¿Una Corte de Constitucionalidad que ahora defiende la “democracia”? Tres argumentos interpretativas/explicativos
El argumento del presente blog es que la última maniobra de la FECI y el Juez Fredy Orellana para anular al partido Movimiento Semilla (y por tanto poner en riesgo los resultados de la elección de 2023) es parte de una estrategia desesperada del “Pacto de Corruptos” que sigue buscando probar lo que hasta hoy no les ha funcionado y quieren probar lo que es incluso improbable. Con este argumento es posible conectar los eventos externos con una lógica interna – la lógica interna (detrás o dentro de los eventos dispersos) de la guerra jurídica como una forma particular que adopta una guerra de posiciones entre un proyecto de restauración total más amplio y las tendencias que buscan ya sea una reforma profunda del Estado presente o su reemplazo en una refundación. Este argumento, sin embargo, exige matices importantes. A continuación, algunos elementos para afinar la coherencia, destacar los puntos fuertes, apuntar algunos límites, y enfatizar la capacidad interpretativa frente al contexto coyuntural guatemalteco.
Primero, el historial de judicialización y bloqueos sistemáticos al partido Semilla. Como ya se ha dicho y escrito muchas veces y por mucha gente, desde antes de la segunda vuelta de la elección de 2023 se emprendieron acciones legales y administrativas contra Semilla que claramente parecían orientadas a obstaculizar su participación o su legitimidad: por ejemplo, la suspensión o intento de suspensión de su personería jurídica ante acusaciones de firmas falsas. Recordemos una vez más que la victoria de Semilla fue un hecho completamente aleatorio dentro de la lógica electoral tradicional guatemalteca, una irrupción inesperada que desató aún más la furia de la ultraderecha y de sus aliados dentro del sistema político, judicial y mediático. Este tipo de maniobras encajan perfectamente con la idea de que los actores detrás del llamado Pacto de Corruptos buscaban anular o debilitar políticamente a Semilla desde cualquier frente posible.
La estrategia inicial de este bloque fue procedimental: se basó en la narrativa del fraude electoral a partir de supuestas firmas falsas, irregularidades en el registro partidario y, en consecuencia, “fallas” atribuibles al propio Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero esa estrategia fracasó: ni el TSE ni la comunidad internacional encontraron pruebas que justificaran una anulación del proceso o la cancelación del partido.
Tras ese revés, vino una segunda fase discursiva y política, centrada en acusar a Semilla de ser una organización “de izquierda radical” comprometida con la Agenda 2030 o con un supuesto “globalismo progresista”. A figuras como Samuel Pérez, un joven surgido del ciclo de protestas de 2015, se les intentó colocar el estigma del izquierdismo. Sin embargo, esta narrativa también colapsó: Samuel Pérez, y mucho menos Bernardo Arévalo, resultaron ser ni un Maduro, ni un Ortega, ni un Petro; ni siquiera un Boric. Este gobierno ha mostrado, por el contrario, el perfil de un centro liberal progresista clásico, moderado, dialogante, e incluso conservador en materia económica. Y, lo más importante, Washington no lo percibió como un gobierno hostil, lo cual desarmó por completo la narrativa de “amenaza roja” que la derecha buscaba imponer.
En este punto, el Pacto y sus operadores – Porras, Curruchiche, Orellana y compañía – parecen haber entrado en una tercera fase: la de acusar a Semilla de corrupción o de colusión con pandillas, una línea de ataque que, además de resonar con la agenda de seguridad de Estados Unidos, busca minar el único terreno donde el gobierno de Arévalo podría construir una legitimidad real: la promesa de limpieza, transparencia y eficacia frente al crimen organizado. Esta nueva maniobra no sólo apunta a desgastar al Ejecutivo y desestabilizar al Ministerio de Gobernación, sino también a preparar el terreno para una eventual recomposición del bloque restaurador, articulando judicialización, manipulación mediática y crisis de seguridad como parte de una estrategia de golpe prolongado.
¿Pero qué más?
Veamos a los actores involucrados y su perfil de hostilidad visceral hacia Semilla. Al frente de todo esto encontramos a los/as villanos/as de siempre, personajes como María Consuelo Porras (Fiscal General), Rafael Curruchiche (Fiscal Especial contra la Impunidad) y el juez Fredy Orellana. Estos personajes de capucha oscura y cuchillos largos efectivamente han sido señalados en informes y medios por estar vinculados a maniobras para limitar la participación del partido. Mucha gente repite que también han sido sancionados/as por EE.UU., la UE, etc. Esto sirve de soporte al argumento que atribuye clara motivación anti-Semilla (contrarreforma, contra refundación) a esos actores específicos. Pero esta observación no es suficiente.
Veamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) como freno puntual al Juez Orellana, la FECI y el MP. Recientemente la CC dejó sin efecto la resolución del juez Orellana que pretendía anular toda actuación de Semilla, y reafirmó que los resultados de la elección de 2023 son inalterables. Eso es lo que reportan todos los medios. Pero hay algo más y a eso apunta al argumento que, como todo argumento, buscar ir más allá de lo obvio: la decisión de la CC no se ha dado tanto como un gesto heroico pro-democracia, sino como una señal al Pacto de que esa vía – la vía tosca de anulación masiva – ya no es viable a estas alturas. Pero hay más que eso.
Dada la oposición internacional (incluso la relación Arévalo y gobierno de Trump incluyendo la invitación de Arévalo para que el FBI mismo asista a Guatemala en su investigación por la fuga de Fraijanes II), el perfil sancionado de algunos de esos personajes oscuros (Porras, Orellana) y la presión mediática, era previsible (aunque no anunciado) que la vía tosca de “anulación total” sería insostenible políticamente, y que la CC da “un llamado de atención” a que maniobren de modo más fino. Este componente interpretativo se ajusta al manual operativo de los regímenes autoritarios o híbridos: no necesariamente anulan todo de golpe, sino que desarrollan tácticas escalonadas, legalistas-parapolíticas, para “desarticular” la oposición. Una de cal y otra de arena. Humo y espejos. Sin embargo, mucha gente en Guatemala, particularmente en la prensa, superficial o equivocadamente entiende la decisión de la CC como “espaldarazo a Arévalo”.
Una subhipótesis plausible y políticamente consistente con los patrones del Pacto de Corruptos es que la fuga masiva en Fraijanes II no fue un simple “error de seguridad” o un acto de negligencia administrativa, sino una operación inducida o al menos tolerada por fuerzas aliadas al Pacto para desestabilizar al Ministerio de Gobernación y erosionar la autoridad del ministro Francisco Jiménez. En un contexto donde el gobierno de Arévalo intenta reestructurar las fuerzas de seguridad y desmontar redes enquistadas en el sistema penitenciario y policial, justo cuando el gobierno de Trump declara al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como “grupos terroristas”, una crisis como la de Fraijanes II, una operación de escape de cabecillas pandilleros mejor planeada que el robo de joyas históricas en el Museo de Louvre, genera alarma pública, desacredita la capacidad gubernamental y fuerza renuncias estratégicas, como efectivamente ocurrió.
¿Buscan ahora debilitar la imagen de Arévalo frente a su aliado estratégico más importante y, al mismo tiempo, restaurar alguna legitimidad para el MP que ahora aparece como el paladín de la seguridad contra las maras? Desde esta perspectiva, la fuga habría servido para abrir un nuevo frente dentro de la estrategia de golpe de Estado “en cámara lenta”: descomponer gradualmente la estructura de mando civil sobre la seguridad, reinstalar el caos institucional, y proyectar la narrativa de un gobierno débil e incapaz de garantizar el orden, preparando así el terreno para justificar intervenciones más directas del bloque restaurador.
Ahora, como un segundo elemento, es importante matizar el argumento principal del presente blog. La CC no es un actor totalmente autónomo ni consistentemente “anti-Pacto”. Si bien en este caso la CC actuó para dejar sin efecto la resolución del juez Orellana, hay que recordar que históricamente la CC en Guatemala ha estado bajo severa crítica por favorecer al “Pacto de Corruptos” o a intereses estado-rentistas. Por tanto, interpretarla como “defensora automática del orden democrático” parece groseramente ingenuo. Más bien, la CC está operando en este momento como un actor que impone límites tácticos al Pacto, pero no extingue por completo su capacidad de maniobra de cara a 2026 y 2027 Hay que notar que la decisión de la CC tampoco alcanza a sus bases civiles como la Fundación contra el terrorismo.
Para que lo de arriba tenga validez, hay que demostrar que el Pacto de Corruptos efectivamente funciona con intención deliberada y en base a coordinación. Es obvio que sí han representado una amenaza constante pero que, tras la señal de la CC, deben maniobrar de modo más refinado. Esto implica que actores como Porras, Curruchiche, Orellana y magistrados/as claves de la CC y la CSJ seguirán coordinando y refinando un plan estratégico que les pueda dar mejor resultado. Aunque no existe documentación pública que demuestre que todo el comportamiento del Pacto es resultado de un solo guion organizado (y, si existe esa documentación, ¿pueden compartirla?), en lugar de múltiples maniobras locales, fragmentadas, con dinámicas de juego independientes, los anuncios que de nuevo hicieron los netcenters en las redes sociales antes (y después) de la resolución espuria de Orellana demuestra, circunstancialmente, que estos actores están bien concatenados.
