No fue el 14 a las 14 pero se logró el cambio

Autor: Jairo Alarcón Rodas

El deber de todos los guatemaltecos en este momento es colaborar con el nuevo gobierno para mantener el orden en toda la república, e invito a mis, amigos de los departamentos a, que se pongan en contacto con las nuevas autoridades departamentales que designe la Junta revolucionaria. Toda colaboración que se les preste constituirá una contribución a la implantación de la democracia en Guatemala, tantas veces soñada y exigida por nosotros.

Juan José Arévalo Bermejo

En medio de expectativa e incertidumbre el 14 de enero asumió la presidencia de Guatemala Bernardo Arévalo, siendo el décimo presidente electo del país, tras las más recientes dictaduras militares y lo hizo no el 14 a las 14, sino al borde del 15 de enero, en una larga jornada de arreglos y componendas oscuras por parte de la tradicional y corrupta casta política que hasta ese momento ejercía el control total del país.

Acto que fue recibido con esperanza, alegría y complacencia por muchos guatemaltecos, que contó con la significativa presencia de los pueblos originarios y los representantes de los 48 cantones, sectores sin los cuales la asunción de Arévalo y Karin Herrera hubiera peligrado, así como el apoyo de la comunidad internacional. Y no es para menos, dadas las magras condiciones en las que se encuentra el país, como resultado de los actos deplorables del nefasto y corrupto gobierno de Alejandro Giammattei y el Pacto de villanos al que pertenece.

Renuentes, los diputados pertenecientes al Pacto de Corruptos, a hacer entrega del poder al binomio ganador de las elecciones de agosto del 2023, hicieron, hasta el último momento, toda una serie de truculentas argucias para impedir que no asumiera el candidato de Semilla, a pesar de la desaprobación y descontento de la población guatemalteca y de la comunidad internacional. Así, procedieron con el siniestro plan que puso en jaque la débil institucionalidad del país. En Guatemala, los perversos tienen nombre y hay que destacarlos para que no vuelvan a asumir cargo alguno.

Tener el control de los poderes del Estado les resultó, a las mafias, la mejor fórmula para hacer lo que les place y saquear al país en detrimento de miles de guatemaltecos y, con ello, relegarlos a condiciones de miseria, desnutrición y hambre. Socavando las instituciones, pretendieron perpetuarse en el poder y con el apoyo del Ministerio Público, de una fiscal general que actúa al margen de la ley, con la complacencia de la Corte de Constitucionalidad, se han convertido en defensores del crimen organizado y perseguidores de los que están en contra del estado de corrupción, que favorece a los intereses de la oligarquía tradicional.

Le antecedió, a la toma de posesión, el anuncio de los ministros designados, mostrando un gabinete conservador que ha causado comentarios e interrogantes en algunos círculos del país, ya que, en algunas designaciones, se ve reflejada la negociación con grupos de poder, en la que resalta la presencia del CACIF. Será que hay escasez de recursos humanos en el país para no poder conformar un gabinete diferente, podrán pensar algunos, los resultados de la gestión darán la respuesta.

Sin embargo, ¿puede algún gobierno, en las condiciones en las que se encuentra Guatemala, independizarse de la oligarquía guatemalteca, de los grupos tradicionales de poder? Dada la poca integración de la sociedad guatemalteca, escasa cultura política y sensibilidad social resulta muy difícil lograrlo. Buscar una causa común en los distintos estratos de la sociedad se ve complicado, dada la perspectiva con la que cada uno enfrenta esos problemas, no obstante, es imposible gobernar sin lograr determinados acuerdos.

En Guatemala, las personas que la han gobernado lo han hecho bajo la sombra y tutela de los tradicionales sectores económicos de poder, de las familias más poderosas y con el freno de un ejército que responde a los intereses de la derecha, que lejos está de identificarse con los sectores populares del país. Población marginada, que por muchos años han vivido en la miseria, sin oportunidades para su desarrollo. Y por aparte, con la insensible actitud de una capa media que, al rehuir obtener una formación política, al desconocer, por ejemplo, lo que significa la derecha y la izquierda, la república y la democracia, un Estado de derecho y un Estado de legalidad, sueñan con ser emprendedores y escalar en su estatus de vida.

Un Estado que se dice democrático y republicano debe contar con el balance de lo que representa una democracia y lo que es una república. En El contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, se puede leer: El gobierno, recibe del cuerpo soberano las órdenes que transmite al pueblo, y para que el Estado guarde un buen equilibrio, es necesario, compensarlo todo, que haya igualdad entre el poder del gobierno, considerado en sí mismo, y el poder de los ciudadanos. Y no solo eso, las leyes deben recoger y reflejar los genuinos intereses del pueblo.

De ahí que el domingo pasado, en la investidura del presidente, nuevamente el Pacto de Corruptos quiso jugar una de sus últimas cartas pretendiendo tomar el control de la junta directiva del congreso, utilizando las acciones más oscuras, con el fin de imponer a Sandra Jovel como presidente del congreso y a una directiva a fin a sus actos delictivos.

Ahora, el nuevo gobierno tendrá la sombra de la administración Biden, quien, junto con la comunidad europea, fueron factores importantes en la no consolidación del Pacto de Corruptos,  encabezados por Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, junto a sus operarios, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana y grupos afines a la derecha recalcitrante del país.

La Corte de Constitucionalidad, fiel al pacto de corruptos, en vez de aclarar el panorama político del país lo oscurece con resoluciones arbitrarias que ponen en peligro la institucionalidad y la estabilidad de los guatemaltecos. Un Estado Nación no se constituye como tal exclusivamente a través de un orden legal, ese solo es un componente que tiene como su principal eje la justicia y el bienestar colectivo. Consecuentemente las leyes no deben ir en contra de la cohesión de una sociedad ni crear incertidumbre, más bien debe propiciar la armonía social.

¿Qué ocurre entonces cuando la Corte de Constitucionalidad de Guatemala interpreta leyes en contra de lo esencial que representa una sociedad, cuando su criterio se aparta del bien común, favoreciendo intereses sectarios? Sin duda el accionar de sus magistrados es perverso y debe ser sancionada por la sociedad, ya que la soberanía del país no radica en ellos, es potestad del pueblo.

Ahora toca comenzar a desmontar la estructura criminal enquistada en los tres poderes del Estado, el reto es grande pues la delincuencia ha permeado esas instituciones, pero el solo hecho de haber derrotado a los corruptos, resulta ser un buen comienzo.