¿Será posible que la USAC tenga esperanza?
Fernando Cajas
El 18 de septiembre de 2026, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, con autorización judicial, allana, inspecciona y secuestra evidencias en el campus central de la Usac, zona 12. El MP, ya bajo Gabriel García Luna, se limita a decir que no dará detalles mientras duren las diligencias. En los alrededores hay antimotines. Se cancelan actividades.
Las fuentes vinculan la diligencia con el caso abierto en julio: entre 40 y 50 estudiantes —luego se habla de más— descubrieron que sus datos habían desaparecido del sistema de Registro y Estadística. Tenían constancia de inscripción para 2026. Al intentar asignarse cursos del segundo semestre, el sistema les dijo que no existían. Los afectados lo llamaron muerte académica. No hubo expediente de expulsión. No hubo resolución notificada. Se borró el rastro, de modo que la persona parece que nunca fue estudiante. Varios se habían opuesto a la reelección de Walter Mazariegos el 8 de abril de 2026. La Usac atribuyó las inconsistencias a las tomas de 2022-2023. Esa versión no cubre a quienes ingresaron después, con carné 2024 o 2025.
El 24 de julio presentaron denuncias ante el MP: abuso de autoridad, ocultación o destrucción de documentos y de registros informáticos, discriminación por posicionamiento político, violación al derecho a la educación. La PDH emplazó a Bryan Fuentes Paz, jefe de Registro y Estadística. Algunos diputados pidieron auditoría a la Contraloría. A fines de julio ya se hablaba de al menos 18 expedientes en la Fiscalía contra la Corrupción sobre fraude electoral, exclusión de electores y matrículas borradas.
En estas páginas de Público GT he dicho que la crisis de la Usac no es un problema universitario. Es la forma más concentrada de un Estado cooptado, donde el legalismo formal sustituye a la justicia sustantiva. Lo que antes se hacía con bala, hoy se hace con togas, resoluciones y un clic. Las elecciones de rector del 24 de marzo de 2022 y del 8 de abril de 2026 no son dos irregularidades: son dos selecciones viciadas, con exclusión de electores opositores, CSU capturado y una Corte de Constitucionalidad que rechaza amparos ante evidencia documental.
Bajo Consuelo Porras, el MP no impulsó investigación penal contra Mazariegos por el fraude denunciado. Sí se movió contra protestas, ocupaciones y voces disidentes. Esa fue la alianza, la Alianza Criminal: la Usac que pide silencio y el MP que ofrece forma legal a una acusación ya decidida. La autocracia judicial no niega la ley; la usa. La Corte es de forma para la justicia y de fondo para la trampa. El descenso académico de la San Carlos no es un detalle de marketing: es el correlato de esa captura.
Por eso el allanamiento del viernes no puede leerse como si el Estado, de pronto, se hubiera vuelto neutral. Se lee como un cambio de fase: el mismo objeto —la Usac de Mazariegos— entra, por primera vez con diligencia visible, en la Fiscalía contra la Corrupción de un fiscal general distinto. Eso no prueba todavía que haya justicia. Prueba que el tablero se movió.
Un expediente universitario es, en apariencia, un archivo. En la vida de quien estudia y trabaja —muchos de los afectados son trabajadores que estudian— el expediente es la forma institucional del todavía-no: el semestre que viene, la tesis que cierra, la graduación, la beca, el certificado que permite ejercer o migrar. Borrar el registro no es solo un ilícito informático. Es una operación sobre el tiempo del sujeto. Se le niega el futuro como si el pasado tampoco hubiera ocurrido. La frase estudiantil muerte académica nombra eso con exactitud: se asesina no al cuerpo, sino a la proyección. Es un delito.
El comunicado del MP —al finalizar se compartirán los resultados, para no entorpecer— es el idioma clásico de ese legalismo. Si al cabo no hay restitución de expedientes, no hay cadena de mando, no hay responsabilidad sobre quien ejecutó o permitió el borrado, y no hay nexo con los fraudes de 2022 y 2026, el allanamiento habrá sido teatro: la forma de la justicia sin su fondo. Esperemos que no.
En resumen: El futuro es recuperar a la Usac y, al mismo tiempo, no olvidar el horizonte mayor, un sistema público de educación superior que deje de ser una sola universidad-botín con llave a las cortes. El enemigo común, hoy, sigue siendo el usurpador y el andamiaje que lo blinda.
