Conmemorar los Acuerdos de Paz o exigir su cumplimiento

Zurdo

CONMEMORAR LOS ACUERDOS DE ´PAZ O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO?[1]

Miguel Angel Sandoval.

Introducción.

Este trabajo tiene relación con una idea que surge a fines del año 2025, desde la exigua institucionalidad de la paz, que habla de conmemorar el 30 aniversario de la firma del fin de la guerra interna y todos los compromisos asumidos por las partes, para el inicio de una nueva época. Y de forma automática, surgió la idea de que no bastaba con la idea de conmemorar lo inconcluso, lo pendiente. Era necesario discutir sobre todo lo pendiente, sobre eso que es indispensable para poder hablar en nuestro país de una democracia real, no de la barbarie que vivimos.

Si recordamos, el proceso de negociación de la paz inició en un lejano año de 1987, con una ronda de conversaciones en Madrid, España. Fue necesario un proceso de diez años para poder llegar a la firma de la paz en el año de 1996. Y con la firma de la paz, una agenda de compromisos con base en los 10 temas de la agenda general de la negociación, identificados en la reunión de México en 1991. En esos años se habló siempre de superar las causas que dieron lugar a una guerra larga, de 36 años dice la historia contemporánea. Y para ello fue necesario identificar las verdaderas causas que la habían originado. Esta es la prédica de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño que fue durante varios años el Conciliador entre las partes. Por eso es que ahora se habla de conmemorar por todo lo alto el 30 aniversario de la firma de la paz, es necesario tener este marco.

Sería una suerte de relanzamiento de ese hecho fundante, en donde la guerra no fuera más el referente de nuestra sociedad.  sino una era de paz, sin violencia y sin la violación sistemática de los derechos humanos, y en la búsqueda de resolver las causas que le dieron lugar al conflicto de los 36 años.    A primera vista el marco es de importancia por lo redondo de la cifra que se conmemora[2]. Treinta años de la firma del fin de la guerra y del inicio de la paz.

Uno de los objetivos de ese hecho fundante de retomar la dinámica de los compromisos de la paz, tiene que ver con el desfase entre la generación de la paz y la actual. Pues si somos medianamente observadores, en 30 años hay al menos una generación y media y con ello y el abandono de la agenda por los gobiernos, que hayan tenido la responsabilidad en estos años, el hilo se perdió, la memoria se esfumó. Y es precisamente en la necesidad de recomponer el hilo de la memoria entre dos o tres generaciones, que este esfuerzo tiene su mejor justificación. Aunque el rescate de la memoria de la paz, demanda que se cumplan con los compromisos que hace 30 años pusieron fin a una guerra interna.

Puede ser que sea un aniversario que supere la tendencia (inercial) a conmemorar con el ritual de colocar una rosa marchita en un monumento a la paz que se encuentra en un patio del palacio nacional que está reservado para actos relacionados con el acontecimiento del fin de la guerra interna y de la consecuente firma de los acuerdos para la paz firme y duradera. Y es que junto con él y de los compromisos de la paz, se apostó por el desfinanciamiento de la institucionalidad creada y posteriormente, se pasó a su desmantelamiento.

Es un proceso que duró al menos tres periodos de gobierno, que fueron poco a poco, pero de forma segura, sin avisar del propósito que animaba las acciones, pero que de fondo no eran otras que terminar con un proyecto, el de la paz, que finalmente era producto de la agenda de las izquierdas, antes que una política que fuera necesidad de la vieja oligarquía y sus expresiones en el gobierno No se trata de un señalamiento antojadizo. La paz fue algo impuesto a las elites conservadoras del país, y si se mantuvo durante unos años, es debido a las presiones internas, pero también por las de naturaleza internacional. La ONU en primer lugar y durante los primeros años, luego países del grupo de amigos que durante un tiempo insistieron en la agenda de la paz, en particular Suecia, Noruega (hasta su expulsión del país) España, México, de forma relevante.

Debido a la destrucción de la institucionalidad de la paz durante los gobiernos de Morales y Giamatei, que se inició durante el gobierno de Pérez Molina, el gobierno de Bernardo Arévalo tuvo que retomar casi desde cero en este gobierno, la reconstrucción tanto del cumplimiento de algunos compromisos de la paz, como la propia institucionalidad encargada. Pues no es un secreto que los dos gobiernos anteriores fueron enemigos del proceso de paz. Todo el desmantelamiento de la institucionalidad de la paz, se realizó en abierta violación de los compromisos de la paz, especialmente del Decreto 52-2005[3] o Ley marco de los Acuerdos de Paz.

Quizás sea de interés anotar que Morales había llegado a la presidencia, con el apoyo de un pequeño partido de los militares opuestos a la paz, mientras que Giamatei nunca pudo ocultar su ferviente anticomunismo y rechazo del proceso de paz. Por ello se hizo cargo de iniciar el desmontaje de la estructura del PNR, Cnap y la Sepaz. Aunque ya antes Morales había iniciado con el cierre del programa de resarcimiento y con el recorte de financiamiento de la pequeña institucionalidad de la paz.

Durante el gobierno de Morales se disminuyó de forma sustantiva las funciones de la Sepaz y del Cnap, y como medida para aminorar el impacto que iba a generar una disolución definitiva de la institucionalidad de la paz se dio paso a Copadeh, aunque sin las funciones que anteriormente habían tenido tanto la Sepaz y Copredeh, así como en el ámbito político social, el Cnap.

Es importante subrayar que todo lo relacionado con el cumplimiento de los compromisos de la paz tiene en el decreto legislativo 52-2005 su mejor herramienta de orden legal, pues se sabe que, desde los primeros días posteriores a la firma de la paz, siempre hubo sectores que consideraron los AP como algo que reñía con la legalidad del país y que en ocasiones colisionaba con la constitución. Sin embargo, este extremo fue en cierta forma derrotado por el acuerdo citado.

Por ello la necesidad de exponer los contenidos centrales de los AP, a efecto de que se tenga plena conciencia del alcance de los compromisos que, pensados para un mejor país, se han visto engavetados, para decir lo menos, por la irresponsabilidad de varios de los gobiernos que vienen de la firma de la paz a la fecha.

Agregaría que la mayoría de compromisos pendientes no son una agenda con ribetes ideológicos pues se trata de temas de absoluto interés nacional Solo para mencionar uno de los grandes temas pendientes, la reforma judicial es algo que hoy se demanda desde muchos sectores del país. No es solo de parte de quienes ven la agenda de la paz, es algo mucho más profundo. Es la idea de que, si no se abordan las reformas judiciales, el país no puede tener a futuro un estado de derecho real, y menos certeza jurídica.

EL CALENDARIO DE LOS ACUERDOS

El 29 de diciembre de 1996 junto con la firma de la paz se suscribió el “Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz”. Que tuvo inicialmente, tres fases que fueron identificadas con toda la claridad posible:

a.    Un primer periodo a partir del 15 de enero de 1997 con duración de 90 días

b.    La segunda fase cubriría el resto del año 1997

c.    Y la tercera fase comprendería los años 1998, 1999, y 2000.

A ello se le hacían algunas precisiones, quizás la principal es que en esas fases se debía de impulsar el conjunto de los acuerdos, no solo parte de ellos, pues los acuerdos eran algo integral. En este acuerdo se identificaron 200[4] medidas que debían de ser impulsadas y cumplidas. Aunque no se establecieron las prioridades y menos los alcances de cada una de ellas. Así, se hizo una lista en donde se mezclaban los temas de una forma realmente improvisada. Fondo de tierras o política económica, ley de servicio civil o reforma educativa, se ponen en dos o tres líneas.  Un ejemplo revelador puede ser el tema fiscal. Se plantea en los acuerdos elevar la tasa de recaudación tributaria al 12%, con plazos claros establecidos, ante el incumplimiento de estos, se propone el denominado Pacto Fiscal, en lo que algunos denominamos o caracterizamos, como una negociación dentro de la Es

Es obvio que la primera parte si se impulsó y quizás lo más relevante fue lo que correspondía a la desmovilización de la guerrilla que fue puntualmente concentrada en unos 7 u 8 campamentos guerrilleros que se ubicaron en varios departamentos. Junto con ello la parte correspondiente a la documentación tanto de los combatientes, como de la población que poco a poco volvió a sus lugares de residencia habitual.

Esto que se señala tiene en su base documentación sólida producida, tanto por la misión de verificación de Naciones Unidas, Minugua, así como por trabajos independientes que se realizaron en esos años. Entre ellos hay de parte del consultor, un seguimiento en ocasiones pormenorizado de las limitaciones, los obstáculos y otros aspectos de orden político, sobre la forma en que se decía que se cumplía con los compromisos de la paz, pero que, en efecto, se desvirtúan de manera sistemática.

“Así, a poco más de un año de la firma de la paz, el proceso que debería desprenderse de ese hecho encuentra infinidad de dificultades. Tres temas son en esta dirección preocupantes:

a.    La doble agenda gubernamental

b.    La poca participación social

c.    La inseguridad ciudadana agudizada con el asesinato de Juan Gerardi.[5]

d.    Agregaría uno más y este consiste en el desdibujamiento de los actores político del proceso de la transición democrática”[6]

“Revisando mis notas del primer trimestre, del año de la paz, de los 18 meses, de los dos años y algunas posteriores, resulta que es solo ahora que aparecen con claridad los temas que desde finales de 1997 he venido denunciando, al igual que un conjunto de sectores de la sociedad civil. Es lo que me llevó a comentarle al propio Jean Arnault, luego de la presentación del documento de balance de la URNG hace pocas semanas, que me parecía un buen informe, solo que presentado dos años más tarde. Es lo mismo que digo ahora con relación al presentado por Minugua[7]”.
Debido a la lentitud en la implementación de los compromisos contraídos, el proceso de cumplimiento de los compromisos de la paz fue demasiado lento, aparecieron las tendencias que se oponían, que se habían mantenido en la sombra h entonces el proceso de hizo gradualmente más complicado, con más resistencias, y más opositores ya no embozados. Se llegó al año 2000 sin que eso pudiera verificarse y ante la salida de Minugua fue necesario hacer una nueva calendarización. Aquí es donde el CNAP tiene un rol de primera importancia pues es este órgano que se encarga de presentar las propuestas de nueva calendarización que terminan por dar el marco al proceso luego de los incumplimientos. Hay que recordar que el CNAP se constituye como una instancia plural llamada a dar seguimiento a temas de la agenda de la paz. Estuvo integrada desde el origen por partidos políticos con representación parlamentaria y por organizaciones de sociedad civil, tales como sindicatos, organizaciones campesinas y sus representantes, organizaciones indígenas y sus delegados, y en realidad estaba abierta a la mayor representatividad. Así, hay tres nuevas calendarizaciones presentadas:

a.    2000-2004 -gobierno de Alfonso Portillo-

b.    2004-2008 -gobierno de Álvaro Colom-

c.    2008-2012 -Gobierno de Otto Pérez-

Aunque entre cada recalendarización el proceso tuvo momentos diferentes. No había la euforia que en los primeros años luego de la firma de la paz, solo como un ejemplo, el clima existente en 2000, tiene como hecho incontrovertible, una suerte de clima de derrota producto del resultado negativo de la Consulta Popular de 1999. Que es un tema que, por causas diversas, como puede ser el escaso equilibrio en las instancias de la paz, la fragilidad de la oposición y la propia visión de los actores de gobierno, no fue nunca abordado con todas sus aristas.

Dicho en otras palabras, se perdió tiempo y con ello se permitió que los sectores más conservadores hicieran campañas intensas para disuadir a la ciudadanía. De otra, no se puso en funcionamiento la mayoría parlamentaria para resolver el tema desde el legislativo, y en este punto hay que recordar que con el gobierno de Arzú tubo lo que en esos años se denominó como la “aplanadora” legislativa del PAN, como antes lo había sido la DC y posteriormente, el FRG, incluso la UNE. Antes de llegar a la fragmentación parlamentaria de la actualidad. Y como tercer aspecto, no se hizo campaña divulgativa real por el “Si” para la consulta popular que ratificaría las reformas. En un caso fue la falta de conocimiento de los usos y costumbres de las fuerzas políticas en temas de elecciones y consultas, en el otro, una manera de ir poniendo obstáculos a la paz. Es la doble agenda presidencial a la que se hace referencia.

 Por ello el resultado. No fue casual, fue orquestado y el fondo siempre fue deslegitimar el proceso de paz. En esta dirección hubo en esos días la poca experiencia de la dirección de la insurgencia pues no supieron ver que el proceso de negociación había terminado y que ahora se te trataba de implementar ´políticas públicas que no eran del agrado de sectores de la elite tradicional dominante que permitió y apoyó, todos esos manejos de parte del gobierno de Arzú. Al respecto he escrito en varios lugares que Arzú borró con el codo lo que había firmado con el puño.

Cuando se plantea la primera recalendarización, ya se tiene conciencia entre algunos actores que se inicia una fase distinta, acaso cuesta arriba pues el clima del fin de la guerra de hecho ya no existe, Es cierto que hay las secuelas de forma muy clara y presente, que hay aspectos que buscan dar resultados, pero de manera general, las ausencias y los incumplimientos se convierten en la norma.

Así, en el documento de recalendarización elaborado por el CNAP puede leer: “El acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, tiene vigencia hasta el 31 De diciembre de 2000, con lo cual próximamente concluirá el periodo de implementación previsto en dicho acuerdo. De conformidad con lo anterior y tomando en cuenta que aún falta cumplir parcial o totalmente, con una importante cantidad de compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, o derivados de su desarrollo, la comisión de acompañamiento de los Acuerdos de Paz ha elaborado una recalendarización de carácter integral para el periodo de 2000-2004. Dicho calendario, que comprende todos los compromisos pendientes de los Acuerdos de Paz, por su carácter y alcances e integralidad, constituye un nuevo cronograma.”

De manera semejante al Acuerdo firmado en 1996, ahora se vuelven a identificar alrededor de 200 temas. Y de nuevo, se trata de temas sin ser priorizados, solo una enumeración, aunque se trata de asuntos que vistos en su globalidad responden a la urgente necesidad de construir un país democrático, que vaya por una senda de desarrollo y bienestar para la población

Lo dramático de todo esto es que la tendencia a no dar cumplimiento a los compromisos se mantiene y se acentúa. Es por ello que la siguiente recalendarización, cuatro años después, tendrá el acento en superar la visión actuarial que se detiene en la cantidad de acuerdos, no en la calidad y cumplimiento de cada uno de ellos, menos en sus contenidos.

Se inició un periodo en donde la lucha por los compromisos de la paz fue cada vez más cuesta arriba. La buena voluntad expresada durante la parte final de la negociación, se transformó en una suerte de conspiración permanente contra la paz, sorda, burocrática, sin el menor interés por dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados.

No obstante, en 2007 el CNAP presentó una nueva propuesta de recalendarizar el cumplimiento y la implementación de los pendientes del proceso de paz, que a pesar de la buena voluntad y de los diferentes informes que se realizaban, no se podía ocultar que lo realizado a la fecha distaba mucho de las expectativas que se despertaron con la firma de la paz. Esta propuesta es para los años 2008-2012. Ello se presenta en un contexto que apunta a la llegada al gobierno del General Pérez Molina, que de ser un signatario del acuerdo final de paz, no formó parte en estricto sentido de los equipos negociadores del proceso y por ello no tenía particular interés en el cumplimiento de la agenda acordada. Era el preludio del proceso de desmantelamiento de la institucionalidad de la paz y de todos los mejores esfuerzos invertidos en ese proceso.

Pero esta nueva recalendarización ya tenía un planteamiento de fondo que el CNAP a pesar de su situación de actor sin mayor peso en definir las tareas y las prioridades, advertía: “es importante considerar los procesos temáticos y no los compromisos individualizados por cumplirse, de manera desagregada. Esto implica superar la visión actuarial del cumplimiento de los Acuerdos de Paz”[8].

En 1998, un informe de IDEA denominado Guatemala la democracia de todo un pueblo, se lee una conclusión admonitoria: “Guatemala vive una situación histórica particular que le ofrece una oportunidad excepcional a su favor. Sin embargo, de no aprovecharla, arriesgaría a convertirla en otra oportunidad perdida[9]”

En el marco de los informes del CNAP que en tres ocasiones hicieron ajustes o reprogramaciones, es de interés señalar que en año 2006, la PDH presentó un informe en donde refiere incumplimientos, pero, sobre todo, señala que se ha perdido el rumbo orientador de los acuerdos. Y ello en sí es un duro señalamiento a toda la institucionalidad de la paz, así como a los actores principales de ese proceso como el CNAP finalmente se disolvió con el gobierno de Giammattei.

Antes y de manera particular, durante los años del gobierno de Pérez Molina, tuvo una existencia fantasmagórica. Se sabía de su existencia, pero en la práctica no era parte de algún esfuerzo sustantivo en favor del cumplimiento de la agenda de la paz. Como director ejecutivo del CNAP, estuvo Byron barreda a quien entrevisté, vivió durante los años del gobierno de otto Pérez en el periodo 2012-2016, la conversión del CNAP en un ente que no tenía ninguna capacidad de incidir para retomar, aun fuera de manera disminuida la agenda de la paz[10].

El mecanismo pensado como una instancia de partidos políticos y de organizaciones sociales, tenía la función de impulsar las políticas derivadas de los compromisos de la paz, pero poco a poco fue perdiendo el interés por parte del gobierno y su función, poco a poco fue más decorativa que algo efectivo. A ello se suma el hecho que cada vez más los delegados de los partidos políticos que ya habían iniciado el proceso de fragmentación que conocemos en la actualidad, tenía mayoría en las decisiones internas del CNAP, poca asistencia entre decisiones y de esa manera se fue perdiendo el impulso.

Es necesario apuntar que tanto desde actores como el CNAP, organismos como IDEA, vinculados a la academia y el ¨PNUD, así como en los informes de Minugua, existía la convicción de que el proceso se estaba apartando de sus objetivos, del espíritu de la negociación y se desviaba de forma contraria a las expectativas. No es casual que la misma PDH manifestara que había un retroceso que no podría dejar de ser observado y señalado, si se quería corregir el rumbo.

El informe de la PDH dice: “Los Acuerdos de Paz constituyen una agenda nacional de construcción de la democracia y el desarrollo de Guatemala.  Sin embargo, a once años de la firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y a nueve años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera se percibe un retroceso en su cumplimiento y la pérdida de su sentido orientador de la acción de la sociedad guatemalteca”[11].

CNAP finalmente se disolvió con Giammattei. Antes, durante los años del gobierno de Pérez Molina, tuvo una existencia fantasmagórica. Se sabía de su existencia, pero en la práctica no era parte de algún esfuerzo sustantivo en favor del cumplimiento de la agenda de la paz. Como director ejecutivo, estuvo Byron barrera durante los años del gobierno de Otto Pérez en el periodo 2012-2016 fue director del Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz -CNAP-[12]. El mecanismo pensado como una instancia de partidos políticos y de organizaciones sociales, tenía la función de impulsar las políticas derivadas de los compromisos de la paz, pero poco a poco fue perdiendo el interés por parte del gobierno y su función, poco a poco fue más decorativa que algo efectivo.

EL RECORRIDO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

A lo largo de 30 años es posible establecer que hubo siempre informes sobre el cumplimiento o sobre el estado de los compromisos de la paz, aunque de manera general, existía en los informes de verificación o de resumen de lo realizado, mucho señalamiento de los incumplimientos, y de los vacíos. Se hicieron informes en momentos emblemáticos. Pero la realidad es que a partir del año 15[13] para situar un momento, la dinámica de cumplimiento de los acuerdos de paz fue perdiendo velocidad y energía. Pero, sobre todo, fue dejando de ser relevante para los nuevos gobiernos.

Quizás los informes más elocuentes son los realizados por la Minugua al momento de finalizar sus funciones en nuestro país. O los presentados en ocasión de fechas cerradas, diez años, veinte años, los veinticinco años y ahora que nos dirigimos a la conmemoración de los 30 años. Del informe presentado por Minugua al momento de concluir la primera fase de la implementación de los Acuerdos de Paz, quizás algo de lo relevante en un enfoque sobre el tema del cumplimiento de los compromisos que adelante se retoma por diversos actores, es la tendencia presentar informes porcentuales de cumplimiento. 

Hay en “La paz precaria” de mi autoría, un balance del mismo. Desde ese momento lo más relevante es el señalamiento de que de todos los acuerdos el de los derechos de pueblos indígenas es el menos cumplido. Es cierto que no es uno que se pueda hacer con dos o tres medidas, pues abarca al país entero, sus instituciones y de forma especial a la sociedad.

En el informe final de Minugua, se dejó en un folleto editado por la misión, la lista de los compromisos pendientes, de alguna manera los cumplidos, o aquellos que estaban en proceso de serlo. Sin embargo, ya sin el peso de la Misión verificadora, todo quedó pendiente, dio inicio la desnaturalización y el tortuguismo claro de las cuestiones vinculadas a la paz, y poco a poco, todo quedó realmente desdibujado.

Aunque sí es fundamental destacar que las primeras aproximaciones a eso que se pueden calificar como los avances de la paz o como la implementación de los compromisos de la paz, si tenía hechos concretos, resultados de importancia y en un artículo de Raquel Zelaya, que retoma el informe final de Minugua, se expresa esto de una forma que es de interés para nuestro balance: “A cinco años de la firma de la paz en Guatemala: un balance crítico”[14]

·         Desmovilización de combatientes e incorporación[15] a la vida nacional en condiciones de seguridad.

·         Incorporación de URNG a la vida política[16] del país.

·         Retorno y seguridad de la población desarraigada y dotación de tierras y de servicios para ella[17].

·         Reducción del número de efectivos del Ejército de Guatemala, cierre de bases militares y destacamentos, y desintegración de la Policía Militar Ambulante. Disolución de las Patrullas de Autodefensa Civil y de los Comisionados Militares.

·         Elaboración, presentación y difusión del Informe[18] de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, titulado “Memoria del Silencio”.

Sin lugar a dudas este primer balance de los compromisos de la paz es de alta importancia pues se refiere a los aspectos nodales de la parte militar del conflicto, pero ello no resta méritos a otros procesos que se desarrollan de forma paralela al mismo. Pero lo fundamental es que oculta todas las reservas y obstáculos para el impulso de las otras tareas de la paz. Se puede afirmar que hubo desde el gobierno inicial, resistencia pronunciada al impulso de los compromisos asumidos.

Así en 2005, en el balance contenido en el libro A cinco años de la firma de la paz en Guatemala: Un balance Crítico se mencionan los porcentajes de lo cumplido. Así se dice 36% cumplimiento del total de compromisos, 23% en proceso de cumplimiento, 15% solo parcial y 25% incumplido. En verdad este tipo de enfoque o análisis nos deja en lo mismo pues no hay valoraciones cualitativas. Es por ello la razón de que el CNAP hable de la visión actuarial y la rechace.  Pero sin ir muy lejos, es realmente absurdo pensar en porcentajes de cumplimiento de derechos humanos, o de reforma educativa o de políticas de seguridad nacional o de control de las empresas privadas de seguridad. Es una vía para no cumplir con el objetivo de la paz que es la construcción de una democracia con desarrollo económico y bienestar para las mayorías.

Es el momento de las discusiones interminables sobre eso que he denominado el recuento actuarial de la paz. Dicho de otra manera, la visión de porcentajes sobre lo realizado y lo pendiente, pero sin análisis de calidad. Es algo que arranca con la visión que introduce Minugua, que de alguna manera debe presentar resultados de su misión en Guatemala, tomando en cuenta que por ser pionera y con un acuerdo extenso, y muy complejo, no hay antecedentes para abordar y, sobre todo, para expresar los avances o las dificultades para su implementación. Así se da paso a lo que denomino visión actuarial, de porcentajes que pretenden decir algo pero que en verdad ocultan el meollo del tema.

Es el balance que una figura prominente en el gobierno de Arzú y en el tema de la paz, suscribe el Acuerdo final, retoma y queda expuesto en el balance de los 5 años.    que queda de cuerpo entero en el informe de los cinco años. A manera de ejemplo. El tema fiscal fue renegociado y dio paso a lo que se denominó el Pacto Fiscal. Esto fue la manera de evitar el cumplimiento del compromiso que quedó firmado en los Acuerdos. Ahora bien, ¿Cómo calificar este hecho? ¿Como avanzar? ¿Retroceso? ¿Una versión renovada de los contenidos de la paz? ¿Qué porcentaje se le da a algo que a la fecha no se cumple?

Otro tanto ocurre con los temas sustantivos de los Acuerdos de Paz. La mayoría de estos entraron en un proceso de olvido burocrático, o, dicho de otra manera, en los temas sustantivos de impuso la burocracia y el veto invisible de la cúpula económica del país, así como de las reservas que ante estos temas había en el propio gobierno de Arzú.

SOBRE LA PRECARIA INSTITUCIONALIDAD DE LA PAZ

Como he señalado a lo largo de estos años que van de la firma de la paz al día de hoy, lo primero que es necesario destacar es que de parte del gobierno siempre hubo una tendencia a demorar el cumplimiento, a rasurar los compromisos y ya en los últimos tres gobiernos, antes del actual, a olvidarse de los compromisos y desmantelar las instancias encargadas de su cumplimiento.

Hacerse de la vista gorda como se dice coloquialmente es una de las formas de esquivar el cumplimiento de los compromisos. Un ejemplo de ello es la actitud asumida con el compromiso de las reformas constitucionales y la consulta popular, como se señala en la parte relacionada con las recalendarizaciones. De una parte, se dio largas al tema y de otra no se puso en funcionamiento los mecanismos que desde el congreso tenía el gobierno signatario de la paz.

Se puede afirmar que, a los cinco, diez, o veinte años, los incumplimientos son la norma. Y quizás desde los gobiernos de Otto Pérez Molina -20012-2016, Jimmy Morales -2016-2020 y Alejandro Giamatei 2020-2024, que son los últimos doce o diez años, la tónica fue no solo el incumplimiento sino la demolición de la institucionalidad de la paz. De esta forma, los programas para el resarcimiento son suprimidos de un plumazo, en especial para las víctimas de la población civil, aunque los programas para cumplir las obligaciones de los militares veteranos, continúan como algo intocable.

No son casuales, por ejemplo, las protestas de un sindicato de trabajadores de la Sepaz en su momento, durante los años 2012 en un primer movimiento de protesta, y más adelante en 2020 con un movimiento más fuerte y más estructurado, que de manera general defendían derechos laborales básicos como el salario. Sus objetivos básicos fueron siempre tres:

a.    Derechos laborales

b.    Rescatar la institucionalidad de la paz

c.    Retomar el rumbo de los acuerdos de paz

Es necesario destacar que la necesidad de defender los derechos laborales fue debido a los intentos permanentes de recortar personal y con ello debilitar los programas de la paz, con lo cual, la propia institucionalidad iba en retroceso. Por ello 2012 y la creación del sindicato de trabajadores, da la voz de alarma en cuanto al abandono de la visión más comprometida con los Acuerdos de Paz, y el inicio de una era en donde el objetivo era desmontar los compromisos y como a lo largo de estos años he señalado, es el abandono de los acuerdos, de engavetarlos o de rasurarlos, para decirlo en términos coloquiales. La medida más concreta de este abandono, es el gradual corte del financiamiento para los programas de paz.

En este terreno, el más relevante es el fin del programa de resarcimiento -PNR- que solo ahora se quiere recuperar. Hay que anotar que los trabajadores del PNR fueron igualmente sindicalizados en el sindicato de la Sepaz. Actualmente muchos de los trabajadores aún demandan el cumplimiento de sus demandas laborales.  Este mecanismo de resarcimiento, fue poco a poco desfinanciado y finalmente todo el trabajo realizado por varios años, me refiero a unos 40 mil expedientes de personas que iban a recibir un resarcimiento económico-Q24,000.oo., fue literalmente tirado en cajas y llevado a bodegas que, en la actualidad, se encuentran bajo el control del Ministerio de desarrollo social -MIDES-.

Adicionalmente, están también las protestas de los sectores sociales que dejan de recibir los efectos del resarcimiento y otros programas aprobados con dificultad a lo largo de los primeros años. Finalmente, el mecanismo de la CNAP, las comisiones paritarias sobre temas de pueblos indígenas, la Sepaz y el PNR, así como otras instancias para abordar los temas agrarios, se dejaron morir de inanición. Todo esto a pesar de que forman parte de una institucionalidad que, por ley, contenida en el Decreto Legislativo 52-2005 debe ser cumplida.

En los primeros años luego de la firma de la paz, el gobierno dio paso a las medidas emergentes, como la desmovilización, el desminado, los procesos de documentación, el retorno de exiliados, y otras medidas como constituir comisiones de trabajo. Pero a partir de los años 15 después de la firma de la paz, el comportamiento de los diferentes gobiernos, especialmente luego del de Álvaro Colom[19], fue realmente para el olvido. Quisieron borrar de una buena vez, todo lo que quedaba de los compromisos, con razones aparentes siempre, pero en contra de la lógica iniciada desde la firma de los compromisos del fin de la guerra interna y el inicio de una era de paz.

Es de tal envergadura el incumplimiento de los compromisos de la paz, que una de las partes signatarias, la URNG, en el 25 aniversario de la firma del fin de la guerra y de inauguración de una época de paz, señalaba:

1.    “Los gobiernos que se han sucedido en el poder desde 1996 a la fecha, fueron abandonando los compromisos de Estado con el complimiento de los Acuerdos de Paz[20], y particularmente el gobierno de Alejandro Giamatei Falla y su partido Vamos, al desaparecer a Secretarías clave en su implementación y en la atención de déficit históricos, como la Secretaría de la Paz –SEPAZ-, la Secretaría de Asuntos Agrarios –SAA-, la COPREDEH, y otras, cerrando casi en su totalidad la institucionalidad y agenda de la paz. Miles de víctimas del enfrentamiento armado interno, sujetas de resarcimiento por violación a sus derechos humanos, están muriendo mientras sus expedientes descansan en algún rincón de las oficinas estatales”[21].

2.    Por supuesto que este balance sobre el abandono de la institucionalidad de la paz, corre parejo con un proceso de involución en las instituciones democráticas del país, pues es de suma importancia subrayar, que la apuesta central de los compromisos de la paz, se instaló siempre en la idea de construir en nuestro país una democracia real, y, sobre todo, participativa, dejando de lado la idea de que la democracia solo se verificada cada ocasión en que había elecciones. Un ejemplo puede servir para ilustrar esto que se señala.

En 1998 fui invitado a realizar un informe sobre el funcionamiento de las instituciones de control democrático. Entre las cuales, la contraloría general de cuentas, la PDH, el TSE, entre otras. La idea fuerza que dominaba este informe es que había expectativas de crecimiento, de ampliar su reconocimiento, de fortalecer el rol de las mismas. El sentido general, era promisorio. Hoy se trata de mantener, o mejor, de que las mismas instituciones de control democrático, puedan recuperar parte de sus funciones, de recuperar alguna credibilidad, pues el impacto del pacto de corruptos o de la corrupción ha sido devastador.

3.    Lo anterior puede ser vislumbrado en las tres leyes sobre la descentralización y de los consejos de desarrollo en los años del 2000 al 2004, en donde vieron la luz tres importantes instrumentos legales para la descentralización, los consejos de desarrollo y ajustes el condigo municipal. Sin embargo, luego de unos 20 años, estas leyes solo se pudieron implementar de manera formal, dando como resultado que ese proceso de democratización que se esperaba acometer desde las propuestas de la insurgencia en la mesa de negociaciones, queda, como se señala, trunco.

4.     En la misma declaración dice la URNG, en apoyo a la tesis de que, por el incumplimiento de los compromisos de la paz, se ha producido en el país un retroceso democrático y señala los rasgos centrales de ese retroceso, que en la actualidad es posible valorar con un poco de más precisión. “Los tres Órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la Corte de Constitucionalidad, la principal instancia del control y el equilibrio del poder democrático, están ahora bajo la égida de operadores que responden al pacto de corruptos, quedando únicamente fuera de esta lógica, la Procuraduría de Derechos Humanos, así como algunos funcionarios públicos con dignidad, que no se han dejado someter a sus designios.[22]”

5.    De parte de las instancias de gobierno vinculadas a las tareas de la paz, el tema fue más bien, en estos años, una visión actuarial de los compromisos de la paz, menos un compromiso con esas tareas. Y la explicación es algo sencillo. Las instituciones de la paz contaron desde siempre, pocos recursos, recorte de los mismos, uso clientelar de los empleos que se generaban, menos interés en el fondo de las cosas y hacer de los compromisos de la paz, números vacíos de contenido. Que, si se avanzó el 20% o el 30%, pero sin tocar los puntos nodales de esa agenda.

6.    En esa perspectiva, los porcentajes que en muchos informes se consignaron son todos dominados por los primeros momentos luego de la firma de la paz. Aquí entraron los temas de la desmovilización de las insurgencias, Construcción de los campos de desmovilización, el registro de los desmovilizados, la creación de las comisiones para el desminado, y por supuesto, otros temas que tenían comisiones de trabajo que se prolongaron durante años sin arrojar resultados pues su diseño se convirtió en un fin en sí mismo.

BALANCE DEL AIDPI

De la misma manera se puede afirmar que en todo lo relacionado con los derechos de los pueblos indígenas hubo desde siempre un nivel de incomprensión del tema producto de varios factores. El primero es la presencia en los diferentes gobiernos de personajes ajenos al tema. Lo segundo es que quienes firmaron la paz, no fueron parte de quienes habían negociado el AIDPI. No es una afirmación antojadiza. A título de ejemplo, para el AIDPI, en el tema del Convenio 169 hubo consultas con los organismos de la ONU y en especial con la OIT que envió expertos durante las rondas de negociaciones, a lo cual se puede agregar que, de la parte gubernamental en los momentos de la firma de la paz, se trataba de algo desconocido. Por ello su desconocimiento real de los derechos invocados o solo sugeridos en ese acuerdo.

Hubo entonces la visión jurídica de las elites y la idea de que los derechos indígenas Darían como resultado, a mediano plazo, la división del país o al menos, se dio paso a las ideas más descabelladas de que lo que se buscaba era el gobierno de los indígenas que arrinconaron a los herederos de los criollos con sus fincas y haciendas. Es por ello que, durante las discusiones sobre la reforma constitucional para el cumplimiento de los compromisos de la paz, y la consulta popular, el discurso racista tuvo un crecimiento extraordinario y los medios de comunicación se llenaron de todos los prejuicios y las amenazas conocidas. En esos meses el fantasma de Croacia y Bosnia se hizo notar.  En esos años la idea de que Guatemala podría conocer un proceso de balcanización fue realmente importante. Ver los medios impresos en esos días, permite confirmar esta afirmación. No es nada casual que el jefe de Minugua dijera de manera pública, que el país que más se parecía a Sudáfrica del Apartheid era Guatemala, solo que sin este régimen hecho de forma legal como en el país africano. Tom Koenigs, que fue encargado de Minugua, dijo que, en Guatemala, existían todos los contenidos del Apartheid. Al menos eso es lo que dijeron medios de comunicación en esos días, lo cual generó un malestar inocultable en sectores de gobierno y élites económicas

A pesar de las resistencias a los derechos indígenas si hubo durante estos años un esfuerzo por construir una institucionalidad en donde los pueblos indígenas se vieran representados, o por lo menos, que vieran que había posibilidades para que su participación en el marco de las instituciones del estado fuera algo posible.

A tal efecto se vio el nacimiento de una institucionalidad con origen en la firma de la paz y en sus compromisos. Es el caso de las principales instancias conocidas:

7.    Codisra   -Comisión presidencial contra el racismo-

8.    DEMI        Defensoría de la mujer Maya

9.    Fodigua    Fondo para el desarrollo indígena

10. ALMG       Academia de lenguas mayas

Por supuesto que estas omisiones o instituciones no son las únicas. Hubo de forma simultánea la creación de otras instancias. De manera particular, direcciones o simplemente oficinas encargadas de temas vinculados a derechos de pueblos indígenas en las diferentes instancias de gobierno, especialmente en los ministerios. Así hay un viceministerio de interculturalidad en el Micude, un viceministerio de educación, una unidad en Cancillería, en el Ministerio de Trabajo, etc. Aunque lo avanzado o lo realizado, no alcanza para satisfacer el conjunto de demandas de los pueblos que habitamos en este país. Queda la sensación de que, a pesar de los compromisos de la paz, la exclusión sigue siendo una norma o si se quiere, una práctica que está en el ADN del sistema político de nuestro país.

Por supuesto que, en términos generales, a pesar del avance, continúa una subrepresentación indígena en las diferentes esferas del poder. De tal manera hay apenas un 10% o 15% en el congreso. Y eso es lo mismo en los diferentes órganos del ejecutivo. Sin hablar del sistema judicial. Es solo de manera reciente que se eligió a una indígena como magistrada de la CC.  Asimismo, las demandas son innumerables y las críticas son permanentes. Aunque es necesario reconocer que solo con la suscripción del AIDPI y de la paz, la exclusión dejó de ser algo asumido sin más, para ser un tema de debate permanente en la sociedad guatemalteca.

Quizás el momento más relevante en los últimos años haya sido el levantamiento de pueblos indígenas encabezado por los 48 cantones de Totonicapán y alcaldías como la de Sololá en defensa de los resultados electorales del 2023, que hicieron ver que los pueblos indígenas no eran más un “sector” de la sociedad, sino que una parte integrante de la misma con sus formas particulares de organización y de sensibilidad. Y se pude afirmar que encontraron en el AIDPI una primera respuesta a sus demandas. Es algo que está por construirse.

LA CUESTIÓN AGRARIA

Si bien es cierto que el tema agrario no tuvo un mejor tratamiento en los Acuerdos de Paz, sí es importante subrayar que, con las medidas propuestas, inscritas En el ámbito del mercado como mecanismo para abordar el asunto de la demanda de tierra, sus pocos resultados se explican por el poco interés gubernamental, pero sobre todo por la existencia de una estructura agraria con sus expresiones políticas, realmente cerrada y con un peso relevante al interior de las elites del país. Se constituyó la secretaria de Asuntos Agrarios, que dio paso a la compra de algunas fincas que fueron entregadas a los campesinos, aunque no se realizaron mayores esfuerzos en la creación de un banco de tierras, en la identificación de tierras ociosas y nacionales y lo más delicado de todo ello, es que no se avanzó mayores cosas en todo lo relacionado con la institucionalidad agraria.

Este último punto es realmente relevante. A 30 años de la firma de la paz, aún no se cuenta con tres herramientas indispensables para la atención de la conflictividad agraria y las soluciones a ella. Me refiero a una ley o código agrario que brilla por su ausencia, no se han puesto en marcha tribunales agrarios y una fiscalía agraria, en la actualidad, sirve a propósitos de la patronal en este ámbito.

La ausencia de un código agrario es un tema que debería generar más inquietud pues se sabe que hay códigos de salud, tránsito, familia, comercio, y de hecho todas las actividades del país cuentan con normas, reglas, códigos, que no siempre se respetan, pero eso es otro tema. Lo grave es que en nuestro país con un nivel de conflictividad agrario que hace algunos años se calculaba de unos 1500 casos, no existe una normativa legal para abordarlos.

De hecho, los desalojos campesinos en regiones del norte del país, de forma acusada, aunque ello ocurre en todo el territorio nacional, se hace como si nunca se hubiera firmado la paz, sin ninguna forma nueva de atender esta problemática. Al grado que ni siquiera el acuerdo firmado entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las principales organizaciones campesinas, permite evitar los desalojos que se hacen como si viviéramos en el pasado remoto.

“A las comunidades desalojadas no les son ofrecidas alternativas de reasentamiento, y éstas no disponen de mecanismos de queja o reclamo, ya que el uso de esta norma de carácter penal, además del desalojo forzoso inmediato, lleva consigo la criminalización de los miembros de la comunidad, en su gran mayoría indígenas y el reasentamiento forzoso en condiciones incompatibles con el respeto de los derechos humanos, tal y como se mencionó con anterioridad. El Estado carece de un marco normativo, políticas públicas o institucionalidad con un mandato orientado a garantizar los derechos de las personas desplazadas.”[23]

El párrafo que se incluye forma parte de un largo documento que fue entregado por organizaciones campesinas a la comisión interamericana de derechos humanos, en ocasión de una reunión de eésta en Guatemala, apenas hace unos meses. Es de sumo interés señalar que, a pesar del tiempo transcurrido, todo lo que toca a la conflictividad agraria., deja la impresión de que en el país no se hubiera firmado la paz con la serie de compromisos que establecen la defensa y promoción de los derechos humanos, la creación de instituciones que velen por los derechos agrarios, etc. Por ello la importancia del tema que se plantea por los campesinos en esta audiencia.

En resumen, el tema agrario continúa sin ser visto como uno de los temas más urgentes si queremos vivir en paz y democracia. La idea de que no hay tierras o de que no se puede atender esa demanda no es aceptada por ninguna de las organizaciones campesinas. Y señalan que ni siquiera el catastro de tierras ha sido realizado con éxito, debido entre otras causas, a la oposición de los propietarios de la tierra.

REFRESCAR LA PAZ Y CUMPLIR LOS COMPROMISOS.

Quizás refrescar no sea el concepto exacto o el más afortunado, pues la agenda de la paz es algo permanente, aunque quizás sí sea menester, señalar que ahora en el 30 aniversario de la firma de los compromisos de la paz, debemos decir que hoy, cualquier proyecto de cambio de las condiciones de nuestro país, tiene en la agenda de la paz, todos los elementos que son indispensables para construir un mejor país. O si no están todos los elementos, si hay en los compromisos de la paz, una agenda básica, inevitable, inexcusable. Es por ello que plantar la reinvención de la paz hace referencia a que es indispensable un esfuerzo mayor, extraordinario, no solo una actividad de índole rutinario. Hace falta un esfuerzo nacional real, concreto, medible.

Solo a manera de recordatorio se puede afirmar que no hay ninguna posibilidad de progresar o de modernizar este país, sin las 5 principales reformas que esperan su momento desde la firma de la paz en el año de 1996. Es obvio que estas reformas no limitan ni postergan otras tantas, incluidas en el paquete de los compromisos asumidos.

A modo de ejemplo, el abordaje del tema agrario ha sido parcial, insuficiente, burocrático, y las soluciones fueron realmente limitadas, a precio de mercado. Con esta última afirmación me refiero a que la cuestión agraria quedó en los acuerdos suscritos, sujetas a un mecanismo de mercado, sin incorporar, ni de lejos, mecanismos de expropiación contemplados en la constitución política de la república. Aun así, la secretaría encargada de este tema, fue desde el inicio bombardeada por el sector de los grandes propietarios rurales.

