Estampida de reses de regreso al corral de la impunidad: la re-elección de Molina Barreto y la corrupción institucional en Guatemala
Marco Fonseca
La reciente re-elección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de una mayoría de diputados en el Congreso constituye un episodio más en la larga crisis institucional del Estado guatemalteco. Más que una simple designación judicial, la votación representa la reafirmación de un patrón político que se ha repetido durante la última década y que hoy sigue adelante, es decir, el control de las instituciones clave por parte de redes políticas oscuras, muy corruptas, que buscan asegurar impunidad, continuidad del poder y protección frente a posibles procesos judiciales.
Roberto Molina Barreto no es un recién llegado al sistema. Abogado y notario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1984, como tanto otro/a, ha ocupado posiciones clave dentro del aparato estatal durante más de tres décadas. Fue Procurador General de la Nación entre 2005 y 2006 gracias al apoyo de Óscar Berger y posteriormente magistrado de la Corte de Constitucionalidad en varios periodos. Fue electo magistrado entre 2006-2011 gracias de nuevo al padrinaje de Óscar Berger. Y su elección como magistrado de la CC en 2011-2016 por la CSJ ocurrió, en gran parte, gracias al apoyo del gran empresariado.
Molina Barreto fue presidente del tribunal, nuevamente, entre 2014 y 2015 durante el estallido social y la crisis política de hegemonía que ocurrió en Guatemala en 2015. Sin embargo, la posición del magistrado en casos emblemáticos como La Línea fue extremadamente polémica. Él votó a favor de detener un proceso para retirar la inmunidad de Otto Pérez Molina sobre la base de un recurso espurio interpuesto por algunos diputados de oposición que no tenía que ver con el caso y no había sido solicitado por el Ministerio Público.
El 10 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia lo designó nuevamente como Magistrado de CC para cubrir la vacante dejada por Neftaly Aldana Herrera y terminar el período que concluía el 14 de abril de 2021. Y el 10 de marzo de 2021, fue ratificado en el cargo para ejercer la VIII magistratura que finalizará ahora en 2026 de la cual fue también su presidente entre abril de 2021 y abril de 2022.
A primera vista, su trayectoria podría parecer la de un jurista experimentado. Sin embargo, una mirada crítica y más detenida revela que su carrera está profundamente entrelazada con las prácticas políticas más polémicas del país y con decisiones judiciales altamente cuestionadas.
Uno de los episodios más significativos ocurrió en 2013, cuando Molina Barreto integró la mayoría de magistrados que anuló la histórica sentencia por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt. Aquella resolución no solo provocó indignación nacional e internacional, sino que representó un golpe profundo al proceso de justicia transicional en Guatemala. No sorprende, entonces, que movimientos indígenas de Guatemala hayan solicitado al congreso abstenerse de elegir a semejante paladín de la impunidad, lo que por supuesto calló en oídos sordos cuando la manada de diputados en el congreso que votó por él está encabezada por gente sumida en la política de la impunidad.
La cercanía política de Molina Barreto – y los favores mutuos – con ese sector quedó aún más clara años después, cuando aceptó ser candidato a la vicepresidencia en la fórmula presidencial encabezada por Zury Ríos, hija del propio genocida Ríos Montt, sabiendo perfectamente bien que ella tenía impedimento constitucional para participar como candidata presidencial. No es que Molina Barreto ignorara algo tan básico en el texto constitucional, sino más bien que estuvo dispuesto – como sigue estándolo hoy – a violentar el marco constitucional del país si ello es funcional a los intereses corruptos, reaccionarios y restauradores de la casta política dominante.
Además de estas posiciones políticas injustificables, Molina Barreto ha enfrentado cuestionamientos éticos. Investigaciones periodísticas han señalado casos de posibles conflictos de interés y nepotismo, incluyendo situaciones en las que familiares suyos habrían tenido vínculos laborales con empresas o instituciones beneficiadas por decisiones judiciales en las que él participó.
En el momento presente, de nuevo, su nombre también apareció en medio de controversias políticas sobre la elección de magistrados de la CC, en un proceso marcado por presiones, cabildeos y acusaciones de intervención de élites políticas y económicas interesadas en controlar el tribunal constitucional. El mismo presidente Arévalo vinculó a la embajada de Estados Unidos con el llamado “lobby anti-embajada” detrás de un esquema gris para respaldar a Molina Barreto a pesar de las declaraciones explícitas de dicha embajada.
Pero el problema no es únicamente político. También es estructural e institucional. La formación académica y el tipo de carrera profesional que predominan en el sistema judicial guatemalteco reflejan una debilidad profunda del campo jurídico nacional. En la mayoría de los casos, los magistrados provienen de trayectorias burocráticas o del litigio privado, con escasa producción académica relevante y limitada inserción en debates contemporáneos del derecho constitucional comparado. Ninguna persona que haya fungido como magistrado/a ante la CC desde su fundación en 1985 ha adquirido un perfil académico relevante en el campo del derecho constitucional más allá de los grados académicos corruptos que otorgan a granel establecimientos académicos como la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Mariano Gálvez. La irrelevancia y mediocridad académica es la firma de la CC adentro y fuera del país.
Esto es particularmente problemático cuando se trata de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal encargado de interpretar la Constitución y arbitrar los conflictos fundamentales del Estado. En democracias consolidadas, estos tribunales suelen estar integrados por juristas de alto reconocimiento académico (donde los doctorados exprés, plagiados o por “suficiencia académica” son rechazados) o con trayectorias intelectuales sólidas y demostradas en publicaciones y decisiones que marcan el saber de la ruta y cultura jurídica. En Guatemala, en cambio, la lógica dominante ha sido otra, una lógica de colonización corrupta y política del derecho constitucional. En Guatemala, la CC está integrada por gente de la más pobre y mediocre formación académica, con “doctorados” que son producto del plagio, con otros grados académicos obtenidos de forma “exprés” o simplemente inexistentes, y/o con credenciales infladas y sin contenido serio.
Por ello, la elección de Molina Barreto no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de una dinámica más amplia que se traduce en el reagrupamiento y la consolidación del “Pacto de Corruptos” de cara a 2027, cuya principal estrategia consiste en mantener la captura de las instituciones de justicia para neutralizar cualquier intento ya sea de rendición de cuentas o de opciones con reformas progresistas. Están haciendo todo lo posible para evitar la repetición de 2023.
La imagen de una “manada de reses” regresando en estampida al corral de la impunidad puede parecer dura, pero refleja con crudeza la realidad política del momento. Lo que está en juego no es simplemente un nombramiento judicial corrupto e injustificado. Lo que está en juego es la dirección misma del poder constitucional en Guatemala de cara a 2027 y más allá.
Fuente #RefundaciónYa
