velocidad en que se está implementando y en la letalidad que ahora contiene. La administración Trump ha impulsado la llamada Coalición de las Américas, que ya agrupa a casi veinte países, ha designado a más de una docena de organizaciones latinoamericanas y caribeñas como entidades terroristas extranjeras, y ha desplegado recursos militares a niveles no vistos en décadas. Guatemala se convierte así en el segundo país, tras Ecuador, en autorizar acción militar conjunta dentro de sus fronteras, mientras Honduras avanza en esquemas de cooperación operativa que, aunque menos visibles, siguen la misma lógica de externalización de la seguridad.
El precedente ecuatoriano es revelador y debe analizarse con cautela. En marzo de 2026, una operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador impactó una finca ganadera y una lechería, no el complejo narcotraficante que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado públicamente. Este error operativo no es anecdótico, ilustra los riesgos legales, de legitimidad y de daño colateral que conlleva trasladar una lógica de guerra convencional a un fenómeno de criminalidad compleja y enraizado territorialmente.
La soberanía en la Constitución y el dilema institucional
El presidente Arévalo ha enmarcado el acuerdo como un ejercicio de soberanía y lo expreso abiertamente así: Guatemala solicita la cooperación, lidera las operaciones y mantiene el control operativo, mientras el ejército de Estados Unidos se limita a un rol de apoyo, asesoría y provisión tecnológica. El Ministerio de la Defensa ha matizado que, conforme a la Constitución, solo el Ejército Nacional actuará operativamente en territorio guatemalteco.
Sin embargo, esta distinción formal merece escrutinio. La soberanía no se ejerce únicamente en el plano jurídico de quién aprieta el gatillo. Se ejerce en la capacidad real de un Estado para definir sus prioridades de seguridad, controlar la inteligencia compartida, establecer reglas de enfrentamiento y rendir cuentas ante su ciudadanía. Cuando un socio es la primera potencia militar del planeta y el otro es un país con instituciones debilitadas por décadas de captura criminal, la asimetría transforma cualquier acuerdo de cooperación en algo cualitativamente distinto a una alianza entre pares.
La materialización del convenio activa un dilema constitucional que coloca a la Corte de Constitucionalidad en el centro de una disputa de legitimidad. Ya se escuchan voces en donde se advierte que la presencia de fuerzas extranjeras para operaciones de combate podría colisionar con el marco constitucional que reserva el uso de la fuerza al Estado y prohíbe la cesión de soberanía territorial.
En este escenario cobra relevancia la figura de Molina Barreto, cuyo regreso a la magistratura coincidió con dinámicas de alineación política respaldadas por actores cercanos al pacto de corruptos que Washington respalda por medio del llamado lobby de Miami, en referencia a la congresista de origen cubana María Elvira Salazar. Si el magistrado se apega al texto constitucional y declara la nulidad del convenio, se enfrentaría a la misma red de influencias que facilitó su nombramiento; si lo avala, quedaría al descubierto la contradicción entre el discurso de independencia judicial y la realidad de las presiones externas.
Para el presidente Arévalo, la ecuación es igualmente espinosa. Podría argumentar que su gobierno impulsa la cooperación, pero que la CC, integrada por sectores vinculados al llamado “pacto de corruptos”, la obstruye, o bien, capitalizar los señalamientos de infiltración criminal contra esos mismos actores para justificar la intervención extranjera como un mecanismo de contención. Validar el acuerdo sin contrapesos institucionales, sin embargo, no solo consolidaría la alineación con Washington, sino que normalizaría una dinámica en la que la soberanía se negocia en función de la supervivencia política interna. En otras palabras, Estados Unidos de facto, se ha convertido en el interventor definitorio del rumbo político del país.
El riesgo de la ocupación funcional
Esta presencia militar y de inteligencia estadounidense en suelo guatemalteco no es un fenómeno reciente ni aislado. Desde la operación de 1954 que derivó en el derrocamiento de Jacobo Árbenz y abrió la puerta a décadas de injerencia de la CIA, el país ha funcionado como un eje de proyección de la seguridad hemisférica. En el último medio siglo, el despliegue de asesores de la lucha contrainsurgente, la creación de fuerzas de tarea conjuntas contra el narcotráfico y la cooperación en materia de vigilancia han mantenido una arquitectura de influencia que rara vez ha sido sometida a escrutinio legislativo o ciudadano.
Lo distintivo del acuerdo actual no es la presencia en sí, sino su escala, su carácter explícito y su formalización bilateral sin un debate público amplio. Se esta hablando de un acuerdo que autoriza a utilizar bombas letales en distintos puntos del territorio nacional por un ejército que no es el nacional.
Más allá de Guatemala, el acuerdo sienta un precedente de alto riesgo para el orden regional, al aceptar operaciones militares extranjeras bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico, Ecuador, Guatemala y Honduras están validando un modelo que, en la práctica, equivale a una ocupación funcional del territorio: bases logísticas, intercambio de inteligencia en tiempo real, reglas de enfrentamiento diseñadas por mandos externos y una narrativa de “emergencia permanente” que justifica la excepción constitucional.
El contraargumento es que Estados Unidos tiene la capacidad y ha mostrado la voluntad de atacar cualquier país del mundo cuando así lo considere pertinente, por los motivos que considere los adecuados, así que mejor le damos permiso, porque no podemos evitar que lo haga por la libre.
Pero hay otros países que si valoran mantener su soberanía intacta. México, por su parte, ha optado por la negación explícita, recordando que la soberanía no es un concepto negociable ni un recurso táctico. Pero si la arquitectura de seguridad se consolida en la frontera sur, la presión sobre México no será solo diplomática, sino operativa y normativa.
El peligro más profundo no reside en el presente, sino en la deriva estratégica. La historia demuestra que los dispositivos militares desplegados con un pretexto humanitario o antidrogas rara vez se retiran cuando el objetivo declarado cambia. Hoy se justifica por el narcotráfico; mañana, el pretexto podría ser la migración irregular, la “inestabilidad política”, la protección de corredores logísticos o la contención de influencias geopolíticas rivales previendo la influencia de terceros países, como Rusia y China, en este continente.
Convertir al ejército estadounidense en una fuerza de respuesta rápida institucionalizada en Centroamérica no solo redefine el equilibrio de poder regional, sino que entrega a Washington un mecanismo de intervención legitimado por la firma de gobiernos locales. La soberanía, en este esquema, no se pierde por la fuerza, se cede por decreto.
No hemos aprendido nada de historia
La historia guatemalteca está marcada por la tensión entre la retórica de soberanía y la realidad de la dependencia estratégica. Hoy, esa tensión se materializa en un acuerdo que, más que una solución al narcotráfico, parece un síntoma de un Estado que delega en lo externo lo que no ha podido o no ha querido sanar por dentro. Si la cooperación militar no viene acompañada de una reconstrucción institucional, transparencia financiera y rendición de cuentas, Guatemala no estará ganando una guerra contra el crimen: estará alquilando su territorio para una contienda que, como demuestra la región, rara vez termina con la derrota de los carteles, pero sí con la erosión acelerada de la sociedad en su conjunto.
El precedente está servido. Lo que hoy se firma como cooperación antidrogas mañana podrá activarse bajo otra bandera. Y cuando la soberanía se convierte en una variable de ajuste geopolítico, el precio no lo pagan los carteles. Lo pagan las instituciones, la democracia y el derecho de un pueblo a decidir, sin intermediarios armados, el futuro de su propia casa.
