Reinventar la Paz
Miguel Ángel Sandoval
Quizás reinventar no sea el concepto exacto o el más afortunado, pues la agenda de la paz es algo permanente, aunque quizás sí sea menester, señalar que ahora en el 30 aniversario de la firma de los compromisos de la paz, debemos decir que hoy, cualquier proyecto de cambio de las condiciones de nuestro país, tiene en la agenda de la paz, todos los elementos que son indispensables para construir un mejor país. O si no están todos los elementos, si hay en los compromisos de la paz, una agenda básica, inevitable, inexcusable. Es por ello que plantar la reinvención de la paz hace referencia a que es indispensable un esfuerzo mayor, extraordinario, no solo una actividad de índole rutinario. Hace falta un esfuerzo nacional real, concreto, medible.
Solo a manera de recordatorio se puede afirmar que no hay ninguna posibilidad de progresar o de modernizar este país, sin las 5 principales reformas que esperan su momento desde la firma de la paz en el año de 1996. Es obvio que estas reformas no limitan ni postergan otras tantas, incluidas en el paquete de los compromisos asumidos.
A modo de ejemplo, el abordaje del tema agrario ha sido parcial, insuficiente, burocrático, y las soluciones fueron realmente limitadas, a precio de mercado. Con esta última afirmación me refiero a que la cuestión agraria quedó en los acuerdos suscritos, sujeta a un mecanismo de mercado, sin incorporar, ni de lejos, mecanismos de expropiación contemplados en la constitución política de la república. Aun así, la secretaría encargada de este tema, fue desde el inicio bombardeada por el sector de los grandes propietarios rurales.
En la perspectiva señalada, si se toma en consideración el paquete de reformas que se incluyen, se podría tener una idea más ajustada al alcance de los compromisos adquiridos, en el conjunto de la agenda identificada, como la base y origen del conflicto armado interno. Esto es algo sobre lo que insistió Monseñor Rodolfo Quezada Toruño a lo largo del proceso en el cual fungió como “conciliador”, término utilizado para significar su rol en el proceso de las negociaciones de la paz. No fue de facilitador ni de intermediario o de árbitro. Tuvo otras connotaciones. Y ello fue producto de una posición compartida por la jerarquía de la iglesia católica.
No son entonces casuales, las Cartas Pastorales, una sobre El Clamor de la tierra, y otra sobre el Clamor de la paz. En ambas el tema de la solución de las causas que estaban en el origen eran algo fundamental a resolver. Por ese espíritu, entre otras influencias, y la experiencia de vida de la dirigencia de la insurgencia, es que se identificaron los temas que se plantean como indispensables. Estas reformas inevitables serían[1]:
1. Reforma política
2. Reforma educativa
3. Reforma tributaria
4. Reforma judicial
5. Reforma de la seguridad
Desde diversas plataformas se insiste en las medidas señaladas como de sumo interés nacional. Ahora bien, presentadas de forma aislada una de otra y sin un contexto de cambios en la democracia guatemalteca, parecerían irrelevantes, o en todo caso, por separado, como algo que no es necesario para el país y para los intereses de los grupos o elites dominantes. De todas formas, esos temas identificados como prioritarios o estructurales, deberían de ser abordados junto con todos los temas de la agenda firmada en 1996. Por supuesto que los temas de orden operativo ya son parte de algo hecho, y que pertenece al pasado. Peo otros temas, incluso algunos resueltos a medios o que demandan actualización, deberían de ser vistos en su conjunto y ser planteados como indisolubles.
Pero si se analizan como parte de un paquete democratizador, o como parte de un proceso de cambio en el país, si adquieren de una relevancia que en su momento los Acuerdos de Paz proporcionaban, pues son reformas que en su conjunto buscan profundizar la democracia y liberarla de las taras que gradualmente se han apoderado de ella. Dicho de otro modo, la constitución política de 1985, más allá de sus limitaciones, demanda para poder ser cumplida en su totalidad y espíritu, de un conjunto de reformas que aún no llegan. A título de ejemplo, si bien en la constitución política del 85 se habla en contra de los monopolios, fue necesario esperar hasta 2024, para ver promulgada en el congreso una ley de competencia, que era indispensable para dar cumplimiento a la idea de lucha contra los monopolios.
