Cuando todo un país se somete a tribunales nefastos.

Autor: Jairo Alarcón Rodas

Los estados son esclavos por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. Luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito.

Simón Bolivar

Recientemente, los magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tomaron posesión del cargo en la madrugada del martes 14 de abril, tras la amenaza de acciones judiciales por parte del ministerio público, en un intento por impedir que Astrid Lemus tomara posesión de su cargo en la corte de constitucionalidad.

Según fuentes cercanas al caso, la unidad de Delitos contra Sindicalistas y operadores de Justicia del MP se presentó, entre el 6 y 10 de abril, ante el Juzgado Sexto Penal para hacer la solicitud de la orden de aprehensión, dentro del proceso que se lleva por la investigación del evento electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que dio como resultados que Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados de la CC. Es claro que la acción pretendía impedir el acceso a la corte de constitucionalidad de la licenciada Lemus, constituyendo una acción política alineada al Pacto de Corruptos.  

Lo sorprendente de ese hecho no es que los magistrados electos hayan tomado posesión de sus cargos, sino la hora en la que lo hicieron, pues todo se debió al temor, por parte de algunos de sus integrantes, de ser capturados por órdenes de algún juez que, a solicitud del ministerio público y la fiscalía respectiva, hiciera efectiva dicha petición.

Lo penoso del caso es que magistrados electos, de la más alta corte del país, se vean obligados a realizar tal acto de posesión, en horas de la madrugada, por el temor que les representa, la actual fiscal y jefa del ministerio público, Consuelo Porras. Solo en un país que presuma de legalista, no así la justicia, da lugar a que ocurran tan vergonzosos hechos y, tristemente, bajo el mandato de un ejecutivo que lo ha permitido.

Retorcer la ley, interpretarla antojadizamente, como lo ha hecho hasta hoy la Corte de Constitucionalidad, los órganos de justicia en el país, no es algo que deba ser permitido ni aceptado por los guatemaltecos, pues la soberanía de un país recae esencialmente en el pueblo, no en sus autoridades de turno. Según el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la soberanía reside esencialmente en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De ahí que el mandato otorgado a las autoridades respectivas no supone darles un cheque en blanco para un ejercicio sin límites y antojadizo de poder, como abusivamente lo han entendido los entes antes citados.

Ahora resulta que una corte electa por cuestionadas comisiones de postulación y tribunales respectivos, como lo ha sido el congreso de la república, un consejo superior universitario de la universidad de San Carlos, en el que aproximadamente el 65% al 73% de los integrantes tienen sus mandatos vencidos y, en consecuencia, están ilegalmente detentando sus cargos, una corte suprema de justicia cooptada por las mafias del país, un colegio de abogados en el que no hace mucho respondía a intereses de grupos oscuros, en fin, organismos cuestionados y de poca credibilidad, tienen mayor injerencia política en el país que el propio presidente de la república, electo mayoritariamente por los guatemaltecos.

En Guatemala se vive un sistema de justicia como el que, si Alí Babá y los cuarenta ladrones se organizaran y creara un Estado con leyes para su beneficio, interpretándolas según su criterio y, a la vez, nombraran a sus autoridades bajo ese precepto, claro está, alejados del principio de justicia, al que llamarían sistema democrático, al que todos tienen someterse y obedecer pues, según tal apreciación, se estaría viviendo bajo del imperio de la ley y lo que dice la ley debe cumplirse.

Pero, cómo fue que la jefe del ministerio público, la fiscal general, adquirió tanto poder, cómo fue que el sistema se lo permitió. Es claro que Consuelo Porras ha servido a los intereses del corrupto entramado político empresarial, que responde al llamado Pacto de Corruptos. De modo que, para la cooptación de las instituciones del Estado, había que llevar al ministerio público a una persona que no solo garantizara la persecución a aquellos operadores de justicia, fiscales probos que persiguieron el crimen organizado, sino también, que impidiera que fueran perseguidos penalmente esos grupos oscuros.

Así fue como, durante el gobierno de Jimmy Morales, fue electa la actual fiscal, con el encargo de desmantelar al MP, sobre todo, la FECI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, una unidad del Ministerio Público de Guatemala creada para investigar casos de alto impacto, corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, originalmente en coordinación con la CICIG. Entes que habían llevado ante los tribunales de justicia a políticos y empresarios que, curiosamente, antes de la CICIG, al mando de Iván Velásquez, fueron intocables por la justicia de Guatemala.

