La bancarrota moral de la justicia

Miguel Angel Sandoval

Una vez más la justicia chapina está en el banquillo de los acusados, sin defensa y por supuesto, ninguna credibilidad. Algo que desde hace muchos años ocurre, por ello se dice que la justicia no es ciega, sino que mira solo para el lado oscuro.

En otras palabras, lo que escribo no es novedad, pero sí es cierto que asistimos, como lo dice el título de esta columna: a la bancarrota moral.

Esto se produce luego de años de paciente construcción de un modelo basado en el tráfico de influencias, del retorcimiento a placer de la ley, de los códigos y de la conducta en el conjunto del sistema judicial. Junto a la destrucción sistemática de la carrera judicial y a la elección de los magistrados de forma absolutamente anómala. A ello se suma las prácticas corruptas de la investigación y sus mecanismos.  

Uno de los casos emblemáticos que permitió ver la continuidad de las malas prácticas, fue la desaparición de Cristina Siekavizza. Años de un proceso sin avances en donde los abogados y los jueces pretextaron que, sin el cuerpo de la víctima, o del delito, el mismo no existía. Es decir, sin el cuerpo de la víctima no era posible determinar la culpabilidad del asesino. Aunque el crimen fue a todas luces evidente. En esa ocasión se dijo hasta el cansancio que el perpetrador tenía la bendición de su amada madre que era magistrada. Lo demás es historia conocida.

Hago hincapié en que los casos que menciono no tienen connotación política en primera instancia, que no defienden intereses de partidos políticos o de empresarios o de potencias extranjeras. Solo se refieren a las situaciones que crean congoja en una ciudadanía que se encuentra impotente ante tanta impunidad, pero, sobre todo, ante tanta impudicia. 

Ahora en algo más cercano, más obvio y más desgarrador pues sabemos con lujo de detalles todo el proceso de la muerte en una clínica, de una mujer en una cirugía estética, nada de peligro o menos aún con riesgo de muerte. 

Un descuartizador de cadáveres, un tal doctor Malouf que por mala práctica médica permitió la muerte de una paciente, Floridalma Roque, en una cirugía estética de rutina. Y que luego del fallecimiento descuartizó el cadáver y lo más grave, lo desapareció, lo metió en un tonel y lo escondió en una finca o un terreno. Todo como en los filmes de terror y narcos y otras historias escalofriantes.

Luego, hubo un juicio, noticias extensas por los medios de comunicación hasta el fallo de un juez.  Conclusión, ante la evidencia, confesiones etc. el juez le dio al tal doctor descuartizador, una condena de un par de años, una multa y como se dice y a escupir a la calle. Mientras ahora se escucha por los medios, que por matar una iguana la pena es de unos 10 años y la multa es considerable. Saque usted las conclusiones.

La sociedad está desconcertada, pero, sobre todo, indignada, encabronada. Todo por la actuación de un juez que, sin pensar en el hecho abominable del descuartizamiento del cadáver, concluye que fue homicidio involuntario y por ello la pena mínima, una multa y a la calle. Se olvidó de un tema central: para descuartizar y ocultar el cadáver hubo asociación ilícita, o sea, una de las muchas expresiones del crimen organizado y eso no es para penitas conmutables.

No sé en donde estudió este juez, tampoco entiendo las razones o los argumentos que la CSJ, utiliza para permitir tales muestras de estulticia o de plano de corrupción. Mientras tanto el Colegio de Médicos y Cirujanos brilla por su ausencia, ante el doctor del caso que, de acuerdo con la familia de la víctima, tiene antecedentes: ocho para ser exactos. Y el flamante Colegio de Abogados, ¿Cómo siempre, en silencio cómplice, o me equivoco?

Quizás haga falta subrayar que en los dos casos se trató de mujeres o, dicho de otra manera, para los mismos aplica el delito de feminicidio y en los dos casos, queda flotando en el ambiente que se trató de dos crímenes con el descuartizamiento de los cuerpos para su desaparición. En el primero la duda se mantiene y en el mismo, el expediente de dejar pasar el tiempo se aplica a la letra.  El segundo es el caso más bochornoso de impunidad y no hay ninguna justificación para el fallo ignominioso de un juez.

Es por la participación de varios actores, entre investigadores, jueces, médicos y abogados, incluyendo a la prensa nacional, y sectores sociales organizados, que, con su silencio o sus actuaciones de plano cómplices del crimen, que hablo de la bancarrota moral de la justicia.

 ¿Hasta cuándo?