Se trata de impulsar las reformas pendientes en los Acuerdos de Paz, que siendo una política de Estado con aval en su momento de todos los sectores del país y con considerable apoyo de la comunidad internacional representada por la ONU, y de profundizar algunas de las ya iniciadas o cumplidas. Pero ello demanda de una renovada visión por parte el ejecutivo, sectores sociales que se comprometan para poder así dar cumplimiento a una agenda que no solo es necesaria, sino que en la época actual es indispensable.
Y por supuesto, todo ello con la existencia plena de un país multicultural, multiétnico y plurilingüe. Con todos los derechos para los pueblos originarios que se encuentran de forma concreta expuestos en el AIDPI. No se trata de algo declarativo, es una demanda de alcance mundial que sólo en 2007[2] Se resuelve por la vía de una declaración de la ONU en donde quedan expuestos los derechos de los pueblos indígenas y/o originarios, por primera vez a nivel mundial. Ello luego de un largo proceso en donde delegados de los pueblos indígenas del mundo, llegaron a los pasillos y salones de reuniones de la ONU durante al menos unas dos décadas, para finalmente ver el nacimiento de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Es una de las razones por las que el Acuerdo sobre pueblos indígenas de nuestro país, tiene asidero en la legislación internacional antes que en la propia legislación nacional.
Aunque es justo anotar, que en la constitución política de la república hay un apartado dedicado a los pueblos originarios, aunque no a la altura de lo que consigna la Declaración Universal de la ONU. No es algo menor, se trata de que, en el plano internacional, hubo más acercamiento a los temas que había que modificar en cada uno de los países, que finalmente se trató de temas que eran comunes, y parte de una agenda única.
Aquí es necesaria una reflexión que subraye que los derechos de los pueblos indígenas no son un ítem de la agenda, sino que tienen relación con la sociedad en su conjunto y con la forma en que se piensa y se vive un país. Para poner un ejemplo burdo, se tiene que encontrar una narrativa que sea integral y que nos explique qué ocurrió entre las pirámides monumentales y la situación de hoy para la mayoría de pueblos indígenas de Guatemala. ¿Si la mitad de la población es indígena, la participación en las instancias de poder debería ser igualitaria? ¿O por lo menos algo que no diga que la exclusión es la norma en este país? Este es solo uno de los temas que merecen reflexión y son por estos aspectos que cuando se habla de cumplimiento de dicho acuerdo, no se aceptan los porcentajes de la visión actuarial a la que hemos hecho referencia.
Quizás sea por esta certeza que la idea central no sea la de conmemorar la paz, sino cumplir hoy, con todos los acuerdos que fueron suscritos en un cercano 1996. O sea, hace 30 años. Si es necesario subrayar que un tema no considerado en el conjunto de compromisos de la paz es el relacionado con la población migrante, que se puede decir que creció en flecha después de la firma de la paz y con el impulso de la agenda neoliberal en nuestro país.
Es obvio que las reformas que se consignan deben, aunque no de forma completa, pasar por algunos cambios en la constitución política del país. Y ello es normal, entre otras razones porque la Constitución política se hizo sin que sectores importantes no estuvieran representados en el texto constitucional. Es normal que eso haya ocurrido de esa manera pues fue emitida en un país en guerra. Aunque este tema es de momento, ajeno a todo lo relacionado con el cumplimiento de los compromisos de la paz.
Lo que, si es meridianamente cierto, es que la agenda de la paz, a pesar de todo el desgaste, de lo hecho a medias o mal, y por lo que no se hizo, merece ahora una nueva oportunidad. Pero para ello se debe superar la idea de que la paz es solo la obligación de una pequeña secretaría, con escasos fondos y limitado personal. Si se plantea el relanzamiento de los acuerdos con todos los compromisos que ello implica, se debe plantear como una política de estado, que busque los acompañamientos indispensables, que tenga en los sectores sociales, productivos o no, académicos, intelectuales, de trabajadores de campesinos, y con ellos se construyan los apoyos que demandan las tareas pendientes.
Los temas que se plantean en este apartado tienen el carácter de irrenunciables, pero deben ser acompañados del resto de temas que forman parte de los compromisos totales de la agenda de la paz. No hacen falta nuevos diagnósticos, y las sucesivas calendarizaciones ya establecieron en su momento, que los compromisos son de estado y que existe el marco legal para ello.
