Frente electoral para derrotar al Pacto de Corruptos.
Carlos Figueroa Ibarra.
En el momento en el que el gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala está finalizando su tercer año, se han desvanecido las esperanzas que despertó con respecto a lo que era su principal desafío. La alianza delincuencial llamada Pacto de Corruptos ha recibido golpes y su poder se ha mermado en términos relativos, pero dista mucho de haber sido desmantelado. Mantiene influencia mayoritaria en la Suprema Corte de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad y también en el Congreso de la República. La Universidad de San Carlos vivió por segunda vez un fraude electoral que ha colocado en la Rectoría por otros cuatro años al mismo conspicuo representante del referido pacto. Ciertamente no es menor que el sistema político se haya desembarazado de Consuelo Porras y su corte de sicarios judiciales en la fiscalía general y el Ministerio Público.
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El respiro que significó el triunfo de Semilla en agosto de 2023 y la accidentada transición que culminó el 15 de enero de 2024, hoy puede observar un retroceso si la alianza informal de carácter delincuencial logra recuperar el Poder Ejecutivo. He aquí el gran riesgo que se enfrentará en las elecciones generales de 2027. Las candidaturas que hasta este momento revelan una intención de votos apreciable son las de figuras que resultarían funcionales para el Pacto de Corruptos: Sandra Torres (UNE), Carlos Pineda (Servir), Roberto Arzú (Cabal), Neto Bran (CREO) y Zury Ríos (Unionismo). Cualquiera de estas candidaturas que avanzara hacia la segunda vuelta y estuviera en la posibilidad de ocupar la presidencia, significaría un serio retroceso con respecto a lo logrado en 2023. Desvirtuaría no solo los resultados electorales de aquel año, sino la histórica gesta indígena y popular de octubre de ese año para evitar el golpe de Estado que buscaba impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo.
He aquí la profunda motivación que tuvieron aproximadamente 200 ciudadanos y ciudadanas procedentes de los más diversos estratos y círculos sociales para impulsar la constitución del Frente Amplio por la Democracia (FAD) en noviembre de 2025. Los objetivos fundamentales del FAD fueron evitar el regreso del Pacto de Corruptos al Gobierno, darle gobernabilidad a un gobierno democrático a través de una mayoría legislativa y propiciar una reforma política que blinde al país con respecto a un retroceso autoritario. La vía para lograr estos objetivos es ineludiblemente la electoral. Por ello tan temprano como en noviembre del 2025, el FAD empezó un acercamiento con los partidos políticos registrados y en formación, que se consideraron ajenos al Pacto de Corruptos: URNG, WINAQ, VOS, Semilla, Raíces, Somos Dignidad y Dignidad.
No son pocos los avatares que ha enfrentado el FAD en su lucha por lograr una amplia coalición electoral en contra del Pacto de Corruptos. El partido en formación Dignidad (animado por la organización social CODECA) desestimó tajantemente desde el principio la posibilidad unitaria. Menos categórico, Raíces dejó de responder a los llamados del FAD. Semilla ha apoyado la iniciativa, pero no firmó el Pacto por la Democracia en Guatemala que se suscribió el 20 de agosto del presente año. VOS asistió a la reunión de ese día, pero manifestó que sometería a consideración de su dirección nacional la firma del referido pacto. En una entrevista con el Podcast Tangente, su candidato presidencial Lionel Toriello valoró el esfuerzo del FAD pero dijo que lo más realista era canalizar su candidatura a través de VOS. Así las cosas, URNG, WINAQ y Somos Dignidad, así como organizaciones sociales y personas asistentes a la reunión fueron los firmantes del Pacto por la Democracia en Guatemala.
Sin embargo, firmarlo, no necesariamente significa voluntad para conformar la necesaria coalición electoral que ha estado urgiendo el FAD desde hace casi un año. Los partidos que están contra el Pacto de Corruptos han estado más comprometidos con mantener su registro y ahora con su sobrevivencia en el proceso electoral del próximo año. La Ley Electoral y de Partidos Políticos indica que un partido puede mantener su registro si obtiene al menos el 5% de los votos o un diputado o diputada electo. De acuerdo con los artículos 86 y 93 de dicha ley, las coaliciones deben obtener un 5% de los votos por cada partido que la integre. Una coalición de tres partidos implicaría obtener el 15% de los votos o al menos un diputado o diputada. Lo contrario significaría perder el registro. Y cierto es que los partidos que podrían integrar la coalición son minoritarios en términos de votantes. He aquí los cálculos que deben estar haciendo estos partidos.
No obstante, un frente electoral con una fórmula presidencial atractiva que reivindique el desmantelamiento del Pacto de Corruptos podría concitar el entusiasmo de una ciudadanía que en gran medida está harta de ver a delincuentes y corruptos en el gobierno. Me refiero a ese ánimo ciudadano que pudo observarse con las grandes movilizaciones de 2015 y las de 2023. Podría capitalizar las esperanzas de casi un 40% de los votantes que todavía no tienen preferencia electoral. Podría neutralizar al 42% de los votantes que apoyaría una opción tipo Bukele. Una coalición electoral como la que plantea el FAD puede evitarle a Guatemala una oscura prolongación de un régimen delincuencial y autoritario.
Alguna vez leí en un texto de Adolfo Gilly una soberbia definición de sectarismo: cuando una organización antepone sus propios intereses a los del pueblo y la nación en su conjunto está actuando con sectarismo. El llamado del FAD no ha sido hecho a las decenas de partidos inscritos y en formación cuya motivación es la rapiña de los fondos del erario. Su emplazamiento se ha dirigido a los partidos que se supone quieren rescatar a Guatemala de la ignominia que hoy vive. El tiempo corre, para el mes de diciembre estos partidos deberían estar realizando sus asambleas nacionales para aprobar los convenios de coalición. Ahora, a ellos les corresponde la palabra.
Tomado de Facebook
