Guatemala, Cuba y la política exterior de Arévalo

Mario Rodríguez

Cuando los principios se subordinan a las conveniencias, la ausencia también es una posición política. El gobierno de Bernardo Arévalo ha mantenido una política exterior que merece una explicación pública.

La ausencia de Guatemala en la votación sobre Cuba no es un hecho aislado. Es el eslabón más reciente de una política exterior que, en asuntos sensibles para Washington, ha priorizado el alineamiento y la sumisión sobre la autonomía, misma que ha atravesado gobiernos de signos ideológicos opuestos.

En mayo de 2018, Jimmy Morales trasladó la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, dos días después de que Estados Unidos hiciera lo mismo. Trump lo anunció en la conferencia anual del lobby pro-israelí AIPAC, y la medida del gobierno guatemalteco de ese entonces fue vista como “un intento de congraciarse con la administración de Trump” y una victoria doméstica para un presidente que enfrentaba investigaciones de corrupción.

Guatemala fue el segundo país del mundo en mover su embajada, después de Estados Unidos. El gobierno de Alejandro Giammattei mantuvo esa decisión y confirmó que la embajada permanecería en Jerusalén “pase lo que pase”. La continuidad no fue cuestionada ni revisada. Arévalo, fue más allá y en pleno genocidio abogó por la “Paz y el derecho a la defensa que tiene Israel”.

En el caso de la guerra en Ucrania, Alejandro Giammattei viajó a Kiev para expresar su solidaridad y sumarse a los países que condenaban “la invasión rusa”. Este hecho fue seguido de acercamientos con Estados Unidos para lograr que ese país levantara las sanciones que pesaban contra la fiscal Consuelo Porras. Arévalo continuó con la misma política, incluso programó su viaje a la conferencia de donantes que organizó la Unión Europea en apoyo a Ucrania, viaje que tuvo que suspenderse por problemas internos que obligaron cancelar dicha participación.

Y en el caso de Taiwán, en donde todos los mandatarios han mantenido la negativa de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, ha profundizado la relación con Taiwán. En octubre de 2026, el canciller taiwanés Lin Chia-lung visitó Guatemala, se reunió con Arévalo y con Martínez, y ambos gobiernos celebraron 92 años de relaciones diplomáticas. Taiwán financia un hospital contra el cáncer por 35 millones de dólares y Guatemala respalda a Taipéi en foros internacionales como la OMS y la ONU. La Agencia Guatemalteca de Noticias reportó que Arévalo reafirmó su respaldo a Taiwán ante el secretario de Estado Marco Rubio en febrero de 2025.

El patrón es consistente, en los asuntos donde Washington tiene preferencias claras, como Jerusalén, Ucrania, Taiwán, y ahora Cuba, Guatemala ha optado por no generar fricción. Gobiernos de derecha y un gobierno que se reivindica humanista, socialdemócrata, han coincidido en la misma dirección. La pregunta, entonces, no es solo por qué Arévalo se ausentó en la votación sobre el emabargo. Es por qué un gobierno que prometió una política exterior basada en principios no ha interrumpido una línea de alineamiento que sus antecesores construyeron y que él ha profundizado.

La votación de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el bloqueo estadounidense contra Cuba, celebrada el 28 de octubre de 2026 se resolvió así: fue aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Guatemala no emitió su voto. No se trata de un tecnicismo diplomático ni de una diferencia menor. Se trata de una decisión política que exige explicación del presidente Arévalo y del canciller Carlos Ramiro Martínez.

Lo que la ausencia significa

En diplomacia, las ausencias no son inocuas. Votar a favor, abstenerse, votar en contra o no participar comunican posiciones distintas. La abstención expresa reservas sin respaldar el embargo. El voto contrario alinea abiertamente con Washington. La ausencia, en cambio, evita asumir públicamente cualquiera de esas posiciones. Y cuando coincide con un contexto de presión estadounidense sobre los países que mantienen su respaldo a Cuba, la pregunta sobre la autonomía de la decisión es legítima.

No puede afirmarse, sin pruebas, que Washington haya ordenado la ausencia guatemalteca. Pero tampoco puede aceptarse que la decisión carezca de significado político. La Cancillería tiene la obligación de explicar qué criterios llevaron a Guatemala a retirarse de una posición que había mantenido durante años.

En mayo de 2026, el canciller Martínez declaró al diario español El País: “Hemos apoyado a Cuba en Naciones Unidas. Consideramos que el bloqueo no es una medida acorde al derecho internacional”. También reconoció la gravedad de la crisis humanitaria cubana. Si esa era la posición oficial apenas cinco meses antes, ¿qué cambió entre mayo y octubre? ¿Hubo una revisión formal de la política exterior? ¿Nuevas consideraciones jurídicas o diplomáticas? ¿O se trató de una decisión de cautela frente a la presión de Washington?

No se exige que un canciller mantenga invariablemente una posición por haberla expresado antes. Los gobiernos pueden revisar políticas. Lo que corresponde exigir es coherencia, transparencia y explicación fundamentada de los cambios que afectan la imagen internacional del país. Y que, en este caso concreto, desdicen el humanismo que tanto hace gala el presidente.

La votación de 2026 se produjo en medio de una campaña estadounidense para reducir el respaldo a la resolución. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció “las más groseras presiones y chantajes” de Washington para cambiar el resultado. La académica cubana Olga Rosa González describió ante Xinhua los instrumentos utilizados: amenazas de aranceles punitivos, suspensión de programas de cooperación y restricciones de visas, medidas que “no son gestos retóricos: son instrumentos de coerción”.

El resultado refleja ese contexto. El respaldo a la resolución cayó de 165 votos favorables en 2025 a 130 en 2026. Doce países que habían apoyado o se habían abstenido en 2025 cambiaron su posición, entre ellos Guatemala. No todos los cambios responden a una única causa, pero el patrón es consistente con un escenario de presión coordinada.

Un gobierno que reivindica una identidad democrática y humanista se aleja de una posición que también sostuvieron administraciones cuestionadas por razones muy distintas. La paradoja no es menor, si Morales y Giammattei consideraron posible mantener el respaldo sin romper relaciones con Washington, ¿qué argumento justifica que Arévalo no pueda hacerlo?

La ausencia de Guatemala no alteró el resultado aritmético de la votación. La cuestión no es aritmética, sino política. Guatemala podía votar a favor, abstenerse o votar en contra y explicar sus razones. Pero no lo hizo. El humanismo de un gobierno no se mide por sus discursos, sino por sus decisiones cuando defender principios tiene un costo. Si el compromiso con el derecho internacional desaparece cuando incomoda a Washington, deja de ser un principio rector y se convierte en una declaración condicionada por las circunstancias.

La pregunta que Arévalo y Martínez deben responder no es si Guatemala tiene que coincidir siempre con Cuba. No tiene por qué. Tampoco es si debe ignorar sus intereses con Estados Unidos. Sería absurdo plantearlo así. La pregunta es más sencilla y más profunda: ¿por qué Guatemala dejó de expresar una posición que había sostenido durante años y que el propio canciller había defendido públicamente cinco meses antes?

Mientras esa explicación no llegue, la silla vacía seguirá hablando por un gobierno que prometió transparencia y que, en este caso, optó por el silencio.