Hoy nadie duda de que la reforma judicial es una urgencia nacional. Y si vemos que es una demanda de la agenda de la paz, tenemos la certeza que los mismos, en el momento que fueron firmados, expresan con claridad una demanda nacional. Así en todos los temas pendientes. Ninguno es antojadizo, pero, sobre todo, están inscritos en el marco constitucional, que, salvo algunas reformas, debería ser de estricto cumplimiento por el conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas del país. No hay razones de peso para no caminar por la senda que abrieron los acuerdos de paz hace ya 30 años.
Por ello en el momento de conmemorar los 30 años de la firma de la paz, es posible hacerlo parafraseando al escritor Augusto Tito Monterroso y por ello, decimos con claridad: “cuando despertó, los acuerdos de paz estaban ahí.”
CONCLUSIONES PRINCIPALES
1. A treinta años de la firma de la paz el balance que se puede tener, considerando aspectos políticos, institucionales y de coyuntura, es que hay un enorme camino pendiente entre los objetivos de la paz y el poco cumplimiento de los compromisos que se establecieron en esa fecha que puede ser muy lejana, pero que en los hechos y por los temas que identificó, es muy cercana, y mientras continúen los incumplimientos, la agenda levantada seguirá siendo necesaria.
2. Es importante retener que durante los años de la negociación un tema que estuvo presente, fue que la paz no fuera solo el silencio de las armas, sino que pusiera atención a las causas que le habían dado origen. En este campo la exclusión política fue una de ellas, así como la injusta distribución de la riqueza, del ingreso y la marginación económica de las grandes mayorías. En esta perspectiva, los principales temas de alcance estructural siguen pendientes de ser abordados.
3. Si se sigue de forma literal el Acuerdo de Cronograma que se firmó en 1996, con los compromisos identificados, unos 200, que desglosados pueden llegar a 400, de diferente magnitud y profundidad, se puede observar que hay más de la mitad que no se cumplió o que está pendiente. Y ello es un déficit para el logro de la paz con justicia social.
4. Retomar el cumplimiento de los Acuerdos de paz supone un esfuerzo extraordinario de parte del estado guatemalteco pues en este empeño deben de estar todas las instancias de poder del país. Tanto el ejecutivo, legislativo, judicial, y otros factores de poder como económico, el político y social. Sin ello y de manera concertada, será muy difícil que se pueda retomar y dar impulso a la agenda pendiente.
RECOMENDACIONES NECESARIAS
1. La principal recomendación que se puede hacer para el impulso de la agenda pendiente, es la reconstrucción de la institucionalidad de la paz que fue destruida por los últimos gobiernos, como se señala en el cuerpo de este informe.
2. La reconstrucción necesaria, debería contar con una instancia diferenciada que atienda el tema de los derechos humanos y las tareas propias del impulso a los compromisos de la agenda de la paz. Mantener una misma institución para ambas tareas puede ser a mediano plazo contraproducente. En esta perspectiva, la Comisión de Paz y Derechos Humanos -Copadeh- es insuficiente. Tanto en visión, financiamiento o personal, no alcanza para las tareas que urgen.
3. Es obvio que la reconstrucción de la institucionalidad de la paz debería contar con suficientes recursos financieros pues de lo contrario sería un acto puramente formal su instalación. Aquí se debe tener conciencia clara que la cooperación internacional se encuentra a 30 años de la firma de la paz en otra coyuntura y otros compromisos, razón por la cual, el esfuerzo financiero deberá ser interno en su parte fundamental.
4. De importancia capital es el replanteamiento de la Comisión Nacional de Acompañamiento al proceso de Paz -CNAP- pues en esta comisión se dan cita las principales fuerzas sociales, políticas, institucionales, ligadas a las tareas que se deben desprender de la agenda de la paz. El CNAP es una instancia que está en ley, y debería ser parte fundamental del esfuerzo de retomar la agenda de paz.
5. El Programa Nacional de Resarcimiento -PNR- debería igualmente cobrar vida pues el trabajo pendiente es demasiado importante en términos del tejido social afectado por la guerra y que aún no se recupera. Solo la existencia de 40 mil expedientes depositados en cajas y en resguardo en bodegas del Ministerio de Desarrollo Social, -MIDES- debería de ser motivo de la refundación del PNR.