En tercer lugar, la decisión de la CC en este caso responde, por lo menos en parte, a la política de Washington hacia Guatemala y que incluso la administración autoritaria de Trump no le ha echado su respaldo a la ultraderecha en Guatemala. Aquí entra de nuevo la subhipótesis propuesta más arriba: ni siquiera con la crisis de seguridad que ha sido fomentada por el Pacto de Corruptos han logrado deslegitimar al gobierno de Arévalo ante Estados Unidos. Y todo esto parecería ser algo paradójico a la luz de la política de EEUU hacia Latinoamérica como un todo. Pero el trabajo de Arévalo de privilegiar la “relación estratégica” con Washington y ofrecerle importantes proyectos en el país y en la toma de decisiones tanto en materia comercial, de infraestructura y de seguridad, tiene muy contento a Marco Rubio. Además, la presión internacional (EEUU, UE, organismos de observación electoral) pesa. Por todo ello, la CC ha actuado para evitar una crisis internacional mayor y más sanciones contra sus aliados. En ese sentido, la decisión podría interpretarse tanto como “llamado de atención” como “gesto de contención externa”. Así que, aunque la decisión de la CC constituye un llamado a “refinar la maniobra”, también conviene destacar que puede haber sido motivada también por el coste internacional.
Si se acepta este argumento como un todo, la pregunta clave es: ¿cuál es la nueva vía que el Pacto de Corruptos asumirá ahora que la “anulación total” fue frenada? ¿Qué vía van a seguir en la guerra jurídica y guerra de posiciones? Podríamos prever maniobras más sutiles: control del Congreso (¡ya denunciaron al presidente del legislativo por haber cancelado una sesión debido a la falta de quorum!), más debilitamiento institucional del TSE en preparación para las próximas elecciones, presiones sobre medios, manipulación de la ley electoral para el 2027, etc. Estas son cuestiones que deben ser exploradas y ante las cuales podemos esperar decisiones ambiguas, un paso adelante pero siempre con dos pasos atrás.
Lo que busca destacar este argumento o hipótesis es desarrollar alcance interpretativo para el análisis crítico de lo que está ocurriendo ahora en Guatemala y, con ello, articular varios elementos: la judicialización, la captura institucional, la tensión entre elecciones y poselección, la reacción de las cortes, la interacción con la presión internacional, y la concepción del Pacto como actor estratégico que no busca sólo ganar formalmente elecciones, sino controlar el sistema político y judicial mediante mecanismos legales-paralegales.
Más allá de decir que la CC intervino ahora porque abogados como Edgar Ortiz interpusieron recursos, lo que es obvio y está en todas las noticias, es importante entender lo que está ocurriendo en el trasfondo. La CC no se ha convertido repentinamente en un paladín de la democracia, sino en un árbitro de la vía elegida por los actores del Pacto: les han dicho que la vía que hasta hoy han seguido se ha vuelto demasiado peligrosa para su proyecto de restauración más grande, les exponía a más sanciones, y les generaba crisis de gobernabilidad (incluso ante de regresar al poder) que los mismos podrían no poder controlar. Les insta a calibrar y favorecer el proceso restaurador por encima, incluso, de un golpe tosco y rudo – como les gustan a actores desde Alan Rodríguez hasta Rafael Curruchiche.
Recordemos que buscar la cancelación o intento de cancelación de Semilla (y sus diputados) es solo una fase de una estrategia mayor de control político. Lo que llamo la restauración total. Por ello argumento que el “llamado de atención” de la CC pone un límite externo a esta maniobra, pero no necesariamente le da vuelta completa al tablero, es decir, la maniobra autoritaria no está derrotada, simplemente se le ha dicho “no por ese camino”.
En suma, los tres argumentos claves de este blog buscan explicar la decisión de la CC y no simple y equivocadamente celebrarla como un triunfo para la democracia. En eso, creo, consiste la capacidad crítica e interpretativa en este caso. Este argumento propone una lectura de la situación en Guatemala en la que la democracia formal está siendo atacada no únicamente vía elecciones, sino mediante la manipulación del aparato judicial-electoral y ahora el de seguridad. La decisión de la CC entonces debe leerse no como victoria definitiva, sino como un contragolpe táctico que obliga al Pacto a cambiar de escalón o de método.
