El colapso del pacto constitucional y la opción de la rebelión
Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL
Está demostrado que el Pacto de Corruptos se resiste a morir. A pesar de los encomiables esfuerzos colectivos, apenas si se le han asestado golpes que, por muy consistentes que sean, al final no lo han sido tanto para derrotar su perversa presencia en el escenario nacional, contaminando de raíz un pacto constitucional cada vez más frágil y vulnerable.
Y así, vemos que la democracia en Guatemala no se desmorona desde los cuarteles como antaño, sino desde los despachos judiciales. La consolidación de la «dictadura de los jueces» ha sustituido la certeza jurídica por la descarada arbitrariedad política y convertido a los teóricos garantes de la legalidad, en los principales violadores de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Pero ojo: esta perversión del sistema está conduciendo a la ciudadanía a un desencanto profundo, que amenaza con desbordar los canales institucionales.
Esta peculiar forma de administración de justicia se conoce como lawfare o guerra jurídica y consiste en una mezcla, sofisticada unas veces, sofisticada y burda otras, mediante procesos de instrumentalización de la ley para destruir enemigos políticos, neutralizar la disidencia y garantizar la impunidad de redes criminales incrustadas en el Estado. Es un fenómeno que se arraigó en el contexto latinoamericano mediante casos repugnantes como los montados contra el presidente brasileño Luis Lula Da Silva, la expresidenta Dilma Rouseff o el ecuatoriano Rafael Correa, pero no cabe la menor duda que en Guatemala se ha perfeccionado este manual autoritario y ha rebasado los límites de la persecución judicial.
Por su parte, la narrativa de los sectores anticorrupción llegó a vender la ilusión de que la crisis del sistema de justicia se resolvería de forma automática, si se lograba retirar del cargo a la exfiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, a medida que transcurren los días, se demuestra que el problema nunca fue unipersonal, sino que tenemos una verdadera crisis estructural; otra de las muchas que nos acosan.
En efecto, la salida de la figura más visible del Pacto de Corruptos no ha desmantelado la maquinaria de impunidad. Antes bien, el engranaje sigue intacto, los casos fabricados continúan su curso y la justicia selectiva se perfila con la misma eficacia destructiva de siempre. La sustitución de peones en el tablero no ha devuelto la pureza a un Ministerio Público profundamente cooptado.
Desgraciadamente, este secuestro institucional extendió sus tentáculos hacia el mundo académico desde que el usurpador Walter Mazariegos convirtió a la Universidad de San Carlos (USAC) en un perverso feudo al servicio del Pacto mafioso. Y en las últimas horas, las alarmas apuntaron hacia la Corte de Constitucionalidad debido a las graves amenazas de que esta vergüenza nacional prolongue su rectorado de forma fraudulenta.
Este engendro disfrazado de autoridad universitaria, ha alcanzado ya el lugar más denigrante de la historia académica, debido a que la toma de la única universidad pública del país no fue un evento aislado sino un laboratorio de control social. Extender ese poder mediante artimañas ilegales, como se ha insinuado que pretende el dichoso tribunal constitucional, consolidaría el cierre de los espacios de disidencia, debate y pensamiento crítico, indispensables para toda sociedad.
El resultado de todo este asedio judicial se ha traducido en un peligroso desencanto ciudadano. En un país donde los encargados de impartir justicia se ensañan en violar valores esenciales de esta, como el derecho de defensa y el debido proceso, se abona el camino hacia la rebelión popular.
Y es que el ciudadano común se encuentra hoy en la más absoluta indefensión: con un sistema de justicia en poder de las mafias; con un pacto social mancillado, pero también con mucha firmeza en mantener en alto la demanda por la recuperación de sus derechos.
Si la institucionalidad ya no es un escudo sino una amenaza y se cierran cada vez más las vías legales para corregir el rumbo, la consecuencia es que el propio sistema conduzca a la población hacia salidas distintas y la demanda por la recuperación de la USAC se convirtió en cruzada nacional.
Es este ahogo institucional el que está motivando a diversos sectores sociales a evocar con fuerza el artículo 45 de la Constitución, cuya claridad es incuestionable: es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías. El ejercicio del derecho constitucional de rebelión no se inspira en el deseo de promover el caos, sino en la desesperación e impotencia absoluta ante un Estado que rompió el contrato social.
Ojo protagonistas del lawfare: el ataque contra la USAC convertiría la demanda por su recuperación en una exigencia de todos los sectores sociales, ya no solo de la comunidad sancarlista. Si quienes deben aplicar la ley son los primeros en destruirla, la resistencia deja de ser una opción política para convertirse en un deber de supervivencia democrática.
Imagen principal tomada de X.
Edgar Rosales
Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.
Fuente Gazeta
