MP y la universidad insisten en procesar a presos políticos en Caso USAC
Por Rony Ríos y Nelton Rivera
En una audiencia que tardó más de tres horas en iniciar, el fiscal Ángel Saúl Sánchez, de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, pidió ligar a proceso a los seis detenidos por la toma de la Universidad de San Carlos (USAC).
El fiscal inició la argumentación diciendo que los daños a la USAC están cuantificados en Q90 millones, para sustentar su solicitud de procesar a los sindicados por asociación ilícita, depredación de bienes culturales, usurpación agravada y sedición en forma continuada.
La audiencia es presidida por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera juez décimo de primera instancia penal, quien fuera incluido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la Lista Engel desde el mes de julio de 2022, considerado como un actor corrupto que ha beneficiado la impunidad en casos de alto impacto en Guatemala.
El abogado Aníbal García a las 21:00 horas cuestionó al MP y le exigió que presentara pruebas sobre esa acusación afirmando que hasta el momento la fiscalía ha sido incapaz de presentar pruebas en tiempo, modo y forma, además que no ha podido individualizar a ninguno de los hoy detenidos.
Sánchez aduciendo que se “violentó” la autonomía universitaria señaló a la excandidata a diputada Marcela Blanco, al físico Javier de León, al sindicalista Jorge Macario, al decano de Veterinaria Rodolfo Chang y a los catedráticos Eduardo Velásquez y Alfredo Beber.
Dentro de su argumentación el fiscal aseguró que durante la toma de las instalaciones universitarias “se ejerció odio o venganza en la casa de estudios superiores que es de todos los guatemaltecos”. Sánchez también dijo que el rector fue objeto de sedición porque existieron múltiples manifestaciones en contra de su designación en un proceso opaco en el que finalmente solamente participaron sus electores y se impidió el ingreso de los opositores.
Además, el fiscal del MP dijo que la toma de la USAC se había dado por temas políticos porque los estudiantes fueron apoyados por actores políticos vinculados a los partidos políticos VOS, MLP y Movimiento Semilla.
Para finalizar su argumentación para ligar a proceso a los seis sindicados, Sánchez señaló que “ya se citaron los tuits y vídeos”.
El abogado García mostró un peritaje realizado por la propia fiscalía en la que se confirma que el deterioro de las instalaciones universitarias del Campus Central tiene su origen en 2020 por las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento, informe que contradice los argumentos de la fiscalía.
Por su parte el abogado del sindicalista Martín Jorge Macario, quien forma parte del Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC), exige la falta de mérito para Marcario. “No puede ser que todos hayan cometido los mismos delitos”, refiriéndose a que el fiscal Sánchez leyó la misma acusación en contra de los seis señalados en este proceso penal.
García agrega, que las autoridades universitarias han tenido una enorme deuda -histórica- con la comunidad universitaria, pues dejaron de darle mantenimiento a las instalaciones universitarias.
El fiscal afirmó que Eduardo Velásquez habría sido reconocido saludando de puño a varias personas, hecho con el cual él acredita que el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas habría cometido uno o varios delitos. Argumento de la fiscalía que fue calificado en la red social de X como descabezada.
El abogado Guillermo Redondo de la defensa del físico Javier de León afirma que la acusación de Edgar Ortíz director de la -Dirección General de Administración- DIGA en contra de recién graduado físico matemático es por un supuesto “golpe en la cabeza y la frase mula” en un video que se viralizó en 2022 y que fue un hecho que ocurrió fuera de las instalaciones universitarias.
El abogado afirma “esto es un incidente entre particulares”, nada tiene que ver con la acusación que la fiscalía insiste en imputar a Javier de León. Ortíz fue nombrado por Walter Mazariegos Biolis en julio de 2022 a pesar que el ex decano de Humanidades no fue electo como Rector universitario.
A las 22:15 horas el abogado Aníbal García afirma que el Dr. Rodolfo Chang decano de la Facultad de Veterinaria es representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU), en su calidad de máxima autoridad universitaria tiene todo el derecho de ingresar al Campus Central.
Chang ha sido de los consejeros universitarios que desde el inicio se opusieron al fraude en la elección a Rector. De la totalidad de integrantes del CSU Chang y otros diez consejeros han exigido que se desconozca a Walter Mazariegos Biolis como miembro de la USAC y que se repita el proceso de elección a Rector.
A las 22:30 horas del 24 de noviembre continúa la audiencia de primera declaración, falta la intervención del abogado del catedrático universitario Alfredo Enrique Beber Aceituno.
La USAC se adhiere en la acusación
La abogada Wendy López, quien realiza la defensa de Marcela Blanco manifestó su oposición para que la universidad fuera admitida como querellante en el caso porque consideró que no existían documentos que sustenten que Walter Mazariegos Biolis tenga las facultades legales para mandar a un representante (mandatario).
Sin embargo, el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, dijo que sí contaba con esa documentación, pero no la había leído, por lo que leyó esa parte y le dio participación a Guillermo Alfredo Escobar.
Escobar se sumó a la petición del Ministerio Público (MP) para pedir que los seis señalados fueran ligados a proceso penal por los delitos mencionados por Sánchez. El delegado de Mazariegos adujo que la toma de la USAC afectó a más de 200 mil estudiantes.
Esta representación en el Caso USAC se da a pesar que en la Sala Quinta se encuentran más de 20 acciones legales o amparos que buscan desde 2022 revertir las acciones ilegales del Consejo Superior Universitario (CSU), quienes en los meses de abril y mayo realizaron el fraude para beneficiar a Mazariegos.
La defensa de Marcela Blanco
Javier Puac, abogado de Marcela Blanco, resaltó la valentía de ella para participar en política, pese a que el sistema no prioriza la representación de jóvenes y mujeres. “En las declaraciones testimoniales que presentó el MP no fue identificada. Ejercer la opinión pública es una actividad de una ciudadanía responsable”, argumentó Puac.
El defensor de Blanco indicó que el día que ella asistió al Campus Central fue después de que la coordinadora de estudiantes convocará a una conferencia abierta a todo público, sobre la resistencia contra el fraude e imposición de Mazariegos, por lo que cualquier persona podía ingresar.
Además, el defensor indicó que la presencia de Blanco en un vídeo o en fotos de una conferencia de prensa, no demostraban la participación de la excandidata de Semilla. “Marcela no incurrió en ninguna conducta ilegal, por tanto, no hay motivo para ligar a proceso”, enfatizó el abogado.
“No se puede atribuir la responsabilidad de Marcela en una actividad delictiva por aparecer en un vídeo de redes sociales”, ratificó Puac, quien también cuestionó si existía cadena de custodia sobre vídeos tomados de redes sociales.
Imagen Twitter La Hora