Por lo que la jefa del ministerio público se constituyó en pieza clave en la cooptación orquestada del Estado. Fue así como, articulada con la corte suprema de justicia y la corte de constitucionalidad, su poder se convirtió en casi absoluto, a pesar de las múltiples críticas nacionales e internacionales de su gestión. El ministerio público ejecutaba persecuciones arbitrarias y las cortes de justicia del país lo avalaban.  

Un empresariado complaciente con la labor que ha ejercido la actual jefa del ministerio público, a pesar de las abundantes críticas que ha tenido su gestión, la que se ha destacado por pretender lograr un golpe de Estado en el país, que ha entorpecido la labor del ejecutivo y la de los diputados del partido que llevó a Bernardo Arévalo a tal magistratura, pues es claro que han sido beneficiados con tan cuestionable labor al frente del Ministerio Público.

Y así, se ha perseguido a jueces, fiscales, periodistas, que han criticado y desafiado la labor criminal que desempeña el Pacto de Corruptos y el de las actuales autoridades del Ministerio Público. Y así, María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, ha defendido reiteradamente su gestión asegurando que actúa con estricto apego a la ley y sin responder a ideologías políticas, pero qué más ideologización de su proceder, como jefa del órgano encargado de la persecución criminal en el país, que el enmascaramiento de la verdad, del que ha hecho alarde la actual fiscal.

Ya han pasado casi tres años de la elección del presidente Bernardo Arévalo y continúa desde el ministerio público, la persecución política, alegando fraude electoral, el cual solo se mantiene en el imaginario del Pacto de Corruptos y de los que se han beneficiado con su nefasta gestión. Tanto en los gobiernos de Jimmy Morales como en el de Alejandro Giammattei se dieron actos evidentes de corrupción, en el que estuvieron involucrados funcionarios de esos gobiernos, sin embargo, ninguno de ellos ha sido investigado, más bien han sido archivados y desestimadas las denuncias.

El país no puede continuar con funcionarios que retuercen la ley, que la interpretan acorde a su conveniencia e intereses, el pueblo tiene los recursos para impedir que eso continúe, pues en él recae la soberanía de la nación, ya que la leyes no son buenas por ser leyes, lo son por ser justas como lo afirmara Montesquieu.

Ahora resulta que la comisión postuladora, para la elección del fiscal general, integrada por la presidente la corte suprema de justicia, la presidente del colegio de abogados, una representante del tribunal de honor del colegio de abogados y los decanos de las facultades de derecho de la universidades del país, calificaron con 92.33 puntos a Consuelo Porras, a pesar de estar sancionada por más de 42 países, por haber plagiado su tesis doctoral y proteger a exfuncionarios corruptos. Informes señalan sanciones de al menos 7 gobiernos, 3 organismos internacionales y restricciones de viaje en más de 40 países. Será que los guatemaltecos al igual que los organismos internacionales estamos equivocados al juzgar negativamente a la fiscal general.

Qué idoneidad pueden tener los miembros de la comisión de postulación que seleccionará a las personas que deberán ser escogidas por el presidente de la república, para fungir un nuevo período como fiscal general y jefe del ministerio público de Guatemala, por el hecho de ser una autoridad de las universidades privadas del país, ¿les otorga eso probidad? Y qué decir del decano de la universidad de San Carlos, el cual amerita una descripción aparte, dado su oscuro desempeño, al frente de tan alto cargo.

Será acaso que, por ser nombrados decanos de sus respectivas universidades le confiere las calidades de idoneidad, rectitud y capacidad para calificar con honestidad a los candidatos. Entiéndase por idóneo, la aptitud, buena disposición o pertenencia para ejercer una función determinada. Pero ¿el hecho de ser decanos, les confiere honradez?

Y así, con la excepción de la presidente del colegio de abogados, Patricia Gámez y la abstención del decano de la universidad Mariano Gálvez, La Comisión de Postulación para Fiscal General otorgó el mayor puntaje de los candidatos a Fiscal General a Consuelo Porras, calificación que constituye una afrenta al sistema de justicia, al Estado de Derecho y desde luego al pueblo honrado de Guatemala.

A pesar de que Consuelo Porras, quedó fuera de la nómina para elegir al nuevo Fiscal General, por no contar con los votos necesarios, el listado que se le presentará al presidente Bernardo Arévalo, refleja la podredumbre lo que son las comisiones de postulación en este país.

El pueblo de Guatemala tiene la respuesta a la serie de hechos deshonestos, oscuros y repudiables que están cometiendo jueces, magistrados, políticos corruptos y, desde luego, el Ministerio Público, acciones todas que han hecho de este país una vergüenza, pues como dijo Fidel Castro, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla…