Arévalo, dos años sin fanfarrias
Miguel Ángel Sandoval
Al finalizar los dos primeros años del gobierno de Bernardo Arévalo, es normal intentar una especie de balance sobre lo realizado y lo pendiente, pero de manera especial, sobre los temas novedosos que en ocasiones pasan de noche por la tendencia a ver cosas de bulto, espectaculares o para decirlo de forma más coloquial, aquellos que forman parte de nuestras expectativas, antes que de las cosas reales. Aunque también por el peso de la narrativa de los enemigos de la democracia, que, en este caso, son varios, y cada uno de ellos con menos ética que sus pares. En las notas abordo lo que considero temas centrales y no podía ser de otra manera, es algo sucinto, quedan pendientes, pero mi intención es de naturaleza política, antes que el análisis exhaustivo, como si fuera la memoria, de dos años de gobierno, lo cual rebasa con creces mis posibilidades, tanto en documentación como en tiempo e intenciones.
En el primer aniversario del gobierno de Arévalo decía en una nota de balance, que habíamos vivido el primer año sin la hegemonía de las mafias en el ejecutivo. No era poca cosa. Por ello las mafias hicieron todo lo posible por retomar el control y acudieron al expediente de los intentos reiterados de golpe de estado sin conseguirlo, pues se olvidaron que esa forma de imponer sus deseos estaba fuera de época. Les urgía retomar el control y con ello, los negocios a la sombra del estado y de manera concreta, el acceso al presupuesto nacional sin límites. Esto constituye una clara victoria política del gobierno actual. Se entienda o no, se apruebe o no.
Ahora son dos años sin que las mafias tengan el control total del aparato de gobierno. Y siguen en el intento. Un día es un chisme monumental, otro una pifia de alguien del gobierno, el siguiente alguna nota internacional, otro más, es retorcer una ley interpretándola a la golpista. Pero todo es en vano. Es cierto que tienen aún, parte del control, en cuadros medios, y de manera particular, en el sistema creado para desfalcar el estado con mil y una maniobra. Algunas ya se han detectado, otras tienen la vida corta, pero el rescate de las instituciones sigue siendo un objetivo a lograr. Y cada vez es más claro que hacen falta profundas reformas al sistema legal y ello arranca desde la constitución que requiere ser depurada.
No me detengo más, en temas como la férrea oposición que tuvo este gobierno desde antes de su toma de posesión. Ni a la absurda campaña de las cortes, todas ellas, que justificaron de la peor manera las barbaridades seudo-legales de instancias como el MP o de juececillos a modo. Tampoco me detengo en la anomalía del legislativo y las denominadas bancadas que todas quedan a deber si se pasara un examen de comportamiento ciudadano o democrático, incluso la bancada ligada al oficialismo.
Igual, no hago mayor razonamiento sobre la educación, en donde los hechos hablan por sí mismos. prueba de ello es la urgente campaña de actualización educativa descendiendo incluso a la lecto/escritura, producto del desastre educativo de muchos años. Junto a ello hay un proceso de retomar el control del proceso educativo y de su institucionalidad. O en salud, en donde existen hechos nuevos como el abastecimiento de medicinas y el intento renovado de tener orden en los hospitales y su manera de actuar.
Es oportuno señalar que el trabajo en educación o salud es parte de una política que establece la constitución del país, que corresponde al estado prestar estos servicios con eficiencia y calidad a la población. Que es un servicio público, no un negocio. Y por ello no se dan medallas, sino simplemente se va al cumplimiento de un deber. Y el gran pendiente en estas funciones, es el de la construcción de obra de infraestructura, particularmente en el sistema vial del país, que más allá del análisis sobre el origen del desmantelamiento de la institucionalidad dedicada a los caminos y carreteras, debido a las privatizaciones de Álvaro Arzú; es menester hacer un esfuerzo nacional extraordinario para atender esta demanda ciudadana.
Y hay temas urgentes de abordar, como la depuración de personal en las instituciones de la seguridad publica en donde junto con el intento de retomar las riendas de la seguridad, existe en contra, el esfuerzo de los sectores corruptos por mantener la zozobra entre la ciudadanía apostando a formas de ingobernabilidad en lo cual se aprovecha el deterioro de años en las fuerzas de seguridad, en las tareas de la seguridad ciudadana, apartándose de los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz, y haciendo causa común con la corrupción que sabemos se produce en la mayoría de las instituciones del país. El grave error y el escándalo subsiguiente con la fuga de reos peligrosos, fue acaso la mayor alerta de que había que trabajar duro y fuerte en el conjunto del sistema de seguridad.
Trato en este balance de insistir en temas de alcance estratégico, que no han sido valorados en su justa dimensión, pues los temas tradicionales si lo han sido, con bocinas y altoparlantes gigantes; lo digo antes que detenerme en las lamentaciones de corrillos o aquellas expresiones que surgen de la falta de comprensión de las condiciones políticas existentes o lo más superficial, sobre las expectativas no cumplidas. No es mirar solo una cara de la luna, es quizás, el intento por ver la cara de la luna menos amable que nos corresponde ver, no la imaginada.
EL TEMA SALARIAL
Hay ocasiones que los cambios, aún de trascendencia, pasan delante de nuestros ojos y de manera increíble no los vemos. Es el caso de la política salarial. Lo único que se mira es el monto y se concluye que no alcanza para la canasta básica ampliada. Eso es terreno del hilo negro o el agua tibia, y solo se puede decir: claro que es insuficiente. Sin embargo, lo central es que se cambió la naturaleza de la decisión para aumentar o congelar los salarios. Esto que siempre fue la decisión impuesta por el Cacif, ahora la cambio el presidente Arévalo.
Y aquí una consideración de orden general, pues en esta ocasión el Cacif proponía cero aumentos o algo cercano al 1 por ciento, como desde hace años. Ahora el gobierno, negociando de una forma diferente, por supuesto que sí, pero tomando de nuevo como hace un año, una decisión que cambia las reglas del juego. No se sabe si es para siempre o si solo es de momento. Y eso es lo que como analista aprecio. No los aumentos pequeños o abruptos sino la medida estratégica que le dice no al monopolio de esta decisión a los del Cacif. Lo cierto de todo es que ya son dos años que el presidente toma la decisión de aumentar el salario. No en los montos necesarios, pero si tomando al toro por los cuernos.
Que, si este aumento o la decisión es algo menor, mejor preguntar primero a los trabajadores que vivieron con salarios congelados con el comediante Morales o con el bandido de Giamatei, pues así lo dictaba la patronal y el gobierno actuaba en consecuencia. Pero ahora esto, que no es en contra de los trabajadores, da paso a una nueva actitud y nueva relación. Ahora es cuestión de opciones. Puedo elegir si agarro de tambor de jubileo al presidente por esta medida o si le envío una felicitación por asumir el rol que le corresponde por ley a un presidente.
No es algo menor. En las comisiones para fijar los salarios, que por acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- son tripartitas, -trabajadores, empresarios y gobierno- siempre hay la opción para el presidente de un país, de fijar los salarios por decisión presidencial, especialmente cuando las otras dos partes no alcanzan acuerdos responsables. Esta facultad presidencial se debe a que, por parte de los patronales, priva la postura de no dar aumentos nunca, o demasiado pocos a cambio de más horas de trabajo, por ejemplo, o por resultados inventados o anti técnicos, como la teoría del rebalse neoliberal.
Aunque en el caso de los empresarios guatemaltecos, acostumbrados a tener como divisa, la idea de que podemos ser un país competitivo, solo si se pagan bajos salarios y se pagan pocos impuestos, además de contar con favores de gobierno como las exenciones y los privilegios de toda la vida. En otras palabras, por la vía de violaciones a los derechos laborales. Son las reglas que desde siempre han funcionado. No solo aquí, sino en el mundo. Por ello la importancia de esta decisión del gobierno de Arévalo.
GOBERNAR CON GOBERNADORES
La idea de crear gobiernos departamentales que dejen atrás la práctica de que los gobernadores son solo los amigos del presidente para los negocios que este les ordene, conoce ahora un cambio profundo con el planteamiento de Arévalo que busca, el traslado de funciones y competencias a los gobernadores, con una idea de fondo: democratizar el ejercicio del poder. Es a no dudarlo, una apuesta de profundo contenido democrático, que busca desatar fuerzas sociales para el fortalecimiento democrático, lo cual merece ser analizado como tal, antes que quedarse en la diatriba fácil. Es como dicen en México, quedarse en una visión política de cuentachiles.
Que si dos o tres quetzales demás o de menos, que, si los gobernadores traerán como consecuencia un incremento presupuestario, o si en sus funciones tendrán actividades sin control, y un largo etcétera. Quizás en donde se resiente un poco más este tema, es en las bancadas de diputados del congreso en donde se olfatea que poco a poco su rol de “intermediación” en lo que se les ocurra, está tocando su fin. Y el cálculo es simple. Si el gobernador ocupa sus funciones con el respaldo de los -Consejos Departamentales de Desarrollo- Codedes, al tiempo que se ponen a funcionar gabinetes departamentales, las posibilidades de negocitos para unos cuantos diputados distritales tienden a disminuir. Quizás no de golpe, quizás no en un corto periodo, pero en su desarrollo si se producirá un cambio en el panorama de la democracia y su funcionamiento departamental, sobre todo si se le apoya con nuevas fuerzas sociales.
Para poner ejemplos concretos, ya no será necesaria la romería al ministerio de agricultura para una solicitud de extensionistas o un poco de fertilizante, de la misma forma, no habrá el viaje a la capital para no ser atendidos en cualquier otro ministerio, pues esas gestiones serán locales. Y con ello se limitará el rol de los diputados distritales que no serán por más tiempo, necesarios para gestiones menores y en ocasiones, pequeños chantajes a los ministros del ramo que sean. Y las obras a ejecutar será con el aval del Codede y la supervisión del gobernador en ejercicio de sus funciones. Y esto a nivel nacional, en todos los departamentos es algo de naturaleza nueva, democrática.
Insisto, hay preocupación en los sectores más conservadores y no pocos corruptos, todo por la idea de perder espacios, control, negocios. Es la idea vacía de la fiscalización o la intermediación, de unos cuantos diputados transeros que han convertido esa facultad republicana en un circo que solo entorpece el trabajo del ejecutivo. Pero, se olvida del impacto profundo en la ruptura de las redes clientelares de toda la vida. Se trata de romper con la excesiva centralización del poder que en nuestros tiempos se transforma en una suerte de macrocefalia inoperante, que solo estorba el funcionamiento de los países democráticos.
Esto es algo inscrito en la Constitución de 1985 y que se retoma y amplia en los Acuerdos de Paz de 1996. Es por ello un mandato constitucional y además un acuerdo político de estado que igualmente se debe de honrar. No es un invento genial de nadie, es un proceso de construcción democrático que durante años estuvo enterrado en lo más profundo de una burocracia, negada, por principio, a los pequeños cambios modernizantes. Y por esa inacción, que es otra forma que adopta la corrupción, incluso la terna para la nominación de los nuevos gobernadores tuvo un momento de lucha política cerrada, pues desde esas comisiones, la corrupción en algunos departamentos, hacía de las suyas. Es un caso de lucha contra la corrupción que había cooptado un mecanismo levemente democrático. Así los hechos.
De manera especial, se trata de la oposición cerrada de los gobiernos expertos en mantener las cosas como siempre, sin cambios, pero, sobre todo, sin nadie que les limitará en milímetros el ejercicio absoluto del poder, con su cuota de clientelismo absurdo. Es aquí y en este contexto, que la figura cacicazgos, especialmente distritales, se enseñorearon durante años y gobiernos, destruyendo de paso toda idea de democratizar lo que fuera; lo mismo con unos cuantos alcaldes. A lo que se agrega la idea de que hacer obras es solo para engordar las chequeras de las empresas privadas, con participación de algunas autoridades locales, antes que obras para propiciar el desarrollo local o departamental. Es un debate interminable, pero ahora se puede hacer con la instalación de los gobiernos departamentales, con una nueva óptica.
Es en este gobierno que luego de un proceso de afinamiento interno se da paso a la puesta en marcha de los gabinetes departamentales, que inician con 7 de ellos y durante 2026 se debe concluir con la totalidad de departamentos del país. Se puede entonces afirmar que la base del estado con origen colonial, se comienza a transformar para así dar paso a un estado con verdadero carácter republicano. Que es una tarea difícil no cabe la menor duda, pero se trata de un proceso que ya dio inicio, y que seguramente no se debe detener, pues con su puesta en marcha, se da salida a la liberación de fuerzas sociales contenidas durante años.
Es, no creo que haya mucho por donde desviarse, una lucha cerrada por construir una democracia con bases territoriales. Y no hay que ser mago para imaginar la importancia de la dimensión territorial en apoyo de los procesos democráticos. Aquí no se tratará más de ir a buscar los operadores para el centro político, sino que los territorios serán el apoyo estratégico de proyectos democráticos. Un cambio en la visión y la perspectiva de eso que hemos llamado gobernadores. Eso es parte de un logro que se está haciendo en silencio. Pero caminando.
ALGUNA CONCLUSION.
Quizás lo que más se resiente es la falta de una comunicación política digna de ese calificativo por parte del gobierno. Así como el acompañamiento de los sectores sociales a la gestión presidencial. Es cierto que los cambios no se hacen de acuerdo con las expectativas que muchos nos hicimos. Aunque hay quienes lo vieron antes o lo analizaron después. En lo personal escribí algún artículo, antes de la toma de posesión de Bernardo Arévalo en donde advertía que venían Tiempos Recios, en una paráfrasis del escritor Vargas Llosa.
Pero con todo, la ausencia de acompañamiento se puede observar, aunque acaso sea un acompañamiento silencioso, pero lo más grave es que hoy día, líderes indígenas que salieron a defender la democracia y el voto popular en el año 2023 se encuentran detenidos por más de 7 u 8 meses. Sin delito, sin causa, sin nada. Solo como escarmiento por defender el voto popular. Y ello se le carga a la cuenta de lo que Arévalo no ha realizado. Me parece que no es pertinente pues el mismo adversario, es el MP. Y no es facultad presidencial incidir en ello. Al menos, no en las condiciones actuales.
Adicionalmente, los dos años pendientes del gobierno de Arévalo, deberán ser de amplia ejecución o no habrá legado. Por ello es que se alistan motores para hacer de los años pendientes, no los de una campaña electoral anticipada, ni dos años de Hidalgo, como se dice popularmente de los gobiernos anteriores. Se trata de innovar en las practicas del ejecutivo y ahora se trata de que los resultados se produzcan de manera mucho más apegada a las expectativas. Es el caso del puente de los Mártires, con sus compromisos para el resarcimiento que otros gobiernos abandonaron y de lo que ello significa como lo he escrito en una columna.
Aunque no está demás señalar que Arévalo da cumplimiento con la entrega de este puente, de una de las exigencias de la población que se materializa en la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga al estado guatemalteco a cumplir una serie de medidas. En este caso, luego de la política genocida que tuvo lugar en los años de la guerra y de manera puntual en contra de indígenas de la etnia Achí. Además, en el acto de entrega del puente de los Mártires, el presidente hizo el compromiso de continuar con las medidas de resarcimiento económico, moral, político, cultural ante la población. Con ello se retoma en parte, el cumplimiento con compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz.
Y esto es algo que, de nuevo, tiene en los gobiernos anteriores un referente absolutamente negativo. Solo los últimos dos tienen el odioso mérito de haber cerrado las oficinas para el resarcimiento, Morales, y el otro Giamatei, de haber clausurado las oficinas de la secretaria para la Paz. Aunque otros gobiernos que no fueron tan depredadores, si mantuvieron los compromisos de la paz guardados en las gavetas y buenos solo para aniversarios y alguna medida intrascendente como los cambios de la rosa de la paz, cuando ello ameritaba.
Solo ahora, Arévalo decide dar continuidad, con hechos concretos, a lo que sus antecesores mandaron a la cubeta de los trastos viejos. Por ello en esta conmemoración resonó el Nunca Más, como el hecho relevante, junto con la presencia de la Fundación de Antropología Forense y el claro recordatorio de la violencia terrorista impulsada por el estado en loa años del conflicto armado.
En síntesis, apretada, y consciente que de que hay muchos temas pendientes que no abordé, se trata ahora, según mi opinión, de continuar la lucha contra la corrupción, a pesar de errores y vacíos, continuar una política salarial diferente, dar los primeros pasos para poner en marcha los gobiernos departamentales, retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en temas pendientes, es parte de lo que, en estos dos años, junto a la lucha por recuperar las instituciones sean de educación o salud, de seguridad y otras, es lo que se impulsa por el gobierno de Arévalo. Y sin fanfarrias.