En la perspectiva señalada, si se toma en consideración el paquete de reformas que se incluyen, se podría tener una idea más ajustada al alcance de los compromisos adquiridos, en el conjunto de la agenda identificada, como la base y origen del conflicto armado interno. Esto es algo sobre lo que insistió Monseñor Rodolfo Quezada Toruño a lo largo del proceso en el cual fungió como “conciliador”, término utilizado para significar su rol en el proceso de las negociaciones de la paz. No fue de facilitador ni de intermediario o de árbitro. Tuvo otras connotaciones. Y ello fue producto de una posición compartida por la jerarquía de la iglesia católica.

No son entonces casuales, las Cartas Pastorales, una sobre El Clamor de la tierra, y otra sobre el Clamor de la paz. En ambas el tema de la solución de las causas que estaban en el origen eran algo fundamental a resolver. Por ese espíritu, entre otras influencias, y la experiencia de vida de la dirigencia de la insurgencia, es que se identificaron los temas que se plantean como indispensables. Estas reformas inevitables serían[25]:

1.    Reforma política

2.    Reforma educativa

3.    Reforma tributaria

4.    Reforma judicial

5.    Reforma de la seguridad

Desde diversas plataformas se insiste en las medidas señaladas como de sumo interés nacional. Ahora bien, presentadas de forma aislada una de otra y sin un contexto de cambios en la democracia guatemalteca, parecerían irrelevantes, o en todo caso, por separado, como algo que no es necesario para el país y para los intereses de los grupos o elites dominantes. De todas formas, esos temas identificados como prioritarios o estructurales, deberían de ser abordados junto con todos los temas de la agenda firmada en 1996. Por supuesto que los temas de orden operativo ya son parte de algo hecho, y que pertenece al pasado. Pero otros temas, incluso algunos resueltos a medias o que demandan actualización, deberían de ser vistos en su conjunto y ser planteados como indisolubles.

Pero si se analizan como parte de un paquete democratizador, o como parte de un proceso de cambio en el país, si adquieren de una relevancia que en su momento los Acuerdos de Paz proporcionaban, pues son reformas que en su conjunto buscan profundizar la democracia y liberarla de las taras que gradualmente se han apoderado de ella. Dicho de otro modo, la constitución política de 1985, más allá de sus limitaciones, demanda para poder ser cumplida en su totalidad y espíritu, de un conjunto de reformas que aún no llegan. A título de ejemplo, si bien en la constitución política del 85 se habla en contra de los monopolios, fue necesario esperar hasta 2024, para ver promulgada en el congreso una ley de competencia, que era indispensable para dar cumplimiento a la idea de lucha contra los monopolios.

Se Ttata de impulsar las reformas pendientes en los Acuerdos de Paz, que siendo una política de Estado con aval en su momento de todos los sectores del país y con considerable apoyo de la comunidad internacional representada por la ONU, y de profundizar algunas de las ya iniciadas o cumplidas. Pero ello demanda de una renovada visión por parte el ejecutivo, sectores sociales que se comprometan para poder así dar cumplimiento a una agenda que no solo es necesaria, sino que en la época actual es indispensable.

Y por supuesto, todo ello con la existencia plena de un país multicultural, multiétnico y plurilingüe. Con todos los derechos para los pueblos originarios que se encuentran de forma concreta expuestos en el AIDPI.  No se trata de algo declarativo, es una demanda de alcance mundial que sólo en 2007[26] Se resuelve por la vía de una declaración de la ONU en donde quedan expuestos los derechos de los pueblos indígenas y/o originarios, por primera vez a nivel mundial. Ello luego de un largo proceso en donde delegados de los pueblos indígenas del mundo, llegaron a los pasillos y salones de reuniones de la ONU durante al menos unas dos décadas, para finalmente ver el nacimiento de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Es una de las razones por las que el Acuerdo sobre pueblos indígenas de nuestro país, tiene asidero en la legislación internacional antes que en la propia legislación nacional.

 Aunque es justo anotar, que en la constitución política de la república hay un apartado dedicado a los pueblos originarios, aunque no a la altura de lo que consigna la Declaración Universal de la ONU. No es algo menor, se trata de que, en el plano internacional, hubo más acercamiento a los temas que había que modificar en cada uno de los países, que finalmente se trató de temas que eran comunes, y parte de una agenda única.  

Aquí es necesaria una reflexión que subraya que los derechos de los pueblos indígenas no son un ítem de la agenda, sino que tienen relación con la sociedad en su conjunto y con la forma en que se piensa y se vive un país. Para poner un ejemplo burdo, se tiene que encontrar una narrativa que sea integral y que nos explique qué ocurrió entre las pirámides monumentales y la situación de hoy para la mayoría de pueblos indígenas de Guatemala.  ¿Si la mitad de la población es indígena, la participación en las instancias de poder debería ser igualitaria? ¿O por lo menos algo que no diga que la exclusión es la norma en este país? Este es solo uno de los temas que merecen reflexión y son por estos aspectos que cuando se habla de cumplimiento de dicho acuerdo, no se aceptan los porcentajes de la visión actuarial a la que hemos hecho referencia.

Quizás sea por esta certeza que la idea central no sea la de conmemorar la paz, sino cumplir hoy, con todos los acuerdos que fueron suscritos en un cercano 1996. O sea, hace 30 años. Si es necesario subrayar que un tema no considerado en el conjunto de compromisos de la paz es el relacionado con la población migrante, que se puede decir que creció en flecha después de la firma de la paz y con el impulso de la agenda neoliberal en nuestro país.

Es obvio que las reformas que se consignan deben, aunque no de forma completa, pasar por algunos cambios en la constitución política del país. Y ello es normal, entre otras razones porque la Constitución política se hizo sin que sectores importantes no estuvieran representados en el texto constitucional. Es normal que eso haya ocurrido de esa manera pues fue emitida en un país en guerra. Aunque este tema es de momento, ajeno a todo lo relacionado con el cumplimiento de los compromisos de la paz.

Lo que, sí es meridianamente cierto, es que la agenda de la paz, a pesar de todo el desgaste, de lo hecho a medias o mal, y por lo que no se hizo, merece ahora una nueva oportunidad. Pero para ello se debe superar la idea de que la paz es solo la obligación de una pequeña secretaría, con escasos fondos y limitado personal. Si se plantea el relanzamiento de los acuerdos con todos los compromisos que ello implica, se debe plantear como una política de estado, que busque los acompañamientos indispensables, que tenga en los sectores sociales, productivos o no, académicos, intelectuales, de trabajadores de campesinos, y con ellos se construyan los apoyos que demandan las tareas pendientes.

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