Lo más indignante es la indiferencia
Fernando Cajas
Vivimos tiempos complejos. Aparentemente el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos debería dar herramientas tanto conceptuales, materiales como sociales para tener un mundo mejor, pero no. Cada vez vivimos en un mundo peor. Claramente hemos caminado hacia la satisfacción del derecho de nuestra nariz y nada más. Los ideales se han perdido. Los sueños se han engavetado. La educación se ha mercantilizado. Usamos a todos y de todo. Las personas son los peldaños de una escalera hacia una vida más cómoda. Las instituciones son las estructuras para lograr nuestros intereses mezquinos. No cuidamos nada, ni el amor ni el ambiente, ni nada, menos el agua a la que usamos, la llenamos de nuestras heces y no nos preguntamos quién ni cómo se va a limpiar.
No nos importa. Grupos de gente hacen leyes, algunos bien intencionados, ni leer queremos sus propuestas, pero agua limpia si queremos. De dónde venga, a qué pueblo dejamos sin agua, eso no nos importa.
Abusamos de todo y de todos, pero lo hacen especialmente los gobernantes, tanto los del ejecutivo, por acción o inacción, los del legislativo por incapacidad o por corrupción y los del poder judicial al servicio de corruptos no digamos los municipales, cuna de coimas y mordidas para lograr algo.
A nadie le interesa la democracia. A nadie le interesa que la universidad nacional, la institución donde se formaron y que les da trabajo, fue cooptada y totalmente capturada. Pocos, muy pocos, denuncian que un grupo de delincuentes tomaron el control del sistema de justicia, que, aunque tienen honrosas excepciones, en general son hijos de la filosofía curruchiche: Da lo mismo lo legal que lo ilegal, la verdad que la mentira, todo da igual. Son hijos y nietos de la distorsión del derecho, esto es, el derecho barretiano, defensores de oficio de genocidas, ladrones y corruptos. Nada de eso siquiera se discute en las mal llamadas escuelas de derecho porque realmente son escuelas de la impunidad y la perpetua violación del derecho.
La democracia en la que dice la Constitución que debemos vivir no existe. Es realmente una caricatura, sin respeto a los derechos básicos, donde el Poder Judicial se ha politizado hasta los tuétanos. La injerencia de la Corte de Constitucionalidad fuera de los límites impuestos por la Constitución es aterradora. No entiendo cuánto le deben a Walter Mazariegos, usurpador y destazador de la San Carlos, los diputados, los jueces y hasta el presidente y la vicepresidenta que no son capaces de decir nada coherente al respecto, ni pío, de la captura descarada de la USAC.
La democracia tanto en el país como la democracia universitaria fueron violadas frente a todos y no fuimos capaces de decir nada, nada de nada.
Y lo más indignante no es solo el fraude repetido, ni la cooptación del Consejo Superior Universitario, ni siquiera el cinismo con el que se convierte la autonomía en escudo de impunidad. Lo más indignante es la indiferencia. Esa indiferencia que mira cómo decenas de estudiantes —jóvenes que se atrevieron a defender la democracia universitaria— son criminalizados, perseguidos, expulsados y, como colofón de la maldad, ven borrados sus expedientes académicos. Los usurpadores les producen con toda impunidad una muerte académica deliberada. Como si nunca hubieran existido. Como si su paso por la San Carlos hubiera sido un error que había que borrar del sistema.
Anne Applebaum, en El ocaso de la democracia, nos advirtió que las autocracias no se construyen solo con fuerza bruta. Necesitan clérigos: intelectuales, funcionarios, jueces y profesores que justifican, relativizan y callan. En Autocracia S.A. muestra cómo las redes de corrupción y poder se entrelazan más allá de ideologías: lo que importa es la impunidad compartida. Guatemala no es una excepción. Es un laboratorio local de esa misma lógica. Manuel Castells, en Ruptura, habló de la fractura profunda entre gobernantes y gobernados, del colapso gradual de la democracia liberal cuando las instituciones dejan de representar y empiezan a oprimir. Aquí la ruptura es visible: la universidad pública, que debía ser espacio de pensamiento crítico, se ha convertido en instrumento de castigo.
He escrito antes sobre el fracaso de la democracia y sobre la democracia derrotada. Hoy la derrota tiene nombres y apellidos concretos: los estudiantes de Ciencias Jurídicas, de Comunicación, de Historia, de tantas otras unidades, a quienes el destazador Mazariegos y su aparato les borraron el futuro académico. No bastó el caso ridículo llamado “Botín Político”. No bastaron las órdenes de captura. No bastaron las expulsiones. Había que desaparecerlos del registro. Borrar la memoria institucional de quienes se opusieron al fraude de 2022 y al de 2026 es ya la decadencia. Esa es la verdadera cara del autoritarismo contemporáneo: ya no necesita balas a plena luz del día. Basta con un clic en el sistema de Registro y Estadística para eliminar a sus supuestos enemigos, verdaderos defensores de nuestra Universidad.
Y mientras tanto, el silencio que ensordece. El silencio de muchos profesores que prefieren no incomodar o «encomodar» o sentirse a salvo, según ellos, porque ingenuamente creen que a ellos no les afecta. El silencio de autoridades del Estado que miran hacia otro lado. El silencio de una sociedad que se ha acostumbrado a que la injusticia sea el paisaje cotidiano. Esa indiferencia es más peligrosa que la corrupción misma, porque la legitimiza. Porque convierte el horror en rutina.
La San Carlos no pertenece a Walter Mazariegos ni al Pacto de Corruptos ni a los jueces que protegen al usurpador. Pertenece a quienes todavía creen que una universidad pública debe formar ciudadanos libres y no súbditos dóciles. Pertenece a esos estudiantes a quienes les borraron el expediente, pero no les borraron la dignidad.
Lo más indignante es la indiferencia. Porque mientras callamos, la democracia sigue muriendo un poco más cada día. Y cuando despertemos, ya no quedará nada que defender.
