Guatemala: el asesinato de Solórzano Foppa y la persistencia histórica de la violencia contra las voces críticas

La eliminación de una voz crítica no puede considerarse un hecho aislado de la historia política guatemalteca.

Por Luis Armando Ruiz Morales

Tristemente, somos testigos de un nuevo hecho que prolonga la larga noche de crímenes políticos en Guatemala.

El asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido este sábado 17 de octubre de 2026 en las instalaciones deportivas del Campo Marte, constituye un acontecimiento que exige mucho más que una investigación policial ordinaria. Exige examinar las condiciones políticas, económicas e institucionales en las que se produce la violencia contra quienes cuestionan las estructuras del poder.

De acuerdo con la información periodística inicial, el ataque armado dejó dos personas fallecidas y otras heridas. La Policía Nacional Civil reportó la captura de dos presuntos responsables. Hasta el momento de estos primeros reportes, se desconocen públicamente las motivaciones del crimen.

Sin embargo, existe un elemento que no debe quedar relegado: Solórzano Foppa venía realizando denuncias públicas sobre presuntos hechos de corrupción, relaciones entre estructuras criminales y actores políticos, así como cuestionamientos a las redes de poder identificadas en el debate nacional como el denominado Pacto de Corruptos.

Su asesinato obliga a formular una pregunta fundamental: ¿qué garantías reales existen en Guatemala para quienes investigan, denuncian o cuestionan los intereses de las estructuras políticas y económicas dominantes?

Una historia que no comenzó hoy

Guatemala posee una extensa y dolorosa historia de asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y criminalización de intelectuales, dirigentes sociales, sindicalistas, periodistas, estudiantes, académicos, líderes campesinos, figuras políticas y ciudadanos que han expresado inconformidad frente al orden político y económico establecido.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en su informe Guatemala: memoria del silencio (1999), documentó los mecanismos de represión, violencia política y destrucción de organizaciones sociales durante el enfrentamiento armado interno.

La memoria histórica demuestra que la violencia no siempre estuvo dirigida exclusivamente contra quienes participaban en organizaciones armadas. También alcanzó a quienes pensaban, escribían, enseñaban, organizaban comunidades, defendían derechos o cuestionaban las relaciones de poder.

El asesinato del intelectual Manuel Colom Argueta, en 1979, y el de Alberto Fuentes Mohr, ese mismo año, constituyen antecedentes emblemáticos de la eliminación violenta de figuras políticas e intelectuales. Por ello, ante la muerte de Solórzano Foppa, resulta indispensable recordar que la violencia contra las voces críticas tiene antecedentes históricos que no pueden desaparecer de la interpretación de la realidad nacional.

Los Acuerdos de Paz y las estructuras que permanecen

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 representó el compromiso de superar las condiciones políticas, sociales e institucionales que hicieron posibles décadas de violencia. Particularmente, el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática estableció la necesidad de fortalecer las instituciones civiles, transformar el sistema de seguridad y consolidar una justicia independiente.

Treinta años después, corresponde preguntarse cuánto se ha avanzado realmente en el desmantelamiento de las estructuras clandestinas, las relaciones entre criminalidad y poder político, y los mecanismos que favorecen la impunidad. La existencia histórica de aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales fue precisamente uno de los antecedentes que motivaron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

No basta, por tanto, con capturar a quienes presuntamente ejecutaron un asesinato. La justicia debe investigar también quién lo ordenó, quién lo financió, quién proporcionó información, qué intereses pudieron intervenir y si existieron estructuras organizadas detrás del hecho.

La impunidad como mecanismo de reproducción del poder

Uno de los problemas estructurales de Guatemala es la profunda y persistente desconfianza ciudadana hacia las instituciones responsables de investigar, perseguir y sancionar los delitos, particularmente cuando estos comprometen intereses políticos y económicos vinculados a las estructuras de poder. Esta desconfianza se profundiza ante las actuaciones y omisiones de determinados jueces y órganos jurisdiccionales, los cuestionamientos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la inexistente respuesta de la Procuraduría de los Derechos Humanos y las controversias que rodean a la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otras instancias cuya función debería contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Los antecedentes documentados de cooptación institucional, corrupción, instrumentalización de la justicia y obstrucción de investigaciones evidencian la necesidad de someter las actuaciones del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial a mecanismos efectivos de independencia, transparencia, rendición de cuentas y escrutinio público. Cuando las instituciones llamadas a garantizar la legalidad son percibidas como instrumentos de protección de intereses particulares, la impunidad deja de constituir únicamente una deficiencia administrativa y se convierte en un problema estructural que compromete el propio funcionamiento del Estado de derecho.

• La identificación de los posibles autores materiales no debe utilizarse para clausurar anticipadamente otras líneas de investigación. Cosa que ya está pasando.
• Tampoco debe descartarse las motivaciones políticas sin haber examinado las denuncias públicas, amenazas, conflictos e intereses que pudieran estar relacionados con la víctima.
• Si el sistema institucional reduce estos acontecimientos a simples hechos de delincuencia común, sin investigar exhaustivamente sus posibles dimensiones estructurales, corre el riesgo de contribuir a la reproducción de la impunidad.
• La muerte violenta de una persona que denuncia públicamente estructuras de poder produce, además, consecuencias que trascienden a la víctima: puede generar temor, desalentar nuevas denuncias y debilitar el ejercicio de la libertad de expresión.

La memoria histórica exige justicia, no silencio

Guatemala no puede continuar normalizando la muerte violenta de quienes cuestionan el funcionamiento del Estado, denuncian la corrupción o expresan inconformidad frente a las estructuras económicas y políticas. Esto evidencia los resultados de la cooptación del MP a través de Consuelo Porras y sus fiscales.

La experiencia histórica enseña que el silencio institucional, la desinformación, el encubrimiento y la impunidad pueden convertirse en mecanismos que permiten la continuidad de la violencia.

En memoria de Francisco Solórzano Foppa y de las numerosas víctimas de asesinatos políticos a lo largo de la historia reciente de Guatemala.